Milei impulsa la causa Malvinas pero demora la baja definitiva del radar inglés en Tierra del Fuego
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Puntos importantes
El gobierno mantiene parado el trámite para clausurar el radar de LeoLabs en Tierra del Fuego.
Informes técnicos advierten que el dispositivo tiene capacidad de espionaje sobre territorio nacional.
La inacción estatal genera una grieta entre el discurso soberano y la realidad del caso judicial.
La polémica en torno a la posibilidad de que Argentina esté siendo vigilada desde su propio territorio con tecnología satelital sigue levantando polvareda en el sur. Ocurre que la proclamada "malvinización" que busca imprimirle Javier Milei a su agenda geopolítica choca de frente con un expediente sensible que permanece cajoneado en la Casa Rosada.A pesar de los encendidos discursos de soberanía sobre las islas Malvinas, la Jefatura de Gabinete de la Nación mantiene sin resolución el trámite administrativo para disponer la baja del radar británico en Tierra del Fuego, instalado hace cuatro años
El radar pertenece a la firma LeoLabs —fundada en California en 2016, pero con participación accionaria inglesa— y permanece erigido desde 2022 en la estancia El Relincho, un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Nacional 3, en la localidad de Tolhuin. La ubicación no es casual: se encuentra a unos 100 kilómetros de Ushuaia y a escasos 600 del archipiélago malvinense.
Lejos de replegarse tras la cancelación del permiso original dispuesta por la Secretaría de Telecomunicaciones, LeoLabs activó una feroz ofensiva legal y de lobby ante la política local. En la Jefatura de Gabinete —hoy a cargo de Diego Santilli y conducida hasta hace poco por Manuel Adorni— se tramita desde hace meses un recurso de revisión presentado por la compañía.
El expediente llegó a esa instancia a fines de noviembre tras un derrotero por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Defensa que encabeza el militar Carlos Presti y la Cancillería comandada por Pablo Quirno.
Qué pasa con el radar de LeoLabs en Tierra del Fuego
El movimiento de la empresa no es nuevo. El 21 de diciembre de 2023, a pocos días de la asunción del gobierno libertario, la firma interpuso un recurso de reconsideración. Esta acción estuvo escoltada por un aceitado lobby de sus fundadores y directivos ante funcionarios y altos mandos de las Fuerzas Armadas. Esto último, vía una serie de encuentros que contaron con la participación activa de la representación diplomática de Estados Unidos.
La presión norteamericana escaló al punto de incluir un pedido para volver a poner en marcha la instalación durante la visita a Ushuaia del jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, luego de su paso por la Casa Rosada.
En el centro del análisis técnico que hoy duerme en la Jefatura de Gabinete radica la verdadera naturaleza del equipo. Mientras LeoLabs argumenta que la antena solo monitorea basura y satélites espaciales, los informes técnicos del propio Estado nacional que llegaron a la Justicia advierten sobre una "funcionalidad dual": la capacidad de realizar seguimiento vertical hacia el espacio pero también monitoreo horizontal del territorio argentino, configurando una potencial amenaza de espionaje para la defensa nacional.
La empresa, en tanto, retiró discretamente el punto de Tolhuin de su mapa de red global de radares en su sitio web, donde antes figuraba como "en proceso".
A la par del freno en el seno del gobierno nacional, el tema acumula una maraña de causas judiciales y administrativas. En abril, el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial Gustavo González declaró la nulidad de la habilitación del radar por razones de interés público, tras una demanda de la Inspección General de Justicia (IGJ) que buscaba disolver la sociedad.
Aunque rechazó la disolución de LeoLabs Argentina, el magistrado invalidó el permiso basándose en la funcionalidad dual. La compañía ya apeló el fallo ante la Cámara Civil e hizo reserva del caso federal para elevar el reclamo hasta la Corte Suprema.
La disputa legal y multas al radar inglés en Tolhuin
En el plano local, la Municipalidad de Tolhuin inició un sumario en 2023 por la edificación irregular de las antenas y el cercado del predio sin autorización. El trámite derivó en una multa de 1.000 unidades punitorias —unos $868.000 más intereses— y la orden de demolición de las estructuras.
Sin embargo, la ejecución quedó empantanada: tras declararse incompetente el juez comunal, el expediente recayó el 30 de marzo pasado en el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, que se declaró competente pero aún no resolvió la cuestión de fondo.
En el ámbito político provincial, la Legislatura fueguina montó una Comisión Especial Investigadora integrada por representantes de ocho bloques y presidida por el legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino. La pesquisa ya acumula unas 5.000 fojas de documentación pública y registró el testimonio de diversos exfuncionarios, entre ellos el exsecretario de Energía Moisés Solorza, convocado a propuesta de la legisladora Natalia Gracianía (LLA).
Solorza declaró que durante su gestión entre 2019 y 2023 no tuvo información sobre los permisos del radar y atribuyó la tramitación energética a la Dirección Provincial de Energía.
La comisión, de la que participan legisladores como María Laura Colazo, Juan Carlos Pino y Federico Sciurano junto a centros de veteranos de Malvinas, reconstruyó que el proyecto comenzó a gestarse a fines de 2021 bajo el mandato de Alberto Fernández. Tuvo suministro eléctrico en 2022 y luego una autorización precaria de Enacom, precedida por gestiones atribuidas al exembajador argentino en Washington, Jorge Argüello.
Sigue funcionando el radar británico en Tierra del Fuego
La gran incógnita que envuelve al predio de Tolhuin es si la infraestructura sigue operativa o no. Aunque las estructuras físicas permanecen intactas, no existe certeza fehaciente de su desconexión.
Por ese motivo, la comisión legislativa solicitó a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) el envío de un comité de expertos para certificar el estado real del sistema. Pero dicha inspección sigue trabada por la falta de colaboración de exfuncionarios como el exdirector provincial de Energía, el ingeniero Mancini Loiácono, quien no se presentó a declarar.
Así, la controversia por el radar inglés de Tolhuin navega en un limbo burocrático y judicial. Mientras los cuatro expedientes principales continúan paralizados entre la Casa Rosada, los tribunales provinciales y el parlamento fueguino, la infraestructura de detección permanece intacta en la isla.
La inacción en los despachos nacionales deja expuesta una grieta insalvable entre la retórica del Poder Ejecutivo respecto de la causa Malvinas y las decisiones reales de la gestión libertaria.
