El Gobierno busca inversores para una obra eléctrica de u$s800 millones

El Gobierno puso oficialmente en marcha la búsqueda de inversores privados para ejecutar AMBA I.

Se trata de una obra de infraestructura eléctrica estimada en alrededor de u$s800 millones, considerada estratégica para reforzar el abastecimiento del Gran Buenos Aires y reducir uno de los principales cuellos de botella que enfrenta el sistema de transmisión.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 202/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este miércoles 12 de agosto en el Boletín Oficial y firmada por María Carmen Tettamanti.

La norma autoriza el llamado a una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple para entregar una concesión de obra pública que tendrá una particularidad, ya que el ganador del proceso no solamente tendrá que realizar la inversión y levantar la infraestructura, sino que quedará a cargo de su operación y mantenimiento.

En concreto, Energía autorizó el proceso para "la construcción, operación y mantenimiento de la obra de ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión 'AMBA I'", según establece textualmente el artículo primero.

La apuesta oficial es utilizar este proyecto como una de las primeras grandes pruebas del nuevo modelo elegido por el Gobierno para ampliar la red eléctrica: capital privado, concesiones de largo plazo e incentivos destinados a reducir el riesgo de los inversores, en lugar de financiar las obras íntegramente mediante recursos presupuestarios.

AMBA I es una de las 16 obras prioritarias incluidas en el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.

El proyecto contempla las siguientes instalaciones:

• Una nueva estación transformadora en Plomer
• La ampliación de la estación 25 de Mayo
• Adecuaciones en Atucha, Ezeiza, General Rodríguez, Mercedes, Luján, Zapalorto y Pantanosa
• La construcción de las líneas asociadas

La dimensión de la inversión convierte a AMBA I en uno de los proyectos eléctricos más relevantes que el Gobierno intenta trasladar al sector privado.

El proyecto involucra alrededor de 270 kilómetros de nuevas líneas de 500 kV, 220 kV y 132 kV y permitirá incorporar aproximadamente 2.000 MW adicionales de capacidad de abastecimiento de demanda en el área metropolitana.

Por qué el Gobierno considera urgente esta inversión eléctrica

La necesidad de la inversión está reconocida explícitamente por el propio Gobierno en la resolución, ya que sostiene que "la ejecución del proyecto denominado AMBA I permitirá mejorar de manera significativa las condiciones de abastecimiento de la demanda del GBA, y de seguridad y confiabilidad del área, y del SADI en general".

No es un problema menor si se tiene en cuenta que el AMBA concentra una parte sustancial de la demanda eléctrica argentina y el crecimiento del consumo de los últimos años no estuvo acompañado al mismo ritmo por nuevas líneas de transporte.

De hecho, el proyecto había sido declarado prioritario mediante la Resolución 715/2025 del Ministerio de Economía, que justificó su realización también por razones económicas.

La norma calculó que AMBA I permitirá incorporar al Sistema Argentino de Interconexión nuevas centrales de generación más eficientes, con un ahorro estimado a valor presente de u$s912 millones.

Es decir que el proyecto persigue un doble objetivo: aumentar la capacidad física para transportar electricidad hacia el principal centro de consumo del país y permitir que energía producida de manera más eficiente pueda ingresar al sistema sin quedar limitada por la falta de infraestructura.

Cómo el RIGI se convierte en herramienta clave para atraer inversores

El diseño financiero elegido por el Gobierno agrega otro componente relevante para atraer jugadores privados.

La resolución habilita al futuro adjudicatario a solicitar la adhesión de AMBA I al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Esto no significa que el proyecto ingrese automáticamente al régimen, ya que el ganador deberá cumplir los requisitos previstos en la Ley Bases y atravesar el procedimiento de aprobación correspondiente.

Sin embargo, la Secretaría de Energía deja explícita la razón por la cual incorpora esa posibilidad a la licitación.

La norma sostiene que resulta de "indudable interés público" permitir que el adjudicatario pueda solicitar la adhesión al RIGI y argumenta que esa herramienta podría mejorar las condiciones económicas de las propuestas.

Según la resolución, habilitar esa posibilidad "redundará en la oportunidad de obtener ofertas más competitivas, que impacten favorablemente en las tarifas a ser pagadas por los beneficiarios de la obra".

El argumento oficial es, por lo tanto, que los beneficios fiscales, aduaneros y de estabilidad previstos por el RIGI deberían disminuir el costo exigido por los inversores para realizar el proyecto y terminar reduciendo el costo trasladado a quienes utilicen la nueva infraestructura.

La garantía del BID que puede inclinar la balanza en favor del proyecto

El esquema incorpora además una herramienta destinada a disminuir uno de los riesgos centrales que enfrentaría el futuro concesionario: la posibilidad de que se produzcan problemas con el flujo de pagos durante un contrato de muy largo plazo.

La propia resolución revela que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se encuentra analizando "la estructuración de una potencial operación de garantía vinculada a respaldar el contrato de concesión que resulte de la adjudicación".

La garantía todavía no está aprobada y dependerá de los procedimientos internos del organismo internacional.

Pero la norma anticipa su posible dimensión: "se estima que tal eventual garantía podría ser emitida por un plazo de vigencia de hasta veinticinco (25) años".

Además, estaría diseñada para "cubrir hasta seis (6) meses del pago de la remuneración al concesionario", lo que funcionaría como un colchón financiero ante eventuales atrasos en los pagos del Estado durante la ejecución del contrato.

El BID ya registra oficialmente el proyecto AR-U0007, denominado "Garantía para la promoción de inversiones en transmisión eléctrica estratégica", actualmente en etapa de preparación y bajo la modalidad de garantía de riesgo político.

El organismo señala que busca mejorar la confiabilidad y capacidad de transmisión eléctrica del Gran Buenos Aires y habilitar nueva capacidad de interconexión para generación.

Qué otras fuentes de financiamiento contempla el esquema oficial

Con la reglamentación de la norma, el Estado intenta que el privado aporte el grueso del capital necesario, pero simultáneamente construye mecanismos destinados a reducir el riesgo de una inversión cuya recuperación se extenderá durante años.

El esquema, de todos modos, no supone que toda la inversión quede exclusivamente en manos privadas, ya que la norma incorpora otra herramienta de financiamiento al autorizar la utilización de dinero acumulado en la Cuenta de Exportaciones del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Son recursos provenientes de exportaciones eléctricas que, según la normativa que creó la cuenta, deben destinarse al financiamiento de infraestructura energética.

CAMMESA informó en marzo pasado a la Secretaría de Energía sobre la existencia de fondos disponibles, a partir de lo cual la resolución considera "oportuno, conveniente y pertinente" destinar parte de esos recursos al proyecto.

El artículo 7 autoriza expresamente su utilización "para el otorgamiento de aportes financieros al adjudicatario de la licitación".

El Gobierno también puso en marcha el reloj de la licitación y los interesados dispondrán de 120 días desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial para presentar sus ofertas.

Todo el procedimiento se realizará mediante la plataforma CONTRAT.AR.

La norma establece que las propuestas deberán presentarse a las 11 del día correspondiente y que, una hora después, a las 12, se realizará electrónicamente el acto de apertura.

Las consultas sobre los pliegos podrán efectuarse hasta 30 días antes de la apertura y la convocatoria, además, deberá publicarse durante tres días consecutivos no solamente en el Boletín Oficial y en la página de Energía, sino también en plataformas internacionales y en el sitio BID for the Americas.

La intención es atraer tanto capital argentino como internacional para una obra que necesitará cientos de millones de dólares y comprometerá al concesionario durante décadas.

La Resolución 202 lo formaliza al convocar a una licitación "Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple".

El proceso tendrá además una comisión evaluadora integrada por Pedro Jorge Cattaneo, Favio Emir Ramírez y Claudia Fabiana Contarino como miembros titulares, mientras que Guillermo Luis Cappelletti, Ramiro Agustín Varela y Héctor Raúl Serrani fueron designados suplentes.

AMBA I forma parte de la estrategia con la que el Gobierno pretende resolver el atraso acumulado en transporte eléctrico y atraer inversiones privadas hacia un segmento que necesita proyectos de gran escala y períodos largos de recuperación.

La Resolución 715/2025 ya había establecido que las obras consideradas prioritarias debían desarrollarse mediante el régimen de concesión de obra pública de la Ley 17.520. En ese listado, AMBA I quedó formalmente incluida entre las inversiones urgentes.

El Gobierno considera que la falta de capacidad de transporte se convirtió en una limitación tanto para abastecer la demanda como para incorporar nueva generación al sistema.

Por eso, detrás de los u$s800 millones de AMBA I hay una prueba de mayor alcance: comprobar si el nuevo esquema de concesiones, RIGI, garantías internacionales y recursos generados por el propio mercado eléctrico consigue despertar suficiente interés entre inversores y empresas.

El primer examen llegará hacia fin de año, cuando se conozca quiénes están dispuestos a competir por una de las mayores obras de transmisión eléctrica que hoy tiene en carpeta la Argentina.