Milei facilita la importación de maquinaria usada y apuesta a una nueva ola de inversiones
El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su estrategia de desregulación económica y apertura comercial.
A través del Decreto 483/2026, publicado este martes 23 de junio en el Boletín Oficial de la Nación, reformuló el régimen para la importación de líneas de producción usadas.
Se trata de una herramienta que apunta a facilitar la llegada de maquinaria y equipamiento industrial desde el exterior con menores costos y menos requisitos administrativos.
La medida busca transformarse en un incentivo para las empresas que necesitan incorporar tecnología, ampliar capacidad productiva o modernizar plantas sin afrontar el elevado costo que implica adquirir equipamiento nuevo.
Según explicó la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, el objetivo es "promover la incorporación de tecnología" y "fortalecer la competitividad de la producción local con valor agregado", en línea con la política oficial de reducción de costos para el sector privado.
La iniciativa tiene impacto potencial en sectores como la industria manufacturera, la agroindustria, la minería, el petróleo y gas, la logística, la construcción, la energía y la producción de alimentos, actividades donde las inversiones en bienes de capital suelen demandar desembolsos millonarios.
Cuánto bajan los costos de importación
El principal atractivo del nuevo régimen es la reducción de los costos asociados a la importación.
A partir de ahora, los bienes alcanzados por el esquema tributarán apenas el 25% del Derecho de Importación Extrazona que corresponda a cada posición arancelaria.
Además, estarán exentos del pago de:
- La tasa de comprobación de destino, equivalente al 2%
- La tasa de estadística, del 3%
En la práctica, esto significa una reducción significativa del costo de incorporación de maquinaria usada proveniente del exterior.
La norma también introduce cambios en los procedimientos administrativos para acelerar las aprobaciones y disminuir la carga burocrática.
Uno de los puntos más relevantes es que se reemplaza el sistema de auditorías por un esquema de rendición de cuentas realizado por profesionales independientes, con el objetivo de reducir tiempos y otorgar mayor previsibilidad a los proyectos de inversión.
Qué se considera ahora línea de producción
El decreto modifica además uno de los conceptos centrales del régimen.
Hasta ahora se exigía que el componente principal de una línea de producción estuviera constituido por bienes usados importados, mientras que la nueva normativa amplía la definición y elimina esa restricción.
El texto oficial instruye "el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas" que estará destinado a "empresas que cuenten con un proyecto de mejoramiento de su competitividad aprobado por la Autoridad de Aplicación".
La actualización también incorpora actividades que hasta ahora no estaban contempladas de manera explícita, como los proyectos de generación de energía eléctrica y los almacenes inteligentes, un segmento que gana protagonismo a medida que las empresas avanzan en procesos de automatización y digitalización logística.
Equipos de hasta 30 años
Otra modificación importante es la ampliación de la antigüedad permitida para determinados bienes.
La nueva normativa eleva de 20 a 30 años la antigüedad máxima admitida para equipos reconstruidos, remanufacturados o modernizados.
La decisión responde a una realidad del mercado internacional, donde gran parte de la maquinaria industrial de alta complejidad tiene ciclos de vida prolongados y puede seguir operando durante décadas tras procesos de actualización tecnológica.
Para muchas compañías argentinas, especialmente pymes industriales, esta modificación abre la posibilidad de acceder a equipamiento que hasta ahora quedaba fuera de los parámetros regulatorios.
Cae exigencia de compra nacional
Uno de los aspectos que más repercusiones puede generar es la reducción de la exigencia de integración nacional.
Hasta ahora, las empresas beneficiarias debían adquirir bienes producidos localmente por un valor equivalente al 30% del valor FOB de la maquinaria importada.
Con el nuevo esquema, ese porcentaje cae al 10%, y para el Gobierno, la medida elimina una restricción que encarecía proyectos y demoraba inversiones.
Sin embargo, para los fabricantes argentinos de bienes de capital representa una señal preocupante, porque reduce la protección que históricamente tuvieron frente a la competencia externa.
Un cambio que viene de lejos
El régimen reformulado por Milei tiene antecedentes en el Decreto 1174 de 2016, implementado durante la administración de Mauricio Macri para fomentar inversiones industriales mediante la importación de líneas de producción usadas.
Sin embargo, el nuevo decreto profundiza significativamente la flexibilización.
Además, la medida se suma a otra decisión clave adoptada por el Gobierno en abril de 2025: la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), un trámite que durante décadas funcionó como una de las principales barreras para el ingreso de maquinaria usada al país.
Con aquella decisión, la administración libertaria había comenzado a desmontar restricciones históricas sobre este tipo de importaciones.
Ahora, con la reformulación del régimen de líneas de producción usadas, busca consolidar esa estrategia.
La apuesta oficial por la competitividad
En la Casa Rosada sostienen que el nuevo esquema permitirá acelerar inversiones privadas en sectores estratégicos.
La visión oficial es que muchas empresas argentinas enfrentan costos significativamente superiores a los de sus competidores regionales, y que la posibilidad de acceder a maquinaria usada de calidad puede convertirse en una herramienta para mejorar productividad y eficiencia.
El Gobierno considera que la incorporación de tecnología es una condición indispensable para aumentar exportaciones, generar escala productiva y recuperar competitividad.
Por esa razón, el decreto pone especial énfasis en los proyectos de mejoramiento competitivo.
La expectativa oficial es que las empresas utilicen el régimen para ampliar capacidad instalada, modernizar procesos y reducir costos operativos.
Preocupación industrial
La otra cara de la medida aparece en los fabricantes locales de bienes de capital.
Las cámaras del sector vienen advirtiendo desde hace meses que la apertura de las importaciones de maquinaria usada puede afectar a empresas nacionales que producen equipos industriales, maquinaria agrícola, componentes y repuestos.
El temor es que el ingreso de equipamiento usado proveniente de economías desarrolladas genere una competencia difícil de sostener para la industria local.
La reducción del requisito de compra nacional del 30% al 10% refuerza esas preocupaciones.
Para los críticos de la medida, la flexibilización puede traducirse en menores oportunidades para proveedores argentinos en proyectos industriales de gran escala.
El desafío que enfrenta el Gobierno
La apuesta oficial es clara: generar condiciones para que las empresas inviertan más rápido y a menor costo.
La gran incógnita será si esa mayor apertura logra traducirse efectivamente en nuevas inversiones productivas y en una mejora de la competitividad industrial, sin provocar daños significativos en la cadena local de fabricantes de bienes de capital.
Por lo pronto, el Decreto 483/2026 se convierte en una de las medidas más importantes del año para el sector industrial. Su impacto se verá en los próximos meses, cuando las empresas comiencen a evaluar proyectos de inversión bajo las nuevas reglas de juego.