El Gobierno postergó la privatización de AySA: los motivos detrás de la decisión

El Gobierno les dio 19 días adicionales a los potenciales compradores de AySA para que puedan presentar sus ofertas en el marco de la venta de la mayor empresa pública los servicios de agua potable y desagües cloacales de la Argentina.

La sociedad opera en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense y la administración pública libertaria pretende que un operador privado se haga cargo de su operación antes de que finalice este 2026.

Su radio de acción comprende un área de aproximadamente 3.300 kilómetros cuadrados en los cuales ofrece sus servicios de agua potable a más de 11 millones de personas y de saneamiento a alrededor de 9 millones.

La infraestructura comprende decenas de miles de kilómetros de redes de distribución de agua y recolección de líquidos cloacales, plantas potabilizadoras, establecimientos depuradores, estaciones de bombeo y otras instalaciones distribuidas por el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Entre los principales activos se encuentran las plantas potabilizadoras General San Martín, en Palermo; General Belgrano, en Bernal y Juan Manuel de Rosas, en Tigre. En el sistema de saneamiento aparecen instalaciones como Berazategui, Sudoeste, El Jagüel y Hurlingham.

En ese aspecto, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los potenciales compradores es el nivel de exigencia que plantean los pliegos para la venta de Aysa incluidos en el proceso de contratación.

Ocurre que quien quiera controlar la empresa deberá demostrar experiencia simultánea en saneamiento y servicios cloacales y, si no la tiene, incorporar a su propuesta un operador especializado.

Esa exigencia forma parte de la letra chica que rodea la postergación de la licitación hasta el 15 de septiembre próximo.

No se trata de una condición que haya pasado inadvertida para quienes estudian el negocio ya que durante el período de consultas, uno de los interesados preguntó si podía acreditar experiencia únicamente en uno de los dos servicios y la respuesta oficial fue negativa.

El operador técnico deberá demostrar antecedentes en ambos servicios durante por lo menos cinco años continuos dentro de la última década.

Además, esa experiencia debe haberse desarrollado en un centro urbano de al menos 1,5 millones de habitantes y sobre una operación que alcance como mínimo a 500.000 usuarios.

La condición restringe el universo de compañías que pueden presentarse individualmente y obliga a aquellos candidatos que no reúnan los antecedentes a conseguir un socio especializado.

Ese es uno de los movimientos que se producen mientras corre el nuevo plazo que cambió la fecha original para presentar las ofertas del 27 de agosto a dentro de 20 días.

La modificación del plazo a sólo dos días de su vencimiento, se da después de que el Gobierno recibió solicitudes de potenciales oferentes que reclamaron más tiempo para completar la documentación.

La prórroga no implica, hasta ahora, una modificación de las condiciones centrales de la venta sino solamente la concesión de más tiempo a los candidatos para cumplir con los requisitos.

Un socio que no puede ser sólo una llave de entrada

El pliego de la licitación admite que los interesados se agrupen para participar de la privatización.

Pero si un consorcio necesita recurrir a otra compañía para acreditar la experiencia exigida, ese operador deberá involucrarse accionariamente en el capital de AySA.

La condición es especialmente relevante para grupos argentinos con capacidad financiera o experiencia en infraestructura, pero que no operan por sí mismos un sistema de agua potable y cloacas de la escala establecida en el pliego.

Entre los nombres que analizaron la operación durante el proceso aparecen dos que se destacan por encima del resto.

Uno es el Grupo Roggio y el segundo es el empresario Mauricio Filiberti y, en ambos casos, es más que probable que terminen acercando ofertas de compra asociados con operadores internacionales del negocio sanitario que cumplan con las demandas de los pliegos.

De hecho, la extensión hasta septiembre permitirá saber cuáles de los interesados consiguen finalmente estructurar un consorcio y presentan una oferta.

Otro de los aspectos salientes de esa letra chica que obligó a postergar el proceso por unas semanas se vincula con el socio técnico, que tampoco podrá limitarse a aportar los antecedentes necesarios para atravesar la licitación y retirarse inmediatamente después.

Las nuevas reglas de la concesión establecen condiciones para mantener al operador que permitió acreditar la capacidad técnica.

Ese integrante deberá conservar una participación mínima del 15% durante los tres primeros ciclos tarifarios, además de que su eventual reemplazo estará sujeto a las condiciones previstas por el contrato y deberá garantizar que el nuevo operador cumpla las exigencias correspondientes.

La letra chica convierte así la búsqueda de un socio en una decisión que excede el armado de la oferta al punto que, para las empresas o grupos que necesitan asociarse, implica definir antes de competir quién participará de la operación de AySA y permanecerá dentro de su estructura accionaria durante un período prolongado.

A ese filtro se suman las condiciones financieras si se recuerda que cada participante deberá constituir una garantía de mantenimiento de oferta por u$s25 millones y sostener su propuesta durante 120 días desde la apertura de la primera etapa.

Un proceso que fue estructurado en etapas

La licitación de AySA tiene varias capas, siendo la primera la que se llevará a cabo para evaluar los antecedentes legales, técnicos, patrimoniales y financieros de cada competidor.

Sólo los candidatos que superen esa instancia podrán acceder a la apertura de las propuestas económicas pero teniendo en cuenta además que el Gobierno no estableció un precio base para el paquete de una empresa estatal que fue creada en marzo de 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner rescindió la concesión que desde 1993 estaba en manos de Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez.

En ese momento, el Estado se quedó con el 90% del capital y el restante 10% fue destinado al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.

Durante los años siguientes, la compañía amplió su área de concesión, incorporó municipios y desarrolló obras con una fuerte participación del financiamiento público.

Ahora, el gobierno de Javier Milei la incluyó entre las empresas sujetas a privatización y avanzó posteriormente con cambios en el marco regulatorio y en las condiciones de la concesión antes de lanzar la licitación internacional.

No se trata, por lo tanto, de reproducir el modelo de Aguas Argentinas de los años 90 ya que el futuro dueño ingresará a una concesión con nuevas reglas y obligaciones definidas antes del traspaso.

Detectar los problemas antes de firmar

La segunda parte de la letra chica de la decisión oficial se debe buscar en la forma en que los interesados deben evaluar qué están comprando.

En este sentido, el Ministerio de Economía habilitó un data room con información sobre AySA y la concesión para que los candidatos habilitados puedan acceder a documentación que necesitan para realizar su propia valuación de la compañía.

El procedimiento también contempla visitas a instalaciones en donde los interesados pueden inspeccionar establecimientos y constatar el estado de equipos y activos que posteriormente quedarán bajo responsabilidad del nuevo controlador.

Pero el Gobierno trasladó a los potenciales compradores la responsabilidad de realizar esa revisión como parte de la Resolución 704/2026, mediante la cual Economía lanzó la licitación y en la que se establece que queda exclusivamente a cargo de cada interesado realizar las investigaciones, análisis y estimaciones necesarias para formular su propuesta.

La presentación de una oferta supone que el candidato conoce la información disponible, evaluó AySA y los activos concesionados y ponderó las condiciones que pueden afectar el negocio.

El procedimiento también limita la posibilidad de formular posteriormente reclamos basados en el desconocimiento de esa documentación.

La cláusula obliga a los candidatos a evaluar activos, contratos, cuestiones laborales, litigios y otras contingencias antes de definir cuánto están dispuestos a pagar.

Por eso, los 19 días adicionales no sirven solamente para completar formularios sino también para ampliar el período disponible para terminar la revisión de una compañía cuya futura rentabilidad dependerá tanto del precio de adquisición como de las obligaciones y riesgos que acompañen el control.

Las consultas que siguieron hasta seis días antes

El proceso previo al cambio de fecha muestra que las preguntas de los interesados continuaron prácticamente hasta el vencimiento original.

Desde fines de mayo se publicaron ocho circulares vinculadas con la licitación y después de la primera, las restantes fueron apareciendo entre mediados de julio y el 21 de agosto.

Todas las circulares contienen respuestas y precisiones sobre el procedimiento y entre esas consultas apareció justamente la pregunta acerca de si el operador podía acreditar antecedentes sólo en agua o sólo en cloacas, que recibió una respuesta negativa.

Para el 15 de septiembre habrá que esperar que los candidatos ya hayan resuelto buena parte de la letra chica: quién aporta la experiencia técnica, cómo queda conformado el consorcio, si cumple las condiciones financieras y qué valuación surge de la información revisada en el data room y de las instalaciones de AySA.

Sólo después llegará la pelea por el precio y comprobar cuántos de los grupos que durante estos meses estudiaron la mayor empresa de agua y saneamiento del país consiguieron transformar ese interés en una propuesta capaz de superar los filtros de la privatización.