Los socios de SanCor votaron a favor de la quiebra y se acelera el proceso de liquidación

Con una deuda que supera los u$s120 millones y una operatividad mínima, a partir de ahora la cooperativa láctea más emblemática de la Argentina ingresa en una fase final que podría derivar en la liquidación de sus marcas y activos más importantes.

De esta forma, lo que durante años fue una agonía por goteo, hoy encontró su definición institucional.

Fue luego de que la asamblea extraordinaria de socios que había sido convocada para esta jornada votara mayoritariamente por aceptar el pedido de quiebra, convalidando así la solicitud que el Consejo de Administración había presentado semanas atrás ante la Justicia de Santa Fe.

La decisión de los asociados —tamberos que, en su mayoría, ya habían dejado de entregar materia prima a la firma— representa el "certificado de defunción" institucional para una empresa que llegó a procesar cuatro millones de litros diarios y que hoy languidece con menos de 500.000.

La declaración de quiebra de una entidad como SanCor es un proceso judicial complejo que transforma por completo la naturaleza de la empresa.

El rechazo al plan de rescate que buscaba salvar a SanCor

A pesar de que el juez de la ciudad santafesina de Rafaela, Marcelo Gelcich, ya dictó la sentencia el pasado 22 de abril, la asamblea extraordinaria rechazó un pedido de acreedores y socios que se oponen al cierre.

El eje de la disputa giró en torno a un plan de rescate presentado por alrededor de 600 acreedores que son representados por el abogado Aldo Regali, que impulsan la transformación de SanCor en una sociedad anónima.

Este grupo aseguraba que el Consejo de Administración no tenía facultades para pedir la auto quiebra sin el aval explícito de los asociados de la cooperativa.

Por eso buscaron que la Asamblea rechace la decisión del Directorio, mediante la presentación de una moción de impugnación de ese pedido para poder contar con un argumento legal sólido para solicitar ante el juez que revoque la quiebra o, al menos, que acepte el plan de salvataje (el paso a S.A.).

Por eso, proponían transformar los u$s150 millones de deuda en acciones de una nueva SanCor S.A. para que los acreedores sean los dueños y busquen un socio inversor.

Pero este argumento se enfrentó a la visión del propio juez y del gremio de Atilra, que representa a los trabajadores de la láctea.

Ahora, con el voto de la asamblea, el juez civil y comercial de Rafaela que lleva el concurso preventivo tiene ahora el camino despejado para avanzar con el proceso liquidativo.

Cómo será la liquidación de activos y quiénes cobrarán primero

Aunque sectores internos y algunos proveedores intentaron frenar la medida mediante apelaciones —alegando que el Consejo no tenía facultades para disponer del patrimonio—, el aval de los socios en la jornada de hoy quita el último sustento institucional a cualquier resistencia.

Desde ahora deja de ser una unidad productiva para convertirse en un patrimonio en liquidación, con implicancias legales y operativas que tendrán fuerte impacto en el sector lácteo argentino.

A partir de la sentencia, los administradores de la cooperativa pierden el control sobre sus activos; el Consejo de Administración es desplazado y el Síndico (un contador designado por el juez) toma la posesión de los bienes.

De este modo, la empresa ya no puede vender ni comprar nada por cuenta propia ya que todo debe ser autorizado por el juez del proceso.

En el caso de las deudas de SanCor, dejan de generar intereses (salvo las laborales con privilegio) y se establece un mecanismo de "corte" para determinar exactamente cuánto se debe y a quién.

Además, los acreedores ya no pueden iniciar juicios individuales, sino que todos deben acudir al proceso de quiebra para intentar cobrar.

Se espera también el inicio del proceso de venta de los bienes de la empresa por parte del síndico para obtener dinero en efectivo.

Esto puede hacerse de dos formas:

• Venta en bloque: Se intenta vender una planta entera con su maquinaria para que el comprador pueda retomar la actividad (lo más probable para plantas como las de Sunchales o Gálvez)
• Venta de activos individuales: Remate de camiones, marcas, máquinas o inmuebles por separado

El dinero obtenido no se reparte por igual debido a que existe una jerarquía estricta que oscila entre los gastos de justicia (honorarios de síndicos y abogados); créditos con privilegio especial (deudas garantizadas con hipotecas o prendas); créditos laborales (salarios e indemnizaciones de los trabajadores tienen prioridad sobre los acreedores comunes) y créditos fiscales, como deudas con ARCA (ex-AFIP) y provincias.

También se encuentran los llamados acreedores quirografarios o proveedores comunes que no tienen garantías y que, en casos de quiebras grandes, suelen cobrar solo una fracción mínima o nada.

En casos excepcionales, si el cierre inmediato genera un daño mayor o si hay interés en preservar empleos mientras se vende la empresa "en marcha", el juez puede autorizar que la planta siga operando por un tiempo limitado bajo tutela judicial.

Esto es lo que suele buscarse para evitar que las marcas pierdan valor de mercado durante el proceso.

En cuanto a una cooperativa como lo es SanCor, los socios (los tamberos) pierden sus aportes de capital y, dependiendo de los estatutos, podrían tener responsabilidades limitadas, pero fundamentalmente pierden su canal de comercialización y los créditos que la propia SanCor les adeudaba por la entrega de leche.

En resumen, mientras que el concurso preventivo en el que estaba SanCor buscaba un acuerdo para seguir viviendo, la quiebra busca recaudar lo máximo posible para pagar lo que se pueda antes de disolver la entidad.

El impacto profundo en el sector lácteo argentino

La ratificación de los socios no es caprichosa, sino el reconocimiento de una inviabilidad financiera que ya no permitía siquiera la compra de insumos básicos sin pago anticipado.

Entre los puntos clave que inclinaron la balanza se destacan el pasivo asfixiante que escala a los u$s120 millones, repartido entre más de 2.700 acreedores; deuda previsional e impositiva que, solo con la ARCA (ex-AFIP), supera los $23.600 millones.

Del mismo modo, pesó el constante conflicto laboral por ocho meses de salarios adeudados y el aguinaldo impago, que llevó la relación con el gremio ATILRA a dinamitar cualquier posibilidad de reactivación mediante fideicomisos externos.

La expectativa ahora se traslada a la venta de activos al punto que fuentes del mercado aseguran que, pese al estado crítico, aún existe interés de capitales nacionales por las unidades de negocios remanentes (plantas y marcas).

En este sentido, la quiebra liquidativa permitirá, en teoría, separar los activos productivos de la pesada mochila financiera de la cooperativa, permitiendo que las marcas vuelvan a tener presencia bajo nuevas banderas.

Para el sector lácteo argentino, el desenlace de SanCor marca un cambio de paradigma. La caída de la principal cooperativa del país deja un vacío que ya ha empezado a ser ocupado por grandes jugadores como Arcor (que consolidó su control sobre Mastellone) y otras firmas regionales que absorbieron a los productores que abandonaron a la histórica firma de Sunchales.

El cierre de esta asamblea no solo pone fin a una estructura societaria centenaria, sino que abre la puerta a un complejo escenario judicial donde trabajadores, bancos y el Estado deberán disputarse los restos de lo que alguna vez fue el "gigante lácteo" de América Latina.