Jorge Macri aplica la motosierra a empresas públicas: deberán justificar gastos y resultados
La elaboración del Presupuesto 2027 ya comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y una de las primeras señales de la administración de Jorge Macri apunta directamente hacia las empresas públicas.
A través de la Disposición 10/2026 de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), publicada la semana pasada en el Boletín Oficial, el gobierno porteño aprobó las pautas metodológicas que deberán utilizar todas las empresas y sociedades donde posee participación mayoritaria para presentar sus presupuestos del próximo ejercicio.
Detrás de la formalidad administrativa aparece una definición política clara: antes de asignar recursos para 2027, la Ciudad quiere saber exactamente cuánto cuestan sus empresas, qué resultados producen, cuánto invierten, qué nivel de endeudamiento tienen y cuáles son sus perspectivas futuras.
La medida alcanza a compañías que administran servicios estratégicos y manejan presupuestos multimillonarios, entre ellas Banco Ciudad, AUSA, SBASE, LOTBA, Corporación Buenos Aires Sur, Corporación Puerto Madero, FACOEPSE y otras entidades bajo control estatal.
Razones de la decisión
La propia resolución explica que la medida forma parte del cronograma aprobado para elaborar el llamado Programa General de Acción de Gobierno; el Plan Plurianual de Inversiones 2027-2029 y el Presupuesto General 2027.
Sin embargo, el anexo permite observar objetivos más amplios.
La Oficina de Gestión Pública y Presupuesto sostiene que necesita contar con información homogénea y comparable de todas las empresas públicas para poder analizar la situación consolidada del sector estatal.
El documento señala expresamente que la información requerida permitirá realizar evaluaciones económicas y financieras, efectuar análisis macroeconómicos y conocer anticipadamente los efectos que las decisiones presupuestarias pueden generar sobre el resto de la economía.
En otras palabras, Hacienda busca construir un tablero de control integral que permita monitorear el desempeño de cada empresa antes de decidir cuánto dinero recibirá el año próximo.
Un motivo de análisis
Sin embargo, el anexo de la medida deja entrever una preocupación.
Las autoridades quieren evitar que las empresas públicas funcionen como estructuras aisladas del resto de la administración.
Por ese motivo, la normativa establece que los presupuestos serán analizados para verificar si se encuadran dentro de las políticas, planes y estrategias definidas por el Poder Ejecutivo.
La OGEPU incluso podrá recomendar ajustes antes de que los presupuestos sean elevados para su aprobación.
La señal es clara: las empresas estatales deberán demostrar que sus planes de inversión, gastos y financiamiento responden a los objetivos fijados por la administración de Jorge Macri.
Qué cambia
La principal diferencia respecto de años anteriores no es la obligación de presentar presupuestos, algo que ya exige la Ley 70 desde hace décadas.
Lo novedoso es el nivel de información que ahora se pretende utilizar como herramienta de gestión.
El anexo transforma el presupuesto en una suerte de auditoría integral.
Las empresas deberán presentar:
- Objetivos estratégicos
- Planes de acción
- Metas de corto, mediano y largo plazo
- Resultados esperados
- Estrategias comerciales
- Indicadores de productividad
- Situación financiera
- Necesidades de financiamiento
- Dotación de personal
- Proyectos de inversión
La lógica privada
La lógica se parece más a la de un directorio corporativo evaluando un plan de negocios que a un trámite presupuestario tradicional.
Uno de los aspectos más llamativos aparece en el Formulario Nº1, que obliga a las empresas a informar rentabilidad sobre el capital propio y sobre el capital invertido; resultado operativo y neto.
La incorporación de estos indicadores revela un cambio de enfoque: hasta ahora la discusión presupuestaria se concentraba principalmente en cuánto gastaba cada organismo, pero a partir de estas pautas, la Ciudad también pretende medir qué resultados genera cada peso invertido.
Producción, mercado y estrategia comercial
Otro dato llamativo es que las empresas deberán explicar cómo funcionan.
El anexo exige información sobre producción de bienes y servicios; capacidad operativa; restricciones para crecer; destino de la producción; clientes; estrategias de comercialización; estructura de costos y posicionamiento en el mercado.
La intención es comprender no sólo la situación financiera sino también el modelo operativo de cada organización.
La lupa sobre las inversiones
En el caso de las inversiones ocupan un lugar central dentro de la resolución.
Cada proyecto deberá incluir el nombre de la obra; fecha de inicio; fecha de finalización; costo total previsto; avance físico y financiero y recursos necesarios para completarlo.
La información permitirá conocer en detalle qué obras se ejecutarán durante el período 2027-2029 y cuál será el esfuerzo financiero requerido para concretarlas.
Deuda y financiamiento
Otro de los puntos fuertes del anexo es el análisis financiero.
En este caso, deberán informar endeudamiento vigente; tipo de préstamos; mercados donde obtienen fondos y garantías comprometidas.
Con estas demandas, la Ciudad busca detectar con anticipación eventuales riesgos financieros que puedan impactar sobre las cuentas públicas.
El foco también estará puesto en los empleados, ya que la resolución dedica un capítulo completo a los recursos humanos.
En este caso, las compañías deberán detallar personal permanente y temporario; gastos salariales; capacitación; incentivos; políticas de desempeño y traslados y movilidad.
La información permitirá evaluar uno de los principales componentes del gasto de las empresas estatales como son los indicadores para saber quién cumple y quién no.
Medir los resultados
Cada empresa deberá además crear indicadores de resultados que permitan medir objetivamente el cumplimiento de las metas comprometidas.
El anexo exige comparar resultados históricos; situación estimada para 2026 y objetivos para 2027.
La intención es que la evaluación posterior sea sencilla y permita identificar rápidamente desvíos respecto de los planes originales.
Qué empresas quedarán bajo la lupa
La medida impactará sobre algunas de las compañías más importantes de la Ciudad.
Entre ellas aparecen Banco Ciudad; AUSA; SBASE; LOTBA; Corporación Buenos Aires Sur; Corporación Antiguo Puerto Madero; FACOEPSE y Central de Servicios.
En conjunto, las empresas con participación estatal administran recursos por cientos de miles de millones de pesos y cumplen funciones estratégicas en transporte, infraestructura, financiamiento, servicios urbanos y desarrollo económico.
El mensaje político
Aunque la resolución no habla de privatizaciones ni de recortes concretos, sí anticipa una filosofía de gestión.
El gobierno que orienta Jorge Macri quiere que las empresas públicas sean evaluadas no sólo por cuánto gastan sino también por cuánto producen, cuánto invierten y qué resultados generan.
Por eso la disposición puede interpretarse como el primer paso de una revisión integral sobre el universo empresarial del Estado porteño.
La señal que surge del texto es contundente: antes de aprobar el Presupuesto 2027, Macri quiere que las empresas públicas abran sus números, expongan sus planes y demuestren qué valor aportan a los contribuyentes que las financian.