Milei elimina una regulación para adolescentes y simplifica reglas para empresas

La agenda de desregulación impulsada por el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo.

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial derogó la Resolución 236/2021, una norma que establecía un régimen específico de protección para adolescentes consumidores, al considerar que esos derechos ya se encuentran contemplados en un marco regulatorio más amplio.

La decisión puede parecer menor dentro del universo de normas que atraviesan la actividad económica.

Sin embargo, envía una señal que las empresas siguen de cerca: el Ejecutivo continúa revisando regulaciones para eliminar estructuras paralelas, reducir costos administrativos y consolidar esquemas normativos en un único sistema de aplicación.

La medida impacta especialmente en sectores donde los adolescentes se han convertido en consumidores cada vez más relevantes, como plataformas digitales, billeteras virtuales, comercio electrónico, videojuegos, servicios de streaming, telefonía móvil, fintech y aplicaciones de servicios.

El Gobierno elimina regulación clave: de qué se trata

La disposición está firmada por el subsecretario Fernando Blanco Muiño y fue publicada en el Boletín Oficial de este lunes 9 de junio.

Específicamente, la norma deroga la Resolución 236/2021, aprobada durante la gestión anterior para reconocer expresamente a los adolescentes de entre 13 y 17 años como sujetos especialmente protegidos dentro de las relaciones de consumo.

Sin embargo, el Gobierno argumenta que la posterior Disposición 137/2024 ya incorporó esa protección dentro de un esquema más amplio destinado a consumidores en situación vulnerable o de desventaja.

Según explica la norma, cualquier persona que, por razones de edad u otras circunstancias, pueda ver afectados sus derechos dentro de una relación de consumo se encuentra alcanzada por ese régimen especial.

En consecuencia, los adolescentes continúan protegidos, pero ya no mediante una regulación exclusiva sino dentro de una categoría más amplia de consumidores vulnerables.

"Actualmente los consumidores entre trece y 17 años de edad encuentran protegidos sus derechos mediante la normativa referida precedentemente", señala el texto oficial.

Menos regulaciones, mismas obligaciones

Desde el punto de vista empresarial, la novedad no implica una reducción de obligaciones frente a consumidores menores de edad.

Las compañías seguirán sujetas a las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor y a los mecanismos especiales de protección para personas vulnerables.

Lo que cambia es el marco administrativo ya que en lugar de coexistir normas específicas para distintos grupos de consumidores, el Gobierno busca concentrar la regulación en un único esquema de actuación.

Para las áreas legales, regulatorias y de compliance esto implica menor dispersión normativa y una reducción de potenciales conflictos interpretativos derivados de regulaciones superpuestas.

La estrategia es consistente con otras medidas adoptadas por la administración Milei en sectores como comercio interior, energía, industria, transporte y servicios, donde se avanzó en la eliminación de regulaciones consideradas redundantes o de escaso impacto práctico.

Negocio detrás del consumo adolescente

La decisión cobra relevancia porque los adolescentes representan uno de los segmentos de consumidores con mayor crecimiento dentro de la economía digital.

A diferencia de lo que ocurría hace una década, los jóvenes de entre 13 y 17 años participan activamente del ecosistema de consumo mediante billeteras virtuales, compras online, plataformas de streaming, videojuegos, aplicaciones móviles y servicios digitales.

Se trata de un mercado que moviliza millones de transacciones todos los meses y que se ha convertido en un objetivo estratégico para empresas tecnológicas, operadores de telecomunicaciones, fintech y plataformas de entretenimiento.

Las compañías vinculadas al comercio electrónico, los pagos digitales y los servicios online interactúan diariamente con este segmento a través de suscripciones, compras dentro de aplicaciones, servicios premium y sistemas de pago electrónicos.

Por ese motivo, aunque desaparece una regulación específica, la protección de los adolescentes continúa siendo un aspecto sensible para las empresas que operan en la economía digital.

Los reclamos que más preocupan

La experiencia del mercado muestra que gran parte de los conflictos vinculados a adolescentes consumidores se concentra en entornos digitales.

Entre los reclamos más frecuentes aparecen las compras realizadas desde teléfonos móviles sin autorización de los padres, las renovaciones automáticas de suscripciones, los cargos asociados a videojuegos y monedas virtuales, los problemas relacionados con publicidad dirigida a menores y las controversias vinculadas al uso de datos personales.

También son habituales los cuestionamientos sobre contrataciones realizadas mediante aplicaciones o plataformas digitales sin una adecuada comprensión de las condiciones del servicio.

Precisamente por esa razón, el Gobierno decidió mantener vigente el sistema especial de atención para consumidores vulnerables a través de la Ventanilla Única Federal de Reclamos (VUF), que seguirá funcionando como canal prioritario para atender este tipo de situaciones.

La señal regulatoria que observa el sector privado

Más allá de la cuestión específica de los adolescentes, la medida es interpretada por buena parte del sector empresario como una nueva señal de la política regulatoria que impulsa la administración Milei.

En los fundamentos de la disposición, el Gobierno sostiene que busca avanzar hacia una "efectiva desburocratización y simplificación de los procesos administrativos", una definición que se ha convertido en uno de los ejes centrales de la gestión económica.

La lógica oficial apunta a reemplazar múltiples regulaciones específicas por marcos más generales que permitan reducir trámites, simplificar procedimientos y disminuir costos administrativos tanto para el Estado como para las empresas.

En ese contexto, la derogación de la Resolución 236/2021 aparece como un paso más dentro de una estrategia más amplia que ya alcanzó a diversos sectores de la economía y que continuará siendo observada de cerca por el mundo corporativo.

Para las empresas, el mensaje es claro: menos normas particulares, menos superposición regulatoria y una apuesta creciente a esquemas unificados de control y protección del consumidor.