Conocida marca de aires acondicionados pidió la quiebra y el régimen de promoción de Tierra del Fuego sufrió otro golpe

La fabricante de aires acondicionados Aires del Sur (ADS), dueña de las marcas Electra y Fedders, presentó su pedido de quiebra directa ante la Justicia y formalizó así el cierre de una compañía que supo ser un jugador relevante en el segmento de climatización. La solicitud fue firmada este miércoles por su presidente, Roberto Ángel Ceretti, quien había asumido el control en noviembre del año pasado.

En el escrito judicial, la empresa aseguró encontrarse en "estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible", describió su crisis como de carácter "estructural" y admitió que el plan de continuidad productiva implementado no logró revertir la situación. 

La decisión impacta de lleno en la planta que la firma operaba en Río Grande, donde en los últimos días se habían intensificado los reclamos gremiales. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) exigía definiciones sobre la continuidad operativa y el pago de salarios adeudados de febrero, además de vouchers previamente acordados. Finalmente, los 140 trabajadores fueron desvinculados.

Crisis en la fábrica de aires acondicionados: "Una estructura deteriorada"

Hasta noviembre pasado la compañía habría estado en manos de Juan Pablo Guaita y su hermano Juan Ignacio. Un proveedor que pidió reserva de identidad aseguró: "Pusieron gente que no existe, adrede para quebrar la empresa. Por eso nos hicieron trabajar en doble turno para llevarse los equipos y venderlos". La misma fuente denunció posibles testaferros y hasta una presunta quiebra intencional.

Sin embargo, la actual conducción ofreció ante la Justicia una versión diferente. Sostuvo que asumió en noviembre de 2025 "encontrando una estructura económica y financiera profundamente deteriorada", producto de "un modelo de financiamiento comercial deficitario, agravado por las condiciones del mercado desde fines de 2023". Según detalló, el esquema habitual consistía en la preventa de equipos, la obtención de cheques diferidos, su descuento financiero y la posterior compra de insumos importados.

"El costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas estructurales que acumulaban inviabilidad y quebrantos", afirmó la empresa. En otro tramo del escrito señaló que el autofinanciamiento local implicaba tasas de entre 25% y 30% anual, mientras que los márgenes naturales del negocio rondaban entre 10% y 15% neto después de impuestos, una brecha que volvió insostenible la operatoria.

En ese contexto, el directorio aseguró haber impulsado un plan de saneamiento integral cuyo eje fue la búsqueda de un socio internacional. Desde noviembre de 2025 mantuvo negociaciones con el fabricante chino Chigo Group para incorporar un socio estratégico que permitiera "modificar la estructura financiera del negocio". Las alternativas incluían la venta total de la firma o la cesión del 80% o del 50% del capital, con una inversión mínima prevista de u$s5 millones para acciones y capital de trabajo.

El esquema proyectaba reemplazar el autofinanciamiento local por crédito de proveedor a 150 días, condición considerada "indispensable" para cerrar el ciclo productivo y recuperar rentabilidad. También se contemplaba el envío desde China de entre 7.000 y 14.000 kits mensuales para reactivar la planta durante 2026. Sin embargo, el grupo asiático supeditó cualquier definición a una visita futura y evaluaciones posteriores, una demora que la empresa calificó como "incompatible con la crítica situación financiera actual".

El pedido de quiebra

En paralelo, ADS presentó un Plan de Continuidad Productiva Controlada que proponía utilizar 4.000 kits ya importados, terminarlos en la planta y destinar lo producido al pago de un proveedor por aproximadamente u$s500.000, a salarios adeudados y a la creación de un fondo indemnizatorio. El esquema requería control judicial, pero el 19 de febrero el juzgado rechazó la autorización solicitada.

La empresa sostuvo que hoy "carece de capital de trabajo, no puede afrontar salarios vencidos, no posee financiamiento y se encuentra imposibilitada de sostener operativamente la estructura". Por ello, puso a disposición sus principales activos: la planta industrial en Tierra del Fuego, valuada por el Banco Nación en más de USD 15 millones al tipo de cambio oficial vigente al momento de la tasación, y los 4.000 kits arribados al Puerto de Buenos Aires, cuyo valor potencial como equipos terminados rondaría los USD 2 millones. Según la compañía, esos bienes "superan ampliamente" el pasivo actual, incluidos los créditos laborales.

Fracasada la alternativa asociativa internacional y descartada la continuidad productiva bajo supervisión judicial, el directorio concluyó que la quiebra constituye "el único curso legalmente responsable" para preservar el valor de los activos y proteger a la masa de acreedores.

El caso se inscribe, además, en un escenario industrial más desafiante, marcado por la apertura comercial, la menor competitividad de la producción local y los altos costos financieros. En particular, el régimen de promoción de Tierra del Fuego atraviesa una etapa de redefinición, en un contexto donde la reducción de aranceles y la mayor competencia importada obligan a las empresas a recalcular su ecuación económica. La caída de ADS se suma así a una serie de tensiones que atraviesan al entramado manufacturero, especialmente en el sur del país.

Otro golpe al régimen de promoción de Tierra del Fuego

Ayres del Sur se suma a la lista de empresas radicadas en Tierra del Fuego como Mirgor, Telfu y Nissan que están en conflicto o, directamente, cerraron sus puertas tras la apertura de importaciones que anunció el gobierno nacional a mediados de 2025 y suponen un duro golpe al régimen de promoción en la provincia.

La zona está gravemente afectada porque, además de las condiciones climáticas del lugar, sin trabajo las familias se ven obligadas a mudarse.

El Régimen de Promoción Económica y Fiscal de Tierra del Fuego data de 1972, cuando se sanciona la Ley 19.640.

Sustituyó a un Área Franca, implementada como instrumento para el abastecimiento de bienes y servicios a la Isla, por un conjunto de exenciones impositivas que fomentaba la radicación de industria y servicios, así como la ampliación poblacional de la región, esto último presumiblemente asociado a objetivos de seguridad nacional.

Están radicadas más de 40 empresas electrónicas, con límites de alcance definidos, excluyendo rubros textiles, pesqueros y plásticos en ciertas actualizaciones.

Las compañías principales incluyen actores como Newsan, Radio Victoria y Mirgor

En el subrégimen textil se inscribieron 11 empresas para la prórroga, de las cuales 5 fueron excluidas por incumplimiento de requisitos de origen.

Aproximadamente 6.700 a 8.500 puestos de trabajo están vinculados directamente a la industria bajo el régimen especial fueguino.