Milei prorroga la agencia que lidera la privatización de empresas públicas hasta 2028

La decisión del presidente Javier Milei de extender hasta julio de 2028 la Agencia de Transformación de Empresas Públicas implica mucho más que una prórroga administrativa.

Se trata de una señal que el Gobierno envía para avisar que el proceso de privatizaciones, concesiones y reforma del sector empresario estatal demandará un horizonte más amplio que el previsto cuando lanzó su programa de transformación en 2024 y continuará siendo uno de los principales ejes de su política económica durante los próximos años.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 611/2026, publicado este lunes 20 de julio en el Boletín Oficial, a través del cual el Poder Ejecutivo prorrogó por otros dos años la vigencia del organismo creado para conducir la reorganización de las empresas públicas.

En los hechos, la decisión refleja que la Casa Rosada considera que buena parte de los expedientes abiertos todavía está lejos de concluir y que la transformación del Estado seguirá ocupando un lugar central en la agenda oficial.

La Agencia continuará funcionando desde este 19 de julio hasta el 19 de julio de 2028, aunque el decreto aclara que podrá disolverse antes si cumple los objetivos para los cuales fue creada. Sin embargo, en los fundamentos de la norma el propio Gobierno reconoce que el organismo "aún no cumplimentó en su totalidad el objeto de su creación", razón por la cual decidió extender nuevamente su vigencia.

Cuando la Agencia fue creada mediante el Decreto 644/2024, el objetivo era concentrar en una única estructura técnica todas las decisiones vinculadas con el futuro de las empresas públicas. El Gobierno entendía que la dispersión de funciones entre distintos ministerios retrasaba los procesos de reorganización y dificultaba avanzar con una de las principales promesas de campaña de Milei: reducir el tamaño del Estado y disminuir su participación en la actividad empresarial.

Dos años después, la continuidad del organismo demuestra que esa tarea resultó mucho más compleja de lo previsto.

La magnitud de los activos involucrados, las auditorías, las valuaciones, las negociaciones con potenciales inversores, las cuestiones regulatorias y los distintos obstáculos políticos y judiciales hicieron que la mayor parte de los expedientes continúe abierta.

La prórroga también deja otra lectura política: si bien el decreto establece que la Agencia dejará de existir cuando cumpla sus objetivos, el Ejecutivo decidió garantizar desde ahora su funcionamiento hasta mediados de 2028.

Se trata de un plazo que prácticamente coincide con el final de un eventual segundo mandato presidencial de Milei.

Sin afirmarlo expresamente, el Gobierno proyecta que la reforma del universo de empresas públicas seguirá siendo una prioridad durante varios años más.

La oficina que conduce la reforma del Estado

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas depende del Ministerio de Economía y desde su nacimiento se convirtió en el principal brazo operativo del Gobierno para ejecutar la reforma del sector empresario estatal.

Su función no se limita a coordinar privatizaciones sino que también interviene en los planes de acción y presupuesto de las empresas públicas, en procesos de reorganización jurídica, fusiones, escisiones, reconformaciones societarias, liquidaciones, transferencias a provincias o a la Ciudad de Buenos Aires y cualquier modificación estructural que el Poder Ejecutivo decida impulsar sobre las sociedades donde participa el Estado nacional.

La creación de ese organismo estuvo estrechamente vinculada con la estrategia que luego quedó plasmada en la Ley Bases. Aunque durante el debate parlamentario el Gobierno debió retirar del listado original algunas empresas y modificar el alcance de determinadas privatizaciones, la Agencia mantuvo la responsabilidad de coordinar todos los procesos de transformación del sector público empresario, incluso aquellos que finalmente derivaran en concesiones o esquemas mixtos en lugar de ventas directas.

Quién estará al frente de la estrategia

El decreto también ratifica la continuidad del abogado Diego Chaher como titular de la Agencia con rango y jerarquía de secretario, cargo que ocupa desde la creación del organismo.

Chaher se convirtió en uno de los principales ejecutores del plan de reforma del Estado impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde su área coordina los expedientes vinculados con privatizaciones, concesiones, reorganizaciones societarias y liquidaciones, articulando el trabajo entre los distintos organismos involucrados.

La norma también introduce cambios en la estructura interna: Luciano Masnú Lardet dejó la Dirección Ejecutiva de Procesos y Privatizaciones para asumir como subtitular de la Agencia, mientras que Cristian Nicolás García fue designado, con carácter ad honorem, como nuevo Director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones.

A su vez, el Gobierno prorrogó las designaciones de los responsables de Pliegos y Contratos Especiales, Articulación Laboral, Apoyo Societario y Relaciones Contractuales y Apoyo Legal, buscando preservar los equipos técnicos que llevan adelante expedientes de alta complejidad y garantizar la continuidad de procesos que, según reconoce el propio Ejecutivo, todavía requerirán varios años más para completarse.

Las empresas que siguen en la hoja privatizadora

La decisión de extender la Agencia hasta 2028 también ofrece una radiografía del estado actual del programa de reforma del Estado.

A pesar de los avances registrados desde fines de 2023, el Gobierno todavía mantiene abiertos numerosos expedientes sobre empresas consideradas estratégicas y, en muchos casos, las definiciones de fondo aún están pendientes.

La Unidad Ejecutora tiene bajo su órbita las empresas y sociedades comprendidas en el inciso b) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera, es decir, aquellas en las que el Estado nacional posee participación mayoritaria o control.

En ese universo aparecen compañías en las que el Gobierno incluyó dentro de su programa de transformación:

• AySA
• Enarsa
• Intercargo
• Belgrano Cargas y Logística
• Corredores Viales
• Nucleoeléctrica Argentina
• Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
• Tandanor
• Fabricaciones Militares

No todas recorrerán el mismo camino ya que, mientras algunas podrían terminar privatizadas, otras avanzan hacia esquemas de concesión, apertura al capital privado, reorganización societaria o reestructuración operativa.

La propia Agencia fue concebida para administrar todas esas alternativas y no únicamente la venta de activos.

Además de conducir privatizaciones, el organismo interviene en procesos de fusión, escisión, reorganización jurídica, reconformación societaria, liquidación y transferencia de empresas a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires.

Su misión, por lo tanto, excede ampliamente la desinversión estatal y alcanza prácticamente cualquier modificación estructural que el Gobierno decida aplicar sobre las compañías bajo control público.

Un proceso que avanzó, pero lento

La experiencia del primer año de funcionamiento de la Agencia mostró que transformar empresas públicas resulta bastante más complejo que anunciar su privatización.

Cada expediente requiere auditorías patrimoniales, valuaciones independientes, revisión de contratos, análisis de contingencias judiciales y laborales, elaboración de pliegos, consultas con potenciales inversores y, en muchos casos, adecuaciones regulatorias para garantizar la continuidad de servicios esenciales.

A eso se suma el factor político: durante el debate de la Ley Bases, el Gobierno tuvo que modificar su proyecto original y resignar la privatización de varias empresas para conseguir la aprobación de la norma.

Esa negociación obligó a rediseñar parte de la estrategia y a buscar mecanismos alternativos, como concesiones, reorganizaciones o asociaciones con el sector privado.

En paralelo, algunos procesos comenzaron a mostrar avances concretos.

El Ejecutivo puso en marcha la privatización de Corredores Viales, avanzó con la apertura del mercado de servicios de rampas aeroportuarias para introducir competencia frente a Intercargo y profundizó la reorganización de distintas empresas del sector energético.

Sin embargo, otros expedientes continúan en análisis. Casos como AySA, Enarsa, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica, YCRT o Tandanor todavía requieren definiciones sobre el mecanismo que finalmente adoptará el Gobierno, el momento oportuno para avanzar y las condiciones de mercado que permitan concretar cada operación.

Esa combinación de factores explica por qué el Ejecutivo decidió prorrogar la Agencia en lugar de dar por finalizada su tarea.

La propia norma reconoce que el organismo aún no cumplió plenamente los objetivos para los que fue creado y que resulta necesario mantener la estructura técnica que viene trabajando sobre esos expedientes desde mediados de 2024.

Evitar cambios de rumbo

Otro de los objetivos de la prórroga es preservar la continuidad de los equipos que conocen el estado de cada proceso.

La salida de la Agencia hubiera obligado a redistribuir expedientes entre distintos organismos del Estado, con el riesgo de generar nuevas demoras o modificar criterios técnicos.

Al mantener la misma estructura, el Ministerio de Economía apuesta a sostener una conducción unificada de la reforma empresarial del Estado y evitar que cada privatización o reorganización avance con lógicas diferentes.

Para el Gobierno, esa centralización será clave durante la próxima etapa, cuando varios de los procesos abiertos entren en instancias decisivas y deban transformarse en licitaciones, concesiones o eventuales operaciones de venta.

Más poder para decidir el futuro

La prórroga de la Agencia no fue el único cambio dispuesto por el Gobierno: el Decreto 611/2026 también amplía sus atribuciones, reforzando su papel como organismo rector de la transformación del sector empresario estatal.

Hasta ahora, la Unidad Ejecutora concentraba la coordinación de los procesos de privatización, reorganización y reestructuración.

A partir de esta modificación, también podrá ejercer, cuando así se le delegue, la representación societaria del Estado Nacional en las empresas comprendidas en el inciso b) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera.

En términos prácticos, esto implica que la Agencia podrá representar directamente al Estado como accionista en distintas compañías públicas, una función que hasta ahora permanecía distribuida entre diferentes organismos de la administración nacional.

El decreto incorpora además otra atribución considerada estratégica: el organismo será el encargado de realizar un control de idoneidad sobre los candidatos propuestos por el Estado para integrar los directorios de las empresas públicas antes de que sus designaciones sean formalizadas. El objetivo oficial es unificar criterios, profesionalizar las designaciones y reforzar el control sobre la conducción de las sociedades mientras avanzan los procesos de transformación.

Continuidad política y presupuesto asegurado

La norma también garantiza la continuidad de los principales funcionarios de la Agencia.

Además de ratificar a Diego Chaher como titular, prorroga las designaciones de los responsables de Pliegos y Contratos Especiales, Articulación Laboral, Apoyo Societario y Relaciones Contractuales y Apoyo Legal, mientras reorganiza parte del organigrama interno para dar continuidad a los expedientes en marcha.

Al mismo tiempo, instruye al Ministerio de Economía a incorporar las partidas necesarias para financiar el funcionamiento del organismo en el Presupuesto 2027 y en los ejercicios siguientes, asegurando que cuente con recursos durante toda la nueva etapa.

Ese punto también resulta significativo.

La decisión de prever financiamiento para los próximos años confirma que el Gobierno no considera a la Agencia una estructura transitoria próxima a desaparecer, sino una herramienta que seguirá teniendo un papel central dentro del programa de reforma del Estado.

Una señal para el mercado

Más allá de los cambios administrativos, la prórroga deja una definición política de fondo.

Cuando Milei creó la Agencia en julio de 2024, el objetivo era acelerar un proceso que muchos funcionarios imaginaban más rápido.

Dos años después, la realidad mostró que la transformación de empresas públicas requiere tiempos considerablemente más extensos.

La magnitud de los activos involucrados, la necesidad de ordenar balances, resolver contingencias legales y laborales, elaborar pliegos, negociar con potenciales interesados y adecuar marcos regulatorios terminó imponiendo un ritmo diferente al inicialmente previsto.

La prórroga hasta julio de 2028 no implica que todas las privatizaciones previstas se concretarán antes de esa fecha.

Cada operación dependerá de su complejidad técnica, de las condiciones del mercado, del interés de los inversores y, en algunos casos, de futuras definiciones políticas o legislativas.

Lo que sí deja en claro el Decreto 611/2026 es que el Gobierno no considera terminada la reforma del sector empresario estatal.

Por el contrario, al extender la vida de la Agencia y ampliar sus atribuciones, reconoce que el proceso demandará varios años más y ratifica que la transformación de las empresas públicas seguirá siendo una de las principales prioridades económicas de la gestión de Javier Milei.

En ese sentido, la decisión también envía una señal al mercado.

Para los potenciales inversores interesados en activos estatales, el mensaje es que el programa de privatizaciones continúa vigente, aunque con plazos más largos que los imaginados al comienzo de la gestión.

Y para el Gobierno, la continuidad de la Agencia representa la herramienta institucional con la que buscará completar una reforma que considera clave para reducir el peso del Estado en la economía argentina.