El Gobierno propone empresas sin empleados que podrán operar con inteligencia artificial

La inteligencia artificial ya interviene en tareas que hasta hace pocos años requerían exclusivamente de personas. Ahora, el debate llegó al derecho societario: un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei busca actualizar la legislación argentina para contemplar compañías que utilicen algoritmos y agentes de IA para desarrollar su actividad y tomar decisiones.

La iniciativa forma parte de una reforma integral de la Ley General de Sociedades y propone incorporar nuevas estructuras, entre ellas las Sociedades Automatizadas y las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO). El proyecto fue enviado al Senado y continúa en discusión parlamentaria, por lo que su contenido todavía puede modificarse.

El Gobierno presentó la reforma como una actualización del régimen societario frente a una economía en la que ganaron espacio las plataformas digitales, los activos tecnológicos y la inteligencia artificial. La propuesta también contempla una mayor digitalización de los trámites y registros y cambios en distintos tipos de sociedades.

Qué son las sociedades automatizadas que propone el proyecto

Una de las novedades más llamativas es la posibilidad de reconocer legalmente a una Sociedad Automatizada. En la versión original enviada al Congreso, se trata de una sociedad que puede desarrollar su objeto mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria.

La propuesta también permite utilizar algoritmos y sistemas de IA para ejecutar funciones operativas y participar en decisiones administrativas. El análisis realizado por investigadores del Instituto de Ciencias de la Computación de Exactas-UBA señala que el texto remitido al Senado incluso habilitaba que los directorios estuvieran integrados por agentes de inteligencia artificial en lugar de personas humanas.

Esto no significa que un programa como ChatGPT pase a tener personalidad jurídica propia. La figura jurídica seguiría siendo la sociedad: es esa entidad la que tendría derechos, obligaciones y patrimonio. Lo que cambia es la posibilidad de delegar una parte sustancial de su funcionamiento en sistemas automatizados.

Las DAO y el uso de blockchain

La segunda figura que incorpora la iniciativa son las Organizaciones Autónomas Descentralizadas, conocidas como DAO.

Se trata de estructuras que pueden funcionar mediante reglas programadas y mecanismos de gobernanza tecnológica, con utilización de redes de registro distribuido. El proyecto busca darles un encuadre jurídico frente a modelos de organización económica que actualmente no tienen una figura societaria específica.

En estos esquemas, determinadas reglas pueden ejecutarse automáticamente mediante tecnología blockchain y contratos inteligentes. Por eso, una DAO no equivale simplemente a una empresa tradicional que utiliza inteligencia artificial para automatizar algunas tareas: el modelo apunta a una organización cuya estructura y funcionamiento incorporan mecanismos tecnológicos de autonomía y descentralización.

El cambio que introdujo el debate en el Senado

La posibilidad de crear sociedades sin una participación humana claramente identificada generó cuestionamientos durante el tratamiento parlamentario.

En agosto, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, anunció que el oficialismo buscaba modificar el proyecto para establecer una responsabilidad más definida y exigir responsables humanos en las sociedades automatizadas. El cambio apunta a evitar que una compañía gestionada mediante IA quede sin una persona identificable frente a terceros.

Por eso, el escenario planteado inicialmente por el proyecto —una sociedad cuyo funcionamiento ordinario pudiera quedar completamente automatizado— ya no debe presentarse como si fuera necesariamente el texto que terminará aprobándose.

La reforma todavía está en tratamiento en el Senado y no se encuentra vigente. De hecho, el documento de Exactas-UBA aclara que su análisis técnico se realizó sobre la versión del proyecto remitida originalmente a la Cámara alta y que el texto puede haber sufrido modificaciones durante el debate en comisión.

Qué problema aparece cuando una IA toma una decisión

El principal interrogante técnico no está solamente relacionado con cuánto trabajo puede automatizar una empresa. El punto más complejo es establecer cómo controlar y atribuir responsabilidad por las decisiones de un sistema autónomo.

Investigadores del Instituto de Ciencias de la Computación de Exactas-UBA advierten que los sistemas actuales de IA no permiten garantizar de manera absoluta que seguirán determinados objetivos o reglas en todos los escenarios. También señalan limitaciones en los mecanismos de evaluación, auditoría y monitoreo, especialmente cuando los sistemas se enfrentan con situaciones que no fueron previstas durante su desarrollo.

Esto introduce una diferencia respecto de una compañía convencional. Cuando una decisión empresarial es adoptada por una persona, existen mecanismos jurídicos para determinar quién intervino, cuáles eran sus obligaciones y bajo qué condiciones actuó.

Con un sistema autónomo, en cambio, pueden aparecer dificultades para establecer qué ocurrió entre la instrucción inicial, el funcionamiento del modelo y el resultado final. Los investigadores también advierten que los sistemas de IA pueden ser replicados y funcionar simultáneamente en distintas instancias, lo que agrega dificultades para aplicar mecanismos de control pensados originalmente para personas.

El riesgo de los errores y los ataques informáticos

La discusión también involucra la seguridad de los sistemas que sostendrían estas sociedades. Una compañía que delegue funciones críticas en agentes de IA dependería de software, datos, infraestructura informática y mecanismos de conexión con otros sistemas. Una vulnerabilidad, una manipulación o una falla podría afectar las decisiones que toma la organización.

El documento elaborado por Exactas-UBA señala justamente la necesidad de considerar mecanismos de monitoreo, auditoría, controlabilidad y alineamiento de los sistemas antes de otorgarles mayores niveles de autonomía. Los investigadores remarcan que las herramientas disponibles todavía presentan limitaciones y que no debería darse por supuesto que alcanzan para controlar cualquier sistema avanzado.

Quién responde si una sociedad automatizada causa un daño

Este es uno de los puntos centrales del debate jurídico. El proyecto original contemplaba que la sociedad automatizada respondiera frente a terceros con su patrimonio por los daños provocados por sus sistemas algorítmicos o agentes de IA. Pero la discusión parlamentaria puso el foco en qué sucede cuando el daño supera los activos de la compañía o cuando resulta necesario determinar qué personas participaron en la creación, financiación, configuración o supervisión del sistema.

Los investigadores de Exactas-UBA plantearon que mantener personas identificables dentro de la cadena de responsabilidad resulta especialmente relevante cuando se delegan mayores niveles de autonomía en sistemas de inteligencia artificial. También advirtieron que, si los responsables humanos quedan demasiado alejados de las consecuencias de las decisiones automatizadas, podrían existir incentivos para reducir los mecanismos de supervisión y control.

Por eso, la discusión no pasa únicamente por permitir que una IA opere una empresa, sino por definir qué obligaciones tendrán quienes diseñen, financien, administren o se beneficien de esa automatización.