La Justicia complica el salvataje de Granja Tres Arroyos y avanza sobre sus dueños

El plan para evitar el colapso de Granja Tres Arroyos sumó un nuevo obstáculo, mientras la empresa busca alternativas para reestructurar una deuda de u$s350,9 millones, incorporar capital y vender activos.

Ocurre que distintos acreedores de la principal productora de pollos de la Argentina avanzan por separado en la Justicia donde dos causas comerciales ya derivaron en embargos sobre propiedades vinculadas a Joaquín y Elba Elisa De Grazia, integrantes de la familia controlante, y en una inhibición general de bienes que alcanza a Avex y a cinco personas relacionadas con el grupo.

Si bien las resoluciones no determinan el fracaso de la reestructuración ni implican que las propiedades hayan sido transferidas a los acreedores, inmovilizan bienes, agregan restricciones sobre Avex y obligan a la compañía a responder simultáneamente en diferentes expedientes mientras intenta alcanzar un acuerdo general.

A estos problemas, Granja Tres Arroyos también le suma cuatro pedidos de quiebra, distintas ejecuciones y más de $101.600 millones en cheques rechazados entre sus tres principales sociedades.

Una banca de inversión busca una salida

La compañía contrató a Valo Columbus, la división de banca de inversión del Banco de Valores, para elaborar una salida financiera que comprende a Granja Tres Arroyos, Avex y Wade.

El proceso incluye la renegociación de las obligaciones comerciales, fiscales y financieras; la búsqueda de inversores o nuevos socios; la incorporación de capital privado; y la venta de establecimientos considerados no esenciales, como parte de un proceso de reestructuración de una deuda incluida en el proceso que asciende a u$s350,9 millones.

El mayor componente de este escenario corresponde a proveedores comerciales, con acreencias por u$s123 millones y entre los cuales aparecen proveedores de granos, granjeros integrados, laboratorios veterinarios, transportistas y empresas de servicios.

En cuanto a las obligaciones fiscales suman u$s88,1 millones, de los cuales u$s56,2 millones corresponden a ARCA y u$s31,9 millones a organismos tributarios provinciales, principalmente ARBA, el ente recaudador impositivo de la provincia de Buenos Aires.

En el caso de la deuda financiera garantizada alcanza los u$s85,1 millones y tiene entre sus principales acreedores a Rabobank, la Asociación de Cooperativas Argentinas, Banco Nación y al BICE.

Otros u$s54,7 millones corresponden a obligaciones financieras sin garantías distribuidas entre más de diez bancos, fideicomisos, acreedores no bancarios y cheques de pago diferido negociados en el mercado de capitales.

La propuesta de repago elaborada por Valo había fijado el 30 de junio como fecha inicial para alcanzar un acuerdo pero hasta el momento, Granja Tres Arroyos no informó públicamente el cierre de la negociación ni el ingreso de un nuevo inversor.

Las quitas dividen a los acreedores

El plan ofrece diferentes alternativas según el tipo de deuda y el plazo elegido para recuperar el dinero siendo una de las opciones para los proveedores más viables la que contempla una quita del 75% del capital y la cancelación del saldo en 12 cuotas mensuales, después de seis meses de gracia. Otra reduce la quita al 50% y lleva el pago a 24 cuotas.

El esquema también permite reclamar el 100% del capital, aunque con una devolución de hasta siete años. Las alternativas requieren la renuncia a los intereses por mora y punitorios acumulados hasta la fecha del eventual acuerdo.

Los proveedores que acepten continuar entregando granos, insumos o servicios reciben un tratamiento diferente ya que la empresa necesita mantener ese abastecimiento para recuperar el volumen de producción y generar los ingresos destinados a cumplir la reestructuración.

Además de renegociar la deuda, el grupo necesita capital de trabajo, por lo cual el plan contempla obtenerlo mediante aportes de proveedores estratégicos, anticipos de clientes, contratos de producción para terceros, la incorporación de inversores y la venta de al menos cinco activos.

Pero mientras VALO Columbus desarrolla esas gestiones, los acreedores ID Group, Fradei, ASA Tala y Centro de Distribución Sur presentaron pedidos de quiebra contra Granja Tres Arroyos.

Las solicitudes no significan que la empresa haya sido declarada en esa situación ya que cada demandante debe acreditar su crédito y la compañía puede cuestionar la obligación, pagar la suma reclamada o alcanzar un acuerdo dentro del expediente.

También se tramitan juicios ejecutivos promovidos por MAS Protección, Sartore Hermanos, Award Support y Trade Service, además de las causas que derivaron en las nuevas medidas cautelares.

Las garantías personales quedan alcanzadas

Una de las principales ejecuciones tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°19, a cargo de Gerardo Santicchia y es promovida por una entidad financiera que reclama a Granja Tres Arroyos y a sus garantes el pago de $1.194,95 millones.

El juzgado calculó provisoriamente otros $600 millones para cubrir intereses y costas, con lo cual la suma comprendida en el proceso se aproxima a los $1.795 millones.

En ese sentido, el juez Santicchia ordenó embargar los inmuebles denunciados por el acreedor, siempre que los registros confirmen que pertenecen a Joaquín De Grazia, presidente del grupo, o a Elba Elisa De Grazia.

Los bienes identificados son un departamento y una cochera sobre la avenida Francisco Beiró, en la Ciudad de Buenos Aires; un terreno situado en Canning; y una propiedad dentro del Highland Park Country Club, en Pilar.

La orden no alcanza indiscriminadamente a todos los bienes de los De Grazia sino que aclara que debe aplicarse únicamente sobre las propiedades indicadas y después de comprobar su titularidad registral.

El juez no concedió por el momento la inhibición general solicitada por el acreedor y primero dispuso conocer el resultado de los embargos, aunque dejó abierta la posibilidad de analizar posteriormente una restricción más amplia.

El embargo individualiza un bien para que pueda responder por la deuda si la ejecución prospera pero no supone que la propiedad haya sido adjudicada al acreedor ni determina automáticamente su remate.

Avex enfrenta una inhibición más amplia

La segunda causa tiene como demandada a Avex, sociedad del grupo que opera la planta avícola de Río Cuarto, Córdoba y se tramita bajo el expediente del Juzgado Nacional en lo Comercial N°16, conducido por Diego Manuel Paz Saravia.

La entidad financiera demandante reclama u$s115.000, más otros u$s34.500 estimados provisoriamente para intereses y costas.

El juez ordenó embargar las dos unidades ubicadas sobre la avenida Francisco Beiró, en caso de que figuren a nombre de Joaquín De Grazia y también dispuso una medida sobre el usufructo que Elba Elisa De Grazia posee sobre un inmueble de Highland Park.

Paz Saravia decretó además la inhibición general de bienes de Avex y de cinco personas: Elba Elisa De Grazia, Inés Magallanes, Joaquín De Grazia, Marcelo Carlos De Grazia y Romina Paola Elizabeth Pato.

Cabe aclarar que la inhibición no recae sobre un inmueble determinado sino que restringe la posibilidad de vender o transferir bienes registrables mientras la medida permanezca vigente.

Esta restricción deberá ser considerada dentro del proceso conducido por Valo Columbus si alguna de las operaciones proyectadas comprende activos registrables de Avex alcanzados por la inhibición, aunque la medida puede ser discutida, sustituida o levantada dentro del expediente correspondiente.

Granja Tres Arroyos afronta, además, una ejecución prendaria por $55,78 millones, causa en la que fueron calculados provisoriamente otros $25 millones para intereses y costas y se ordenó avanzar sobre el bien entregado como garantía y sobre inmuebles denunciados por el acreedor.

Un plan que sigue a pesar de la Justicia

Los embargos, las inhibiciones y los pedidos de quiebra no cancelan automáticamente la búsqueda de inversores ni la negociación encabezada por Valo Columbus.

Esto se debe a que las medidas sobre bienes personales también se originan en garantías otorgadas por integrantes de la familia y no implican necesariamente la afectación directa de activos productivos de Granja Tres Arroyos.

En cambio, la inhibición dictada contra Avex sí establece una restricción sobre una de las sociedades comprendidas en la reestructuración.

A eso se agregan los pedidos de quiebra y las ejecuciones iniciadas contra Granja Tres Arroyos.

En el caso de la propuesta de reestructuración, hasta el momento, la empresa no informó la homologación judicial de un acuerdo preventivo extrajudicial ni la apertura de un concurso preventivo que reúna las obligaciones dentro de un único proceso.

Al respecto, la Ley de Concursos y Quiebras establece mecanismos que, bajo determinadas condiciones y resoluciones judiciales, suspenden las acciones patrimoniales individuales, aunque la sola existencia de una negociación privada no produce ese efecto.

Por esa razón, mientras las conversaciones continúan, los acreedores pueden intentar cobrar mediante expedientes separados.

Además, las medidas obtenidas en esas causas deberán ser contempladas en cualquier acuerdo que involucre las deudas, garantías o activos alcanzados.

La producción limita las alternativas

El resultado de la reestructuración también está vinculado con la capacidad de la empresa para sostener su actividad, teniendo en cuenta que la empresa ya mantiene varias de sus plantas cerradas y a cientos de trabajadores suspendidos o al borde de ser despedidos.

Es más, el plan presentado por Valo Columbus indicó que la faena había descendido desde un máximo de 760.000 aves diarias hasta aproximadamente 200.000.

La propuesta proyectaba duplicar ese volumen en nueve meses, aunque para hacerlo, la empresa necesita recomponer el abastecimiento de granos, energía y otros insumos, además de recuperar la actividad de las granjas integradas que crían las aves.

Sin embargo, distintas unidades del grupo redujeron o interrumpieron sus operaciones como la planta de Capitán Sarmiento que suspendió sus actividades desde el 31 de agosto y "hasta nuevo aviso".

En una comunicación enviada al personal, la empresa atribuyó la decisión a la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor.

Los trabajadores recibieron la instrucción de no concurrir, salvo convocatoria expresa de un encargado o supervisor.

El establecimiento no aparecía originalmente entre los activos ofrecidos para la venta porque había sido considerado estratégico dentro de la organización productiva.

En tanto, en Avex Río Cuarto, una parada anunciada inicialmente por dos semanas se prolongó y afectó a unos 350 trabajadores, mientras que en Concepción del Uruguay cerró la planta Becar y sus empleados fueron derivados a La China, otro establecimiento que permanece paralizado desde fines de mayo.

A mediados de agosto, Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 empleados sobre una dotación cercana a 900 trabajadores en Concepción del Uruguay.

Los telegramas atribuyeron las cesantías a una "grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora", mientras que el Sindicato de la Alimentación denunció atrasos de varias quincenas en el pago de los salarios.

La planta de Tristán Suárez también dejó de operar y fueron desvinculados aproximadamente 200 trabajadores sobre una dotación de 270, en tanto que el personal de Pinazo, partido de Pilar, atravesó suspensiones, mientras que Wade I y Wade II, vinculadas con la operación de la ex Cresta Roja, registraron paralizaciones y conflictos salariales.

Los rechazos muestran la interrupción de pagos

A esta grave situación comercial y laboral se suman los registros del Banco Central que indican que Granja Tres Arroyos acumula 5.652 cheques rechazados por más de $86.400 millones.

La compañía también registra deudas con entidades financieras por más de $42.400 millones, mientras que Avex suma 755 cheques rechazados por aproximadamente $7.300 millones y Wade registra otros 690 documentos por $7.955 millones.

En conjunto, las tres sociedades totalizan 7.097 cheques rechazados por más de $101.600 millones, aunque el registro puede incluir documentos pagados o regularizados después de su rechazo.

Por esa razón, el monto no equivale necesariamente al saldo que permanece impago, pero muestra la cantidad y el valor de los cheques que no fueron atendidos en su fecha de presentación.

Una estructura productiva integrada

Granja Tres Arroyos fue fundada en la década de 1930 por Gaspar De Grazia y continuó bajo el control de la misma familia.

El grupo desarrolló una estructura que abarca reproducción, incubación, elaboración de alimentos balanceados, crianza, faena, procesamiento y comercialización.

En su etapa de mayor expansión llegó a procesar unas 760.000 aves diarias, emplear a más de 6.500 personas, exportar a más de 60 mercados y registrar ventas anuales cercanas a u$s1.300 millones.

Pero a partir de ese mismo plan de expansión y de un cambio en las condiciones de la economía del país, la empresa comenzó a escalar en su debacle hasta llegar a la situación actual.