Dos candidatos a quedarse con Vicentin recibieron un apoyo clave que puede inclinar la balanza a su favor

Vicentin fue, durante décadas, una de las principales agroexportadoras del país. Con base en Avellaneda, Santa Fe, concentraba negocios en la exportación de granos, aceites y biodiésel. Pero en diciembre de 2019 la empresa cayó en default al dejar impago un pasivo que superaba los 1.500 millones de dólares, en su mayoría con bancos y proveedores del sector agroindustrial.

Desde entonces, la compañía atraviesa un extenso proceso concursal en los tribunales de Reconquista, bajo la supervisión del juez Fabián Lorenzini. Tras el fracaso del intento de rescate a través de un acuerdo con sus acreedores, se activó la etapa conocida como "cramdown", prevista en la Ley de Concursos y Quiebras, que permite a terceros interesados presentar propuestas para quedarse con el control de la empresa.

El cramdown -término tomado del derecho anglosajón- es un mecanismo de salvataje empresarial. Si la compañía concursada no logra un acuerdo con sus acreedores, se abre la posibilidad de que otros inversores propongan planes para adquirirla.

Los acreedores pueden votar por las distintas ofertas y la ganadora será aquella que logre el apoyo de la mayoría de los acreedores (la mitad más uno) y de las dos terceras partes del capital adeudado.

En el caso de Vicentin, llegaron dos ofertas principales: una del grupo Grassi, operador tradicional del comercio de granos, y otra presentada de manera conjunta por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC), dos gigantes del negocio agroexportador.

Días decisivos para Vicentin: denuncias por "conductas desleales"

En los últimos días, la competencia entre ambas propuestas se volvió más tensa. Los apoderados de Grassi S.A. denunciaron ante el juez Lorenzini que Molinos Agro y LDC habrían incurrido en conductas desleales al habilitar una página web (vicentincramdownmoaldc.com) y canales de comunicación por WhatsApp que permitirían a los acreedores revocar el apoyo previamente otorgado a otros oferentes.

Según Grassi, esa herramienta "inducía" a los acreedores que ya habían votado por su propuesta a cambiar de posición, lo que vulneraría la transparencia del proceso.

Por su parte, Molinos Agro y LDC respondieron que la opción en cuestión no representaba una maniobra desleal, sino el ejercicio legítimo del derecho de los acreedores a modificar su voto si consideraban que su propuesta resultaba más conveniente. Argumentaron además que su oferta fue presentada días después que la de Grassi, por lo que algunos acreedores ya habían emitido su voto sin conocer todas las alternativas.

Finalmente, el juez Lorenzini resolvió que el consorcio Molinos-LDC debía eliminar del portal cualquier mecanismo que pudiera inducir a revocar conformidades previas, buscando mantener la neutralidad y la equidad en el proceso de votación.

El apoyo que puede inclinar la balanza: la Unión Agrícola de Avellaneda se pronunció

En paralelo, la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), una cooperativa con más de un siglo de historia y unos 1.700 asociados, ubicada en la zona de origen y referencia de Vicentin, hizo público su respaldo a la propuesta de Molinos Agro y LDC.

"Algunos productores que integran la cooperativa son acreedores de Vicentin. Estamos hablando de la cooperativa más importante de la zona. Quien reciba su apoyo, tiene todas las de ganar", afirma una fuente que sigue de cerca la negociación.

La CAA, además, se vería beneficiada por la propuesta de Molinos-LDC, ya que esta es la que propone mejores condiciones para los pequeños y medianos productores agropecuarios.

En un comunicado, la entidad sostuvo que se trata de una alternativa "financieramente sólida y simple, que respeta los derechos de cobro de los acreedores y busca ofrecer una salida ordenada, transparente y sostenible al proceso de reestructuración".

Además, la UAA anticipó que, si la oferta resulta ganadora, se hará cargo del "nodo norte" de Vicentin SAIC, comprometiéndose a mantener las fuentes laborales y garantizar la continuidad de la actividad productiva en las plantas de Biogás Avellaneda, Reconquista, Nicanor Molina y Avellaneda.

La cooperativa también destacó que el acuerdo permitiría potenciar la industrialización del girasol producido en el norte argentino, destinando su procesamiento a la planta de Ricardone, que ya opera bajo un esquema de fasón (procesamiento a pedido).

Esta opinión es relevante, ya que hasta la presentación oficial de la propuesta, se rumoreaba con que la UAA formaría parte del tándem entre Molinos y LDC, lo que finalmente no pasó. No se sabe aún cuál será su rol luego del 31 de octubre.

Con el fallo judicial que ordena ajustar las reglas del proceso y con apoyos públicos que empiezan a definirse, el cramdown de Vicentin entra en su etapa final. De su resultado dependerá el futuro de una de las empresas más emblemáticas del agro argentino, que hace casi cinco años entró en crisis y todavía busca una salida definitiva que evite su disolución. La fecha límite es el 31 de octubre.