Alerta en el transporte: el mayor grupo de colectivos advierte que no puede pagar sueldos

El sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ingresó en una nueva fase de crisis terminal.

El Grupo DOTA, el conglomerado más grande del sector que controla directa o indirectamente cerca de 180 líneas de colectivos, comunicó de manera interna y a las autoridades nacionales que se encuentra ante la imposibilidad material de afrontar el pago íntegro de los salarios de sus trabajadores este mes.

El mayor grupo de colectivos está en alerta

Las siglas del holding se refieren a Doscientos Ocho Transporte Automotor S.A., bajo el cual se agrupa el jugador más dominante en el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires.

A menudo es descripto como un "pulpo" empresarial y su influencia no solo radica en la cantidad de colectivos que opera, sino en su integración vertical en toda la cadena de valor del sector.

​En la actualidad, controla, de forma directa o asociada, cerca de 180 líneas de las aproximadamente 390 que circulan en el AMBA, cantidad que representa casi el 50% del sistema de transporte público de pasajeros de la zona.

En concreto, DOTA maneja una flota que supera los 4.000 colectivos y para no infringir leyes de monopolio, opera bajo decenas de razones sociales distintas (NUDO, Los Constituyentes, General Tomás Guido, Transporte Larrazábal, etc.).

Entre las líneas más conocidas del grupo se encuentran la Línea 28, la nave insignia que rodea la General Paz; y las ​líneas troncales 5, 8 (que llega a Ezeiza), 44, 101, 114, 132 (en sociedad), 150 y 168.

Con NUDO, el holding que formaron tras la caída del Grupo Plaza (familia Cirigliano), operan las líneas clave como la 6, 50 y 107.

Negocio de los colectivos: DOTA controla el círculo completo

Sin embargo, todas se identifican visualmente por el uso de unidades pintadas con un patrón bicolor (techo de un color, cuerpo de otro) que reemplazó a las libreas históricas.

​A diferencia de otros competidores, DOTA ha cerrado el círculo del negocio del transporte de pasajeros, si se tiene en cuenta que el grupo es socio de la terminal automotriz brasileña Agrale, que produce chasis en el país; que es dueña de la carrocera TodoBus, donde ensamblan las unidades que luego sus propias líneas compran, y que controla Megacar, la concesionaria oficial de los repuestos y unidades del grupo.

Además, opera su propia aseguradora de caución (Argos), lo que le permite reducir costos operativos fijos que para otras empresas son prohibitivos.

Este conglomerado es liderado por la familia Faijá (específicamente los hermanos José y Ángel Faijá), quienes mantienen un perfil extremadamente bajo, aunque el tamaño de su grupo empresarial les otorga una posición dominante frente a la Secretaría de Transporte.

Al concentrar tantas líneas, cualquier medida de fuerza o lockout del grupo tiene la capacidad de paralizar la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en cuestión de minutos.

En el mismo sentido, tienen fuerte injerencia en el sindicato del sector, la UTA, donde históricamente mantienen una relación tensa con la conducción de Roberto Fernández.

Se los vincula frecuentemente con la Agrupación Juan Manuel Palacios (sector disidente del gremio), lo que explica por qué muchas veces las líneas de DOTA hacen paro por fuera de las decisiones oficiales del sindicato nacional.

DOTA advierte que no puede pagar sueldos: subsidios en la mira

Pero además, al ser los mayores operadores, son los principales receptores de subsidios estatales, escenario que ubica a DOTA siempre en el centro de la escena cuando el Gobierno intenta auditar los kilómetros recorridos o el consumo de combustible.

De hecho, la falta de liquidación del dinero que el Estado Nacional aporta a las empresas de colectivos para sostener medianamente bajo el valor de los boletos es el principal argumento que los dueños de DOTA esgrimen para advertir que no tienen fondos para el pago de los salarios.

​La noticia actúa como un detonante en una relación ya desgastada entre las empresas, el gremio (UTA) y el fobierno nacional, en medio de un escenario de alta inflación y recorte de partidas presupuestarias.

Desde la empresa señalan que la situación no es una maniobra de presión, sino el resultado de un ahogo financiero provocado por tres factores clave entre los que destacan el retraso en los subsidios.

Según DOTA, el Estado nacional mantiene una deuda millonaria en concepto de compensaciones tarifarias y sin estos fondos, las recaudaciones por validadora SUBE apenas cubren el 20% de los gastos operativos.

También mencionan los costos desactualizados y acusan a la La Secretaría de Transporte de utilizar estructuras de gastos basadas en precios de gasoil y repuestos de hace varios meses, lo que genera un "desfasaje financiero" que las empresas ya no pueden absorber.

Máxima preocupación

Del mismo modo, hacen mención a las ​paritarias inconclusas a partir de la presión de la UTA por un nuevo incremento salarial que, según los empresarios, choca con la realidad de las cajas de las compañías, que aseguran no tener fondos ni siquiera para cubrir el piso salarial actual.

​En este sentido, el anuncio de DOTA pone en alerta máxima a miles de usuarios que podrían quedarse sin transporte o por lo menos ver ese servicio fuertemente reducido.

Históricamente, cuando la empresa líder del sector no paga, el efecto dominó es inmediato y ante la falta de depósito de haberes, los delegados gremiales activan medidas de fuerza automáticas.

Además, se puede generar en un ​lockout patronal encubierto ya que, al no poder cargar combustible ni pagar salarios, muchas unidades simplemente no salen de las terminales.

​En este sentido, desde el gremio conducido por Roberto Fernández ya se advirtió que "salario que no se paga, servicio que no se presta", y se admite que "la situación es insostenible".

Los representantes gremiales sostienen no estar discutiendo rentabilidad sino la supervivencia del servicio básico.

A modo de intento para evitar el agravamiento de esta situación, el gobierno nacional busca que las empresas mejoren su eficiencia, pero desde el sector privado se responde que el modelo de subsidios actual es un "cepo" que impide la inversión.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía analiza si liberará una partida de emergencia para evitar que el conflicto escale a una parálisis total del transporte en la semana más compleja del mes.

​Para los analistas del sector, el conflicto de DOTA es la "punta del iceberg" de un sistema que requiere una reforma integral de tarifas o una inyección de capital que, por ahora, el Estado no está dispuesto a ceder sin condiciones.