El Gobierno cambia las reglas para las empresas de telecomunicaciones
El gobierno nacional decidió cambiar las reglas para las empresas y organizaciones que utilizan el espectro radioeléctrico en la Argentina.
Lo hizo a partir de una reforma que modifica el sistema de aranceles, las fórmulas de cálculo y la periodicidad de los pagos que deben realizar los usuarios de este recurso estratégico.
La medida fue adoptada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) mediante la Resolución 481/2026, publicada el pasado lunes 6 de julio en el Boletín Oficial.
La decisión supone el reemplazo de un régimen que había sido creado en 1995 y que, desde entonces, acumuló una larga sucesión de modificaciones parciales.
El cambio tiene impacto sobre un amplio universo de compañías y usuarios que necesitan frecuencias para sus operaciones.
El espectro es utilizado por:
- Operadores de telecomunicaciones
- Redes y sistemas de radiocomunicaciones
- Enlaces para transportar señales
- Servicios marítimos y aeronáuticos
- Diferentes redes privadas e institucionales
La decisión oficial busca ordenar un sistema que, según reconoce el propio organismo, quedó desactualizado frente a la evolución tecnológica de las últimas tres décadas.
Pero también apunta a modificar la lógica económica y administrativa de la recaudación a partir de que el ENACOM detectó que actualmente emite una cantidad significativa de facturas por montos tan bajos que, en algunos casos, el costo administrativo de generarlas, enviarlas y gestionar su cobro no se justifica frente a los ingresos obtenidos.
Por eso, el nuevo esquema contempla cambios en la periodicidad de la facturación, agrupamiento de categorías, eliminación de tecnologías que dejaron de utilizarse y la creación de rubros específicos para servicios que no existían cuando se diseñó la normativa original.
El fin de un esquema antiguo
El régimen que ahora será reemplazado fue aprobado en diciembre de 1995, cuando el mercado argentino de las telecomunicaciones tenía una estructura completamente diferente de la actual.
Desde entonces, la telefonía móvil se masificó, Internet modificó el negocio de las comunicaciones, las redes se digitalizaron y se desarrollaron nuevas tecnologías para transportar voz, imágenes, datos y contenidos audiovisuales.
Frente a esos cambios, el sistema original fue acumulando resoluciones destinadas a corregir errores, aclarar interpretaciones o incorporar nuevos servicios.
El resultado fue una estructura regulatoria fragmentada, con numerosos rubros, fórmulas y categorías que, en muchos casos, dejaron de representar el funcionamiento real del mercado.
El propio ENACOM sostiene en la resolución que el desarrollo y la evolución de las telecomunicaciones introdujeron tecnologías y servicios de radiocomunicaciones que directamente no existían al momento de aprobarse el régimen original.
El organismo también advierte que las comunicaciones funcionan actualmente en un entorno convergente, en el cual los contenidos pueden ser recibidos, producidos, transportados y distribuidos con independencia de la plataforma tecnológica utilizada.
Ese cambio obligó a revisar el modelo de cobro por el uso del espectro radioeléctrico, que la Ley 27.078 define como un recurso intangible, finito y de dominio público, cuya administración, gestión y control constituyen una responsabilidad indelegable del Estado.
Qué cambia para las empresas
Uno de los principales cambios será la revisión de los derechos radioeléctricos comprendidos en el régimen y de las fórmulas utilizadas para calcularlos.
La reforma simplifica la cantidad de rubros existentes y busca que los pagos se encuentren relacionados con las características técnicas de cada servicio, su modalidad de operación y la porción del espectro efectivamente utilizada.
Hasta ahora, algunos servicios que surgieron durante las últimas décadas eran facturados mediante su asimilación a categorías previamente existentes.
Para el ENACOM, esa solución permitió incorporar transitoriamente nuevas tecnologías al esquema de pagos, pero no necesariamente reflejaba de manera adecuada sus características técnicas y operativas.
El nuevo régimen incorpora expresamente esos sistemas y establece un tratamiento específico para su facturación.
Además, la resolución aprobó cuatro anexos que conforman la nueva estructura:
- Régimen de Derechos y Aranceles Radioeléctricos
- Anchos de Banda de Referencia especificados por banda y sistema
- Aranceles Administrativos
- Tabla de valores para las fórmulas correspondientes a determinados sistemas
El impacto económico concreto, por lo tanto, no será idéntico para todos los usuarios sino que dependerá del tipo de servicio, las frecuencias utilizadas, el ancho de banda asignado, las características de cada red y la fórmula correspondiente.
Menos facturas y nuevos plazos de pago
Uno de los problemas que el Gobierno busca corregir con este cambio es la estructura de facturación.
En la actualidad, los derechos radioeléctricos se pagan con una periodicidad mensual, cuatrimestral o anual, según el servicio o sistema autorizado.
Sin embargo, el ENACOM detectó que existe una importante cantidad de facturas de bajo valor nominal y escasa incidencia sobre el total de la recaudación.
Según explica la resolución, en algunos casos el monto promedio facturado no alcanza para cubrir el costo de emisión y remisión del comprobante, además de toda la gestión administrativa necesaria para realizar el seguimiento del pago.
La reforma busca reducir esa carga operativa mediante cambios en la frecuencia de facturación de determinados servicios.
El criterio será analizar el monto recaudado por cada categoría y su peso dentro del total de los ingresos por derechos radioeléctricos.
De esa manera, aquellos usuarios o servicios con menor participación cuantitativa podrán tener una periodicidad de pago diferente, reduciendo la cantidad de comprobantes emitidos.
Para el organismo, esta modificación permitirá generar un ahorro en la gestión administrativa de la cobranza y también en los eventuales procedimientos que deben iniciarse frente a la falta de pago.
Se eliminan tecnologías y categorías
La reforma también avanza sobre una de las mayores distorsiones que acumuló el régimen anterior: la existencia de categorías vinculadas con tecnologías que quedaron en desuso.
El ENACOM reemplazó los anexos correspondientes a los Sistemas Multicanales Analógicos (MXA), Sistemas Multicanales Digitales (MXD), Sistemas de Transporte de Programas de Televisión (TPTV) y Sistemas de Transporte de Señales de Video (STSV).
Las antiguas tablas habían sido diseñadas tomando como elemento central las bandas de frecuencias autorizadas.
Pero las atribuciones y usos de esas bandas sufrieron numerosas modificaciones desde 1995 como consecuencia del desarrollo de las telecomunicaciones y la aparición de nuevas tecnologías.
Según el diagnóstico oficial, esa situación terminó generando cientos de rubros de facturación diferentes y una estructura compleja que complicaba tanto la administración y cobranza como la interpretación del régimen por parte de usuarios y prestadores.
El objetivo de reemplazo es simplificar la implementación, el seguimiento y el control de las facturas y reducir las dificultades de interpretación.
En paralelo, la resolución deroga una extensa lista de normas dictadas entre 1996 y 2025 por organismos que tuvieron a su cargo la regulación de las telecomunicaciones.
La idea es concentrar en un único régimen una normativa que se había fragmentado durante tres décadas.
Nuevas categorías
La actualización también incorpora expresamente sistemas y servicios radioeléctricos que actualmente se encuentran operativos y autorizados, pero que no tenían una categoría específica dentro del régimen.
Hasta ahora, esos servicios podían ser facturados mediante su asimilación a otros rubros pero el ENACOM considera que ese mecanismo dejó de ser adecuado porque no siempre refleja el uso real del espectro ni las características técnicas de las nuevas tecnologías.
A partir de la reforma, los derechos deberán calcularse de acuerdo con el uso específico del recurso radioeléctrico, las características del servicio, su modalidad de funcionamiento y la porción del espectro ocupada.
Se trata de uno de los puntos que deberán analizar con mayor atención las empresas alcanzadas por el cambio.
Si bien la resolución establece la nueva arquitectura regulatoria, el efecto final sobre los costos de cada operador dependerá de su actividad y de los parámetros técnicos aplicables.
El rol de barcos y del sistemas de baja potencia
La resolución también contempla un tratamiento particular para determinados usuarios de menor escala.
El ENACOM decidió simplificar los procedimientos de pago para los Servicios de Banda Ciudadana, los sistemas de Reducida Potencia y las estaciones deportivas de barco comprendidas dentro del Servicio Móvil Marítimo.
En estos casos, se establecerá una nueva modalidad de pago que busca reducir tanto los trámites para los usuarios como el costo administrativo para el organismo.
La decisión forma parte del criterio general adoptado en la reforma que es el de evaluar la relación entre el costo de administrar y cobrar un derecho radioeléctrico y el ingreso que finalmente obtiene el Estado.
La misma lógica llevó al organismo a eliminar el derecho anual de mantenimiento que se cobraba a determinadas instituciones sanitarias y de beneficencia.
Esas entidades ya estaban exceptuadas de otros derechos y, según explica la resolución, la recaudación obtenida por ese concepto era prácticamente nula.
Cuándo comienzan a regir las nuevas reglas
La reforma no tendrá aplicación inmediata ya que la norma establece que el nuevo régimen comenzará a regir a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Durante ese período, el ENACOM deberá completar las normas complementarias y adaptar sus sistemas administrativos e informáticos para poner en marcha la nueva modalidad de facturación.
Para las empresas alcanzadas, el período de transición servirá para analizar el impacto de las nuevas fórmulas, categorías y frecuencias de pago sobre sus estructuras de costos.
El cambio llega en un mercado en el que el espectro se convirtió en uno de los activos estratégicos para el desarrollo de la conectividad y las comunicaciones.
La reforma, por eso, va más allá de una depuración administrativa de normas antiguas.
Después de más de 30 años de modificaciones parciales, el Gobierno decidió cambiar la forma de calcular, administrar y cobrar por el uso de un recurso limitado y estratégico para el negocio de las telecomunicaciones.
El efecto concreto comenzará a verse cuando las nuevas reglas se traduzcan en las facturas de las empresas y usuarios alcanzados por el régimen.