Líder de la industria del pollo negocia megadeuda de u$s350 millones y enfrenta una ola de pedidos de quiebra
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2026/02/612013.jpg)
La situación de Granja Tres Arroyos, la mayor productora avícola del país, ingresó en una etapa decisiva. Con el 30 de junio como fecha límite para alcanzar un acuerdo de reestructuración de deuda con sus acreedores, la empresa enfrenta una fuerte presión judicial: en las últimas semanas comenzaron a acumularse en los tribunales comerciales distintos pedidos de quiebra promovidos por proveedores, aseguradoras y compañías de servicios que reclaman el cobro de deudas impagas.
La compañía, controlada por la familia De Grazia, atraviesa la crisis más profunda de su historia. A los conflictos gremiales, el cierre por tiempo indeterminado de la planta La China, en Concepción del Uruguay, la reducción de la faena y el atraso en el pago de salarios, se suma ahora una ofensiva judicial que amenaza con complicar aún más el proceso de reestructuración que la empresa intenta negociar junto a la consultora Valo Columbus.
El grupo procura cerrar antes de fin de mes un entendimiento con acreedores sobre una deuda estimada en alrededor de u$s350 millones. La propuesta contempla distintas alternativas de pago, incluyendo quitas de hasta el 75% del capital adeudado y plazos de cancelación de hasta siete años.
Sin embargo, mientras esas conversaciones continúan, varios acreedores decidieron recurrir a la Justicia.
Los pedidos de quiebra se acumulan en tribunales
Entre las presentaciones figura un pedido de quiebra impulsado por un proveedor de insumos industriales alimenticios que reclama una deuda superior a los $133 millones, originada en dos facturas cuya cancelación había sido instrumentada mediante echeqs que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos.
También promovió un pedido de quiebra Prevención ART, la aseguradora de riesgos del trabajo de la compañía, que reclama más de $4.200 millones correspondientes a cuotas impagas de cobertura acumuladas entre octubre de 2024 y marzo de 2026, más intereses.
A esos expedientes se suman otros reclamos presentados por empresas proveedoras como TKW, dedicada a la fabricación y comercialización de indumentaria y calzado de seguridad industrial, que reclama pagos pendientes por casi u$s23.000, y Americold Logistics Argentina, firma especializada en almacenamiento refrigerado, que reclama el cobro de servicios de frío industrial prestados a la avícola.
Paralelamente, otros acreedores avanzaron mediante juicios ejecutivos para intentar recuperar acreencias originadas en cheques rechazados. Es el caso de Protoil, que inició una ejecución judicial por más de $86 millones luego del rechazo de un echeq emitido por la compañía.
La proliferación de demandas comienza a reflejar un deterioro mucho más profundo. En varios de los expedientes judiciales, los acreedores sostienen expresamente que la empresa se encuentra en un estado de cesación de pagos, argumentando incumplimientos reiterados, cheques rechazados y negociaciones extrajudiciales frustradas.
Más de 4.200 cheques rechazados y una montaña de deudas
La magnitud de la crisis también queda reflejada en el sistema financiero. Según registros del Banco Central, Granja Tres Arroyos acumula actualmente más de 3.200 cheques rechazados por un monto superior a los $54.300 millones. A esa cifra se suman otros 680 cheques rechazados correspondientes a Wade S.A., por más de $7.700 millones, y más de 400 cheques rechazados emitidos por Avex S.A., por poco más de $4.100 millones.
Entre las tres principales sociedades del grupo, el total supera los 4.200 cheques rechazados por alrededor de $66.100 millones, un volumen que en el sector describen como uno de los más elevados registrados en la actividad agroindustrial.
La delicada situación también se refleja en el endeudamiento financiero. Sólo Granja Tres Arroyos registra compromisos por más de $51.000 millones con entidades financieras, cooperativas de crédito y compañías especializadas.
Entre sus principales acreedores aparecen:
- BBVA, con exposiciones superiores a los $8.700 millones
- Nuevo Banco de Entre Ríos, con más de $5.600 millones
- Banco Credicoop, con casi $5.500 millones
- Banco Nación, con cerca de $5.000 millones
- Banco Provincia, con unos $4.400 millones
- Santander, con más de $4.100 millones
También figuran entre los acreedores el BICE, Banco de Comercio, Banco CMF, Supervielle, Galicia, Banco Industrial y diversas cooperativas y entidades financieras no bancarias.
Por su parte, Wade S.A. mantiene obligaciones por más de $3.060 millones con entidades como Libertador Factoring, BBVA, Credicoop, Galicia y Santander, además de pasivos comerciales con YPF y American Express.
En tanto, Avex S.A. registra deudas con BBVA, Credicoop, Santander, Galicia, YPF y American Express por unos $573 millones.
En conjunto, las tres sociedades exhiben compromisos financieros y comerciales superiores a los $54.600 millones, a lo que deben sumarse obligaciones fiscales, salariales y deudas con proveedores.
La negociación entra en su tramo más delicado
En este marco, según pudo saber iProfesional, la propuesta que Granja Tres Arroyos puso sobre la mesa contempla fuertes quitas, extensos plazos de espera y distintos esquemas de pago según el tipo de acreedor. Sin embargo, en el mercado crecen las dudas sobre la capacidad real de la compañía para cumplir un eventual acuerdo.
Fuentes del sector señalan que la principal incógnita ya no es si los acreedores aceptarán resignar parte de sus créditos, sino si la empresa logrará recuperar el nivel de actividad necesario para generar los fondos que le permitan honrar sus compromisos.
A ello se suma otro problema clave: la pérdida de buena parte de la red de productores integrados que históricamente abastecía a la compañía. En el sector advierten que recuperar esos vínculos demandará tiempo y capital de trabajo, dos recursos que hoy escasean dentro del grupo.
En paralelo, la firma analiza distintas alternativas para obtener liquidez, entre ellas la posible venta de activos. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron operaciones concretas de magnitud que permitan aportar los fondos necesarios para reactivar plantas y recuperar producción.
El 30 de junio aparece así como una fecha bisagra para la principal avícola del país. Si la compañía logra cerrar un acuerdo con sus acreedores, ganará tiempo para intentar recomponer su operación y estabilizar sus finanzas. Si fracasa, la acumulación de demandas, los pedidos de quiebra, los miles de cheques rechazados y el deterioro de su actividad podrían acelerar una definición judicial de una crisis que ya lleva meses profundizándose.