Kicillof amenaza con meterse en la pelea por AySA y desafía una venta que es clave para Milei

El gobernador bonaerense Axel Kicillof tiene hasta el 27 de agosto para decidir si convierte su rechazo a la privatización de AySA en algo más que una disputa política con el presidente Javier Milei.

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, le pidió formalmente que la Provincia de Buenos Aires participe de la licitación mediante Aguas Bonaerenses (ABSA), la empresa estatal que presta el servicio de agua y cloacas en buena parte del territorio bonaerense.

El planteo instala una alternativa singular ya que mientras la Nación quiere abandonar el control de AySA y transferir el 90% de su capital a un operador estratégico, la Provincia podría intentar quedarse con ese mismo paquete mediante otra sociedad estatal.

De todos modos, existe un fuerte impedimento que surge del proceso encarado por el gobierno nacional, mediante el pliego de la licitación presentado por el Ministerio de Economía a través de la Resolución 704/2026, y es que una empresa bajo control estatal no podrá realizar una oferta por AySA, por lo cual el reclamo de Gray terminaría fracasando aún si el kirchnerismo pretende avanzar en esta operación.

El intendente peronista fundamentó su pedido en el futuro de las inversiones; advirtió que todavía existen millones de bonaerenses sin acceso a agua potable y cloacas y cuestionó que, bajo el nuevo esquema, la expansión de las redes pueda quedar relegada frente al mantenimiento y renovación de la infraestructura existente.

Pero, además del impedimento contractual ya establecido, ABSA tendría también que superar requisitos de experiencia, patrimonio y capacidad financiera establecidos por el pliego de la licitación y, por su situación económica actual.

Ese punto cobra mayor peso al revisar las propias decisiones del gobierno bonaerense que, durante los primeros seis meses de este 2026, autorizó dos asistencias financieras a ABSA por hasta $24.000 millones para sostener sus costos operativos.

La primera fue establecida mediante el Decreto 38/2026 y alcanzó hasta $18.000 millones para enero, febrero y marzo, mientras que la segunda, aprobada por el Decreto 569/2026, agregó hasta $6.000 millones para abril, mayo y junio.

En ambos casos, la documentación oficial utiliza prácticamente el mismo argumento que es el de cubrir los costos operativos más urgentes de la compañía.

Una licitación en su momento decisivo

En el caso de AySA, las ofertas podrán presentarse hasta las 9.59 del próximo 27 de agosto y a las 10 comenzará la apertura de la primera etapa.

Si bien se espera que en ese momento se terminen las especulaciones y se conozca qué grupos efectivamente decidieron competir, existe la posibilidad fuerte de que se retrase la operación.

Según pudo saber iProfesional, varios de los grupos interesados están reclamando más plazo para analizar los pliegos y fundamentar sus ofertas.

La posibilidad de demorar el proceso licitatorio no es bien vista por el gobierno nacional, en especial por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien pretende seguir avanzando rápidamente con el cronograma de privatizaciones que la gestión libertaria puso en marcha desde que desembarcó en la Casa Rosada, en diciembre del 2023.

Por ahora, entre los potenciales candidatos locales para quedarse con AySA se anotan el Grupo Roggio, con experiencia directa a través de Aguas Cordobesas; Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor; JCR, la constructora fundada por Juan Carlos Relats; y Edison Energía, el vehículo de inversión de la familia Neuss junto con socios de Newsan y Havanna.

Sin embargo, en el caso de este último grupo es más que probable que terminen no participando de la competencia por la propiedad de AySA.

La operación también despertó interés entre compañías extranjeras como Sabesp, la operadora del estado brasileño de San Pablo; Águas do Rio, también de Brasil, y Aguas Andinas, que presta el servicio en Santiago de Chile.

Ninguno debe considerarse todavía un oferente confirmado y en el caso de las sociedades brasileñas podrían ser apartadas del proceso por la misma razón que la empresa estatal bonaerense.

El examen que deberá aprobar el comprador

Cabe recordar que el Estado puso en venta la totalidad de su participación en AySA, equivalente al 90% del capital social mientras que el otro 10% pertenece a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

El Ministerio de Economía estructuró la operación como una licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple y sin precio base.

La primera selección tampoco se hará por dinero ya que, antes de conocer cuánto ofrece cada candidato, el Gobierno revisará sus antecedentes legales, técnicos, patrimoniales y financieros.

En este sentido, la experiencia constituye una de las principales barreras de entrada porque el operador técnico tiene que acreditar por lo menos cinco años continuos, dentro de los últimos 10, administrando servicios de agua potable y saneamiento en un centro urbano con al menos 1,5 millones de habitantes y 500.000 usuarios.

También hay condiciones financieras teniendo en cuenta que los participantes deben acreditar experiencia en la obtención o estructuración de financiamiento por un mínimo de u$s300 millones.

Para determinados fondos o estructuras de administración de activos, la vara llega a u$s1.000 millones bajo gestión.

Por otra parte, la licitación permite presentaciones conjuntas, pero el integrante de una UTE que aporte los antecedentes operativos deberá conservar al menos el 15% del vehículo oferente.

Esa cláusula adquiere particular importancia ante el pedido realizado a Kicillof ya que ABSA podría formar parte de un consorcio y complementar con terceros aquellos requisitos que no pudiera satisfacer individualmente.

Además, cada candidato debe constituir una garantía de mantenimiento de oferta por u$s25 millones, vigente inicialmente durante 120 días y recién después de superar esta evaluación llegará la competencia por el precio.

Una empresa provincial con asistencia estatal

En el caso de ABSA, la sociedad atiende aproximadamente a 2,6 millones de personas en 95 localidades bonaerenses, mientras que AySA opera sobre la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano, dentro de un área en la que viven cerca de 15 millones de habitantes.

Pero la diferencia de tamaño no es el único desafío si se recuerda que el Decreto 38/2026, firmado por Kicillof el 2 de febrero pasado, autorizó una transferencia de hasta $18.000 millones para los meses de enero, febrero y marzo, distribuida en desembolsos mensuales de hasta $6.000 millones.

El expediente que dio origen a la medida señala que la propia ABSA había solicitado asistencia financiera para cubrir sus costos operativos más urgentes.

La decisión incluyó además otro aporte de hasta $3.984 millones destinado a obras que originalmente habían sido financiadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

La Provincia sostuvo en ese decreto que decidió asumir obligaciones que corresponden al Estado nacional para garantizar la continuidad y finalización de esas obras ante el incumplimiento de compromisos de financiamiento.

Tres meses después apareció una segunda asistencia que fue canalizada mediante el Decreto 569/2026, firmado el 21 de mayo, y por el cual Kicillof autorizó otros $6.000 millones para abril, mayo y junio, con desembolsos mensuales de hasta $2.000 millones.

Otra vez, el fundamento fue cubrir los costos operativos más urgentes, mientras que los desembolsos correspondientes a determinados meses quedaron además sujetos a revisión previa de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía bonaerense y ABSA debe efectuar los aumentos de capital correspondientes.

Los dos decretos muestran que durante el primer semestre de este 2026 la Provincia autorizó hasta $24.000 millones de asistencia para la operación de la empresa, además del aporte extraordinario destinado a obras.

El dato introduce una pregunta económica vinculada a saber cómo una compañía que necesita aportes de su accionista para sostener parte de su funcionamiento podría financiar por sí sola la adquisición de una empresa de una escala varias veces superior.

Cuál será el valor de venta final de AySA

El Gobierno encargó a una entidad bancaria perteneciente al sector público nacional la tasación del paquete accionario.

Esa valuación será una de las referencias centrales para analizar las propuestas económicas.

El pliego incorpora además una competencia adicional cuando las ofertas quedan muy cerca ua que si la diferencia entre las mejores propuestas es igual o inferior al 5%, los candidatos pueden ser convocados a mejorar sus números.

El mecanismo admite nuevas rondas hasta obtener una propuesta ganadora, mientras que el pago de las acciones deberá completarse al cierre de la operación.

El comprador tendrá además que constituir una sociedad anónima argentina destinada específicamente a mantener la participación adquirida y cumplir las obligaciones derivadas de la concesión.

El proceso incluyó un Data Room con datos económicos, financieros, legales y operativos, además de la posibilidad de realizar visitas a instalaciones.

Entre los activos que pudieron conocer figuran las plantas potabilizadoras General San Martín y General Belgrano, la planta de tratamiento de Glew y estaciones elevadoras.

Una operación allá del traspaso accionario

El plazo inicial del nuevo contrato de concesión de AySA es de 30 años y existe la posibilidad de una única prórroga por otros 10, por lo cual el futuro comprador podría permanecer al frente del principal sistema de agua y saneamiento argentino durante cuatro décadas.

Como la concesión no contempla el pago de un canon, el nuevo dueño de AySA quedará sujeto al régimen tarifario, a las revisiones previstas y a las obligaciones de mantenimiento, calidad e inversión.

La ecuación depende de que los ingresos permitan sostener el servicio, remunerar el capital y financiar las obras que correspondan a la concesionaria.

Ese modelo forma parte del cambio que Milei introdujo antes de vender AySA, cuando recompuso tarifas, redujo transferencias, avanzó sobre los costos y modificó las condiciones regulatorias con la intención de convertir a la empresa en un activo capaz de funcionar sin asistencia permanente del Tesoro.

De hecho, la empresa informó que cerró el 2025 con un resultado económico neto positivo de alrededor de $237.000 millones y una fuerte reducción de su deuda.

La privatización encuentra así a la compañía en una situación distinta de la que mostraba cuando comenzó la administración libertaria.

El servicio fue privatizado en 1993 y quedó en manos de Aguas Argentinas, encabezada por el grupo francés Suez.

Pero en el 2006, Néstor Kirchner rescindió la concesión tras acusar a la compañía de incumplimientos y creó AySA que 20 años después se encuentra atravesando el recorrido inverso de la mano de Milei.

Su administración sostiene que la gestión privada, acompañada por tarifas que reflejen los costos y un marco regulatorio estable, permitirá reducir la intervención estatal y garantizar las inversiones.

Kicillof se ubica en la vereda contraria, manteniendo empresas públicas como instrumentos para intervenir en servicios considerados estratégicos y cuestionando la política nacional de privatizaciones.