El Gobierno desregula la industria láctea: qué cambia para las grandes empresas

El Gobierno avanzó con una nueva medida de desregulación sobre la industria láctea argentina y eliminó una herramienta que durante casi dos décadas formó parte del esquema estatal de seguimiento sobre uno de los negocios más relevantes de la industria alimenticia.

A través de la Resolución 81/2026, publicada en el Boletín Oficial de este viernes 12 de junio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca derogó el Registro de Operadores Lácteos, creado en 2006 durante la etapa de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

La decisión modifica el marco administrativo que alcanzaba a los distintos participantes de la cadena como productores, plantas industriales, operadores comerciales y establecimientos vinculados con la elaboración y comercialización de leche, quesos, yogures y otros derivados.

La resolución oficial no elimina controles sanitarios ni habilitaciones vinculadas a la producción de alimentos sino que el cambio está concentrado en el esquema de registro y seguimiento comercial que el Estado utilizaba para identificar a los operadores del mercado.

Las razones

El Registro de Operadores Lácteos había sido creado con el objetivo de ordenar la actividad y aumentar la capacidad de fiscalización estatal.

En los fundamentos de la Resolución 81/2026, la Secretaría de Agricultura explica que la herramienta buscaba "establecer reglas claras e igualitarias, mediante la fiscalización del comercio e industrialización de la leche, sus productos, subproductos y/o derivados".

Sin embargo, el Gobierno sostiene que con el paso del tiempo ese mecanismo perdió efectividad y dejó de cumplir la función para la cual había sido creado.

La norma afirma que "la práctica ha demostrado la carencia de operatividad del registro", debido a que quedó "desprovisto de mecanismos efectivos de fiscalización, control y sanción de infracciones".

Además, el texto oficial señala que el sistema terminó funcionando como un registro "meramente declarativo", al considerar que no contaba con herramientas suficientes para verificar información, controlar incumplimientos o aplicar sanciones.

Según la interpretación oficial, mantener esa estructura implicaba sostener una carga administrativa sin un beneficio concreto para el funcionamiento del mercado.

Qué cambia para las grandes

La medida no está dirigida contra una compañía puntual ni modifica las marcas que dominan las góndolas.

La relación con las grandes empresas es que todas participan de una cadena que estaba alcanzada por ese esquema de registración.

Entre ellas aparece Mastellone Hermanos, la compañía detrás de La Serenísima, una de las marcas más fuertes de la Argentina y uno de los principales jugadores históricos del negocio lácteo.

La empresa tiene presencia en leche fluida, quesos, yogures, mantecas y otros productos derivados, y durante décadas funcionó como una referencia del mercado nacional.

Otro protagonista es Danone, el grupo francés de alimentos que participa en Argentina con negocios vinculados a alimentos y lácteos.

La compañía tuvo además un rol relevante en la transformación del mapa empresario del sector a partir de su asociación con Arcor en la estructura vinculada al negocio de Mastellone Hermanos y La Serenísima.

En el segmento industrial y de quesos aparece Saputo, uno de los mayores grupos lácteos del mundo, que opera en Argentina a través de Molfino Hermanos, con una posición relevante en productos queseros e industriales.

También tiene peso Adecoagro, que desarrolló un modelo integrado que combina producción primaria, tambos de escala e industrialización, una estrategia orientada a ganar eficiencia y controlar distintas etapas del negocio.

Otro nombre histórico es SanCor, una de las cooperativas lácteas más importantes del país, con décadas de presencia en el mercado argentino, aunque atravesada en los últimos años por un proceso de crisis y reestructuración.

El mapa de marcas

Más allá de los grandes grupos, la industria láctea argentina tiene una fuerte presencia de compañías regionales y cooperativas que participan en distintos segmentos.

Entre ellas se encuentra:

• Williner, propietaria de Ilolay, una marca histórica del mercado
• Milkaut, otro nombre tradicional de la industria
• Manfrey, una cooperativa con fuerte presencia en Córdoba
• Verónica, una de las empresas relevantes del interior productivo
• Tregar, con presencia en leche, yogures y postres
• La Paulina, reconocida especialmente por sus quesos
• Punta del Agua, entre otras firmas que participan del negocio

El sector combina así grandes compañías nacionales e internacionales con empresas regionales que abastecen tanto al consumo interno como a segmentos industriales.

Negocio marcado por costos y escala

La decisión oficial llega en un momento donde la cadena láctea enfrenta una fuerte presión sobre sus márgenes.

Los productores tamberos vienen atravesando una ecuación condicionada por el costo de alimentación del ganado, energía, logística y financiamiento, mientras que las industrias buscan sostener rentabilidad en un mercado donde la escala productiva es cada vez más importante.

Las empresas también avanzan en estrategias para mejorar eficiencia, incorporar tecnología y ampliar exportaciones, especialmente en productos de mayor valor agregado.

En ese contexto, la reducción de trámites administrativos es interpretada por el Gobierno como una herramienta para bajar costos y facilitar la actividad privada.

La señal oculta

La eliminación del Registro de Operadores Lácteos forma parte de una política más amplia de revisión de regulaciones acumuladas durante años.

La resolución plantea como objetivo "aumentar la competitividad del sistema, liberando restricciones estatales que impidieran su normal desarrollo".

Para las compañías del sector, el efecto inmediato es administrativo: desaparece una obligación dentro de un esquema específico de registración.

Para el Estado, la medida implica abandonar una herramienta que considera ineficiente.

La discusión que queda abierta dentro de la cadena es si una menor carga regulatoria permitirá mejorar competitividad y reducir costos o si será necesario diseñar nuevos mecanismos de información y monitoreo para una industria estratégica donde conviven miles de productores y algunas de las mayores empresas alimenticias del país.