Cuáles son las empresas que están a un paso de quedarse cn la concesión de la Riccheri y de 4 rutas nacionales
El consorcio integrado por las constructoras Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco quedó a un paso de adjudicarse la concesión por peaje del corredor vial que abarca la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226.
Por el denominado tramo "Sur-Atlántico-Acceso Sur", que engloba 1.325 kilómetros, el grupo de constructoras presentó la oferta de peaje más baja de $1.206 para cada cabina del acceso metropolitano y las trazas nacionales en juego. Ese valor se ubicó casi un 40% debajo del valor tope que había establecido la gestión libertaria, convirtiéndose en la propuesta más competitiva del proceso licitatorio.
En tanto, en la pelea licitatorio por el tramo "Pampa"—que comprende 546 kilómetros de la RN 5 entre Luján y Santa Rosa--, la apertura de ofertas dejó en primer lugar a la constructora mendocina Ceosa (Construcciones Electromécanicas del Oeste) que cotizó una tarifa básica de peaje inicial de $2.850 para cada una de las estaciones de cobro del trayecto en juego. Esa tarifa quedó un 30% abajo del valor tope oficial.
El consorcio que pasaría a controlar la Riccheri y los tramos Atlántico y Sur está conformado por las siguientes constructoras que tiene a algunos de sus directivos involucrados en la causa Cuadernos:
- Concret Nor es una empresa de ingeniería y construcciones que comenzó a operar en 1997. Se destaca en obras de movimiento de suelos, pavimentación, muelles portuarios, canalizaciones y construcción de rutas. Tiene como presidente a Sebastián Galluzo
- Marcalba es otra contratista de obras públicas especializada en pavimentaciones, bacheos y arreglos de calles y veredas. Está manejada por Alejandro Radetic, quien en 2017 había sido detenido por correr picadas a 240 km en la ciudad de Buenos Aires
- Pose es una constructora originaria de Santa Fe que ahora tiene su base principal en La Plata. Sus dueños y socios fundadores son David Serna y Gustavo Etchanchu
- Coarco tiene más de 55 años de presencia en la industria de la construcción y está encabeza por Patricio Gerbi. Es una de las principales contratistas de la estatal porteña AUSA y de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires
Por su parte, la empresa que se encamina a administrar y explotar el tramo "Pampa" es la constructora Ceosa, manejada por Fernando Porretta que actualmente es una de las principales contratistas de la provincia de Mendoza. Sus antecedentes indican que es empresa integral de construcción que presta servicios de ingeniería en grandes obras y proyectos de infraestructura.
Disputa con la administración bonaerense
La apertura de ofertas quedó envuelta en una fuerte polémica con la administración bonaerense de Axel Kicillof por la descalifación de la estatal Aubasa que se había presentado en la licitación del corredor de la Riccheri y las RN 3, 205 y 226.
La exclusión de Aubasa quedó confirmada por medio de la resolución 537/26 del ministerio de Economía que fue publicada contrarreloj en un suplemento del Boletín Oficial del lunes. Esa resolución fijó la apertura de ofertas para el día siguiente en el insólito horario de las 20:00 horas fuera de toda lógica administrativa y procesal.
Ante esa medida, la administración provincial anticipó que acudirá a la Justicia para tratar de frenar el proceso licitatorio y revertir la decisión del gobierno nacional que no tuvo en cuenta la impugnación presentada la semana pasada.
Tras analizar los sobres de antecedentes presentados a fines de febrero, la comisión evaluadora de Vialidad Nacional resolvió excluir del proceso licitatorio a la concesionaria vial bonaerense y a otras seis empresas privadas, entre ellas SACDE, la constructora controlada por Marcelo Mindlin.
Si bien el argumento oficial para dejar afuera a Aubasa se centró en su falta de antecedentes como "constructora de obras viales", detrás de la decisión sobresale un componente político: impedir que la gestión de Kicillof pueda quedarse con el control de uno de los principales accesos metropolitanos.
Según la argumentación oficial, la descalificación de Aubasa se debe a que "no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos en lo relativo a una experiencia mínima de 10 años en ejecución de obras viales".
Para los funcionarios nacionales, la participación indirecta o la subcontratación efectuada por Aubasa "no resulta suficiente para acreditar experiencia en los términos exigidos", ya que no demuestra capacidad técnica propia para obras de la magnitud requerida.
La comisión evaluadora también dejó fuera a SACDE, la constructora de Mindlin que, asociada con Techint, se adjudicó en los últimos años gran parte de las obras de infraestructura gasífera y petrolera. En este caso, el motivo fue el incumplimiento de los índices de "endeudamiento y solvencia económica y técnica" exigidos en los pliegos.
Además de Aubasa y SACDE, la lista de descalificadas incluyó a las constructoras JCR-Rovella Carranza, Edmacar, Pelque-OCSA y el consorcio IEBC-Cecosa.
En la impugnación que elevó la semana pasada tras depositar $350 millones en concepto de garantía, Aubasa destacó que "cumple con todos y cada uno de los requisitos formales, técnicos y económico-financieros exigidos por la documentación licitatoria", por lo que la exclusión "configura un acto arbitrario, infundado y lesivo tanto de los derechos de esta parte como del principio de concurrencia que debe regir todo procedimiento de contratación pública".
Tras resaltar que "la solvencia técnica y económica resulta incontrovertible a la luz de más de una década de operación efectiva de los principales corredores viales bonaerenses", la empresa provincial indicó que su experiencia en la ejecución de obras fue debidamente certificada por la Dirección Provincial de Vialidad (DPVBA).
Para los letrados de Aubasa, la exigencia de ejecución directa de obras "implica confundir la figura del concesionario con la del contratista, desnaturalizando el objeto del contrato y restringiendo indebidamente la concurrencia".
La impugnación –que fue rechazada por la gestión libertaria-- también cuestionó la noción de "participación indirecta" utilizada para descalificar antecedentes con un criterio excluyente porque "no estaba prevista en el pliego, ni definida en la normativa aplicable".
Obras y negocios en juego
En los dos tramos que abarcan casi 1.900 kilómetros, solo se prevén obras de ampliación y transformación de rutas en autopistas en unos 70 kilómetros.
El resto de los trabajos incluye repavimentaciones, mejoras de intersecciones, instalación de semáforos, construcción de rotondas y pasarelas peatonales.
A pedido de empresas interesadas, el Gobierno había flexibilizado los plazos iniciales de mantenimiento. Mediante circulares aclaratorias, otorgó una "franquicia" que durante el primer año exime del cumplimiento pleno de tareas sobre obras de arte, desagües y alumbrado. También extendió seis meses el plazo para trabajos básicos como corte de pasto, reparación de alambrados y puesta en funcionamiento de semáforos.
Las nuevas concesionarias deberán ejecutar tres clases de obras: las "Iniciales de Puesta en Valor" (que comprenden los trabajos para recuperar la transitabilidad y seguridad vial como bacheos, sellado de grietas, eliminación de hundimientos, perfilado de banquinas, reposición de barandas y señales); las "Obligatorias" (reparación de calzadas de pavimento rígido, reconstrucción de distribuidores y recambio de sistemas de iluminación a tecnología LED) y las de "Rehabilitación" (bacheo profundo, fresado, nuevas bases asfálticas, señalización horizontal e instalación de sensores de tránsito).
A medida que vayan cumpliendo con la realización de las obras, podrán ir aumentando gradualmente los peajes hasta alcanzar la tarifa definitiva que cotizaron en las ofertas.
En los dos tramos licitados hay actualmente diez estaciones de peaje, a las que se sumarán otras diez cuando ingresen las nuevas concesionarias privadas que deberán convertir las cabinas actuales de cobro en efectivo en "vías mixtas" para pagos en forma manual y automática. Para los usuarios que no tengan TelePase, la tarifa de peaje pasará a ser el doble.
En cuanto a los peajes, las concesionarias podrán ceder en garantía hasta un 70% de lo recaudado para financiar las obras y estarán habilitadas para desarrollar negocios colaterales de paradores, estaciones de servicio, confiterías, hoteles, lavaderos, farmacias, cajeros automáticos y depósitos fiscales.
Durante el primer año deberán instalar un sistema de cobro automático "free flow" y un dispositivo de identificación de patentes en todas las estaciones.