El Gobierno avanza con un programa de ciudadanía por inversión para atraer capitales extranjeros

El Gobierno nacional reglamentó un régimen que permitirá a ciudadanos extranjeros acceder a la ciudadanía argentina a cambio de realizar inversiones significativas en el país, con el objetivo de captar capitales privados en un contexto de escasez de dólares y promover proyectos productivos de largo plazo. La iniciativa, formalizada mediante el Decreto 524/2025, se inscribe en una estrategia más amplia de atracción de inversiones, en línea con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Si bien el esquema ya cuenta con un marco legal definido, su implementación efectiva todavía depende de una reglamentación complementaria que deberá establecer los montos mínimos, los sectores habilitados y los criterios que se utilizarán para evaluar cada proyecto.

Un modelo utilizado en más de 80 países

El programa de ciudadanía por inversión no es una novedad a nivel internacional. Más de 80 países adoptaron esquemas similares en distintos formatos, que permiten a inversores extranjeros acceder a la residencia permanente o a la ciudadanía a cambio de aportes económicos relevantes.

Entre los casos más conocidos se encuentra el programa estadounidense EB-5, que otorga la residencia permanente a quienes invierten en proyectos que generen empleo. También existen iniciativas consolidadas en Canadá, Portugal, Grecia y varios países del Caribe, cada una con requisitos específicos según sus objetivos de desarrollo económico.

Desde el sector privado destacan que estos programas suelen atraer capitales de largo plazo, respaldados por marcos regulatorios y sistemas de control estatal sobre el origen de los fondos y el perfil de los solicitantes.

Cómo funciona el esquema argentino

El decreto establece que los extranjeros que acrediten una inversión considerada "relevante" podrán iniciar el trámite para obtener la ciudadanía argentina ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado creado en el ámbito del Ministerio de Economía.

Esta agencia será la encargada de recibir las solicitudes, analizar los proyectos y emitir una recomendación técnica. La aprobación final quedará en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, que intervendrá junto con otros organismos del Estado.

Entre ellos se encuentran la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), que participarán en los controles de antecedentes y en la verificación del origen de los fondos.

Falta de definiciones clave para su puesta en marcha

Aunque el régimen fue formalizado en julio de 2025, el programa todavía no está plenamente operativo. Desde el Ministerio de Economía reconocen que resta dictar una resolución complementaria que defina los aspectos centrales del esquema.

Entre los puntos pendientes figuran el monto mínimo de inversión, los sectores que serán considerados estratégicos, la duración del período de permanencia exigido en el país y si se requerirá algún nivel de generación de empleo. Tampoco se precisó si el programa priorizará proyectos productivos, desarrollos inmobiliarios o iniciativas vinculadas a la vivienda y el desarrollo regional.

Hasta que esas definiciones no sean oficializadas, la implementación efectiva del programa permanece en pausa, aunque el Gobierno ya avanzó con los pasos administrativos necesarios para su puesta en marcha.

La licitación para implementar el programa

En ese marco, el Ejecutivo lanzó una licitación internacional para contratar un servicio de consultoría y asistencia técnica especializada en programas de ciudadanía por inversión. El contrato tendrá una duración de cuatro años o hasta que la empresa adjudicataria emita 5.000 informes favorables para solicitudes de ciudadanía bajo este régimen.

La apertura de sobres estaba prevista para enero y, de no mediar contratiempos, la adjudicación podría concretarse dentro de los 45 días posteriores. El objetivo es contar con apoyo técnico para estructurar el programa, evaluar proyectos y aplicar estándares internacionales de control.

Quiénes participan y cuánto capital estiman captar

Entre los interesados en la licitación figura un consorcio integrado por Apex Capital Partners, Arton Capital, Passport Legacy y AIM Global, firmas con experiencia en este tipo de programas en Europa, Medio Oriente, Asia, África y América.

Según estimaciones elaboradas por este grupo, el esquema argentino podría canalizar más de u$s2.500 millones en inversión extranjera directa en sus primeras etapas y atraer a unas 5.000 familias que accederían a la ciudadanía tras cumplir con los requisitos.

Desde el sector empresario señalan que el atractivo del programa no se limita al volumen de capital potencial, sino también al perfil de los inversores. Destacan la posibilidad de direccionar los fondos hacia áreas como infraestructura, energía, agronegocios, tecnología, vivienda y proyectos de desarrollo regional.

Modalidades previstas para los inversores

El programa contempla, en líneas generales, dos modalidades principales: la donación y la inversión directa. En el primer caso, los aportes suelen destinarse a fondos específicos o fundaciones definidas por el Estado. En el segundo, los recursos pueden invertirse en bienes raíces, empresas locales o fondos privados.

La habilitación de una u otra modalidad, así como los montos exigidos, quedará sujeta a la reglamentación final. Por el momento, el Gobierno no precisó si habrá sectores prioritarios ni qué tipo de proyectos tendrán preferencia.

El trámite será individual y, en caso de aprobación, el beneficio se extenderá al grupo familiar directo del inversor, incluyendo cónyuge, hijos y padres, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Impacto económico y antecedentes internacionales

Desde las consultoras internacionales destacan que el impacto económico de estos programas suele ser significativo cuando se ejecutan bajo marcos de control estrictos y objetivos claros. En Estados Unidos, el modelo de residencia por inversión captó entre u$s55.000 y 60.000 millones desde su creación y generó cientos de miles de puestos de trabajo.

En Europa, Portugal atrajo cerca de 9.000 millones de euros desde el lanzamiento de su iniciativa, mientras que Nueva Zelanda sumó más de USD 10.500 millones desde 2009. Estos antecedentes son utilizados como referencia por quienes impulsan la implementación del esquema en la Argentina.

Un mercado global competitivo

Además del potencial de inversión, el pasaporte argentino aparece como un factor de interés para los solicitantes, ya que permite el ingreso sin visa a una amplia cantidad de países. No obstante, el programa argentino deberá competir en un mercado global altamente especializado.

En América Latina, países como Brasil, Chile y Uruguay también ofrecen vías migratorias aceleradas para inversores extranjeros, con diferencias en los montos exigidos y los beneficios otorgados. En ese contexto, el principal desafío del Gobierno será definir una propuesta competitiva, garantizar transparencia y asegurar controles rigurosos sobre el origen de los fondos y el perfil de los solicitantes.