El Gobierno endurece controles sobre radios ilegales y emisiones que afectan vuelos

El Gobierno nacional decidió reforzar el control sobre las interferencias radioeléctricas que puedan comprometer la seguridad pública y el funcionamiento de servicios críticos.

Lo hizo mediante un nuevo protocolo que acelera la actuación del Estado y amplía las herramientas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para intervenir frente a emisiones ilegales o irregulares.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 468/2026, publicada este miércoles 2 de julio en el Boletín Oficial, mediante la cual el organismo derogó el procedimiento vigente desde octubre de 2020 y aprobó un nuevo régimen para actuar cuando una interferencia afecte servicios considerados esenciales.

La actualización responde, según explica la propia resolución, a la experiencia acumulada durante casi seis años de aplicación del protocolo anterior.

Ese análisis permitió detectar demoras administrativas que, en determinadas circunstancias, resultaban incompatibles con la urgencia que requiere una situación capaz de poner en riesgo la seguridad de las personas o el normal funcionamiento de servicios estratégicos.

"Las diversas actuaciones evidenciaron la necesidad de una revisión, adecuación y modificación" del procedimiento vigente, sostiene el texto oficial.

Además señala que el objetivo es garantizar una intervención "rápida" y un proceso administrativo sumario que permita resolver estos casos sin afectar las garantías de defensa de los involucrados.

Qué servicios quedan protegidos

El nuevo régimen concentra su atención en las denominadas interferencias perjudiciales sobre servicios esenciales.

Es decir, aquellas emisiones que pueden alterar comunicaciones cuya interrupción represente un riesgo para la vida humana o para el funcionamiento de organismos públicos.

La resolución considera dentro de esa categoría al Servicio Móvil Aeronáutico; Servicio de Radionavegación Aeronáutica; las comunicaciones utilizadas por aeropuertos y aeródromos y los sistemas de emergencia.

También abarca cualquier otro servicio cuya interferencia pueda afectar la seguridad de la ciudadanía o impedir el cumplimiento de funciones esenciales del Estado.

En la práctica, se trata de redes utilizadas para coordinar operaciones aéreas, servicios sanitarios, bomberos, fuerzas de seguridad y otras comunicaciones críticas cuyo funcionamiento depende de un uso ordenado del espectro radioeléctrico.

Aunque las interferencias pueden originarse por fallas técnicas o equipos mal configurados, uno de los focos históricos de preocupación del ENACOM son las emisiones clandestinas o sin autorización, especialmente radios ilegales o transmisores que operan fuera de las frecuencias habilitadas.

Procedimiento mucho más rápido

Uno de los principales cambios introducidos por la resolución es la reducción de los tiempos de respuesta.

A partir de ahora, toda denuncia por interferencias sobre servicios esenciales deberá ser atendida con carácter prioritario y los Centros de Comprobación Técnica de Emisiones (CCTE) del ENACOM tendrán un plazo máximo de 24 horas para iniciar las verificaciones técnicas.

Durante esa inspección deberán determinar el origen de la interferencia, identificar al responsable y establecer la causa que la produce.

Si los técnicos comprueban la existencia de una emisión perjudicial, podrán intimar en el mismo acto al responsable para que cese inmediatamente las transmisiones.

Si el titular de la estación ignore la intimación, impida el ingreso de los inspectores o continúe transmitiendo, el personal técnico quedará facultado para presentarse ante el Juzgado Federal competente y solicitar las medidas necesarias para eliminar la interferencia.

Ese procedimiento puede derivar posteriormente en órdenes judiciales de allanamiento y en el secuestro de los equipos utilizados para realizar las emisiones.

Evitar riesgos para la seguridad

En los fundamentos de la resolución, el ENACOM sostiene que las interferencias sobre servicios esenciales requieren un tratamiento diferencial porque pueden tener consecuencias mucho más graves que una simple afectación técnica.

Por ese motivo, el nuevo protocolo incorpora mecanismos que permiten acelerar tanto la actuación de los equipos técnicos como la intervención de las áreas jurídicas y administrativas del organismo.

Incluso, una vez solucionada la interferencia, los especialistas deberán continuar monitoreando la frecuencia durante entre 12 y 24 horas —según la distancia respecto del centro técnico interviniente— para confirmar que la emisión perjudicial desapareció por completo y que los sistemas afectados recuperaron su funcionamiento normal.

De esta manera, el Gobierno busca reducir al mínimo el tiempo durante el cual una interferencia pueda comprometer comunicaciones vinculadas con operaciones aéreas, emergencias o cualquier otro servicio considerado crítico para la seguridad pública.

Más facultades para el ENACOM

El nuevo protocolo no sólo acelera las inspecciones técnicas.

También reorganiza todo el circuito administrativo para que las distintas áreas del ENACOM intervengan con plazos definidos y sin demoras innecesarias.

Una vez identificada la fuente de la interferencia, el presunto responsable dispondrá de cinco días corridos para presentar su descargo a través de la plataforma Trámite a Distancia (TAD).

En el caso de empresas o licenciatarios autorizados, además deberán acompañar un informe técnico elaborado por un ingeniero matriculado que detalle las medidas adoptadas para evitar nuevas interferencias.

A partir de allí comenzará el análisis de la situación legal de la estación.

Si se trata de un operador autorizado, el expediente seguirá el procedimiento sancionatorio previsto por la legislación vigente.

En cambio, si la estación carece de licencia o autorización para operar, el ENACOM podrá avanzar con un procedimiento mucho más expeditivo.

Entre las herramientas previstas figuran la declaración de ilegalidad de la estación de radiodifusión, el pedido de allanamiento ante la Justicia Federal, el secuestro de los equipos utilizados para transmitir y, en los casos más graves o cuando existan antecedentes de reincidencia, la posibilidad de impulsar una denuncia penal.

Uno de los cambios más relevantes es que la facultad para declarar ilegal una estación de servicios de comunicación audiovisual quedará concentrada en la máxima autoridad del ENACOM, con el objetivo de acelerar la adopción de medidas frente a situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de la población.

Un recurso estratégico

Aunque suele pasar inadvertido para la mayoría de los usuarios, el espectro radioeléctrico es uno de los activos más importantes que administra el Estado.

Sobre esas frecuencias funcionan las redes de telefonía móvil, Internet inalámbrica, radio, televisión abierta, comunicaciones satelitales, enlaces de empresas, sistemas de navegación aérea y una gran cantidad de servicios utilizados diariamente por organismos públicos y compañías privadas.

Su administración está regulada por las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, mientras que el ENACOM actúa como autoridad de aplicación, otorgando licencias, autorizaciones y permisos de uso, además de controlar que las emisiones respeten las condiciones técnicas establecidas.

Cuando aparecen transmisiones ilegales o equipos que operan fuera de los parámetros autorizados, pueden producirse interferencias capaces de degradar o incluso interrumpir comunicaciones críticas, especialmente en zonas de alta concentración de frecuencias como grandes ciudades o áreas aeroportuarias.

Qué impacto tendrá para el sector

La nueva resolución alcanza a un amplio universo de actores vinculados con las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Además de radios y canales de televisión, también involucra a prestadores de servicios TIC, operadores de enlaces radioeléctricos, titulares de sistemas inalámbricos autorizados y cualquier otro usuario del espectro cuyas emisiones puedan generar interferencias sobre servicios esenciales.

Para las empresas que operan dentro del marco regulatorio no implica nuevas obligaciones de fondo, aunque sí un mayor nivel de exigencia para corregir rápidamente cualquier inconveniente técnico que pueda afectar a terceros.

En cambio, para quienes operen sin autorización o incumplan las intimaciones del organismo, el nuevo protocolo acelera el camino hacia las sanciones administrativas y las acciones judiciales.

Con esta resolución, el Gobierno busca fortalecer el control sobre el uso del espectro radioeléctrico y reducir los tiempos de respuesta frente a incidentes que puedan comprometer comunicaciones críticas.

El objetivo es combinar una actuación técnica inmediata con procedimientos administrativos más ágiles para preservar el funcionamiento de servicios cuya continuidad resulta clave para la seguridad pública y el normal desarrollo de actividades estratégicas como la aviación, las emergencias y las telecomunicaciones.