La motosierra de Jorge Macri recorta más del 20% de la estructura gerencial de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una de las mayores reestructuraciones administrativas de los últimos años, con la eliminación de 359 gerencias y subgerencias operativas distribuidas entre ministerios, secretarías, agencias de control, organismos ambientales, áreas tecnológicas y dependencias encargadas de administrar algunos de los principales servicios públicos porteños.

La decisión fue formalizada mediante los decretos 259/2026 y 260/2026, firmados por el jefe de gobierno, Jorge Macri, que funcionan como dos partes de una misma reforma y que fueron publicados el pasado viernes 17 de julio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

El primero ordena la supresión de cientos de unidades jerárquicas desde el 1° de agosto y exige definir el nuevo destino de los trabajadores que dependían de ellas.

El segundo reemplaza el régimen gerencial vigente desde 2009 y establece condiciones más exigentes para crear, mantener y cubrir cargos de conducción dentro de la administración pública.

La poda equivale a más del 20% de la planta gerencial de la Ciudad, aunque los decretos no determinan una reducción automática de empleados ni informan cuánto dinero espera ahorrar el distrito y tampoco fijan una meta presupuestaria concreta.

En cambio, el Ejecutivo porteño dispuso que las direcciones generales técnicas, administrativas y legales de cada jurisdicción comuniquen, dentro de los 30 días, cuál será la nueva asignación de la dotación afectada.

Es decir, la norma elimina estructuras y cargos jerárquicos, pero ordena redistribuir al personal que trabajaba en esas dependencias.

Ese punto resulta central para dimensionar el alcance real de la medida ya que la reforma puede reducir gastos vinculados con adicionales salariales, funciones ejecutivas y cargos gerenciales, pero no necesariamente producirá una baja equivalente en la masa salarial total, debido a que los agentes podrán continuar dentro del gobierno porteño bajo otra dependencia.

La magnitud fiscal definitiva dependerá, por lo tanto, de cuántas posiciones de conducción estaban efectivamente ocupadas, cuánto cobraban sus titulares, qué suplementos dejarán de pagarse y cómo será reasignado el personal.

Una poda que alcanza a toda la estructura porteña

El decreto 259 no concentra la reducción en un solo ministerio sino que la lista alcanza prácticamente a toda la estructura central del Poder Ejecutivo, desde la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Hacienda, Seguridad, Salud, Educación y Desarrollo Económico hasta las áreas de Cultura, Ambiente, Comunicación, Turismo, Vivienda y Espacio Público.

Entre las dependencias alcanzadas aparecen gerencias y subgerencias de la Agencia de Protección Ambiental, la Agencia de Sistemas de Información, la Agencia Gubernamental de Control, la Sindicatura General, la Secretaría de Medios, la Vicejefatura de Gobierno y diferentes organismos autárquicos.

También figuran áreas vinculadas con fiscalización ambiental, residuos peligrosos, calidad del aire y del agua, mantenimiento urbano, alumbrado público, infraestructura informática, seguridad digital, videovigilancia, fiscalización de obras, comunicación institucional, publicidad oficial, turismo, vivienda social, programas deportivos y políticas de género.

En la Agencia de Sistemas de Información, por ejemplo, se eliminan unidades relacionadas con soporte a usuarios, mesa de ayuda, almacenamiento, servidores, centro de datos, redes, diseño, integraciones, pruebas de aplicaciones, identidad digital, monitoreo de operaciones y prevención de incidentes de seguridad.

La amplitud del listado muestra que la reforma no apunta únicamente a reducir áreas administrativas tradicionales.

También alcanza estructuras técnicas y operativas que intervienen en la infraestructura digital de la Ciudad, el control ambiental, la fiscalización comercial, la limpieza, la seguridad y la prestación de servicios ciudadanos.

En la Agencia de Protección Ambiental aparecen subgerencias de análisis físico, químico y biológico, denuncias y oficios, fiscalización ambiental, residuos especiales, residuos peligrosos y patogénicos, calidad del aire y del agua y auditoría técnica.

Dentro de la Agencia Gubernamental de Control se incluyen áreas de gestión de actas, faltas especiales, verificaciones, infraestructura informática, relevamiento de obras, innovación normativa alimentaria, dictámenes, denuncias y explotación de datos.

El recorte también llega al Ente Autárquico Teatro Colón, el Ente de Turismo, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, el Instituto de Gestión Electoral, la Lotería de la Ciudad y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En el caso de Lotería de la Ciudad, la lista incorpora jefaturas equivalentes a gerencias operativas vinculadas con propiedad intelectual, dictámenes, impuestos, asuntos jurídicos, temas laborales y relaciones contractuales.

El decreto no implica necesariamente la desaparición de todas las funciones que ejercían esas áreas ya que, en numerosos casos, las tareas podrán ser absorbidas por direcciones generales, gerencias remanentes u otras unidades con competencias similares.

La apuesta oficial consiste precisamente en concentrar funciones que el Gobierno considera fragmentadas, duplicadas o sobredimensionadas.

Sin embargo, el texto no detalla, unidad por unidad, qué organismo recibirá cada responsabilidad ni cómo quedará organizada la cadena de mando después del 1° de agosto.

Reasignación de empleados en lugar de despidos

El artículo segundo del decreto 259 establece que las áreas administrativas de los organismos afectados deberán notificar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la nueva asignación de la dotación dentro de un plazo de 30 días.

Por esa razón, la eliminación de una gerencia no debe interpretarse automáticamente como la desvinculación de todos los trabajadores que dependían de ella. La norma diferencia entre la estructura organizativa y la relación laboral de los empleados públicos y lo que desaparece en primera instancia es la unidad gerencial, junto con el cargo de conducción correspondiente.

Los agentes deberán ser trasladados a otra dependencia o incorporados a una estructura que conserve funciones relacionadas.

La situación puede ser distinta para quienes ocupaban transitoriamente las gerencias eliminadas.

Al desaparecer el cargo, también desaparece la función jerárquica y la remuneración asociada, aunque el agente podría conservar su empleo de base si pertenece a la planta permanente o cuenta con otro vínculo con la administración.

El gobierno porteño tampoco precisó si todas las posiciones alcanzadas estaban ocupadas.

Parte del ahorro podría corresponder a cargos vacantes que figuraban formalmente en el organigrama, pero no tenían un gerente designado.

La ausencia de una estimación fiscal impide establecer por ahora cuánto impactará la poda sobre el presupuesto de la Ciudad, que para 2026 fue fijado en $170.347 millones.

La decisión sí refleja una orientación política que es la de reducir niveles intermedios de conducción y evitar que la administración vuelva a expandirse mediante la creación de gerencias con escaso personal o competencias difíciles de distinguir.

Las nuevas condiciones para crear gerencias

El decreto 260 completa la reforma al derogar el régimen gerencial que regía desde 2009 y aprobar un nuevo conjunto de disposiciones para toda la administración pública porteña.

El cambio más relevante consiste en fijar una cantidad mínima de empleados para justificar la existencia de una gerencia o una subgerencia.

A partir del nuevo sistema, una Gerencia Operativa deberá contar desde su creación con al menos 15 agentes en dependencia directa, sin computar al titular del cargo.

También podrá organizarse con subgerencias, pero en ese caso deberá tener por lo menos dos unidades inferiores y cada una deberá contar con cinco empleados en dependencia directa. El decreto prohíbe expresamente crear una gerencia que tenga una única subgerencia a su cargo.

Para las Subgerencias Operativas, la dotación mínima será de cinco agentes, sin contar a la persona que ejerza la conducción.

El objetivo es evitar organigramas en los que existan más jefaturas que equipos operativos o unidades creadas para administrar una cantidad reducida de trabajadores.

No obstante, la norma incorpora una excepción importante: los requisitos de dotación mínima no se aplicarán inmediatamente a los cargos gerenciales que ya existían al momento de aprobarse el decreto.

Esto significa que las gerencias que sobrevivieron a la poda inicial no deberán ser eliminadas de manera automática por tener menos de 15 empleados, al menos durante la primera etapa.

Sin embargo, quedarán sujetas a revisiones periódicas de la Dirección General de Desarrollo del Servicio Civil, que podrá proponer su supresión cuando detecte que una unidad está vacante, no reúne la dotación necesaria o incumple los criterios de organización establecidos por el nuevo régimen.

Qué pasará con las vacantes

Otra de las modificaciones relevantes establece que una gerencia o subgerencia que permanezca vacante durante más de tres meses deberá ser suprimida.

La disposición busca impedir que el organigrama acumule cargos sin responsables designados o estructuras que permanecen formalmente vigentes aunque hayan dejado de funcionar.

La regla también puede actuar como un mecanismo de reducción automática hacia adelante.

Si un gerente deja el puesto y la administración no justifica o cubre la vacante dentro del plazo establecido, la unidad dejará de existir.

De este modo, la poda no queda limitada a los 359 cargos incluidos en el decreto 259 ya que el nuevo régimen habilita un proceso permanente de revisión que podría derivar en nuevas eliminaciones.

La Dirección General de Desarrollo del Servicio Civil tendrá a su cargo el seguimiento de las unidades y podrá proponer la baja de aquellas que no cumplan los requisitos.

La creación de nuevas gerencias también necesitará autorización de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Cada jurisdicción deberá informar la cantidad de empleados proyectada y describir las competencias que tendrá la nueva estructura.

Menos superposición de tareas

El decreto 260 incorpora tres criterios que deberán respetarse para crear nuevas unidades:

• Exclusividad de competencias: una nueva gerencia no podrá asumir funciones que ya estén total o parcialmente en manos de otra dependencia
• Integración funcional: impide dividir tareas relacionadas que podrían ser realizadas de manera integrada por una única unidad
• Dimensionamiento óptimo: obliga a justificar que el nivel jerárquico propuesto sea proporcional a la responsabilidad y al volumen de trabajo

En términos administrativos, estas condiciones buscan limitar la proliferación de estructuras paralelas, competencias duplicadas y cargos jerárquicos creados sin una dotación que los respalde.

Dentro de las estructuras eliminadas figuran, por ejemplo, unidades de "Seguimiento de Políticas Sociales, Educativas, Salud y Planes de Integración Socio Urbanos", "Programas, Protocolos y Capacitación para la Convivencia, el Orden Público y la Fiscalización Territorial" o "Planificación y Gobernanza de Videovigilancia y Recursos Tecnológicos".

El Ejecutivo pretende que las futuras estructuras tengan nombres más breves y competencias más identificables.

Hacienda concentrará el control

La reforma fortalece el papel del Ministerio de Hacienda y Finanzas en el diseño de la administración porteña.

El decreto faculta al ministro del área para determinar las remuneraciones de los cargos gerenciales, disponer coberturas transitorias, establecer su duración y convocar los concursos públicos abiertos de antecedentes y oposición.

Además, Hacienda evaluará si las nuevas gerencias cumplen los requisitos mínimos de personal y si sus funciones justifican la creación de otro nivel jerárquico.

El Jefe de Gabinete y el ministro de Hacienda podrán dictar conjuntamente normas complementarias, interpretativas y aclaratorias.

Cada ministro o secretario deberá proponer luego el nombramiento del personal seleccionado para cubrir los cargos de su jurisdicción.

El sistema conserva formalmente los principios establecidos por la Ley 471, que prevé concursos públicos, estabilidad por cinco años, evaluaciones anuales de desempeño y pérdida de la estabilidad en caso de una calificación negativa.

Sin embargo, el nuevo decreto también autoriza la cobertura transitoria de las gerencias y ratifica de manera excepcional todas las designaciones realizadas bajo el régimen anterior.

Esa ratificación evita que la derogación del decreto de 2009 genere un vacío legal sobre los nombramientos vigentes.

La reforma también apunta a empresas estatales

Los decretos no se limitan a los ministerios y secretarías de la administración central.

El Gobierno invitó a adherir a los organismos descentralizados, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades unipersonales, sociedades de economía mixta y cualquier organización en la que la Ciudad controle el capital o las decisiones societarias.

El decreto 259 les solicita analizar su composición, adecuar sus estructuras y suprimir áreas para mejorar el uso de los recursos públicos mientras que el decreto 260 las invita a adoptar el nuevo régimen gerencial.

En estos casos, la palabra "invitar" tiene relevancia jurídica.

El Poder Ejecutivo no ordena en forma directa la eliminación de cargos dentro de todas esas compañías y organismos, debido a que muchos cuentan con normas propias, directorios o autonomía administrativa.

Para avanzar, cada entidad deberá aprobar sus propios actos de adhesión o reforma.

El alcance potencial incluye una extensa red de organismos y sociedades porteñas, entre ellos Lotería de la Ciudad, Subterráneos de Buenos Aires, Autopistas Urbanas, el Banco Ciudad, la Corporación Buenos Aires Sur y otras compañías controladas directa o indirectamente por el distrito.

Por eso, los 359 puestos gerenciales identificados hasta ahora podrían constituir solamente el primer tramo de una reorganización más amplia.

Una medida con ahorro incierto

Desde el punto de vista político, Jorge Macri busca mostrar una agenda de austeridad y racionalización administrativa en sintonía con el reclamo de reducir el peso de las estructuras estatales.

La diferencia con un recorte lineal de personal es que la medida se concentra inicialmente en el organigrama y en los niveles de conducción.

El Gobierno sostiene en los considerandos que la estructura fue creciendo durante años para responder a distintas necesidades de gestión, pero que ese proceso derivó en la necesidad de simplificar áreas y mejorar la asignación de recursos.

El decreto no identifica irregularidades, cargos ficticios ni incumplimientos específicos.

La justificación es organizativa: existen unidades que, según el análisis oficial, pueden ser absorbidas, fusionadas o eliminadas sin afectar la capacidad de respuesta estatal.

Por eso, el impacto económico dependerá de la implementación y la Ciudad deberá informar cuántos de los 359 cargos estaban ocupados, cuál era el costo salarial de las funciones eliminadas, qué adicionales dejarán de abonarse y si la reorganización permitirá reducir contratos, alquileres, consultorías o gastos operativos.

También deberá explicar cómo se redistribuirán tareas sensibles, especialmente en áreas de fiscalización ambiental, seguridad informática, control de obras, residuos, salud, auditoría y atención ciudadana.

La reforma abre así dos discusiones simultáneas. Una es fiscal: cuánto puede ahorrar el distrito mediante la reducción de su estructura jerárquica. La otra es operativa: si la concentración de funciones permitirá trabajar con mayor eficiencia o producirá cuellos de botella en organismos que deben controlar, fiscalizar y prestar servicios.

Por ahora, la definición más concreta es que desde el 1° de agosto desaparecerán 359 gerencias y subgerencias y que los organismos tendrán un mes para informar dónde será reasignado el personal.

A partir de entonces, la administración porteña quedará sometida a un sistema que exige equipos mínimos, impide crear gerencias con una única subgerencia, elimina las unidades vacantes por más de tres meses y obliga a justificar cualquier nuevo cargo jerárquico.

Más que una poda cerrada, los decretos ponen en marcha un mecanismo permanente para achicar, revisar y eventualmente volver a recortar la estructura del Estado porteño.