Milei va por tres leyes que sacuden al círculo rojo: quiénes ganan y qué empresarios pueden perder
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Empresarios con grandes patrimonios, bancos, inversores y laboratorios deberán esperar el desenlace de la sesión del Congreso marcada para el próximo 26 de agosto para saber cómo deberán reaccionar a los cambios que el gobierno nacional impulsa y que tendrán impacto en el poder económico.
Ese día, el presidente Javier Milei intentará conseguir en Diputados los votos necesarios para aprobar un paquete de leyes que incluyen la apertura del régimen simplificado de Ganancias a contribuyentes que hoy quedan afuera por el tamaño de sus ingresos o patrimonio.
También, limitar por ley la capacidad del Banco Central de financiar al Estado y orientar el crédito, y facilitar que empresas argentinas protejan sus invenciones en el exterior.
Mientras grandes contribuyentes podrían obtener un beneficio tributario y empresas tecnológicas, startups e inventores tendrían una vía más sencilla para buscar patentes fuera del país, una parte de la industria farmacéutica nacional advierte sobre las consecuencias de abrir la puerta al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
Detrás de la discusión legislativa aparece una disputa mucho más concreta para saber quién gana, quién pierde y qué herramientas conservarán las empresas frente al Estado si Milei consigue aprobar su paquete.
Inocencia Fiscal abre la puerta a los grandes patrimonios
Uno de los cambios con impacto más directo sobre empresarios y personas de altos ingresos está en la nueva versión de Inocencia Fiscal.
La Ley 27.799 creó un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, pero dejó afuera a quienes superaran ingresos anuales de $1.000 millones o un patrimonio de $10.000 millones.
El proyecto que llegará al recinto elimina ambos límites y, de aprobarse, "todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes podrían optar por el sistema independientemente del tamaño de sus ingresos y bienes".
Eso incorporaría al régimen a empresarios, ejecutivos y contribuyentes de elevada capacidad económica que quedaron excluidos de la primera versión.
Pero no es el único cambio ya que también le cede a ARCA toda la fiscalización fundamentalmente en los ingresos y gastos deducibles declarados, mientras que los consumos personales y las variaciones patrimoniales perderían el peso que tienen en el régimen tradicional para detectar inconsistencias.
A cambio, las operaciones deberán canalizarse por el sistema financiero formal mediante instrumentos autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.
Ahí aparece otra apuesta del Gobierno con el objetivo de generar incentivos para que ahorros que permanecen fuera de los bancos ingresen al circuito financiero y puedan convertirse en depósitos, inversiones o crédito.
En este sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, en eventos, vinculó públicamente la reforma con ese objetivo y reconoció que la nueva versión surgió después de observaciones realizadas por especialistas tributarios al esquema original.
Diferencias que ya no dejan afuera al contribuyente
La reforma incluye además una protección que adquiere especial relevancia para los contribuyentes de mayor tamaño y que se vincula con la denominada "discrepancia significativa".
En ese aspecto, el proyecto impulsa configurar cuando una impugnación implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado.
Pero superar ese umbral no significará necesariamente perder los beneficios debido a que el contribuyente podrá presentar una declaración jurada rectificativa y pagar el impuesto correspondiente más intereses dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, y si regulariza su situación, seguirá dentro del régimen.
La diferencia no es menor porque introduce una instancia para corregir inconsistencias antes de perder las protecciones del sistema simplificado.
El proyecto extiende además hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a sus beneficios.
Durante las discusiones previas a la redacción de la iniciativa participaron tributaristas como Sonia Becherman, Liban Kusa y Ricardo Paolina.
El dictamen incorporó también una concesión dirigida a otro universo empresario que se relaciona con una reducción del 25% en determinadas multas por infracciones formales para pequeñas y medianas empresas.
El Banco Central que Milei quiere dejar
El segundo cambio tiene un alcance diferente ya que no apunta a conceder un beneficio inmediato, sino a limitar qué podrá hacer el Banco Central de la República Argentina (BCRA), incluso bajo futuras administraciones.
La reforma de la Carta Orgánica de la entidad rectora del sistema financiero busca establecer la preservación del valor de la moneda como mandato central y cerrar legalmente diferentes mecanismos utilizados para financiar al sector público.
En concreto, el texto prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro y el financiamiento al Estado nacional, provincias, Ciudad de Buenos Aires y municipios.
También impide la compra directa de títulos públicos en el mercado primario y elimina la utilización de Letras Intransferibles como instrumento para obtener reservas del organismo.
Las utilidades del Central tampoco podrían transferirse libremente al Tesoro ya que sólo podrían distribuirse ganancias realizadas y líquidas una vez constituidas las reservas y absorbidas las pérdidas acumuladas.
La iniciativa contempla además una transición para utilizar determinados resultados con el objetivo de cancelar el stock pendiente de adelantos transitorios y Letras Intransferibles y sanear el balance de la autoridad monetaria.
Para bancos, inversores y grandes empresas, el punto central está en el horizonte de largo plazo.
Es decir, Milei busca convertir en restricciones legales algunas decisiones que actualmente dependen de la orientación económica del Gobierno de turno.
Las empresas también pueden perder una herramienta de crédito
Hay otra modificación de la Carta Orgánica del Central que tendrá también consecuencias directas sobre el sector privado y es la eliminación entre las funciones del BCRA de la orientación del crédito hacia determinados destinos y las políticas crediticias diferenciadas.
Durante décadas, administraciones de distintos signos políticos utilizaron regulaciones financieras para impulsar préstamos hacia determinadas actividades, inversiones o sectores productivos.
La iniciativa parlamentaria sostiene ahora que esas políticas deben quedar en manos de instituciones de fomento y no de la autoridad monetaria.
Para las compañías que reclaman menor intervención estatal, la modificación reduce la posibilidad de futuras regulaciones discrecionales.
Para sectores que históricamente recurrieron a líneas promocionales, en cambio, significa perder una herramienta mediante la cual el Estado podía inducir a los bancos a prestar bajo determinadas condiciones.
El proyecto también busca blindar institucionalmente la conducción del Central y establece que la remoción de su presidente y de los directores requerirá una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, elevando considerablemente el costo político de desplazar a sus autoridades.
Patentes, la reforma que partió al empresariado
El tercer proyecto que se tratará la semana próxima en Diputados provoca una división mucho más visible que los anteriores.
Se trata de la iniciativa impulsada para permitir que Argentina se sume al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
Se trata de un sistema administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que permite iniciar mediante una solicitud internacional el proceso para proteger una invención en numerosos mercados.
Como no existe una "patente mundial", cada país conserva la facultad de decidir si concede o rechaza la protección.
La ventaja del mecanismo está en simplificar la primera etapa y ampliar los tiempos antes de afrontar los costos de presentar solicitudes en distintas jurisdicciones.
Para startups, empresas tecnológicas y biotecnológicas, universidades e investigadores, ese tiempo puede resultar decisivo para conseguir capital, probar mercados y determinar en qué países vale la pena proteger comercialmente una innovación.
De hecho, un relevamiento del Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral realizado sobre más de 350 actores del ecosistema innovador encontró que el 91% aumentaría su actividad de patentamiento internacional si Argentina ingresara al PCT.
Entre las pymes innovadoras consultadas, el 43% aseguró haber abandonado proyectos de protección internacional debido a las barreras del sistema actual.
Pero lo que para unas compañías representa una oportunidad es visto como un riesgo por otras, en especial por los laboratorios nacionales que se enfrentan a las multinacionales.
La resistencia más fuerte
Los laboratorios agrupados en CILFA (de capital nacional), objetaron la adhesión porque consideran que el nuevo esquema podría facilitar estrategias de patentamiento de compañías extranjeras y retrasar la aparición de competidores locales, con especial sensibilidad en el mercado de medicamentos.
Del otro lado quedaron sectores vinculados con empresas extranjeras y organizaciones que reclaman una protección más fuerte de la propiedad intelectual.
En este sentido, CAEME, que representa a compañías farmacéuticas y biotecnológicas de investigación del exterior, y AmCham, la cámara empresaria de Estados Unidos en el país, respaldaron una mayor integración de Argentina al sistema internacional.
La pelea empresaria terminó dejando su marca en el proyecto que llegará al recinto teniendo en cuenta que para reducir las resistencias, el dictamen incorporó una reserva al Capítulo II del PCT, referido al examen preliminar internacional.
De esa manera, Argentina podría ingresar al tratado sin adoptar inicialmente ese mecanismo y conservar mayor intervención nacional en esa etapa.
Es más, la Resolución Conjunta 1/2026 modificó los criterios utilizados desde 2012 para analizar patentes farmacéuticas y estableció que el INPI evalúe las solicitudes bajo los requisitos generales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
Por eso, para los laboratorios locales el PCT no constituye una discusión aislada sino que aparece como otro capítulo de una transformación más amplia de las reglas argentinas sobre propiedad intelectual.