Kicillof define el reparto de millonario negocio entre los "zares del juego" bonaerense

Más allá de haberse quedado con el poder político del peronismo a partir de haber sido designado como presidente de ese partido, Axel Kicillof maneja una de las cajas económicas más ricas y poderosas de la Argentina.

Desde que asumió como gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2019 se aseguró el control sobre el negocio de los juegos de azar a partir de haber ido tejiendo con las empresas de este sector un vínculo complejo que mezcla la necesidad de financiamiento público, la herencia de gestiones anteriores y el control político de una de las "cajas" más importantes del país.

En la provincia existen 45 salas de bingo distribuidas en 32 distritos, principalmente en el Conurbano, además de las 22.000 máquinas tragamonedas que operan.

Globalmente, el negocio factura alrededor de $180.000 millones anuales, mientras que el 34% de la ganancia se reparte a modo de canon en un negocio que, además, da trabajo a alrededor de 20.000 personas.

Además y a pesar del avance online, los bingos siguen siendo "centros de servicios" en el Conurbano, ofreciendo gastronomía y espectáculos gratuitos para atraer a un público de edad mediana y avanzada que prefiere la presencialidad. En la actualidad, el sector atraviesa una etapa de profunda reconfiguración, tras décadas de ser el "corazón de oro" de la recaudación bonaerense.

Transformación estructural 

El desafío pasa por modernizar sus salas físicas mientras compite y, a la vez, se integra con el explosivo mercado del juego online pero sin perder de vista el formato tradicional y la potencia tecnológica de las máquinas tragamonedas (slots). Esto muestra que la industria atraviesa una transformación estructural ya que, mientras las salas físicas mantienen su peso territorial, el juego online ha canibalizado parte del crecimiento, aunque ambos alimentan una caja estatal multimillonaria.

Aunque la legalización de las apuestas virtuales fue impulsada originalmente por la gestión de María Eugenia Vidal, fue Kicillof quien terminó de ejecutarla en 2021, cuando autorizó el funcionamiento de siete licencias para apuestas virtuales.

No se trató de una jugada casual si se tiene en cuenta que el proceso terminó favoreciendo a empresarios de peso histórico en el rubro, como Daniel Angelici (vinculado al PRO); Daniel Mautone (dueño de 32 bingos) y Cristóbal López, quien marcó su regreso formal al sector a través de la empresa Binbaires.

La decisión estuvo fuertemente ligada a la necesidad de recursos genuinos para las arcas provinciales, especialmente tras el impacto económico de la pandemia. Para no perder de vista el control sobre esta caja, el gobernador bonaerense se aseguró ser quien tome las decisiones dentro del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC).

Control político 

Se trata del organismo que regula los 45 bingos y 11 casinos de la provincia y en donde en diciembre del 2023, Kicillof realizó un movimiento político estratégico al designar a Gonzalo Atanasof (cercano a Julio Alak) al frente del ente.

Con esta designación, el gobernador le quitó el control de esta caja millonaria a los intendentes del Conurbano, particularmente al sector de Lomas de Zamora que respondía a Martín Insaurralde tras el escándalo del "Yate-gate".

La jugada le permitió seguir de cerca un tema recurrente en la relación con los empresarios del sector como es el de la administración de las máquinas tragamonedas (slots). De hecho, el año pasado, la Provincia lanzó un llamado a licitación por 20 años para la explotación de máquinas en siete casinos clave (como Necochea, Miramar, Mar del Plata y Tandil, entre otros).

El proceso busca regularizar una situación que llevaba años de precariedad, con contratos vencidos y prórrogas sistemáticas que databan de administraciones anteriores.

Durante años, el sistema de casinos funcionó bajo la figura de la "contratación directa" o prórrogas excepcionales. 

Las salas en disputa

El proceso se dividió en dos realidades muy marcadas según el interés de los inversores y hubo ofertas concretas por las salas de Tandil, Miramar y las dos salas anexas de Mar del Plata (Hoteles Sasso y Hermitage).

En el caso de Necochea, Mar de Ajó y Sierra de la Ventana no recibieron ofertas iniciales en 2025 debido al alto nivel de inversión requerido para su puesta en valor edilicia.

La apertura de sobres reveló el mapa de poder del juego en la provincia con Boldt ofertando por Tandil, Miramar y por la sala del Hotel Hermitage donde compitió con Casino Victoria, mientras que el casino del Hotel Sasso, recibió la oferta del gremio de los gastronómicos, con Luis Barrionuevo a la cabeza.

En este contexto, el gobierno bonaerense diseñó una licitación con un plazo de 20 años de explotación (con opción a uno más), fundamentada en tres pilares:

• Modernización tecnológica: Renovación total del parque de máquinas tragamonedas (slots), que en muchas salas presentaba signos de obsolescencia.
• Inversión Edilicia: Los adjudicatarios deben comprometerse a realizar obras de infraestructura, especialmente necesarias en salas deterioradas como la de Necochea.
• Estabilidad Laboral: Una de las mayores presiones provino de los gremios (AMS y AECN), quienes exigieron cláusulas que garanticen el mantenimiento de las fuentes de trabajo para los empleados de "paño" y administración.

Adjudicación en marcha 

El proceso ya se encuentra preadjudicado y es más que probable que la próxima semana haya novedades en cuanto a la distribución de las salas entre los grupos que presentaron las mejores ofertas y además, relanzar los pliegos para las zonas turísticas que quedaron vacantes.  Para el gobierno de Kicillof, esto representa no solo una regularización administrativa, sino una vía de ingresos fiscales genuinos en un contexto de recorte de fondos nacionales.

La normalización de los casinos permitirá a la provincia dejar de depender de las prórrogas "mes a mes" y proyectar una recaudación estable basada en un canon actualizado y una oferta turística de mayor calidad.

Aunque se denominan "bingos", el verdadero motor económico son las máquinas tragamonedas (slots). Se estima que siete de cada 10 pesos facturados provienen de las tragamonedas y no del cartón tradicional.

Reparto de la "torta"

El Estado provincial percibe el 34% de la rentabilidad de las máquinas, mientras que el resto queda para el operador, quien debe hacerse cargo de sueldos, infraestructura y el canon a las entidades de bien público patrocinantes.

En concreto, el modelo de negocio en la provincia es de "explotación privada con control estatal" y la distribución de los ingresos brutos (lo que queda después de pagar premios) se reparte así:

• Para las máquinas tragamonedas: Por ley, las máquinas deben devolver entre el 85% y el 95% de lo apostado en premios (aunque el flujo constante garantiza la rentabilidad).
• El "Net Win" (Ganancia Bruta): De lo que queda, el Estado provincial cobra un canon del 34% y el 66% restante va a la empresa operadora, que debe pagar salarios, mantenimiento y un porcentaje (aprox. 1%) a entidades de bien público.
• Para el Bingo Tradicional: Se destina aproximadamente el 58% para premios.
• Provincia: Se queda con el 17%.
• Municipios: Reciben el 4% (lo que explica por qué los intendentes suelen defender la permanencia de las salas).
• Sala de Juego: Retiene el 21%.