El Gobierno le marca la cancha al futuro dueño de AySA: las reglas que deberá cumplir

El Gobierno terminó de definir una parte sustancial de las reglas con las que deberá convivir el futuro dueño privado de AySA. Lo hizo apenas seis días antes de que se abran las ofertas de la primera etapa de la licitación convocada para transferir el control de la mayor empresa de agua y saneamiento del país.

A través de la Resolución 30/2026, publicada este viernes 21 de agosto en el Boletín Oficial, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el Plan de Acción de la Concesionaria para 2027-2031,

También dejó establecidos algunos de los números que resultarán determinantes para el grupo que finalmente se quede con la compañía.

Entre ellos aparecen un programa de inversiones de casi $3 billones, una Base de Activos Regulatorios (BAR) inicial de $790.074,6 millones y una Tasa de Costo de Capital (WACC) del 8,90% real después de impuestos.

La decisión llega en un momento particularmente sensible si se tiene en cuenta que el próximo jueves 27 de agosto vence el plazo para presentar las ofertas de la licitación internacional de AySA y, ese mismo día, se realizará la apertura de la primera etapa. A las 10 de la mañana de ese día se abrirá la Etapa N°1, destinada a conocer a los participantes y posteriormente determinar cuáles cumplen las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales exigidas para avanzar en el proceso.

Los grupos que superen esa instancia quedarán habilitados para la etapa económica, que será la que finalmente permita conocer las propuestas para quedarse con el control de AySA.

De esta manera, los potenciales compradores llegarán a esa instancia con buena parte de la ecuación futura del negocio ya definida.

Un millonario volumen de inversiones

Uno de los datos más relevantes de la resolución es el monto de las inversiones que deberá afrontar la empresa durante sus primeros cinco años bajo el nuevo esquema. El Plan de Acción aprobado contempla inversiones por $2.892.111 millones sin IVA, expresados en moneda de diciembre de 2025.

A ese monto se agregan $28.896 millones correspondientes a activación de mano de obra directa. El CAPEX total previsto alcanza así los $2.921.007 millones, es decir, casi $3 billones a valores constantes de diciembre pasado.

La distribución permite además conocer hacia dónde deberá dirigir los recursos el futuro operador ya que el 39,15% corresponde al plan de obras y otro 39,69% al mantenimiento de la infraestructura, mientras que otro 10,92% se destinará al plan de mejoras y el 10,24% restante al plan de operaciones. Por tipo de servicio, el 58,67% de las inversiones será destinado al agua potable, el 32,25% a desagües cloacales y otro 9,08% a procesos de soporte.

El programa será uno de los instrumentos centrales para controlar el desempeño de la compañía durante el período 2027-2031. Sin embargo, el nuevo modelo regulatorio otorga al operador cierto margen para decidir cómo alcanzar esos objetivos.

En este sentido, el esquema pone el foco principalmente en el cumplimiento de las metas comprometidas y no exclusivamente en la ejecución exacta de cada inversión proyectada.

Esto significa que el futuro accionista privado tendrá capacidad para administrar los recursos y determinar los medios para alcanzar los objetivos, aunque deberá responder por los resultados exigidos en materia de mantenimiento, calidad, operación y expansión del servicio.

La rentabilidad reconocida al futuro operador

Otra definición particularmente relevante de la resolución para los interesados en AySA es la rentabilidad regulatoria reconocida al capital. El ERAS estableció para el período 2027-2031 una Tasa de Costo de Capital o WACC del 8,90% real después de impuestos y del 11,36% nominal.

El índice forma parte de la ecuación utilizada para determinar la remuneración del capital dentro del modelo económico financiero de la concesión y la cifra fue objeto de una discusión técnica entre AySA y el regulador.

La empresa había presentado inicialmente una estructura financiera que fue observada por el ERAS, que además contrató a Macroconsulting para realizar una evaluación independiente. Ese estudio estableció una banda de razonabilidad para el WACC real después de impuestos de entre 8,78% y 9,28%.

Tras las observaciones, AySA modificó sus cálculos y presentó un WACC real de 8,90%, que terminó siendo el valor aprobado por el regulador. Uno de los principales cambios estuvo relacionado con el endeudamiento previsto para la empresa. AySA había partido inicialmente de un apalancamiento del 10%, pero posteriormente llevó la proporción de deuda financiera al 28% de la estructura de financiamiento, dentro de la banda de entre 27% y 35% considerada razonable por la consultora independiente.

El modelo contempla además una incorporación progresiva de financiamiento durante los próximos años y una meta de deuda del 50% hacia el último ejercicio del Primer Ciclo Tarifario.

El acceso al mercado de capitales y al financiamiento de largo plazo será, por lo tanto, otro de los desafíos que deberá enfrentar el futuro controlador.

Un pilar económico sobre la base de los activos

El ERAS también fijó en $790.074,6 millones la Base de Activos Regulatorios inicial del Primer Ciclo Tarifario, expresada en pesos constantes de diciembre de 2025. La BAR constituye uno de los pilares económicos de cualquier compañía regulada porque representa la base de activos reconocida sobre la cual se estructura parte de la remuneración del capital.

En el caso de AySA, el valor inicial tendrá carácter definitivo y permanecerá inalterado para futuras revisiones tarifarias. A partir de allí podrán incorporarse nuevas inversiones reconocidas regulatoriamente, siempre que correspondan a activos que se encuentren en operación, sean necesarios para la prestación del servicio y cumplan las condiciones establecidas por el contrato.

Para hacerlo, la regulación obliga a la empresa a mantener además un inventario físico y valorizado de los bienes afectados al servicio. Ese registro deberá identificar, entre otros elementos, la fecha de incorporación de cada activo, su clasificación contable, ubicación, vida útil, valor de adquisición y depreciación acumulada.

El mecanismo tendrá especial importancia después de la privatización porque permitirá determinar qué inversiones realizadas por el nuevo operador podrán incorporarse a la base regulatoria de los ciclos posteriores.

Qué ocurrirá con las tarifas

La resolución también permite conocer otra parte fundamental de la ecuación que analizarán los potenciales compradores vinculada al esquema tarifario durante el período 2027-2031.

El contrato establece que en ese Primer Ciclo Tarifario no habrá una Revisión Tarifaria Ordinaria ya que el modelo económico parte del nivel tarifario vigente al momento en que AySA presentó su Plan de Acción y considera que se mantendrá constante en términos reales durante el ciclo.

Eso no implica un congelamiento nominal de las facturas durante cinco años sino que la regulación trabaja con valores constantes y contempla los mecanismos contractuales correspondientes, pero no proyecta nuevos incrementos reales derivados de una Revisión Tarifaria Ordinaria durante ese período.

Para los interesados en comprar AySA, la definición reduce una de las grandes incógnitas habituales en las privatizaciones de servicios públicos.

Es decir, antes de presentar la oferta económica ya conocerán el régimen tarifario de partida, el costo de capital reconocido, la base regulatoria y el volumen de inversiones previsto.

Una pesada herencia por cobrar

La documentación también deja al descubierto otro desafío que heredará el futuro controlador de AySA como es el de la incobrabilidad.

Para el ciclo completo, la empresa calculó pérdidas por facturas que no podrá cobrar por $963.558 millones, que equivale a un ratio implícito del 12,23% sobre las ventas devengadas.

El ERAS aceptó ese valor para el Primer Ciclo Tarifario, aunque objetó parte de la metodología utilizada por AySA y determinó que deberá ser modificada en la primera Revisión Tarifaria Ordinaria.

La cifra muestra que el desafío del próximo operador no pasará solamente por conseguir los recursos necesarios para ampliar y mantener las redes.

También deberá mejorar la eficiencia comercial y la capacidad de cobro de una compañía que presta un servicio público esencial y que proyecta perder por incobrabilidad una suma cercana al billón de pesos durante el próximo ciclo.

La cuenta regresiva para conocer a los interesados

La definición de estas condiciones se produce cuando comienza la cuenta regresiva para una de las privatizaciones más importantes del programa del Gobierno.

La Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía convocó una licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple, sin precio base, para transferir a un operador estratégico las acciones de AySA que se encuentran en poder del Estado nacional.

Actualmente, el Estado posee el 90% del capital de la compañía, mientras que el 10% restante corresponde a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

El proceso de privatización establece como objetivo que al menos el 51% del capital de AySA pase a un operador estratégico, mientras que el remanente estatal que no sea transferido por esa vía podrá colocarse posteriormente en bolsas y mercados del país.

El cronograma oficial establece que los interesados podrán presentar sus ofertas hasta las 9.59 del jueves 27 de agosto. Un minuto después, a las 10, se realizará mediante la plataforma CONTRAT.AR la apertura correspondiente a la Etapa N°1.

Luego llegará la evaluación de los antecedentes de los oferentes, la precalificación de aquellos que cumplan las exigencias del pliego y, posteriormente, la apertura de las propuestas económicas y la adjudicación.

El próximo jueves, por lo tanto, todavía no habrá un ganador ni se conocerá cuánto están dispuestos a pagar los candidatos por la compañía. Pero será la primera señal concreta sobre el interés empresario que despertó la privatización.