La caída de Maduro también pega en la caja de SanCor, que ahora es manejada desde tribunales
Tras concluir un año en el que bordeó el cierre definitivo, SanCor inició 2026 con la incertidumbre de no saber cómo seguirá su operatoria en el mediano plazo a partir de la reciente intervención establecida por el juez civil y comercial de Rafaela, Marcelo Gelcich. En medio de esa situación, la captura de Nicolás Maduro, el ahora expresidente de Venezuela, a manos de Estados Unidos suma una complicación adicional. Ocurre que el gobierno caribeño aún mantiene un saldo impago de u$s18 millones con la unión de cooperativas, herencia de los tiempos de intercambio comercial entre las gestiones de Hugo Chávez y Néstor y Cristina Kirchner. Si bien esa deuda se ha mantenido sin cubrir durante años, en 2025 hubo diálogos para buscar su pago definitivo. El contexto actual vuelve a frenar toda posibilidad.
"Venezuela le quedó debiendo a SanCor a hoy u$s18 millones y con ningún gobierno se logró cancelar", indicaron fuentes de la láctea a principios del año pasado. El monto en cuestión corresponde a exportaciones de grandes cantidades de leche en polvo que nunca fueron saldadas.
La relación comercial de la compañía con Venezuela tomó impulso a partir de 2006 de la mano de sendos acuerdos sellados entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Este último jugó fuerte para impedir que Adecoagro, en ese momento con participación del magnate George Soros, se asocie a la unión de cooperativas.
Tras bloquear esa posibilidad, SanCor firmó un acuerdo con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) para hacerse con u$s80 millones a cambio de proveer al país caribeño de leche y tecnología láctea por algo más de una década. En ese momento se expuso que la lechera pudo afrontar las deudas que mantenía con bancos y entidades como HSBC, Citibank, el Banco Nación, Credicoop, CFI, Rabobank y el Supervielle, entre otras firmas.
A partir del acuerdo, SanCor comenzó a enviar a Venezuela a razón de 3.000 toneladas de producto cada seis meses. El pico fue de 8.000, ya en 2022. La entrada en default de Venezuela implicó el cese de los pagos y la existencia de una deuda total del orden de los u$s30 millones que se redujo a 18 millones.
El fin del gobierno de Nicolás Maduro terminó por paralizar el diálogo que, Cancillería mediante, la compañía había retomado con los venezolanos para encontrar la forma de hacerse con el monto adeudado. Mientras tanto, SanCor transita otra etapa de una crisis que no ha dejado de agravarse con el correr de los meses.
SanCor, intervenida por la Justicia
Hace escasos días, la Justicia decidió intervenir parcialmente su administración y avanzar con la designación de un coadministrador judicial, en una señal contundente sobre el deterioro operativo, financiero y laboral de la empresa, que se encuentra en concurso preventivo desde comienzos de este año.
Como detalló iProfesional, la medida fue dispuesta por el juez civil y comercial de Rafaela, Marcelo Gelcich, quien resolvió avanzar con un esquema de coadministración, una figura intermedia que no desplaza totalmente a las autoridades de la compañía, pero que limita severamente su margen de maniobra.
Desde diciembre último, ninguna decisión con impacto económico o patrimonial puede tomarse sin la intervención del funcionario judicial designado, bajo pena de nulidad.
Según surge de la resolución, la Justicia consideró que SanCor incumplió de manera reiterada con sus obligaciones básicas como empresa en concurso, desde el pago de salarios hasta la entrega de información clave sobre su funcionamiento interno, contratos vigentes y flujos financieros.
En concreto, el juez entendió que la cooperativa no colaboró adecuadamente con la sindicatura ni con el Comité Provisorio de Control, dificultando el acceso a datos indispensables para evaluar la verdadera situación de la empresa.
Entre otros puntos, se cuestionó la falta de precisiones sobre la actividad real de sus plantas industriales, los acuerdos con terceros para la elaboración y comercialización de productos, los niveles de producción, stock y ventas, y el destino de los fondos que ingresan.
SanCor y los pedidos de quiebra
En concurso de acreedores, la empresa debe más de $20.000 millones solo en concepto de sueldos impagos y coberturas sociales y sindicales. Y, según reconocen en torno a la unión de cooperativas, suma más de 300 pedidos de quiebra en su contra.
En los últimos dos años SanCor implementó 370 despidos aunque, más allá del tenor de la medida, la láctea no logró reducir su rojo operativo y financiero.
"Actualmente, hay un poco más de 300 pedidos de quiebra y ahora se le corrió traslado a la empresa, que debe contestar y defenderse de esos pedidos de quiebra", declaró recientemente Aldo Regali, al frente del estudio de abogados que patrocina a un gran número de empleados de SanCor.
La compañía apenas se sostiene a partir de los contratos a fasón, esto es, la producción para terceros que aún mantiene con firmas como Elcor, Punta del Agua y La Tarantela.