La textil que recuperó una fábrica histórica pasó de 100 empleados a 8 y enfrenta una deuda millonaria

La historia de Fisipa empezó como una apuesta por recuperar parte de la industria textil nacional. En 2014, la empresa puso nuevamente en funcionamiento la planta de la ex Sniafa, una fábrica histórica de La Plata que había quebrado cuatro años antes, reincorporó a varios de sus antiguos operarios e inició la producción de hilados sintéticos de poliéster. Doce años después, ese proyecto atraviesa su momento más crítico: con apenas ocho empleados, luego de haber llegado a tener alrededor de 100 trabajadores, la compañía quedó formalmente bajo concurso preventivo de acreedores, luego de que la Justicia Comercial abriera el proceso el pasado 19 de junio.

El deterioro se aceleró durante los últimos dos años. Primero llegaron las reducciones de personal, luego las suspensiones rotativas por falta de actividad y, finalmente, los despidos. El conflicto estalló el 22 de mayo, cuando 17 trabajadores aseguraron que se enteraron de que habían sido desvinculados al llegar a la planta. Una semana después realizaron una protesta frente al establecimiento ubicado en el predio de la ex Sniafa y el caso llegó al Ministerio de Trabajo bonaerense. En una audiencia realizada a comienzos de junio, Fisipa ofreció pagar el 50% de las indemnizaciones, propuesta que fue rechazada por los empleados, que reclamaron el pago íntegro de las compensaciones. Con esas cesantías, la plantilla quedó reducida a apenas ocho personas, según la nómina presentada en el expediente concursal.

La apertura del concurso fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1, a cargo de Alberto Alemán, luego de que la empresa se presentara el 1 de junio. Los acreedores tendrán plazo hasta el 15 de septiembre para verificar sus créditos ante la sindicatura designada.

De recuperar una fábrica quebrada a quedar atrapada por la crisis

Fisipa nació ocupando un predio de 40.000 metros cuadrados donde funcionó durante décadas la ex Sniafa, una de las plantas textiles más importantes de La Plata, dedicada a la fabricación de hilados de nylon. Cuando la nueva sociedad tomó posesión del establecimiento encontró instalaciones deterioradas y maquinaria obsoleta. Parte de esos equipos fue reacondicionada y luego incorporó nuevas máquinas para ampliar la producción de hilados sintéticos.

Los primeros operarios fueron justamente trabajadores de la vieja fábrica que habían quedado desempleados tras la quiebra. La empresa logró expandir su actividad hasta 2017, pero desde entonces comenzó un ciclo de retroceso que, según explica en su presentación judicial, acompañó el deterioro que atravesó toda la industria textil.

Tras la pandemia, la producción volvió a crecer temporalmente e incluso en 2021 recibió dos máquinas de texturizado de Mafisa para producir hilo a fasón. Sin embargo, en 2023 volvió a enfrentar dificultades por las restricciones para importar las materias primas que utiliza en su proceso productivo. Según la empresa, más del 90% de sus insumos son de origen importado, ya que no existe producción nacional suficiente para abastecer ese segmento, por lo que las trabas al comercio exterior afectaron directamente la fabricación.

La apertura importadora, los costos y el desplome del negocio

Superado ese escenario, la empresa sostiene que en 2024 enfrentó un problema de signo contrario. En el escrito presentado ante la Justicia afirma que la reducción de los aranceles de importación del hilado sintético que produce, junto con la eliminación de distintos mecanismos de administración del comercio exterior, facilitó el ingreso de productos importados que comenzaron a competir con la producción local. A ese escenario sumó el aumento de más del 600% en las tarifas de los servicios públicos, el elevado costo del financiamiento y los incrementos salariales.

Según sostiene, al tratarse de un commodity con precio internacional, no pudo trasladar esos mayores costos a sus precios de venta. La combinación de una caída del consumo, una mayor competencia de productos importados y el incremento de los costos redujo cada vez más la utilización de la capacidad instalada hasta volver inviable el negocio.

La empresa explica que primero liquidó stocks de materias primas, luego consumió su capital de trabajo, recurrió a planes de pago impositivos y tomó financiamiento de corto plazo para afrontar salarios y aguinaldos. Pero las ventas siguieron cayendo hasta volver imposible el cumplimiento de sus obligaciones.

En la presentación reconoce que el 26 de mayo de este año quedó configurada la cesación de pagos, cuando ya no pudo afrontar los compromisos asumidos con ARCA.

Un pasivo de más de $565 millones en medio de la crisis textil

La documentación presentada en el concurso informa un pasivo total de $565,3 millones. De ese monto:

• $168 millones corresponden a acreedores comerciales por compra de bienes y servicios
• $26,3 millones a deudas financieras
• $161,2 millones a obligaciones fiscales y de la seguridad social
• $209,7 millones a deudas laborales

Entre los principales compromisos figuran deudas con proveedores, empresas de energía, organismos públicos, la Asociación Obrera Textil, además de obligaciones impositivas y laborales acumuladas.

La crisis de Fisipa no aparece aislada. Los últimos datos de Fundación Pro Tejer, elaborados sobre estadísticas del INDEC, muestran que la producción textil cayó 23% interanual en abril, mientras que la utilización promedio de la capacidad instalada durante el primer cuatrimestre fue de apenas 36,6%, uno de los niveles más bajos de la serie histórica fuera de la pandemia. El sector también registra una fuerte pérdida de empleo y cierre de establecimientos industriales.

Ahora la empresa intentará utilizar el concurso preventivo para renegociar sus compromisos con los acreedores y evitar una quiebra. El proceso ya tiene un cronograma definido por la Justicia: la verificación de créditos cerrará en septiembre, mientras que la audiencia informativa fue fijada para junio de 2027, instancia clave para conocer si la compañía logra alcanzar un acuerdo que le permita continuar operando.