Gigante del negocio del pollo acumula una fortuna en cheques rechazados y CGT pide urgente intervención del Gobierno

La crisis de Granja Tres Arroyos (GTA) escaló a un nuevo capítulo. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvieron solicitar la intervención directa del Gobierno Nacional para intentar destrabar el conflicto que mantiene paralizada a la mayor empresa avícola del país y que pone en riesgo miles de puestos de trabajo en varias provincias. La decisión se tomó en el marco de una Mesa Sectorial Avícola convocada por la CGT.

Conflicto en Granja Tres Arroyos: gremios piden audiencia con Jefatura de Gabinete

Como primera medida concreta, las organizaciones sindicales acordaron impulsar una reunión urgente con los gobernadores de las provincias involucradas en el conflicto y, centralmente, gestionar una audiencia con la Jefatura de Gabinete de la Nación. El objetivo declarado es "garantizar el sustento de cientos de familias" que dependen de la actividad del Grupo GTA, integrado por Granja Tres Arroyos, Wade (ex Cresta Roja) y Avex.

Desde UATRE remarcaron que la compañía "acumula deudas salariales e incumple sistemáticamente los acuerdos de pago asumidos, manteniendo una total opacidad sobre su situación financiera real". A eso se suma un dato que los gremios consideraron especialmente grave, ya que durante el encuentro se denunciaron descuentos aplicados a trabajadores que ejercieron su derecho a reclamar por el cobro de haberes, una práctica que la organización calificó directamente de antisindical.

"No es aceptable que quienes sostienen la producción todos los días carguen con las consecuencias de esta crisis empresarial", sostuvo José Voytenco, titular de los trabajadores rurales, quien ratificó que la UATRE, en unidad con la CGT, "continuará implementando todas las herramientas gremiales, políticas e institucionales necesarias" hasta que el Grupo GTA regularice los pagos pendientes, garantice el respeto de los derechos laborales y asegure la continuidad de cada puesto de trabajo.

La postura de la cámara avícola: "No es una crisis del sector, es una crisis de la empresa"

Uno de los puntos que más repercusión generó en la Mesa Sectorial fue la intervención de la propia cámara empresaria de la actividad avícola, que reconoció ante los gremios que el sector en su conjunto no atraviesa una crisis estructural. Ese dato, remarcado tanto por UATRE como por la CGT, busca despejar cualquier lectura que equipare la situación de GTA con la del resto de la industria del pollo en la Argentina y pone el foco exclusivamente en la gestión del Grupo GTA, que según los gremios "debe asumir sus responsabilidades".

La distinción no es menor, ya que mientras la compañía que supo concentrar cerca del 35% de la faena nacional se encuentra en su peor momento financiero y operativo, otras firmas del sector no reportan dificultades comparables, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un problema puntual de administración y endeudamiento de GTA, y no de un fenómeno de precios, costos o demanda que afecte a toda la cadena avícola.

Antecedentes del Grupo GTA: una crisis financiera que se arrastra desde 2023

El pedido de intervención estatal llega en el momento más crítico de la historia reciente de Granja Tres Arroyos, una compañía fundada en la década de 1930 por el inmigrante italiano Gaspar De Grazia y hoy conducida por su hijo, Joaquín De Grazia, con Tyson Foods como socio minoritario desde 2022, con el 34% del capital accionario.

El origen de la debacle se remonta a la irrupción de la gripe aviar en 2023 y la posterior pérdida del mercado chino, que implicó para el sector una caída estimada en u$s160 millones en exportaciones. Para GTA, ese golpe fue particularmente severo: la participación del mercado externo chino en su volumen exportado cayó del 33% al 25%, lo que obligó a redirigir al mercado local una enorme cantidad de mercadería que estaba destinada a Oriente. En diciembre de 2024, la empresa había solicitado ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis, expediente que nunca llegó a aprobarse formalmente a nivel nacional.

Desde entonces, el deterioro fue en escalada constante. Durante 2025 se sucedieron cierres y reestructuraciones: la planta de Tristán Suárez cerró de manera definitiva, la de Beccar hizo lo propio en noviembre, y sus 270 trabajadores fueron trasladados a la planta La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. En la planta de La Lonja, en Pilar, se aplicó un esquema de tres días de trabajo semanales con pago del 50% del salario en las jornadas sin actividad, y en abril de este año la compañía suspendió a otros 200 operarios de ese mismo establecimiento por 180 días.

Faena en mínimos históricos y éxodo de productores integrados

El impacto productivo de la crisis es contundente. GTA operaba históricamente con una capacidad cercana a los 700.000 pollos faenados por día; hoy, según fuentes del sector, apenas alcanza los 200.000, menos de un tercio de su capacidad histórica. En paralelo, la compañía perdió a la enorme mayoría de sus productores integrados: hacia abril, el 60% de las granjas que trabajaban con la firma en Entre Ríos ya se habían retirado por atrasos en los pagos, y para mayo la pérdida de productores integrados superaba el 85% a nivel nacional.

El punto de mayor tensión llegó el 26 de mayo, cuando GTA anunció el cierre por tiempo indeterminado de la planta La China, en Concepción del Uruguay, que emplea a unas 700 personas. La empresa atribuyó la decisión a "los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región", una versión que los sindicatos locales rechazan de plano, al sostener que el origen del conflicto es exclusivamente financiero.

Deuda millonaria y cheques rechazados en el Banco Central

El deterioro financiero del grupo quedó reflejado en el goteo constante de cheques rechazados registrado por el Banco Central. De los 224 documentos por poco más de $7.000 millones informados en febrero, la cifra escaló a unos 1.200 cheques por más de $20.100 millones a fines de marzo, y llegó a 1.813 documentos impagos por $29.333.390.645 hacia fines de mayo. Sumando a las sociedades vinculadas Wade S.A. y Avex S.A., el total de cheques rechazados del grupo superó recientemente los $66.000 millones, según registros oficiales.

A la par de esa hemorragia financiera, la compañía avanza —junto con la consultora Valo Columbus— en una reestructuración privada de pasivos por unos u$s350,9 millones, que incluye deuda comercial, fiscal y financiera, con acreedores como:

• ACA
• Bunge
• Dreyfus
• Rabobank
• El Banco Nación
• Organismos como ARCA y ARBA

La propuesta contempla quitas de hasta el 75% del capital y plazos de pago de hasta siete años, pero exigía la adhesión del 100% de los acreedores financieros y el 90% de los comerciales, además de la obtención de unos u$s80 millones de capital de trabajo fresco antes del 30 de junio. Esa fecha límite ya venció sin que trascendiera un acuerdo formal, mientras se multiplican las presentaciones judiciales de proveedores y empresas de servicios que reclaman deudas impagas.

El reclamo de la CGT y UATRE en el centro de la escena política

En ese contexto de plantas paralizadas, salarios adeudados y una negociación financiera que no logra cerrarse, el pedido de UATRE y la CGT busca trasladar el conflicto a la agenda del Gobierno Nacional. La central obrera y el gremio rural apuntan a que la intervención estatal permita destrabar tanto la situación salarial inmediata de los trabajadores como una definición sobre el futuro productivo de las plantas paralizadas, en particular La China, cuyos 700 empleados llevan más de un mes sin certezas sobre la continuidad de sus puestos.