El Gobierno desafecta inmuebles del Estado y amplía el plan para vender activos públicos
La política de reducción del tamaño del Estado impulsada por el Gobierno de Javier Milei ya no se limita a ministerios, organismos y empresas públicas.
También avanza sobre uno de los activos más valiosos que posee la administración nacional: su patrimonio inmobiliario.
Con ese objetivo, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) continúa acelerando la revisión de edificios, terrenos y predios distribuidos en todo el país para determinar cuáles siguen siendo estratégicos para el funcionamiento del Estado y cuáles pueden recibir un nuevo destino.
Ese proceso sumó este martes 30 de diciembre un nuevo capítulo con la publicación de dos resoluciones firmadas por la presidenta del organismo, Tania Yedro, mediante las cuales se desafectaron dos inmuebles que hasta ahora estaban bajo la órbita de distintos organismos nacionales.
Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Nación y responden a un criterio que la AABE viene repitiendo en los últimos meses: avanzar hacia un "mejor aprovechamiento y utilización" del patrimonio inmobiliario estatal, orientando esos bienes a la planificación, el desarrollo y la ejecución de políticas públicas, además de eliminar activos que permanecen subutilizados o dejaron de cumplir una función estratégica.
Un terreno Ushuaia
La primera resolución dispone la desafectación de un sector de un inmueble perteneciente al Estado nacional que se encontraba bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor General de la Armada.
Se trata de un predio de 2.939,35 metros cuadrados, ubicado entre las calles Yaganes, 44 Héroes ARA San Juan y Horeb, en la ciudad de Ushuaia.
La decisión implica que el terreno deja de estar afectado a funciones militares y pasa a integrar el proceso de administración patrimonial de la AABE, aunque la Armada continuará siendo responsable de su custodia hasta que el organismo determine cuál será su utilización definitiva.
La normativa también obliga al Ministerio de Defensa a mantener el inmueble en condiciones de conservación, garantizar su integridad y disponibilidad y asegurar que permanezca libre de deudas mientras continúe bajo su guarda.
Más allá del aspecto administrativo, el activo posee un interés especial por su ubicación y teniendo en cuenta que Ushuaia registra desde hace años una creciente presión sobre la disponibilidad de suelo urbano debido al desarrollo del turismo, la expansión residencial y las limitaciones geográficas propias de la capital fueguina.
En ese contexto, un terreno de casi 3.000 metros cuadrados representa un activo con potencial para distintos tipos de proyectos, tanto públicos como privados, dependiendo del destino que finalmente defina la AABE.
Un edificio en una zona estratégica
La segunda resolución comprende el inmueble ubicado en Avenida Belgrano 637, en la Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires.
El edificio se encontraba bajo la jurisdicción del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y fue desafectado para que la AABE pueda evaluar una nueva utilización dentro de la estrategia de administración del patrimonio estatal.
Al igual que ocurre con el terreno de Ushuaia, la desafectación no modifica la titularidad del inmueble ni implica su venta.
Lo que hace es retirar el edificio de la órbita del organismo que lo tenía asignado para que la AABE evalúe cuál será la alternativa que genere un mayor beneficio para el Estado.
Mientras ese proceso administrativo continúa, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado deberá seguir ejerciendo la custodia del inmueble, garantizar su conservación y mantenerlo disponible hasta que se disponga su nuevo destino.
Su ubicación constituye uno de sus principales atributos. Situado en la Comuna 1, uno de los sectores con mayor concentración de edificios públicos, oficinas, bancos y actividad comercial de la Ciudad, el inmueble forma parte de una zona que históricamente concentró gran parte de la administración nacional.
El primer paso
Las dos resoluciones fueron dictadas en el marco del Decreto 2.670/2015, que reglamenta el funcionamiento de la AABE.
La desafectación constituye una instancia administrativa previa mediante la cual un inmueble deja de estar asignado a un organismo determinado porque fue considerado "innecesario", "sin destino" o subutilizado para el cumplimiento de sus funciones.
A partir de ese momento, la AABE analiza cuál será la alternativa más conveniente.
El bien puede ser transferido a otro organismo del Estado, destinado a un nuevo proyecto público, entregado en concesión o incorporado a un proceso de licitación o subasta pública, siempre que se cumplan las instancias legales correspondientes.
En otras palabras, la desafectación no equivale a una privatización. Es el mecanismo que permite reorganizar el patrimonio estatal y redefinir el uso de cada inmueble de acuerdo con las necesidades de la administración pública.
La pieza central
Creada por el Decreto 1.382/2012, la AABE es el organismo responsable de administrar los inmuebles del Estado nacional.
Entre sus funciones se encuentran identificar bienes ociosos, mantener actualizado el inventario patrimonial, regularizar la situación dominial de los inmuebles, reasignarlos entre organismos y promover su puesta en valor cuando dejan de cumplir una función estratégica.
Durante la gestión de Javier Milei ese rol adquirió un peso mucho mayor.
La administración nacional transformó la revisión del patrimonio inmobiliario en una herramienta para acompañar la reducción del gasto público, concentrar oficinas estatales y disminuir los costos asociados al mantenimiento de edificios y terrenos sin utilización efectiva.
En los fundamentos de las resoluciones publicadas este martes, la propia AABE sostiene que el objetivo es lograr un "mejor aprovechamiento y utilización" del patrimonio inmobiliario estatal, una definición que resume la estrategia oficial sobre estos activos.
Un plan que ya "vende"
Las dos resoluciones publicadas este martes no constituyen hechos aislados sino que forman parte de una estrategia más amplia que el Gobierno viene ejecutando desde el inicio de la gestión con el objetivo de reorganizar el patrimonio inmobiliario nacional y desprenderse de activos que considera innecesarios para el funcionamiento del Estado.
De acuerdo con datos oficiales informados por la Jefatura de Gabinete y relevamientos sobre la actividad de la AABE, durante la actual administración ya fueron desafectados 35 inmuebles, que en conjunto representan 4.620.272 metros cuadrados.
La desafectación implica que esos bienes dejaron de tener un uso específico o de estar asignados a un organismo, condición necesaria para que luego puedan ser reasignados, concesionados o eventualmente subastados.
Ese proceso ya comenzó a traducirse en operaciones concretas ya que el Estado vendió 15 inmuebles desde el inicio de la gestión por un total cercano a u$s279 millones, mientras que cinco de los inmuebles previamente desafectados ya fueron adjudicados mediante subastas públicas.
Entre las operaciones más relevantes aparecen la venta de un predio del Ministerio de Defensa en Puerto Madero por u$s34 millones, el edificio del INTA en Palermo y otros inmuebles pertenecientes a distintos organismos nacionales, además de bienes decomisados en causas judiciales.
Las ventas forman parte de una política que también contempla inmuebles de la Policía Federal, el Ejército y otros organismos del Estado.
El Gobierno sostiene que el mantenimiento de edificios y terrenos ociosos representa un costo permanente para las cuentas públicas y que muchos de esos activos pueden tener un uso más eficiente mediante nuevos proyectos públicos, concesiones o desarrollos privados.
En esa lógica se inscriben las dos resoluciones conocidas este martes ya que, tanto el terreno de Ushuaia como el edificio de Avenida Belgrano 637 pasan a integrar el universo de inmuebles cuyo destino será evaluado por la AABE, aunque todavía no existe una definición oficial sobre cuál será el paso siguiente.
Un mercado expectante
Para desarrolladores, fondos de inversión y empresas constructoras, las resoluciones de la AABE son mucho más que un trámite administrativo.
En numerosos casos, la desafectación representa la primera señal de que un activo podría incorporarse, meses después, a un proceso de concesión o de venta mediante licitación o subasta pública.
El terreno ubicado en Ushuaia reúne características especialmente atractivas por la escasez de suelo urbano disponible en la capital fueguina y por el crecimiento que registran el turismo, los servicios y la demanda habitacional.
El edificio de Avenida Belgrano 637, en tanto, se encuentra en una de las zonas con mayor actividad institucional y comercial de la Ciudad de Buenos Aires, un factor que también incrementa su potencial estratégico.
Por ahora, ninguno de los dos inmuebles tiene un destino definido.
Sin embargo, la experiencia de los últimos dos años muestra que muchas de las propiedades desafectadas terminaron integrando procesos de disposición impulsados por la AABE.
Más allá de estos dos casos puntuales, las resoluciones vuelven a confirmar que la administración de Javier Milei mantiene activo el proceso de revisión del patrimonio inmobiliario nacional.
El objetivo es claro: reducir el costo de mantener activos ociosos, reorganizar el uso de los inmuebles públicos y ampliar el universo de bienes que puedan generar un mayor valor económico o administrativo para el Estado.
En un contexto de ajuste fiscal y búsqueda de recursos, el patrimonio inmobiliario se consolidó como otra de las herramientas elegidas por el Gobierno para avanzar con su programa de reforma del sector público.