El Gobierno acelera la venta de bienes del Estado: qué activos podrán comprarse

El Gobierno prepara una nueva etapa en su política de venta de activos públicos.

Pero esta vez el foco no está puesto en los edificios, terrenos y grandes inmuebles fiscales que vienen saliendo a subasta, sino en un universo mucho más amplio y atomizado: autos, camionetas, motos, camiones, maquinaria, equipos industriales, bienes decomisados y otros activos que permanecen en poder de organismos nacionales.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) modificó las reglas para la comercialización de ese patrimonio y avanzó en el armado de un sistema que incorporará plataformas electrónicas privadas para organizar subastas online e intervenir en determinadas operaciones de venta directa.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 111/2026, publicada en el Boletín Oficial. La norma modifica el Reglamento de Administración y Disposición de Bienes Muebles y Semovientes del Estado Nacional y eleva y unifica en 400 módulos el límite para utilizar mecanismos más ágiles de comercialización.

Con el valor actual del módulo establecido en $40.000, el umbral representa $16 millones por bien.

El cambio puede abrir una competencia entre operadores especializados en remates electrónicos, un mercado donde aparecen en el radar compañías como Adrián Mercado, NarvaezBid, Superbid Argentina y Agusti Subastas, además de proveedores de infraestructura tecnológica como eSubasta.

La futura licitación será la que determine cuáles de esas empresas, u otros jugadores del mercado, deciden efectivamente presentar ofertas.

Un negocio que va mucho más allá de los autos oficiales

El universo alcanzado por el nuevo reglamento es considerablemente más amplio que una liquidación de vehículos de la administración pública.

La normativa comprende:

• Maquinaria y equipos
• Automotores y motovehículos
• Equipamiento militar y de seguridad
• Libros, revistas y otros elementos coleccionables
• Obras de arte y semovientes
• Bienes registrables como maquinaria pesada, buques y aeronaves

Para ser vendidos, los activos deberán cumplir con las condiciones previstas en el reglamento. Pueden ser bienes declarados en desuso porque dejaron de resultar útiles para el organismo que los posee, activos en condición de rezago por obsolescencia o deterioro, bienes decomisados u otros casos contemplados por la normativa.

El objetivo oficial es reducir el tiempo durante el cual esos activos permanecen inmovilizados y generan gastos de custodia, mantenimiento, almacenamiento y administración.

Quiénes podrían mirar la licitación

El mercado argentino de subastas electrónicas cuenta con varios operadores especializados en activos corporativos, flotas y bienes de capital.

Adrián Mercado es uno de los nombres tradicionales del sector y desarrolla remates online de vehículos, camiones, semirremolques, maquinaria vial y agrícola, grúas, excavadoras y equipamiento industrial.

NarvaezBid tiene un perfil vinculado con la comercialización digital de automóviles, motos, camiones, maquinaria pesada, tractores, equipos industriales e inmuebles.

Superbid Argentina también participa del segmento de subastas electrónicas y comercialización de vehículos, equipos y bienes de capital.

Otro jugador es Agusti Subastas, con actividad en liquidaciones de flotas y activos corporativos, entre ellos autos, pick-ups, ómnibus y equipos provenientes de grandes empresas.

A ese grupo se suman proveedores tecnológicos como eSubasta, cuyo negocio está relacionado con la infraestructura digital necesaria para desarrollar procesos de remates electrónicos.

La resolución no identifica potenciales oferentes ni anticipa qué empresas participarán. Por eso, estos nombres deben ser considerados jugadores naturales del mercado y no candidatos confirmados.

El atractivo definitivo dependerá de los pliegos, el volumen de bienes que el Estado ponga a disposición y el esquema de remuneración previsto para las plataformas adjudicatarias.

Cómo funcionará el sistema

Hasta ahora, el Estado utiliza como principal herramienta de remates públicos la plataforma SUBAST.AR.

La nueva regulación agrega otra vía. La AABE realizará una licitación pública para convocar a plataformas electrónicas privadas interesadas en prestar servicios de organización, gestión y realización de subastas electrónicas o intermediación comercial.

Las empresas adjudicatarias tendrán a su cargo la publicación de los avisos y la gestión de las operaciones.

La AABE conservará la facultad de emitir las órdenes de venta y controlar la instancia final de la operación con el comprador.

Los organismos que quieran desprenderse de un activo deberán entregar información y documentación sobre cada bien: declaración de desuso o rezago, informe técnico, fotografías, valuación contable, tasación y ubicación.

En los bienes registrables, las exigencias son mayores.

Para vender un vehículo deberán presentarse, entre otros documentos, el título de propiedad, un informe de dominio que acredite la inexistencia de gravámenes o restricciones, documentación registral, informe sobre deuda de patentes y verificación policial vigente.

Qué cambia con el límite de $16 millones

La Resolución 111/2026 modificó dos artículos centrales del reglamento.

Por un lado, establece que, si una segunda convocatoria de subasta también queda desierta o el valor del bien no supera los 400 módulos, el activo podrá publicarse como "en venta" en el sitio oficial del organismo que lo administra.

La publicación deberá informar el precio base y un correo electrónico para que los interesados manifiesten su intención de compra.

Por otro lado, los bienes valuados hasta ese mismo límite, o aquellos que hayan pasado por subastas desiertas o fracasadas, podrán ingresar en un proceso de venta directa mediante una plataforma electrónica privada seleccionada por licitación.

Sin embargo, la venta directa tiene un mecanismo previo de competencia: antes de emitir la orden de venta, la AABE deberá publicar el activo durante por lo menos cinco días, y si recibe dos o más manifestaciones de interés, la operación deberá realizarse mediante una subasta.

El problema de los remates sin compradores

Uno de los objetivos de la reforma es reducir la cantidad de procedimientos que fracasan por falta de interesados.

El reglamento establece que, cuando una primera subasta queda desierta, puede convocarse un segundo procedimiento y reducirse el precio base hasta un 10%.

Si tampoco aparecen compradores, se habilitan otras alternativas de comercialización.

La apuesta por plataformas privadas busca precisamente ampliar el universo de interesados. Los operadores especializados cuentan con bases propias de compradores de vehículos usados, transportistas, contratistas, empresas industriales, productores agropecuarios y comerciantes de maquinaria.

Para el Gobierno, esa llegada comercial podría permitir mejores precios y acelerar la salida de bienes que actualmente pierden valor dentro de depósitos o predios estatales.

La diferencia con la venta de inmuebles

El nuevo esquema corre en paralelo con la política de subastas inmobiliarias de la AABE.

En ese mercado, el Gobierno viene ofreciendo terrenos y edificios públicos con bases que, en algunos casos, superan el millón de dólares.

El negocio de los bienes muebles tiene una lógica diferente. En lugar de pocas operaciones de alto valor, puede generar un flujo de mayor cantidad de lotes y operaciones de menor monto individual.

Esa escala es la que podría resultar atractiva para las plataformas privadas.

El potencial negocio no depende solamente del precio de cada vehículo o máquina, sino del volumen acumulado de operaciones que la administración nacional canalice a través del nuevo sistema.

El punto sensible de las tasaciones

La mayor velocidad en las ventas tendrá como contrapartida un desafío: garantizar que los bienes públicos no sean vendidos por debajo de valores razonables de mercado.

El reglamento establece que el precio base deberá ser fijado por el servicio administrativo financiero del organismo que administra el activo.

Para hacerlo podrá utilizar indicadores de mercado, publicaciones especializadas, bases de datos de precios privados y relevamientos entre proveedores.

Cuando las características del bien lo justifiquen, también podrán intervenir el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismos provinciales de tasación o bancos oficiales.

La norma fija además un límite: el precio determinado no podrá ser inferior al valor contable del activo.

La transparencia de las tasaciones y la cantidad de compradores que logren atraer las plataformas serán dos de los indicadores centrales para evaluar el funcionamiento del modelo.

El Gobierno ya definió las nuevas reglas. Ahora falta conocer la letra chica de la licitación y qué empresas decidirán competir.

Cuando eso ocurra, Adrián Mercado, NarvaezBid, Superbid Argentina, Agusti Subastas y otros operadores especializados tendrán que decidir si quieren ingresar a un mercado que el Estado busca ampliar: el de vender más rápido los autos, las máquinas y los equipos que ya no utiliza.