Tras medida clave, el Gobierno extiende su control sobre el mercado de las telecomunicaciones

Desde su asunción en diciembre de 2023, la administración de Javier Milei ha puesto al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en el centro de su agenda de desregulación y reducción del gasto público.

Si bien la idea inicial de la gestión libertaria era eliminar el organismo a partir del plan "motosierra" de achique del Estado Nacional, lo que comenzó como una medida temporal de 180 días se ha convertido en un proceso de largo aliento que, a día de hoy, 2 de enero de 2026, continúa marcando el ritmo de las telecomunicaciones en Argentina.

En este sentido, la intervención formal comenzó el 29 de enero de 2024, cuando el Poder Ejecutivo justificó la medida argumentando que el ente creado a fines del 2015 sufría de una "falta de control suficiente", una estructura "sobredimensionada" y una discrecionalidad excesiva en el uso de fondos públicos.

​En ese momento, se designó como interventor a Juan Martín Ozores, quien viene liderando este proceso desde entonces, acompañado por un equipo técnico con el objetivo de auditar la gestión previa y rediseñar el organismo.

El proceso de intervención no solo se ha limitado a lo administrativo, sino que ha impactado en el mercado y en la estructura federal del ente a partir del cierre de todas las delegaciones provinciales, centralizando las operaciones en Buenos Aires para reducir costos operativos.

Recorte de gastos

También hubo despidos masivos bajo el lema de eliminar la "militancia" y optimizar la planta técnica y se dieron de baja varios fondos fiduciarios como el del Servicio Universal (FSU), que, si bien no fue cancelado, se modificó para "mejorar sus objetivos".

En el gobierno nacional aseguran que la revisión y actualización integral del Reglamento General del Servicio Universal (FSU), permitió optimizar la aplicación de los recursos provenientes de los aportes de inversión al que se encuentran obligados los licenciatarios de Servicios de TIC, y así concretar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado, siendo imperioso avanzar con la plena implementación de dicho nuevo esquema.

Del mismo modo, otras herramientas que anteriormente subsidiaban la conectividad en zonas rurales y a medios comunitarios fueron dejados de lado.

​Además, la intervención facilitó la derogación de normativas que declaraban a las telecomunicaciones como "servicio público esencial", permitiendo que las empresas de internet, cable y telefonía ajusten sus tarifas libremente.

​Nuevo plazo

Aunque originalmente se planteó por seis meses, la intervención fue prorrogada sucesivamente, tal como ocurrió en julio de 2025 cuando, mediante el Decreto 448/2025, el Gobierno extendió el plazo hasta el 4 de enero de 2026.

Ahora, el Poder Ejecutivo vuelve a repetir la medida, pero esta vez con un plazo mucho más largo de un año y ratificando a Juan Martín Ozores al frente del ente.

​El argumento oficial para mantener la intervención es que aún no se ha concluido el "rediseño estructural" necesario para que el ENACOM funcione como una autoridad reguladora moderna y eficiente, con un enfoque puesto en fomentar la inversión privada y la tecnología 5G.

La medida fue plasmada por el Decreto 938/2025 publicado este viernes 2 de enero en el Boletín Oficial de la Nación, con la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, área bajo la cual opera el ENACOM.

En los considerandos, la norma asegura que "las medidas impuestas mediante el Decreto 448/25 a la Intervención del citado Ente Nacional relativas al relevamiento, análisis y revisión de procedimientos sustantivos y operativos del organismo se encuentran en pleno proceso de ejecución".

En ese sentido, considera "prioritaria" la consolidación de los avances producidos por las comisiones técnicas y grupos de trabajo especializados.

Intervención necesaria

La medida pone el foco en particular en materia de servicios de comunicación audiovisual para poder completar las tareas de evaluación pendientes, finalizar los trámites de adjudicación de licencias y, de este modo, asegurar la continuidad del proceso de regularización de estaciones de radiodifusión e incorporación de nuevos prestadores al sistema.

"Esta iniciativa se enmarca en el proceso de profundización y consolidación institucional derivado de la nueva estructura orgánica del referido organismo, contribuyendo a asegurar la coherencia técnica de los mecanismos de fiscalización, sanción y control con los objetivos de simplificación y eficacia regulatoria establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional", agrega la norma.

En ese sentido, el decreto aclara que la continuidad institucional de la intervención del ENACOM "resulta necesaria para culminar la adecuación estructural del mencionado organismo, consolidar los equipos técnicos y asegurar la correcta implementación de los nuevos circuitos procedimentales, preservando la coherencia técnica alcanzada y garantizando la ejecución ordenada de los proyectos regulatorios en desarrollo".

Para Adorni, se trata de la forma en la cual el Gobierno contribuye al establecimiento de unidades orgánicas con funciones especializadas, fortalecimiento de los mecanismos de planificación y control y agilización de canales de coordinación técnica y decisoria.

También entiende que con la intervención del organismo se podrá continuar con los procesos orientados a modernizar los instrumentos normativos y procedimentales, "reforzando la transparencia, previsibilidad y eficiencia de la actuación administrativa, así como la seguridad jurídica de los operadores del sector, adecuándolos a los lineamientos de política pública".

La compra de Movistar

Por eso, el Gobierno destaca que, durante este año, el ENACOM intervenido podrá transparentar la asignación de recursos y profundizar las tareas de reordenamiento de la gestión administrativa y financiera del FSU previsto en el artículo 97, inciso f) de la Ley 26.522 y sus modificaciones, que se encuentran en curso.

Otra de las principales tareas que deberá llevar a cabo el organismo se vincula con la compra de los activos locales del grupo español Telefónica por parte de Telecom Argentina ya que el presidente Javier Milei se opuso a la operación concretada en febrero del año pasado por algo más de u$s1.200 millones.

El deal está a punto de cumplir un año sin que desde el gobierno nacional ni desde los entes de control como el ENACOM se hayan pronunciado en relación a la autorización o no de parte de las autoridades nacionales sobre esta operación.

De hecho, ambos grupos siguen funcionando y brindando servicios de manera independiente a la espera de la decisión oficial.

Se trata de una medida que en el mercado cuestionan por su retraso en anunciarse, lo cual estaría generando problemas operativos para el grupo Telecom.

A fines del año pasado, el grupo anunció un fuerte plan de inversiones por u$s700 millones para modernizar su infraestructura y llevar a cabo un cambio de marcas, que dejó afuera a los 19 millones de clientes de Movistar, precisamente por esa falta de definición.

Críticas variadas

De hecho, no se trata de la única crítica al funcionamiento del ENACOM si se tiene en cuenta que el cierre de delegaciones regionales dejó a los usuarios de las provincias sin atención presencial para reclamos.

Además, varias organizaciones como Amnistía Internacional han expresado preocupación por el desfinanciamiento de medios comunitarios y la falta de pluralidad de voces que antes garantizaba el FOMECA.

Otros analistas advierten que la desregulación beneficia principalmente a los grandes actores del sector, dificultando la competencia de pequeñas cooperativas locales de internet.