La "dueña" de Aeroparque y Ezeiza mejora sus resultados, pero sigue la pelea por la concesión
Puntos importantes
Los estados contables de Aeropuertos Argentina correspondientes al primer semestre de este año y que fueron informados este viernes 7 de agosto a la Comisión Nacional de Valores (CNV), muestran una empresa que recuperó solidez financiera.
Pero el dato más importante que surge de analizar ese documento no está en las ganancias ni en la reducción de la deuda, sino en un expediente que continúa abierto desde hace varios años y que hoy concentra buena parte de la atención del mercado.
En el informe, la concesionaria propiedad del grupo empresario que lidera Eduardo Eurnekian, confirmó que sigue sin resolverse la revisión de la Proyección Financiera de Ingresos y Egresos (PFIE), el mecanismo previsto en el contrato para determinar si la ecuación económica de la concesión mantiene el equilibrio originalmente pactado con el Estado.
De esa revisión depende la adopción de eventuales medidas regulatorias que permitan recomponer el contrato, entre ellas la actualización de variables económicas, inversiones y otras obligaciones asumidas por el concesionario.
La discusión tiene su origen en el fuerte impacto que provocó la pandemia sobre el transporte aéreo, con una abrupta caída del tráfico de pasajeros que alteró la estructura de ingresos de la empresa y obligó al gobierno de Alberto Fernández a renegociar las condiciones de la concesión.
Esa negociación concluyó en 2020 con la extensión del contrato por 10 años, hasta el 13 de febrero de 2038, para preservar la viabilidad económica de la operación y garantizar la continuidad del plan de inversiones.
Pero aquella prórroga no cerró definitivamente el capítulo y en los años siguientes, el Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (ORSNA), avanzó con la revisión de la PFIE correspondiente al período 2018-2022.
De hecho, hasta emitió distintas resoluciones que Aeropuertos Argentina rechazó por considerar que no reflejaban plenamente el deterioro económico que sufrió la concesión tras la crisis sanitaria.
La empresa respondió con recursos administrativos y luego llevó el caso a la Justicia, donde el expediente continúa abierto mientras ambas partes negocian una salida consensuada.
Fuentes del sector sostienen además que la revisión del expediente volvió a tomar impulso este año en el marco de la investigación judicial que involucra al ex titular del ORSNA, Facundo Leal, quien tuvo participación en decisiones vinculadas con la concesión durante la administración anterior.
A partir de esa causa, el organismo revisó distintas actuaciones administrativas relacionadas con ese proceso, aunque oficialmente la controversia continúa circunscripta a la revisión de lo ya acordado.
Un diálogo tenso pero que sigue abierto
La compañía informó que el 8 de julio pasado presentó junto con el ORSNA un nuevo pedido de suspensión de los plazos judiciales para continuar las negociaciones y que, al momento de aprobar los estados contables, todavía aguardaba una resolución del juzgado.
De hecho, lo que está en juego no es solamente la extensión de los plazos sino más que nada un agresivo plan de inversiones que supera los u$s600 millones y que está en riesgo de ser ejecutado si el gobierno del presidente Javier Milei insiste en rechazar lo ya aprobado durante la gestión anterior, según comentaron a iProfesional fuentes del sector.
De hecho, en el mercado recuerdan que el contrato ahora cuestionado por las autoridades actuales del ORSNA, establecía una prórroga de la concesión hasta el 2056, con la chance de ampliar el plazo por otros 10 años.
Se trata de un período que en el grupo consideran esencial para llevar a cabo el millonario plan de inversiones pactado.
Sin ese acuerdo, quedan en riesgo las obras pensadas para los 35 aeropuertos bajo concesión de la empresa que incluyen terminales nuevas, remodelación de las instalaciones y de las pistas, entre otras.
Fue Noelia Ruiz, actual titular del ORSNA y ex segunda de Leal en el organismo, quien dio marcha atrás con todo lo actuado y puso en riesgo la continuidad de toda esa estrategia empresaria.
En ese contexto, Aeropuertos Argentina llega fortalecida a la posible apertura de las negociaciones para encontrar una salida a una situación de tensión que ha escalado y que puede tener un final impensado.
Un balance que fortalece el reclamo empresario
Ocurre que, durante el primer semestre obtuvo una ganancia neta de $168.859 millones, elevó su patrimonio hasta $1,97 billones y redujo su deuda financiera desde $908.107 millones hasta $736.984 millones.
En el mercado entienden que estos indicadores fortalecen su posición en una negociación que será determinante para el futuro de la principal red aeroportuaria del país.
De hecho, si el conflicto con el Estado sigue sin resolverse, el balance deja otra señal: Aeropuertos Argentina llega a esa instancia desde una posición financiera muy distinta a la que tenía durante los años más críticos de la pandemia.
En los primeros seis meses de este 2026, registró ingresos por $738.363 millones y obtuvo una ganancia neta de $168.859 millones, un crecimiento de casi el 72% respecto de los $98.312 millones obtenidos en igual período del año pasado.
El resultado estuvo acompañado por un patrimonio que alcanzó los $1,97 billones, consolidando la recuperación económica de la concesionaria.
Uno de los indicadores más relevantes fue la reducción del endeudamiento ya que su rojo financiero total descendió desde $908.107 millones al cierre de 2025 hasta $736.984 millones al finalizar junio, luego del pago de obligaciones negociables y de una mejora en la estructura financiera de la sociedad.
Sólida capacidad para generar fondos de Aeropuertos Argentina
En el caso de las actividades operativas, aportaron $164.996 millones de efectivo, recursos que permitieron sostener inversiones, cancelar deuda, afrontar el pago de intereses e incluso distribuir dividendos a los accionistas sin comprometer la liquidez.
En paralelo y a pesar el incierto escenario futuro, continuó ejecutando obras sobre la infraestructura aeroportuaria.
Durante el período incorporó $90.465 millones en nuevos activos vinculados a la concesión, mientras las amortizaciones superaron los $117.700 millones, reflejando el elevado nivel de activos que administra y el ritmo permanente de inversiones que exige la operación de la red.
Además, los ingresos aeronáuticos crecieron hasta $442.516 millones, impulsados principalmente por la tasa de uso de aeroestación, aterrizajes y estacionamiento de aeronaves.
En cambio, los ingresos comerciales, provenientes de alquileres de locales, gastronomía, estacionamientos, free shops y otros servicios, retrocedieron hasta $295.847 millones.
Esa evolución no es un dato menor dentro del conflicto con el ORSNA ya que la PFIE toma justamente esas variables para determinar si la concesión mantiene el equilibrio económico previsto en el contrato.
Es decir, la evolución de los ingresos, las inversiones obligatorias, la estructura de costos y las obligaciones asumidas por la empresa forman parte del análisis que hoy sigue en discusión entre el concesionario y el Estado.
La propia empresa recuerda que la concesión fue concebida como un único sistema integrado.
En otras palabras, no administra Aeroparque, Ezeiza, Córdoba o Bariloche como negocios independientes, sino como una sola red donde los aeropuertos con mayor rentabilidad financian las inversiones y los déficits operativos de aquellos con menor tráfico.
Ese esquema de "subsidios cruzados" es uno de los pilares del contrato y explica por qué cualquier cambio en la ecuación económica repercute sobre las 35 terminales bajo concesión.
Una negociación que trasciende el estado contable
Lo que está en juego no es solamente el resultado de un semestre, sino las condiciones económicas bajo las cuales se administrará la principal red aeroportuaria de la Argentina durante los próximos 12 años por parte de la principal concesionaria aeroportuaria del país.
Controlada por Corporación América, el holding fundado por Eduardo Eurnekian, administra aeropuertos como Aeroparque Jorge Newbery, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Iguazú, Salta y Ushuaia.
Se trata de la red por la que pasa la mayor parte del tráfico aéreo comercial de la Argentina y uno de los principales activos del grupo a nivel internacional.
Por esa razón, la negociación que mantiene con el ORSNA excede el interés de la propia empresa.
De hecho, en el sector entienden que la resolución de la PFIE se convertirá en un caso testigo para la relación que el gobierno de Javier Milei pretende construir con los grandes concesionarios de infraestructura, en un momento en el que impulsa la desregulación del mercado aerocomercial, facilita el ingreso de nuevas aerolíneas y busca atraer inversiones privadas.
El expediente también será observado por otras compañías que operan bajo contratos de largo plazo con el Estado.
La forma en que finalmente se resuelva el reequilibrio económico de la concesión podría transformarse en un antecedente para futuras revisiones contractuales derivadas de cambios extraordinarios de contexto, como ocurrió con la pandemia.
Mientras tanto, Aeropuertos Argentina sostiene que continúa cumpliendo las obligaciones asumidas en el contrato.
En el propio balance recuerda que "ha dado cumplimiento a los compromisos asumidos", al tiempo que mantiene abiertas las instancias administrativas y judiciales vinculadas con la revisión económica de la concesión.
El nuevo escenario que ya no refleja la crisis del 2020
Cuando se negoció la extensión de la concesión, el objetivo era garantizar la supervivencia financiera de un sistema aeroportuario golpeado por el desplome histórico del tráfico aéreo.
Seis años después, la realidad es otra a partir de que el negocio volvió a mostrar ganancias, la deuda cayó, las inversiones continúan y el mercado atraviesa una nueva etapa impulsada por la recuperación de la demanda y la apertura del sector.
Por eso, la discusión ya no pasa por la continuidad de la concesión, que se extiende hasta 2038, sino por las condiciones económicas bajo las cuales se desarrollará esa última etapa del contrato.
En otras palabras, el balance deja una doble lectura ya que, por un lado está una empresa que recuperó fortaleza financiera y por otro, un conflicto regulatorio que todavía espera una resolución definitiva.
El resultado de esa negociación no sólo definirá el futuro de Aeropuertos Argentina. También marcará cómo piensa el Estado relacionarse con los grandes operadores privados de infraestructura en una etapa en la que busca combinar inversión, competencia y reglas de largo plazo para sectores estratégicos de la economía.