La crisis de Granja Tres Arroyos llega a la política y apunta contra sus dueños
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Puntos importantes
Trabajadores de Granja Tres Arroyos denunciaron despidos y crisis financiera ante el Congreso, exponiendo la grave situación laboral en sus plantas.
El Gobierno bonaerense dictó conciliaciones obligatorias para frenar cesantías, mientras legisladores critican la gestión empresarial.
La empresa enfrenta un concurso preventivo por millonarias deudas, buscando reestructurar pasivos tras años de expansión.
La crisis de Granja Tres Arroyos acaba de ingresar en la agenda política, luego de que un grupo de trabajadores despedidos de plantas ubicadas en Buenos Aires y Entre Ríos expusieron ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
En el mismo momento, un senador bonaerense de La Libertad Avanza responsabilizó públicamente a la conducción empresaria por la situación del grupo avícola y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria para evitar una serie de despidos.
En el caso del Congreso, este martes 22 de septiembre se llevó a cabo una exposición de varios de sus trabajadores durante una reunión informativa denominada "Situación económica y laboral: panorama federal", convocada por la comisión que preside Julia Strada, diputada de Unión por la Patria.
La audiencia no estuvo dedicada exclusivamente a Granja Tres Arroyos ya que, además participaron trabajadores y empresarios de las industrias alimenticia, textil, metalúrgica, petroquímica, del calzado, gastronómica y de servicios.
Dentro de ese conjunto, la avícola fue la compañía con mayor cantidad de establecimientos representados y ante los legisladores hablaron Ezequiel Hugo Centurión, despedido de la planta de Capitán Sarmiento; Walter José Bárbara, de Concepción del Uruguay; Víctor Javier Ávalos, de Wade, en El Jagüel, partido de Esteban Echeverría; y Joel Emanuel Mujica, de San Miguel del Monte.
Los cuatro casos llevaron al Congreso las diferentes dimensiones territoriales de una crisis que combina despidos, atrasos salariales, reducción de actividad y una presentación judicial para reestructurar las deudas.
La reunión tuvo carácter informativo y terminó sin una decisión legislativa específica sobre la empresa.
Centurión expuso por Capitán Sarmiento, donde se anunciaron 700 de los 1.200 despidos que luego quedaron suspendidos por la conciliación obligatoria.
Ávalos representó a los trabajadores de Wade en El Jagüel, donde se comunicaron otras 450 cesantías; Mujica participó por San Miguel del Monte y Bárbara llevó la situación de Concepción del Uruguay, establecimiento que desde 2025 acumuló desvinculaciones, suspensiones y períodos de actividad interrumpida.
Entre los diputados que participaron estuvieron Sergio Palazzo, Mario Manrique, Kelly Olmos, Carlos Castagneto y Germán Martínez, de Unión por la Patria; Gabriela Muñoz y Rubén Torres, de La Libertad Avanza; Oscar Herrera Ahuad, de Innovación Federal, y Pablo Farías, de Provincias Unidas.
Una acusación desde la Provincia
La llegada del conflicto al Congreso coincidió con la intervención del senador bonaerense Gonzalo Cabezas, dirigente de La Libertad Avanza domiciliado en Capitán Sarmiento, quien calificó la crisis como "netamente empresarial" y sostuvo que Granja Tres Arroyos constituye "la clara muestra de una empresa manejada por empresarios irresponsables".
Durante una entrevista con LT20 Radio Junín, el legislador vinculó el deterioro con las decisiones adoptadas desde 2018, cuando el grupo avanzó sobre activos de Cresta Roja y también manifestó que espera la designación de un síndico para ordenar el proceso y atender la situación de los trabajadores.
El senador también afirmó que, a diferencia de la crisis de la empresa, la actividad avícola atraviesa un buen momento por el consumo interno y las posibilidades de exportación.
De hecho, los indicadores públicos muestran algunas señales favorables para la cadena, aunque no permiten extender esa evaluación a todas sus empresas.
El último dato oficial consolidado sobre consumo informó 45,9 kilos de carne aviar por habitante en el promedio móvil cerrado en junio de 2025, un incremento interanual del 2,4%.
En julio pasado, la Secretaría de Agricultura comunicó además la reapertura del mercado británico para los productos avícolas argentinos.
Pero la situación particular de Granja Tres Arroyos también está atravesada por su endeudamiento, los embargos, el tamaño de su estructura, las dificultades para sostener el capital de trabajo y el resultado de la expansión realizada mediante otras sociedades.
El golpe sobre una localidad
La dimensión política del conflicto está directamente relacionada con el peso de la empresa en Capitán Sarmiento que tiene alrededor de 16.000 habitantes y la planta de Granja Tres Arroyos es su principal empleador privado.
Los 700 despidos comunicados en ese establecimiento equivalen a más del 4% de toda la población de la ciudad, cálculo que permite dimensionar el alcance de una reducción que también afectaría a proveedores, comercios y servicios vinculados con la actividad industrial.
En el caso del conflicto de Concepción del Uruguay, sigue otro recorrido y la planta ubicada en esa ciudad de Entre Ríos redujo su dotación desde 2025 y mantuvo una prolongada disputa con el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación por salarios, producción y continuidad operativa.
Dos conciliaciones en cuenta regresiva
En medio de todos estos conflictos, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó dos conciliaciones obligatorias para suspender los despidos en las plantas ubicadas en esa provincia y abrir una instancia de negociación.
La primera comenzó el 4 de septiembre a partir de una presentación del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, y su vencimiento está previsto para el 25 de septiembre, sujeto a una eventual prórroga dispuesta por la autoridad laboral.
La segunda fue dictada el 10 de septiembre por pedido de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, que representa al personal de las granjas de cría. En ese caso, el plazo se extiende hasta el 1 de octubre.
Durante la vigencia de ambas medidas, las sociedades alcanzadas deben retrotraer las cesantías y conservar los puestos de trabajo, aunque quedará pendiente la definición sobre la dotación que el grupo pretende mantener una vez concluidos esos plazos.
En las audiencias celebradas en La Plata, los representantes empresarios describieron una "gravísima crisis económica, productiva y financiera".
También indicaron que los embargos trabados sobre cuentas bancarias y créditos por cobrar afectaron la disponibilidad de fondos para atender salarios y otros compromisos.
En el caso de los sindicatos, reclamaron el pago de las remuneraciones atrasadas, la reincorporación de los trabajadores y un programa productivo para sostener las plantas.
La deuda detrás del conflicto
Como parte de este escenario, los dueños del grupo empresario afirman haber llegado a esta instancia después de intentar una reestructuración extrajudicial de pasivos por aproximadamente u$s350,9 millones.
La propuesta elaborada con VALO comprendía a Granja Tres Arroyos, Wade y Avex, aunque las obligaciones correspondían a diferentes sociedades.
El plan ofrecido a los acreedores comerciales contemplaba cuatro alternativas. Incluía quitas del 75% o del 50%, pagos durante siete años sin reducción nominal y una facilidad sindicada para determinados proveedores estratégicos.
La propuesta también proyectaba obtener al menos u$s30 millones mediante la venta de activos considerados ajenos a la operación principal.
Entre ellos figuraban una planta de productos deshidratados en Zárate, el tambo Santa Elena, la unidad porcina Bella Vista, la planta Becar y el establecimiento Wade I.
Además, el esquema requería al menos u$s80 millones de capital de trabajo para sostener la operación durante la transición.
El plazo previsto originalmente para cerrar el acuerdo venció el 30 de junio pasado sin que se informara una reestructuración completada.
La compañía avanzó entonces con una solicitud de concurso preventivo en el cual Granja Tres Arroyos declaró un pasivo contable de $536.000 millones y afirmó que había entrado en cesación de pagos el 29 de enero pasado, cuando dejó de afrontar documentos por $2.070 millones.
También informó más de $126.000 millones en cheques rechazados, según consta en los registros de la Central de Deudores del Banco Central.
El expediente judicial que analiza la causa
El pedido concursal quedó radicado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°21, Secretaría N°42, bajo el expediente COM 18.558/2026, caratulado "Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo".
La empresa pidió que el procedimiento se tramite conjuntamente con Holding Agro Industrial SA, Wade SA y Avex SA, a las que identificó como integrantes del Grupo GTA.
La presentación se realizó bajo la figura de concurso en caso de agrupamiento prevista por la Ley de Concursos y Quiebras.
En forma subsidiaria, Granja Tres Arroyos solicitó la apertura de su concurso individual para el caso de que el juzgado rechace el tratamiento conjunto de las cuatro sociedades.
Una reunión decisiva
La próxima instancia societaria será la asamblea de accionistas convocada por el grupo para el 5 de octubre en la cual se deberá tratar la ratificación de la presentación concursal decidida por el directorio.
El paso responde al artículo 6 de la Ley 24.522, que exige la aprobación del órgano de gobierno de la sociedad dentro de los 30 días posteriores a la presentación.
Antes de la asamblea vencerán, salvo que sean prorrogadas, la conciliación de STIA del 25 de septiembre y la correspondiente a UATRE del 1 de octubre.
