Quiénes son los "arquitectos de las privatizaciones" del gobierno de Javier Milei

A inicios de este 2026, la venta de empresas estatales ha tomado un impulso decisivo luego de que el gobierno de Javier Milei consolidó el marco legal necesario para transferir activos estatales estratégicos al sector privado.

Tras un 2024 y 2025 dedicados a la transformación de figuras jurídicas, este año se perfila como el "punto de no retorno" para más de una decena de compañías públicas que, cuando asumió, el propio jefe de Estado prometió entregar al capital privado.

​El paso fundamental para que este camino se acelere ocurrió a finales de 2025, cuando el Poder Ejecutivo completó la transformación de las antiguas Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA), amparado en el DNU 70 del 2023.

Con el amparo de la Ley General de Sociedades, estas empresas ya no cuentan con prerrogativas estatales y operan bajo la misma normativa que cualquier privado.

Un caso testigo es la inscripción de Ferrocarriles Argentinos SAU en el Registro Público, que dejó el camino libre para la venta de acciones o concesiones a partir de un plan oficial que para este año abarca sectores clave como energía, transporte, comunicaciones y servicios hídricos.

​Otro ejemplo es el de AySA, considerado el proceso más avanzado a principios de este año, con el propósito de desprenderse del 90% de las acciones de la proveedora del servicio de agua y saneamiento en la Capital Federal y gran parte del conurbano bonaerense.

Se prevé una licitación por el 51% (el paquete de control operativo) para un socio estratégico, y el resto mediante salida a bolsa (free float).

​Firmas internacionales y locales (como la brasileña Sabesp) han mostrado interés en la gestión de una red que sirve a más de 15 millones de personas.

Amplio paquete de empresas estatales en venta

En la lista también se encuentran ENARSA y Transener, ambas operando en el sector energético y con el foco puesto en la comercialización de gas y el transporte de energía de alta tensión.

El "paquete" privatizador abarca a otras empresas como Nucleoeléctrica Argentina, a pesar de que opera en un sector sensible por la seguridad nuclear; la ​Hidrovía (Vía Navegable Troncal), en donde el gobierno nacional apuesta a una concesión a largo plazo para modernizar el canal por donde sale el 80% de las exportaciones agroindustriales.

Del mismo modo, en el área de ferrocarriles, la mirada está puesta en vender la Operadora Ferroviaria y el Belgrano Cargas para mejorar la eficiencia del transporte de carga y pasajeros.

Lo mismo ocurre con ​Intercargo, en el segmento aerocomercial y de servicios de rampa en aeropuertos, que está lista para su transferencia total, tal como también podría ocurrir con Aerolíneas Argentinas.

Pero el éxito de este plan durante este 2026 depende de tres factores críticos como son la estabilidad económica, el fortalecimiento de las reservas del Banco Central y la conflictividad social y judicial.

En el primer caso, la estabilidad de la inflación (proyectada en descenso pero aún bajo la lupa de consultoras) y el riesgo país determinarán cuánto están dispuestos a pagar los inversores para desembarcar en las empresas estatales.

El segundo factor se vincula a que el Gobierno quiere utilizar lo recaudado por estas operaciones como una vía rápida para fortalecer las reservas del Banco Central y cumplir con los vencimientos de deuda.

En cuanto a la conflictividad social y judicial, las privatizaciones en sectores de servicios (como agua y trenes) enfrentan desafíos por el impacto en las tarifas y el mantenimiento de la infraestructura, que en algunos casos se encuentra en estado crítico.

Los "arquitectos de las privatizaciones" de Javier Milei

Para "manejar" este proceso de entrega de capital estatal al sector privado, las autoridades nacionales parecen haber optado por una dupla que no figura en los radares oficiales, ya que ninguno de los dos elegidos tiene cargos públicos.

Se trata de Carlos Frugoni y Martín Maccarone, quienes ocupan un papel fundamental dentro de la estructura de gestión del gobierno de Javier Milei.

En algunas áreas oficiales se los compara con los ejecutores del plan privatizador de Carlos Menem (1989-1999), tanto desde lo económico como desde el asesoramiento técnico que diseñaron el proceso.

Es decir, con Domingo Cavallo, considerado el artífice principal del modelo a partir de su plan de Convertibilidad y teniendo en cuenta que ese proceso necesitaba un flujo constante de dólares y reducir el déficit fiscal de forma drástica.

Bajo su gestión como Ministro de Economía (1991-1996), se llevó a cabo la parte más profunda del plan, incluyendo YPF, Gas del Estado y las empresas eléctricas.

​Fue además el encargado de negociar con el FMI y el Consenso de Washington, validando las privatizaciones como garantía de seguridad jurídica para los inversores extranjeros.

El otro "arquitecto" de ese proceso fue Roberto Dromi, bautizado como "el Gerente" de la Reforma a partir de su rol como ministro de Obras y Servicios Públicos, desde donde se transformó en el ejecutor jurídico y político inicial de la reforma del Estado.

​La Ley de Reforma del Estado: Fue el redactor de la Ley 23.696, que declaró en emergencia a las empresas públicas y otorgó al Ejecutivo las facultades para venderlas.

​Se lo recuerda por su polémica frase: "Nada de lo que deba ser del Estado permanecerá en manos del Estado", que sintetizó la filosofía de la época.

Salvando las distancias y el poder real ejercido entre las duplas Cavallo-Dromi y Frugoni-Maccarone, en el caso de estos dos comparten una característica común ya que provienen del sector privado y ocupan roles clave en áreas de infraestructura y gestión de activos estatales.

En el caso de Frugoni, se lo conoce como "el Señor de las Autopistas". Se trata de un ingeniero civil con una larga trayectoria en la gestión de infraestructura vial que, en el gobierno de Javier Milei, su rol es central para la nueva política de obra pública cero y la transición hacia un modelo de iniciativa privada.

Según algunas notas periodísticas, es integrante de la "barra de los Newman Boys", como se conoce al grupo de exalumnos del Colegio Cardenal Newman que también incluye al expresidente Mauricio Macri, Luis Caputo (ministro de Economía) y Nicolás Caputo (empresario).

Fue designado como Presidente de Corredores Viales S.A., la empresa pública que gestiona las principales rutas nacionales y autopistas con peaje del país y su llegada se dio bajo la órbita de lo que fue el Ministerio de Infraestructura (luego absorbido por Economía).

Su rol no es solo administrar el mantenimiento, sino ejecutar el plan de concesiones privadas siguiendo la orden de Milei sobre que el Estado no debe financiar obras viales.

Viejos conocidos

Por lo tanto, su tarea es eficientizar la caja; reducir el déficit de una empresa que históricamente dependía de subsidios del Tesoro y preparar el terreno para que los corredores viales vuelvan a manos privadas bajo un esquema de "usuario-pagador", tal como ya ocurrió entre fines del año pasado y principios de este 2026.

​Frugoni no es un recién llegado a la gestión pública de corte liberal si se tiene en cuenta que, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue el administrador general de Vialidad Nacional, donde impulsó el sistema de los PPP (Participación Público-Privada), un antecedente directo del modelo que Milei busca profundizar.

Por su parte, Martín Maccarone, es considerado como "el nexo con el Real Estate y la Gestión de Activos", ya que su apellido tiene peso en el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario.

Su rol en el gobierno de Milei se centra en la optimización de los recursos físicos del Estado, a partir de su fuerte vínculo con el círculo cercano del Ministro de Economía, Luis Caputo.

Es más, ejerció como Secretario Coordinador de Infraestructura durante más de 14 meses sin nombramiento oficial en el Boletín Oficial.

Desde ese lugar, ha asumido roles clave en infraestructura y obras públicas sin un nombramiento formal, coordinando concesiones, renegociando contratos y gestionando licitaciones importantes, trabajando bajo la órbita de Economía y con el asesoramiento de Santiago Caputo.

En el segmento de concesiones viales, por ejemplo, estuvo a cargo de la cesión de rutas licitadas, incluyendo los 741 kilómetros de ruta del Mercosur, donde la empresa Cartellone, se quedó con el tramo principal.

Tanto esta empresa como otros grupos que ganaron licitaciones bajo supervisión de Maccarone, como Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, aparecen mencionados en la Causa Cuadernos, aunque solo algunos de sus directivos están en el banquillo de los acusados.

Casos de Hidrovía y trenes

En el caso del proceso de la Hidrovía, Maccarone fue quien preparó tanto la frustrada licitación de enero del año pasado y también la programada para este 2026, una de las obras públicas más estratégicas del país.

También se lo vincula al control de ferrocarriles, puertos y desregulación aérea, procesos que se llevan adelante bajo su supervisión.

Por su escritorio pasaron decisiones sobre compra de vagones, habilitación de nuevos puertos, revisión técnica obligatoria (RTO) de transporte, subsidios al transporte público y desregulación de los cielos.

En el seno del gobierno nacional, su rol es considerado estratégico para el ajuste fiscal y la obtención de divisas por dos vías como son la venta de inmuebles ociosos; edificios públicos y terrenos que no tienen uso para subastarlos al sector privado, y la reducción del pago de alquiler de costosos edificios para dependencias públicas, mudando oficinas a inmuebles propios del Estado que se encuentren vacíos.

Maccarone proviene de una de las familias constructoras más tradicionales de Argentina (Coinsa) y su perfil es técnico-empresarial, lo que se alinea con la visión de Milei de que los activos del Estado deben ser gestionados con criterio de rentabilidad y eficiencia de mercado.

Roles complementarios

​Aunque operan en áreas distintas (rutas vs. inmuebles), los roles de Frugoni y Macarrone son espejados en la narrativa libertaria, ya que ambos cumplen el rol de ejecutores de la premisa de "achicar el Estado para agrandar la Nación".

Mientras Frugoni trabaja para que el mantenimiento de las rutas deje de ser una carga para el presupuesto nacional, Maccarone busca convertir el patrimonio inmobiliario estatal en ingresos frescos y oportunidades de negocio para el sector privado.

Además, son fuertemente cuestionados desde algunos sectores debido a que sus tareas no parecen ser controladas por los organismos del Estado, lo que implica críticas por falta de transparencia, presuntas irregularidades y vínculos con intereses privados cercanos al macrismo.

Críticas y sospechas

Las principales sospechas de quienes rechazan los roles de Frugoni y Maccarone pasan por el supuesto uso de dinero público para círculos cercanos; terrenos cedidos a precios irrisorios; licitaciones direccionadas hacia empresas de allegados, y control de concesiones millonarias sin competencia real.

De hecho, en el caso de Frugoni fue procesado en el marco de la licitación del Paseo del Bajo de la Ciudad de Buenos Aires, como presidente de la sociedad estatal AUSA.

Se lo acusó de convalidar la alteración de la apertura de ofertas y criterios de calificación que favorecieron a IECSA, empresa de Angelo Calcaterra, primo de Macri, en una causa que continúa en casación penal, sin resolución definitiva.

También fue mencionado en la cesión de un valioso terreno en Barrio Parque a allegados de la familia Macri por una suma irrisoria y se lo acusa del uso de bienes públicos para favorecer círculos cercanos.

A pesar de estas denuncias, el diciembre pasado fue nombrado como "el reemplazante" de Maccarone en el cargo del cual este empresario nunca fue nombrado, tal como se asegura en una nota de eldiarioar.com, en donde se asegura que dicho relevo le permitió heredar todas las tareas pendientes de Maccarone.

Los cuestionamientos a esta designación no demoraron en llegar siendo el más fuerte el que habla de un "nombramiento acelerado" en su nuevo rol de Director Ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (ACCSPT).

Su nombramiento fue avalado por el Decreto 597/2025, pocas horas antes de que el Senado tratara la derogación del decreto 461/25 que creó el organismo, evidenciando lo que los sectores críticos a esta medida ven como una maniobra para evadir control legislativo.

Con el apoyo de Luis Caputo

Sin embargo, Frugoni habría desembarcado en ese puesto con el visto bueno explícito del ministro Caputo, reforzando las sospechas de que su ascenso refuerza se vincula a la pertenencia de los "Newman Boys", quienes controlan áreas clave de infraestructura, concesiones y obras públicas.

Además, de la mano de Frugoni también llegó al sector público Paolo Marino, quien fue designado Director de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, a pesar de estar procesado por el trágico accidente aéreo de 2011 en Río Negro donde murieron 22 personas, de acuerdo a lo que recoge una nota del portal noticiasurbanas.com.

Como directivo de Sol Líneas Aéreas, la justicia lo investigó por falta de elementos de seguridad en la aeronave e insuficiente capacitación de tripulación y enfrenta un embargo de $235 millones.