Proponen la "provincialización" de Fate para que pase a manos del gobierno bonaerense

El cierre de Fate se ha convertido en el caso más emblemático de la crisis industrial argentina en este inicio de 2026.

Tras décadas de ser un gigante del neumático, el anuncio de su cese de actividades ha desencadenado una serie de eventos legales, sociales y políticos que todavía siguen generando consecuencias.

La crisis comenzó el pasado 18 de febrero, cuando el grupo propietario de la productora de neumáticos, con la familia Madanes Quintanilla a la cabeza, sacudieron al sector con una frase lapidaria: "Se liquida todo y se baja la persiana".

Es decir y a diferencia de conflictos anteriores, esta vez no se anunció una reducción de turnos, sino el cierre definitivo de la planta de la empresa ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando.

El argumento empresario fue que el avance de las importaciones asiáticas (con precios un 40% menores) y la caída del consumo interno dejaron a Fate trabajando al 25% de su capacidad y sin tener posibilidades de supervivencia.

La llegada de productos de segundas y terceras marcas (principalmente de origen asiático) a precios más bajos ha golpeado las ventas en el mercado de reposición.

Pérdida de competitividad

​También se recuerdan las recurrentes medidas de fuerza por reclamos salariales que han paralizado la planta de San Fernando en múltiples ocasiones, afectando el stock y la confianza de las terminales automotrices.

Del mismo modo, la empresa denunció una pérdida de competitividad feroz al sostener que producir un neumático en Argentina es significativamente más caro que en Brasil o China, debido a la carga impositiva y los costos laborales no salariales.

En este contexto, Fate se ha visto obligada a reestructurar sus esquemas de precios para no perder cuota de mercado, lo que ha erosionado sus márgenes de rentabilidad.

​Este combo de consecuencias obligó a los dueños de Fate a cesar la actividad y a oficializar 920 despidos, aunque gremios y analistas advierten que, sumando proveedores y empleos indirectos, el impacto total supera los 1.500 puestos de trabajo.

Tras el anuncio, la planta fue escenario de protestas extremas, incluyendo trabajadores en los techos y un fuerte despliegue policial para evitar la toma total del predio.

Ante la magnitud del conflicto, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria por 15 días que rige hasta principios de marzo.

Planta tomada y sin insumos

Esta medida obliga a la empresa a retrotraer los despidos y al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, (SUTNA) a levantar las medidas de fuerza.

Si bien la determinación puso en "en suspenso" los despidos y obliga a la empresa a reabrir la planta y seguir produciendo, la realidad es que el predio sigue tomado, no hay insumos para retomar la fabricación de neumáticos y la empresa ya adelantó que mantiene la intención de cerrar de manera definitiva.

De hecho, las audiencias recientes (la última el 23 de febrero) han terminado sin acuerdo y las posiciones son irreconciliables.

Desde Fate argumentan que es inviable volver a producir y recuerdan que ya traspasaron la mayor parte del predio de San Fernando a Aluar, otra empresa del grupo, para fines logísticos o energéticos a cambio de u$s25 millones que serían utilizados para el pago de las indemnizaciones.

Por su parte, el sindicato acusa a los dueños de la compañía de un "lockout" y de utilizar el cierre como una herramienta de presión política, justo cuando se debate una nueva reforma laboral en el Congreso.

Si bien la crisis de Fate deja a Pirelli y Bridgestone como los únicos productores locales de peso, ambas empresas también han presentado procesos preventivos de crisis recientemente.

Una propuesta ¿inviable?

En medio de esta profunda crisis se conoció una propuesta para reactivar la planta de la empresa de la familia Madanes Quintanilla que es impulsada desde el SUTNA y desde varios grupos políticos y gremiales de izquierda.

La iniciativa se basa en "provincializar" Fate. Es decir, pedirle al gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof que se haga cargo de la compañía, en una especie de estatización que permita la supervivencia de la firma y se retome la paz social con el sindicato y una mejora en las condiciones de competitividad.

En este sentido, la administración bonaerense ya tomó cartas en el asunto cuando desde el Ministerio de Trabajo provincial también acompañaron la medida nacional y secretaron la conciliación obligatoria.

Sin embargo, ese proceso fracasó y ahora la administración provincial analiza la propuesta de los grupos de izquierda y del SUTNA.

Fuentes oficiales consultadas por iProfesional admitieron conocer la iniciativa pero evitaron dar mayores precisiones con respecto a la viabilidad de pasar Fate a control del Estado provincial.

En tanto, voceros del grupo económico dueño de la empresa prefirieron no hacer comentarios sobre la iniciativa y recordaron que, una vez vencidos los plazos establecidos por las autoridades nacionales, "la empresa cierra de manera definitiva".

El fantasma de Vicentín

La propuesta hace recordar a lo que el gobierno del ex presidente Alberto Fernández quiso hacer con Vicentín.

Ese intento de estatización, anunciado en junio de 2020 por el ex Jefe de Estado, terminó siendo uno de los puntos de inflexión más significativos de su gestión.

Lo que comenzó como un ambicioso plan para crear una "empresa testigo" en el mercado de granos, terminó en un retroceso político y legal que dejó profundas huellas en la relación del gobierno con el sector agropecuario.

​En aquel momento, la crisis de la empresa se inició a finales de 2019, cuando los ejecutivos de una de las principales agroexportadoras del país, declararon a la compañía en "estrés financiero" tras no poder cumplir con el pago de deudas por más de u$s1.500 millones.

​El principal acreedor era el Banco Nación, que le había otorgado créditos millonarios durante la gestión de Mauricio Macri, los cuales fueron cuestionados judicialmente por irregularidades.

​En febrero de 2020, la empresa entró oficialmente en concurso preventivo de acreedores y el 8 de junio del mismo año se organizó una conferencia de prensa sorpresiva, en la cual Alberto Fernández anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intervenir la empresa y el envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación.

​El argumento se orientó a la necesidad de rescatar a la empresa para evitar la extranjerización del comercio de granos y garantizar la "soberanía alimentaria".

​En ese momento, el Gobierno designó a Gabriel Delgado como interventor en Vicentín, pero la reacción contra el anuncio no se hizo esperar y fue percibido por gran parte de la oposición, el sector agropecuario y sectores de clase media como un ataque a la propiedad privada y una "chavización" de la economía.

Fuerte resistencia

​El 20 de junio de 2020 (Día de la Bandera), se realizaron masivas movilizaciones en todo el país, con epicentro en Avellaneda (Santa Fe), sede de la empresa.

​El eslogan "Todos somos Vicentin" unificó el rechazo social, lo que debilitó la posición política del Gobierno, además de que el proceso chocó de frente con la justicia comercial de Resistencia, donde el juez del concurso preventivo, Fabián Lorenzini, dictó una resolución que fue un golpe letal para el plan oficial:

​El magistrado restituyó al directorio original de Vicentin en sus funciones; degradó a los interventores designados por el Gobierno al rol de simples "veedores", lo cual impidió que el Estado tomara el control operativo de la firma, dejando el DNU sin efecto práctico.

Ante la resistencia judicial y social, y la falta de votos asegurados en la Cámara de Diputados para aprobar la expropiación, el Gobierno intentó una vía intermedia impulsada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti: una intervención conjunta sin expropiación.

​Sin embargo, esta propuesta tampoco prosperó debido a la negativa de los dueños de la empresa y la falta de consenso interno en la coalición oficialista.

​Marcha atrás

Finalmente, el 31 de julio de 2020, Alberto Fernández firmó un nuevo decreto derogando la intervención, admitiendo que el Estado no podía tomar el control si el juez no lo permitía.

​La lectura política de este caso sostiene que el gobierno kirchnerista de entonces subestimó el rechazo que la palabra "expropiación" generaba en la sociedad argentina y en el sector productivo.

​Hubo además visiones contradictorias entre el ala más dura del oficialismo (que exigía la expropiación total) y los sectores moderados que buscaban una solución de mercado o público-privada.

Además, a medida que se conocían los números reales, quedó claro que la estatización significaba que el Estado se hiciera cargo de una deuda astronómica de una empresa privada en medio de una crisis económica agravada por la pandemia.

​El "caso Vicentin" quedó en la historia política argentina como el primer gran retroceso de la gestión de Alberto Fernández y el momento en que se terminó la "luna de miel" de su gobierno con los sectores moderados.

Habrá que esperar si la administración que lidera el gobernador Kicillof se anima a seguir el mismo camino de intentar expropiar una empresa privada, asumiendo los mismos costos políticos que debió enfrentar su ex colega de espacio político desde la Casa Rosada.