Ropa usada: El kirchnerismo impulsa polémico proyecto para prohibir su importación

n grupo de legisladores del kirchnerismo liderados por el diputado Carlos Castagneto, acaba de presentar en el Congreso Nacional un proyecto de ley para prohibir el ingreso de ropa usada a la Argentina por un plazo de cinco años.

La iniciativa llega en un momento de tensión en el mercado textil, marcado por una apertura comercial más flexible y un tipo de cambio que facilita la entrada masiva de saldos internacionales a precios competitivos que ponen en peligro la industria nacional.

Sin embargo, el auge de la ropa de segunda mano en Argentina no es nuevo y tampoco se trata de una tendencia de consumo, sino de un fenómeno económico y regulatorio explosivo.

De todos modos, es cierto que las importaciones se multiplicaron por 40 veces en comparación con 2024, cuando las cifras fueron insignificantes, mientras que en el 2025 el volumen alcanzó las 3.521 toneladas.

El diferencial de costos es el motor que viene impulsando este negocio si se tiene en cuenta que la ropa nueva importada tiene un valor de referencia de u$s18,40 por kilo, contra el u$s1,20 de la ropa usada.

Para finales del año pasado, estos productos ya representaban cerca del 11% del total de la indumentaria importada en el país y el 90% de esa mercadería ingresa por vía terrestre desde Chile, y de ese total, el 84% cruza por la Aduana de Jujuy.

Por qué la industria textil habla de competencia desleal

Aunque el origen primario suele ser Estados Unidos, Pakistán o China (donde a menudo está prohibida la incineración de residuos textiles), la mercadería "escala" en Chile antes de entrar a Argentina con destino final al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ferias a cielo abierto.

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) advierte que este flujo masivo compite contra una industria nacional que opera apenas al 32% de su capacidad instalada y que ha sufrido una pérdida acumulada de aproximadamente el 12% de su empleo formal desde noviembre de 2023.

Durante décadas, el ingreso estuvo bloqueado por las limitaciones impuestas por el Decreto 133/2017, que mantenía restricciones por razones sanitarias, pero que venció en mayo de 2022 y no fue renovado.

La eliminación de las licencias no automáticas en 2024 terminó de abrir las puertas a un flujo que, técnicamente, carece de frenos regulatorios específicos, lo que ha permitido que el negocio pase de la informalidad absoluta a una escala comercial masiva.

Los tres ejes del proyecto que busca frenar la avalancha

En este contexto, el proyecto de Castagneto no se limita a un reclamo económico, sino que articula tres ejes principales:

• Defensa del empleo nacional: El diputado sostiene que la llegada de grandes volúmenes de ropa usada "presiona a la baja los precios internos" y afecta directamente a los talleres, fábricas y comercios locales que no pueden competir con los excedentes de otros mercados.
• Advertencias sanitarias y ambientales: Un punto clave del texto es la denuncia sobre la "exportación de residuos". Según el legislador, muchas prendas contienen fibras sintéticas que liberan microplásticos al ser lavadas, lo que agrava la contaminación y no cuenta con sistemas de reciclaje adecuados.
• El "atajo" de las donaciones: El proyecto busca evitar que el rótulo de "ayuda humanitaria" sea utilizado como una pantalla para ingresar indumentaria con fines comerciales, desvirtuando la finalidad solidaria y evadiendo controles sanitarios.

La propuesta llega en un contexto donde el sector textil viene reclamando por la caída en la producción y la creciente competencia desleal. Castagneto argumenta que Argentina se está convirtiendo en un "depósito" de los saldos textiles globales, un fenómeno que, a su entender, impacta sobre los salarios del sector y fomenta la informalidad laboral al desplazar la oferta local.

De todos modos, el proyecto contempla excepciones.

La intención, según lo expuesto, no es prohibir la ayuda humanitaria genuina, sino establecer un marco regulatorio estricto que impida que esta sea la vía de entrada para un negocio de reventa masiva de prendas usadas.

Qué dice el texto y qué viene ahora en el Congreso

La propuesta ya ingresó en el terreno del debate legislativo y ya fue girada a las comisiones de Industria y Economía para su tratamiento.

En sus considerandos, el texto sostiene que el aumento de este tipo de mercadería afecta la competitividad de la producción local y genera consecuencias negativas sobre el empleo y la actividad industrial.

Además, se argumenta que la ropa usada puede representar riesgos sanitarios debido a la posible presencia de bacterias, hongos o residuos químicos.

"La medida busca prevenir riesgos sanitarios asociados a prendas usadas que pueden contener bacterias, hongos o residuos químicos, cuya fiscalización resulta difícil por el volumen y las condiciones de ingreso", señaló el diputado en el proyecto.

También advirtió que muchas de las prendas usadas están elaboradas con fibras sintéticas que generan microplásticos y presentan dificultades para su reutilización o reciclaje.

Por eso, el texto del proyecto advierte que la Argentina "podría transformarse en un receptor de excedentes textiles provenientes de otros países".

Castagneto definió ese fenómeno como una "exportación de residuos" hacia mercados con menor capacidad de control sobre el ingreso de este tipo de mercadería.

Mientras la industria textil celebra la iniciativa como una medida de protección necesaria, otros sectores podrían cuestionar la medida por su impacto en el poder adquisitivo del consumidor, que actualmente encuentra en la ropa de segunda mano una alternativa económica frente a la inflación en los precios de indumentaria nueva.

El avance de la propuesta será, sin duda, uno de los focos de atención de la agenda económica de los próximos meses en el Congreso de la Nación.

Su impulsor es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para el período 2023-2027, integrando el bloque de Unión por la Patria.

Es un referente del kirchnerismo y presidente del partido Kolina (Corriente de Liberación e Integración Nacional).

Su carrera en la gestión pública comenzó en los años 90 y entre sus cargos más destacados se encuentran haber sido presidente de la AFIP, entre el 2022 y el 2023.

Fue también Secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2003-2015), trabajando estrechamente con Alicia Kirchner.

Legislatura: Ha sido electo diputado nacional en múltiples períodos (2015-2019, 2019, y nuevamente desde 2023) y es reconocido, entre otros proyectos, por ser el autor de la Ley de Electrodependientes.

Antes de dedicarse de lleno a la política, tuvo una carrera como futbolista profesional. Como arquero, jugó en varios clubes de Argentina y América, incluyendo Gimnasia y Esgrima La Plata, Temperley, San Lorenzo, Quilmes, Defensores de Belgrano, Deportes La Serena (Chile), Guaraní (Paraguay) y Sporting Cristal (Perú).