Hidrovía: los puntos relevantes de la nueva licitación para privatizar por 25 años el dragado y balizamiento
La nueva licitación para concesionar el dragado y balizamiento de la Hidrovía que lanzó la administración de Javier Milei contiene los grandes lineamientos del primer llamado que había terminado en un escándalo y un nuevo paquete de condiciones relevantes referidas a la exclusión de oferentes, el cumplimiento de cláusulas anticorrupción, los aumentos tarifarios y la creación de tres fondos fiduciarios que se alimentarán con los peajes que pagan los barcos. El tramo de la vía navegable troncal (VNT) en juego se extiende desde el km 1.238 del Río Paraná (Confluencia) hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata exterior, en el km 239,1 del canal Punta Indio.
El esqueleto de la nueva licitación conserva las bases iniciales de una "concesión de obra pública con cobro de peaje, sin aval del Estado, a riesgo empresario y por un período de 25 años, prorrogable por hasta cinco años más". Las ofertas para quedarse con el negocio de "las obras de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del dragado y señalamiento de la hidrovía" deberán presentarse el 27 de febrero próximo segmentadas en tres sobres: antecedentes económicos, técnicos y garantías; planes de trabajo y propuesta económica.
Entre otros requisitos, los oferentes deberán acreditar un patrimonio neto superior a u$s 300 millones, una facturación anual de al menos u$s 450 millones y un promedio de obras de dragado por encima de u$s 300 millones en los últimos tres ejercicios. Por el lado técnico, tendrán que demostrar la disponibilidad de seis dragas de succión, un volumen de obra no menor a 15 millones de m³ en puertos y canales, y un nivel mensual mínimo de 500.000 m³ de dragado.
En los dos primeros años, el nuevo operador tendrá que llevar el calado de la VNT de 34 a 40 pies. Antes de que expire el quinto año del contrato, el concesionario deberá presentar los estudios de factibilidad para profundizar el dragado a 42 y 44 pies desde la zona del Gran Rosario hasta la salida oceánica. Uno de los cuatro aspectos más significativos del pliego establece que empresas pueden participar y cuáles no.
Cláusulas de exclusión y anti dádivas
Al igual que en la anterior licitación de principios de 2025, la administración libertaria dejó afuera de carrera a las empresas dragadoras al impedir la participación de firmas que "sean controladas, directa o indirectamente, por Estados soberanos o agencias estatales". Tampoco podrán ofertar las "empresas que se encuentren incluidas en las listas elaboradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dependiente del Departamento del Tesoro de los EE.UU."
Las restricciones también alcanzan a las empresas que "hayan cesado como concesionarios de cualquier otro ente estatal por una causa que le sean imputables y que tengan sanciones judiciales o administrativas por abuso de posición dominante, dumping y competencia desleal". A ellas se agregan las empresas condenadas en el extranjero por prácticas de soborno o cohecho transnacional y las incluidas en las listas de inhabilitadas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La segunda cuestión novedosa es la vinculada con las "clausulas anticorrupción". La letra chica del pliego determina que "será causal determinante del rechazo inmediato de la oferta y/o la rescisión de pleno derecho del contrato, el dar u ofrecer dinero, dádiva o ejercer cualquier tipo de coacción para que funcionarios o empleados públicos hagan valer la influencia de su cargo ante las autoridades competentes con el fin de que éstas hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones".
Según esta cláusula serán considerados como "sujetos activos" de esas maniobras los "representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona jurídica" que actúen para favorecer el interés de los oferentes.
La normativa en juego prevé que "en el caso que las prácticas corruptas se hayan verificado durante el procedimiento de selección y se conocieran con posterioridad, se procederá a la nulidad de la adjudicación y/o contrato de concesión con pérdida de la garantía de oferta o de cumplimiento del contrato, según el caso".
Tarifas y nuevas tasas
El tercer punto destacado gira en torno a las tarifas de peaje. En los primeros meses de la concesión denominada "Etapa 0", el nuevo operador privado deberá poner al día las tareas de mantenimiento y mejoras esenciales del la VNT. Para este período, tendrá que cotizar un peaje que ronde entre un mínimo de u$s 3,80 por Tonelada de Registro Neto (TRN) y un máximo de u$s 4,20, que se encuentra por debajo de la tarifa actual de u$s 4,30.
En la siguiente "Etapa 1", deberá asegurar un dragado de 36 pies en el tramo principal con una tarifa encuadrada entre un mínimo de u$s 4,65 y un máximo de u$s 5,05 por TRN. Este último valor peaje es un 17% más alto que el actual.
A su vez, en la "Etapa 2", la profundidad de la VNT tiene que llegar a 40 pies con una tarifa mínima de u$s 5,78 y un techo de u$s 6,18 que representa un 44% más que el peaje actual de u$s 4,30 por TRN.
Con los estudios de ampliación del dragado a 42 y 44 pies que deberá presentar en el quinto año del contrato, el futuro concesionario tendrá que definir el nuevo valor del peaje que pretende cobrar. De acuerdo con las proyecciones del sector, esa tarifa podría ser entre un 100% y 150% más elevada que la actual.
El cuarto elemento relevante está dado por el desembolso en efectivo que se exige al nuevo concesionario al momento de firmar el contrato y la porción de los ingresos por peaje que deberá girar a los tres nuevos fondos fiduciarios que se crearon bajo la órbita de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
Por un lado, la empresa que se adjudique la concesión tendrá que hacer frente a un pago inicial de u$s 35 millones que se usará para cancelar las deudas pendientes de la ANPYN con los actuales subcontratistas de los trabajos de dragado y balizamiento.
Por otro lado, una vez que empiece a cobrar peaje deberá depositar el 2% de sus ingresos para tareas de "fiscalización y control"; otro 2,5% a un fondo destinado a "obras de seguridad" que administrará la ANPYN y 1,5% a otro fondo para mejoras adicionales en la VNT no previstas en la concesión.