El Gobierno compensará parte de las inversiones de las operadoras de telefonía, internet y cable
El Gobierno compensará parte de las inversiones que realicen las empresas de telefonía, internet y televisión paga para modernizar o ampliar sus redes, mediante un nuevo programa que estará administrado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
El plan contempla que las compañías puedan computar contra su aporte obligatorio al Fondo de Servicio Universal (FSU) hasta el 50% de los montos invertidos en equipamiento o infraestructura, siempre que los proyectos sean aceptados por el organismo regulador.
La medida fue anunciada este jueves 3 de septiembre por el interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores, durante el conversatorio que encabezó en el encuentro "Diálogo que impulsa el Futuro Digital", organizado por la Mesa TIC Argentina en la ciudad de Córdoba.
Según informó el funcionario durante su exposición, las inversiones deberán concretarse dentro de un plazo máximo de 24 meses y el programa tendrá una vigencia de 36 meses o hasta que se agote el presupuesto que se le asigne y estará disponible para todos los licenciatarios de servicios TIC.
El beneficio todavía no se encuentra operativo ya que el ENACOM todavía debe publicar la resolución que defina el presupuesto, las condiciones de acceso, las inversiones admitidas y los procedimientos de aprobación y control.
En ese marco, el funcionario sostuvo que la regulación debe adaptarse a la velocidad con la que evolucionan la tecnología y el mercado, además de reconocer el peso de los impuestos sobre la actividad.
Según la estimación que presentó, la carga tributaria total se encuentra alrededor del 41% y la presentó "como un impedimento para mayores inversiones y lo sabemos".
El titular del ENACOM aseguró que el organismo avanzó sobre los gravámenes correspondientes a la jurisdicción nacional y que trasladó el planteo a provincias y municipios.
También sostuvo que las jurisdicciones que aplican mayores cargas reciben menores inversiones y servicios de peor calidad, aunque no presentó durante su exposición datos desagregados por distrito.
Ozores abordó además la expansión de la conectividad satelital al afirmar que los servicios de órbita baja produjeron una universalización de la cobertura, pero no de la asequibilidad, es decir, de la posibilidad económica de los usuarios de acceder a esos servicios.
En ese marco, anunció el programa que permitirá computar inversiones contra los aportes obligatorios.
"Somos receptivos a la revisión de uso y carga del FSU, por eso anunciamos este nuevo programa que permite imputar el aporte a compra de equipamiento para modernización o despliegue, hasta un 50% de los montos invertidos en un plazo máximo de 24 meses, para todos los licenciatarios", explicó.
Durante su exposición, Ozores también cuestionó la manera en que se utilizaron anteriormente los recursos aportados por las empresas privadas y aseguró que su gestión pretende "dar por tierra con usos discrecionales del FSU que han distorsionado el sector con dumping a favor de empresas estatales provinciales".
A quiénes beneficiará la nueva medida
La norma que anunció el funcionario alcanzará a las empresas alcanzadas por la obligación legal de financiar el Servicio Universal que deben destinar a ese objetivo el 1% de los ingresos obtenidos por la prestación de servicios TIC, netos de impuestos y tasas.
Los recursos deben utilizarse para garantizar el acceso a las comunicaciones en zonas rurales, localidades alejadas o sectores donde el despliegue de infraestructura no resulta comercialmente rentable.
Cabe aclarar que el programa anunciado no eliminará esa obligación ni reducirá la alícuota sino que permitirá que las operadoras apliquen una parte de las inversiones realizadas contra el monto que deben ingresar y una vez que el propio organismo compruebe la inversión y apruebe la rendición de cuentas.
La medida no es nueva ya que la posibilidad de utilizar esos créditos había sido incorporada por el nuevo Reglamento General del Servicio Universal, aprobado en septiembre de 2025.
La normativa creó el Certificado de Crédito de Aporte al Servicio Universal, que reconoce un saldo a favor del operador una vez aprobada la rendición correspondiente.
El certificado puede aplicarse total o parcialmente contra la obligación mensual cuando el programa contemple esa alternativa.
El reglamento admite inversiones en servidores, routers, módems, equipos de conmutación, radioenlaces y programas informáticos destinados a actualizar las plataformas de servicios.
También incluye cables, postes, antenas, torres, sistemas de energía, gabinetes y otros componentes necesarios para poner en funcionamiento o ampliar las redes.
Por lo tanto, no cualquier gasto comercial podrá convertirse en crédito y los proyectos deberán responder a los objetivos del Servicio Universal, obtener una autorización previa y superar los controles técnicos, administrativos y contables.
Un fondo que fue reorganizado
El nuevo programa se inscribe en la modificación del sistema iniciada con la disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, dispuesta por el Poder Ejecutivo en enero de 2025.
La medida eliminó el fideicomiso utilizado para administrar el dinero, pero mantuvo vigente la política pública destinada a garantizar el acceso a los servicios TIC.
Pocos días después de ese cambio, la Resolución 3/2025 del ENACOM ratificó que los licenciatarios debían continuar efectuando los aportes mediante los mismos procedimientos utilizados hasta entonces.
Como parte del mismo plan y durante el año pasado, el ENACOM creó el programa de financiamiento para proveedores de servicios TIC y le asignó $40.000 millones provenientes del Fondo de Servicio Universal.
El ente regulador también aprobó el programa de Red Mayorista Neutral, al que destinó otros $60.000 millones para desarrollar infraestructura compartida y facilitar el acceso de distintos prestadores.
Más tarde puso en marcha la línea de créditos a tasa subsidiada para prestadores TIC, dotada inicialmente con $10.000 millones.
Esos préstamos son otorgados por entidades financieras autorizadas por el Banco Central, mientras que el ENACOM utiliza recursos del fondo para subsidiar parcialmente la tasa.
En el caso del programa presentado en Córdoba será diferente ya que las empresas podrán ejecutar directamente una inversión y, después de rendirla, solicitar que una parte sea reconocida contra su aporte obligatorio.
La rebaja que quedó pendiente
La compensación atiende uno de los pedidos formulados por la Mesa TIC, pero no incluye la reducción de la alícuota reclamada por las empresas.
La organización empresarial solicitó bajar del 1% al 0,5% el aporte al Fondo de Servicio Universal para adecuar la recaudación a las necesidades efectivas de los programas.
También propuso implementar un mecanismo general de "pay or play" que permita computar las inversiones realizadas directamente por los operadores cuando estén destinadas a cumplir objetivos del Servicio Universal.
La entidad mencionó entre los destinos posibles la conectividad de escuelas, centros de salud y otros establecimientos considerados prioritarios y, según su planteo, el cambio permitiría pasar de un sistema basado principalmente en la recaudación hacia otro orientado a resultados concretos, sin reducir los objetivos ni el alcance de la política de conectividad.
Una jornada atravesada por la inversión
Antes de la exposición de Ozores, diferentes representantes del sector analizaron la situación económica, tributaria y regulatoria de la industria como el caso de Lucas Pusetto, profesor de Economía del IAE Business School, quien destacó durante su intervención la importancia de la estabilidad económica para promover y sostener las inversiones.
Por otro lado, Facundo Fernández, presidente de Atlántica Video Cable, concentró su exposición en la presión tributaria y la señaló como uno de los principales factores que desalientan el aumento de las inversiones en el sector, mientras que Marcos Orteu, director de Dynamics, se refirió al peso de la actividad y sostuvo que las empresas de conectividad funcionan como habilitadoras del ecosistema digital.
Según sus datos, un incremento del 10% en la adopción de banda ancha móvil genera, en promedio, un crecimiento del 1,70% del PBI per cápita, mientras que un aumento equivalente de la banda ancha fija representa una mejora del 1,47%.
El ejecutivo también afirmó que una expansión del 10% en el índice de digitalización puede traducirse en un crecimiento del 2,44% de la tasa de empleo y del 5,75% de la productividad multifactorial.
Orteu agregó que la penetración de banda ancha fija alcanza el 86% en la Argentina, frente al 77% de Brasil y el 75% de México y afirmó además que el sector genera más de 400.000 puestos de trabajo, representa cerca del 5% del PBI y reúne a más de 1.200 operadores.
Transparencia y reglas parejas
Durante otro tramo de la jornada, Juan Mocoroa, especialista en regulación del Estudio MAG, planteó la necesidad de revisar el porcentaje del aporte al Fondo de Servicio Universal y reclamó mayor información sobre el volumen y el destino del dinero.
"Sería bueno contar con una transparencia constante del monto acumulado, la forma de uso e inversión. Es decir, información constante de la evolución del mismo", sostuvo.
El especialista también propuso dar mayor organicidad a los aportes realizados por las empresas sobre las iniciativas regulatorias, por ejemplo mediante la utilización de documentos de consulta.
Otro de sus cuestionamientos estuvo dirigido a los servicios de conectividad mediante satélites de órbita baja y aseguró que esos prestadores no realizan el aporte al Fondo de Servicio Universal y están exentos de otros impuestos, tasas y permisos que sí alcanzan a los operadores que despliegan redes terrestres.
También sostuvo que las empresas satelitales no producen dentro del país el mismo impacto en materia de empleo e inversiones y consideró necesario revisar esa diferencia de tratamiento.
El cierre de la jornada estuvo reservado para Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR, quien recordó que la Mesa TIC Argentina nació en 2021 por iniciativa de Telecom, Telefónica, DirecTV, FECOSUR, la Cámara Argentina de Internet (CABASE) y la Cámara Argentina de Cableoperadores Pyme (CACPY).
Posteriormente se incorporaron ATVC, CAPPI, CATEL, CATIP, CICOMRA, Infraestructura Digital Argentina y Red Intercable.
Este cúmulo de entidades que integran la Mesa TIC reúnen a más de 1.200 operadores, generan alrededor de 80.000 empleos directos y 400.000 puestos indirectos y representan el 4,85% del producto bruto interno.
Tras esta introducción, Roncoroni respaldó el anuncio de Ozores y destacó la receptividad del interventor y de su equipo frente a las propuestas realizadas por las cámaras empresarias.