Cómo es el plan "tres pasos" de Javier Milei para privatizar AySA en 2026

A partir del desembarco del gobierno libertario a la Casa Rosada, varias empresas de servicios públicos que vienen siendo operadas por el Estado pasaron a formar parte de una lista de "privatizables", con el objetivo de achicar la presencia del sector público en actividades que, de acuerdo a las autoridades nacionales, pueden ser llevadas a cabo por operadores privados.

El caso más paradigmático es el de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima. Es decir, el de AySA que, a partir de la sanción de la Ley Bases, quedó sujeta a ser vendida de manera total o mayoritariamente.

Aysa, en el top 5 de las empresas públicas con más déficit

Se trata de la empresa estatal cuya concesión del servicio abarca la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la provincia de Buenos Aires que integran el conurbano bonaerense.

Su servicio  había sido privatizado durante el gobierno de Carlos Menem y concesionado a la empresa Aguas Argentinas SA, operada por el grupo francés Suez, pero en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner rescindió ese contrato y creó la empresa AySA, bajo control estatal.

Entre 2017 y 2018, durante la gestión de Cambiemos, se incorporaron al área de concesión de AySA  nueve municipios del conurbano bonaerense, casi todos provenientes de la concesión de Aguas Bonaerenses SA.

Si se desglosa la cobertura con estas aclaraciones, como hacen los informes oficiales, se puede decir que desde la creación de AySA la cobertura de agua potable en el área de concesión original (CABA + 17 municipios) pasó del 76% en 2006 a 85% en 2022. Con este mismo criterio, la cobertura de cloacas pasó del 57% de la población en 2006 al 72,6% en 2022.

En la actualidad, el 90% del capital de la sociedad pertenece al Estado nacional, mientras que el 10% restante corresponde al personal a través de un Programa de Participación Accionaria.

Según el último dato disponible, la empresa tiene 7.488 empleados y un déficit de $117.000 millones, lo que la ubica en el cuarto lugar entre las compañías públicas con mayor déficit teniendo en cuenta además que su tarifa cubre el 61% de sus costos.

Sin embargo, la administración libertaria se tomará su tiempo para concretar esta operación con el objetivo de readecuar la estructura comercial y financiera de la sociedad para poder obtener fondos acordes a los que en el mileismo entienden adecuados para desprenderse de AySA.

En ese camino, se dio inicio al proceso de adecuación tarifaria aprobado mediante la Resolución Nº 9 de fecha 4 de abril de 2024 de la Secretaría de Obras Públicas, que depende del Ministerio de Economía y que busca lograr una estrategia de convergencia hacia el equilibrio económico financiero entre los costos operativos y de inversiones de mejora y mantenimiento y los ingresos por tarifa; lo que ha implicado una revisión de gastos operativos, de la inversión en mejora y mantenimiento y de la inversión en infraestructura de expansión del servicio.

El Gobierno busca poner la concesión en valor

En el mismo contexto, las autoridades de AySA admitieron que la empresa no se encontraba en condiciones de encarar el proceso de inversión en sus servicios como parte de los compromisos previstos en la planificación operativa y solicitaron la elaboración en forma conjunta, con la Agencia de Planificación (APLA) y con el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), de un "Plan de Acción de Transición" que establezca compromisos de prestación del servicio asequibles en función de los recursos disponibles, para lo que restaba del 2024 y para los ejercicios 2025 en curso y 2026.

Dicha estrategia fue plasmada en la Resolución 221/2025 del Ministerio de Economía que fue publicada en el Boletín Oficial del pasado lunes 14 de julio donde se recuerda que el artículo 66 del Marco Regulatorio de AySA establece que los Planes de Mejoras, Operaciones, Expansión y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM) tienen por objeto asegurar el mantenimiento, la mejora del estado, rendimiento, funcionamiento de los sistemas necesarios para la prestación del servicio.

La medida, que lleva la firma del secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, también resuelve la aprobación del plan para el período 2024 - 2026 y contiene un anexo de alrededor de 36 páginas en las que se describen todos los pasos que el gobierno nacional adoptará para poner en valor la concesión de AySa con el objetivo de mejorar sus servicios y poder privatizarla, se supone dentro de dos años.

La norma hace mención a un plan de obras e inversiones que arrancaron el año pasado y que finalizarán en el 2025 por alrededor de $753.000 millones, siempre como parte del bautizado "plan de tres pasos" pero oficialmente conocido como "Plan de Acción de Transición" elaborado por orden del presidente Javier Milei para reestructurar AySA.

Como resúmen ejecutivo, el anexo explica que la empresa ha emprendido un sendero de convergencia entre ingresos por tarifa y gastos operativos y de inversiones de mejora y mantenimiento, como parte de lo dispuesto por la Resolución. N° 9/24 de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Tarifas: adecuar las facturas, el objetivo de Javier Milei

Destaca además la premisa oficial de que las tarifas a ser pagadas por los usuarios deben reflejar los costos de una operación eficiente, austera y enfocada en el mantenimiento del servicio, a partir de lo cual desde principios de 2024 se han llevado a cabo acciones de racionalización de gastos operativos, por ejemplo mediante la reducción de la flota de vehículos; la disminución de alquileres de edificios; del parque de telefonía celular, de contratación de servicios tercerizados y la aplicación de un proceso de retiros voluntarios.

Como contrapartida, las autoridades de la compañía resolvieron la aplicación de la adecuación tarifaria para sostener una gestión que se sustente en los ingresos derivados de lo que pagan los usuarios, y que dicho dinero sea el reflejo de costos eficientes, de manera que no sean necesarios recursos aportados por el Estado Nacional para sostener la prestación.

El marco también obligó a las autoridades de AySA a enfocarse en la operación y el mantenimiento de los servicios dentro de las áreas actualmente servidas de agua potable y desagües cloacales a partir de dos grandes líneas de acción.

Por un lado, el proceso de revisión, análisis y priorización de proyectos de inversión de mejora y mantenimiento del servicio a partir de ciertas premisas ordenadoras que establecen criterios para establecer las prioridades.

Por otro lado, llevar a cabo un proceso de revisión de las obras de expansión del servicio que se encontraban con contrato vigente al inicio de la gestión y mantener gran parte de esas iniciativas por medio de su financiación y ejecución a cargo de otros actores gubernamentales.

En el resto de los casos se han iniciado tratativas con los contratistas a efectos de lograr acuerdos de rescisión contractual.

Recrear la cultura de pago

"Conjuntamente con los lineamientos estratégicos, se propone recrear una cultura de pago, de ciudadanía responsable y de real valoración y cuidado de los servicios de agua y saneamiento por parte de los usuarios", detalla la resolución en su anexo.

No obstante, se aclara que las tarifas son sólo un elemento más en la promoción de una cultura de pago y del ejercicio de la responsabilidad de los usuarios del servicio y se recuerda que por ese motivo se comienza a implementar el corte del servicio para usuarios no residenciales y la restricción del servicio para usuarios residenciales, "de cuya puesta en práctica se espera que sirvan como un incentivo para evitar la morosidad y el impago".

Así también, la normativa vigente prevé un descuento del 15% sobre los Usuarios Residenciales ubicados en áreas con coeficiente Zonal 1,45, 1,30 y 1,101.

De esta manera, la resolución explica que los propósitos del Plan de Transición son:

1. Establecer los compromisos de inversión de la concesionaria en función de los recursos disponibles por tarifa.
2. Atender a las problemáticas técnicas de la prestación del servicio.
3. Exponer las líneas de acción identificadas en función de las medidas adoptadas.

Privatización: Javier Milei busca un candidato que garantice el servicio

El objetivo final de este proceso es el de "concretar un exitoso proceso de privatización o concesión del servicio, estableciendo condiciones operativas adecuadas sobre las cuales favorecer la futura planificación de mediano y largo plazo para asegurar la sustentabilidad del servicio".

Siguiendo estas premisas, el anexo de la norma señala que las autoridades sectoriales "se encuentran abocadas a hacer que la eficiencia y la autosuficiencia sean los pilares sobre los cuales se construya un modelo de prestación sostenible en lo económico, lo social y lo ambiental, lo que requiere una adecuación razonable e inteligente de medios afines".

Se recuerda que a partir del total de obras (299) que se encontraban en gestión a finales de 2023, y como resultado de las gestiones llevadas a cabo, en la actualidad y en función de los recursos disponibles, se dispuso impulsar la continuidad de sólo 36 por contrato (sin considerar las de revampings, puesta en valor y mejoras en las Plantas de Tratamiento de Líquidos Cloacales), con una inversión estimada en 2025 del orden de los $50.500 millones y de otros $36.700 millones para el 2026.

En el Artículo 7 del anexo se presenta el detalle de las obras que tendrán continuidad en el marco del plan y se admiten que desde principios del 2024 se rescindieron, finalizaron y/o cerraron 47 obras; que se está trabajando en la rescisión de otras 56 y que se encuentran en ejecución solamente tres.

Obras bajo análisis

Una de las que se destaca es la finalización y puesta en servicio del Sistema Riachuelo, dado el alto grado de avance del proyecto en su conjunto, la importante inversión realizada con el aporte del financiamiento del Banco Mundial, y fundamentalmente por el beneficio operativo y de seguridad en la prestación del servicio que este nuevo sistema cloacal representa para las instalaciones centenarias sobre las que se basa la red troncal de efluentes.

También se ha decidido priorizar la continuidad del Río Subterráneo Tramo 1 que forma parte del Sistema Agua Sur con el objetivo de finalizar las obras de tunelería, concretando las actividades necesarias para reducir y mitigar, una vez completado el tramo en cuestión, los riesgos relacionados con la suspensión de la obra.

La norma aclara que para poder viabilizar la concreción de estas acciones se están realizando gestiones para contar con aportes de capital del Estado Nacional.

Del mismo modo se hace mención a la creación de un área dedicada al análisis de factibilidades técnicas y de nuevos desarrollos y soluciones urbanísticos, con el propósito de aunar esfuerzos junto a los gobiernos locales, organismos de los distintos niveles de gobierno y desarrolladores privados para optimizar los recursos disponibles que permitan favorecer el crecimiento y la mejora de la infraestructura de servicios de manera armónica con las reales necesidades de los usuarios de AySA.