Después de 40 años, una radio de Buenos Aires obtiene la licencia definitiva para operar
El Gobierno avanzó con un nuevo paso en el proceso de regularización del mercado audiovisual argentino. A través de la Resolución 418/2026, publicada en el Boletín Oficial de este miércoles 24 de junio, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) adjudicó una licencia definitiva para la explotación de la frecuencia 92.3 MHz de la Ciudad de Buenos Aires, conocida comercialmente como Radio Ciudad.
La decisión fue firmada por el interventor del organismo, Juan Martín Ozores, y cierra un expediente que se remonta a los años en que cientos de radios FM comenzaron a operar bajo permisos transitorios otorgados por el Estado mientras aguardaban una definición definitiva sobre su situación regulatoria.
Más allá de la cuestión administrativa, la medida tiene relevancia económica porque convierte a la frecuencia en un activo formalmente reconocido por el Estado, con derechos de explotación garantizados y capacidad para desarrollar inversiones de largo plazo.
Una licencia que se hizo esperar
La resolución aprueba los actos del concurso de oposición destinado a regularizar el Permiso Precario y Provisorio registrado bajo el Decreto 1357/89 y adjudica a Radiodifusora Ciudad SRL la explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 222, correspondiente a la frecuencia 92.3 MHz.
Según el texto oficial, la licencia tendrá una vigencia de 10 años contados desde la autorización definitiva de inicio de emisiones regulares y podrá ser prorrogada en los términos previstos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La norma también da por concluido un trámite de oposición iniciado en 2018 que había demorado la resolución final del expediente.
En los hechos, el organismo termina de regularizar la situación de una emisora que operaba desde hace décadas bajo un esquema transitorio y que ahora obtiene un título habilitante pleno para desarrollar su actividad.
Quiénes son los dueños
La licencia fue adjudicada a Radiodifusora Ciudad SRL y de acuerdo con la documentación aprobada por el ENACOM, la sociedad está integrada por Alejandro Gabriel Sawin, titular del 98% del capital social, y Pablo Muñiz Aldao, titular del 2% restante.
La empresa tiene domicilio en Avenida Rivadavia 5126 de la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionan los estudios y la planta transmisora declarados ante el organismo regulador.
A diferencia de otros operadores del sector, ninguno de los socios aparece vinculado públicamente a grandes grupos de medios nacionales ni a conglomerados audiovisuales de alcance masivo.
Sawin figura desde hace años como principal responsable de la emisora y fue quien encabezó el largo proceso de regularización que culminó con la obtención de la licencia definitiva.
Por su parte, Muñiz Aldao posee antecedentes vinculados a la producción audiovisual y aparece relacionado con Martillo Media SAS, una empresa constituida para desarrollar actividades de producción de contenidos, espectáculos y servicios de comunicación.
La baja exposición pública de ambos empresarios contrasta con la importancia estratégica de la frecuencia obtenida.
El valor económico de la licencia
La obtención de una licencia definitiva modifica sustancialmente la posición de la compañía. Mientras operó bajo un permiso precario, la emisora enfrentó las limitaciones propias de un esquema transitorio que dificultaba la planificación de inversiones y mantenía abierta la incertidumbre regulatoria.
Con la adjudicación oficial, la frecuencia pasa a convertirse en un activo plenamente reconocido por el Estado, con derechos de explotación por diez años y posibilidad de renovación.
En términos empresariales, esto mejora la valuación potencial de la compañía, facilita eventuales operaciones societarias futuras, brinda previsibilidad para inversiones tecnológicas y fortalece su posición comercial frente a anunciantes y agencias.
El dato cobra relevancia porque se trata de una frecuencia ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, el mercado radial más importante de la Argentina, donde se concentra una porción significativa de la inversión publicitaria destinada al sector.
Para especialistas del mercado, la seguridad jurídica asociada a una licencia definitiva es uno de los factores que más influyen en el valor económico de una emisora.
Las condiciones impuestas
La resolución establece una serie de exigencias técnicas que la empresa deberá cumplir para mantener la licencia.
Entre ellas, garantizar la compatibilidad técnica con el resto de los servicios autorizados y evitar interferencias sobre otras señales del espectro radioeléctrico.
El organismo incluso advirtió que el acto administrativo podría ser revocado dentro de los 90 días posteriores a su dictado si se comprobara que la emisora provoca interferencias incompatibles con las condiciones técnicas establecidas.
Además, la empresa deberá solicitar la habilitación definitiva de las instalaciones; presentar la Declaración Jurada Anual de Servicios de Comunicación Audiovisual; gestionar ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) las autorizaciones correspondientes para las estructuras de antenas y cumplir con todos los parámetros técnicos exigidos por la normativa vigente.
La resolución advierte también que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podría derivar en la caducidad de la adjudicación.
El trasfondo: una vieja deuda
La historia detrás de la medida explica buena parte de su importancia.
Durante décadas, numerosas radios argentinas operaron bajo permisos precarios otorgados a fines de los años 80 y principios de los 90 debido a la falta de concursos definitivos para adjudicar frecuencias. Esa situación generó un mercado integrado por emisoras que podían transmitir legalmente, pero sin contar con licencias plenas que les permitieran consolidar inversiones.
Con la Resolución 4951/2018, el ENACOM abrió un proceso específico para regularizar estos casos históricos y permitir que las emisoras iniciaran el camino hacia la obtención de licencias definitivas.
La adjudicación de Radio Ciudad se inscribe dentro de ese proceso y representa uno de los casos más recientes de normalización.
Para el organismo, el objetivo es ordenar definitivamente el mapa de frecuencias y cerrar situaciones regulatorias que en algunos casos llevaban más de tres décadas sin resolución.
Para la empresa, en cambio, la decisión implica algo más concreto: convertir una frecuencia histórica de FM en un activo plenamente habilitado para competir en el negocio de los medios y la publicidad en uno de los mercados más importantes del país.