Granja Tres Arroyos llama a accionistas para ratificar el pedido de concurso preventivo
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/author/65eaec639200c.jpg)
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2026/02/612013.jpg)
Puntos importantes
Granja Tres Arroyos convoca a accionistas el 5 de octubre.
Deben ratificar el concurso preventivo, crucial para el trámite.
Fracasaron acuerdos privados ante grave crisis financiera.
Los dueños de Granja Tres Arroyos convocaron a sus accionistas a una reunión decisiva dentro del proceso con el que intenta ordenar su crisis financiera y preservar su estructura industrial.
Accionistas de Granja Tres Arroyos, ante una decisión clave
La cita será en el marco de una asamblea que se realizará el próximo 5 de octubre y que tendrá como punto central la ratificación del pedido de concurso preventivo presentado por el directorio ante la Justicia Comercial.
Se trata de una decisión obligatoria para mantener en marcha el procedimiento ya que si los accionistas no respaldan la presentación realizada por el Directorio de la avícola o si la resolución no fuera incorporada al expediente dentro del plazo legal, el trámite quedaría sin efecto.
La convocatoria fue firmada por Joaquín De Grazia, presidente de la compañía, y establece que la reunión comenzará a las 14:00 en primera convocatoria y a las 15:00 en segunda en la sede social de Tres Arroyos 378, en la Ciudad de Buenos Aires.
Los accionistas tendrán hasta el 30 de septiembre, a las 18:00, para comunicar su asistencia, lo cual podrán hacer personalmente en la sede de la empresa o mediante las direcciones de correo electrónico informadas en el aviso publicado en el Boletín Oficial.
Pedido de concurso preventivo: el respaldo que exige la ley
Si bien la presentación del concurso fue impulsada por el Directorio, el artículo 6 de la Ley 24.522 exige que el órgano de gobierno de la sociedad resuelva la continuidad del procedimiento.
La compañía debe incorporar al expediente la constancia de esa decisión dentro de los 30 días contados desde la presentación judicial.
Por ese motivo, la reunión del 5 de octubre representa una condición necesaria para sostener el camino elegido por Granja Tres Arroyos frente a su crisis.
Si la asamblea no ratifica la presentación o la constancia no fuera incorporada dentro del plazo, se produciría de pleno derecho la cesación del procedimiento, con los efectos del desistimiento de la petición.
Si ocurre esa hipótesis, quedaría sin efecto este pedido de concurso y la compañía perdería el instrumento judicial elegido para ordenar sus obligaciones y negociar una propuesta con sus acreedores.
La asamblea tampoco deberá pronunciarse en esta instancia sobre una eventual quita, la venta de establecimientos o el ingreso de un inversor, alternativas que podrían integrar una futura reestructuración, pero no forman parte del orden del día publicado.
Una salida privada que quedó atrás
La reunión se realizará después del fracaso de las negociaciones que el Grupo GTA mantuvo con bancos, proveedores y otros acreedores para alcanzar un acuerdo fuera de los tribunales.
Para conducir ese proceso, el holding había contratado a Valo, la banca de inversión del Banco de Valores.
El trabajo comprendía las obligaciones de Granja Tres Arroyos, Wade y Avex, las tres principales sociedades de la estructura.
El pasivo considerado en esa negociación conjunta alcanzaba los u$s350,9 millones, cifra que corresponde al grupo y no exclusivamente a Granja Tres Arroyos, cuyos compromisos deberán individualizarse dentro del expediente.
La propuesta privada contemplaba condiciones diferentes según cada clase de acreedor, plazos de pago de hasta siete años y quitas que podían llegar al 75% del capital para determinados créditos.
También incluía la búsqueda de nuevos inversores y la posibilidad de vender activos, entre ellos la planta Wade 1 de la localidad bonaerense de Ezeiza.
Las conversaciones no consiguieron las adhesiones necesarias y Wade, que concentra parte de los activos provenientes de la antigua Cresta Roja, avanzó primero con su propio pedido de concurso.
El corazón industrial bajo presión
En el caso de la presentación de Granja Tres Arroyos, quedó radicada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°21, Secretaría N°42. que todavía no avaló el pedido ya que antes deberá analizar la documentación, comprobar el cumplimiento de las condiciones previstas por la Ley de Concursos y Quiebras y resolver sobre la petición.
De todos modos, la incorporación de Granja Tres Arroyos al escenario judicial amplió la dimensión de la crisis teniendo en cuenta que la empresa concentra el núcleo histórico, productivo y comercial de un grupo que llegó a controlar cerca de una cuarta parte de la faena avícola argentina.
Durante su expansión, el holding operó ocho plantas en la Argentina y Uruguay y desarrolló una estructura integrada que abarca incubación, producción de alimentos balanceados, crianza de aves, faena, procesamiento y comercialización.
La compañía llegó a contar con cerca de 7.000 trabajadores pero la contracción de la actividad, las paralizaciones de plantas y los conflictos laborales redujeron esa estructura y afectaron establecimientos en distintas provincias.
Entre las unidades alcanzadas por cierres, suspensiones, despidos o reducciones de producción aparecen Pinazo, en Pilar; Capitán Sarmiento; La China, en Concepción del Uruguay; Avex, en Río Cuarto, y plantas vinculadas con Wade en el sur del conurbano bonaerense.
El deterioro se profundizó después de que Granja Tres Arroyos iniciara un Procedimiento Preventivo de Crisis a fines de 2024 y desde entonces acumuló atrasos salariales, desvinculaciones, interrupciones productivas y conflictos con los productores integrados encargados de criar pollos para el grupo.
La cadena de pagos, quebrada
Esa reducción de la actividad tuvo un impacto directo sobre las obligaciones financieras y comerciales y, de acuerdo con los registros del Banco Central relevados para las sociedades del grupo, GTA acumuló 6.682 cheques rechazados por $113.652 millones.
Ese monto equivale a aproximadamente u$s74 millones, tomando como referencia un tipo de cambio oficial vendedor de $1.535.
Los cheques rechazados, sin embargo, representan solamente una parte de las deudas que llevaron al grupo a intentar una reestructuración por u$s350,9 millones.
El pasivo también incluye obligaciones bancarias, comerciales, laborales y fiscales, además de compromisos con productores y proveedores.
Los montos correspondientes específicamente a Granja Tres Arroyos deberán surgir del expediente y del proceso de verificación de créditos, si el juzgado dispone la apertura.
Antes de la presentación, distintos acreedores habían impulsado pedidos de quiebra, embargos y otras medidas judiciales contra sociedades y accionistas vinculados con el grupo.
El eventual concurso permitirá establecer cuánto debe específicamente Granja Tres Arroyos, quiénes son sus acreedores y qué privilegio tiene cada crédito.
Esa instancia también separará las obligaciones de la sociedad principal de los pasivos correspondientes a Wade y Avex, que fueron considerados conjuntamente durante la negociación privada.
El calendario que marcará la continuidad
Una vez incorporada la ratificación de los accionistas, el juez deberá resolver sobre la apertura del concurso. Si admite el pedido, designará a la sindicatura y establecerá las fechas centrales del expediente.
Los acreedores deberán presentar sus solicitudes de verificación y la documentación que respalde cada obligación.
Posteriormente, el síndico elaborará los informes sobre los créditos y la situación patrimonial de la empresa.
Granja Tres Arroyos ingresaría después en el período de exclusividad, durante el cual deberá formular una propuesta y conseguir las mayorías previstas por la legislación.
Dentro de cada categoría necesitará la conformidad de la mayoría absoluta de los acreedores quirografarios que representen las dos terceras partes del capital computable.
La administración continuará en manos de la empresa bajo la vigilancia de la sindicatura, mientras que los actos que excedan la gestión ordinaria requerirán autorización judicial.
Si el concurso es abierto, las obligaciones originadas después de la presentación quedarán fuera de la futura propuesta concursal y la empresa deberá generar recursos para atender esos compromisos, financiar la producción corriente, recomponer el vínculo con proveedores y resolver los conflictos laborales que todavía atraviesan sus establecimientos.
