Nación y Provincia se disputan Chapadmalal: planes enfrentados por el histórico complejo
Buenos Aires busca administrar el predio de Chapadmalal, mientras el Gobierno nacional prepara una concesión privada por 30 años
La Unidad Turística Chapadmalal quedó en el centro de una disputa entre la Nación y la provincia de Buenos Aires por el control y el futuro del histórico complejo hotelero.
Mientras el gobierno nacional anunció que pretende entregarlo en concesión a privados durante 30 años, el Senado bonaerense aprobó un proyecto para que la Provincia intente recuperar la titularidad y la administración del predio.
De acuerdo a fuentes oficiales bonaerenses que se encuentran participando del 62 Coloquio de IDEA en Mar del Plata, aseguraeron que la iniciativa provincial avanzó el 15 de septiembre, cuando obtuvo media sanción en la Cámara alta.
El expediente E-120/26-27 pasó el 18 de septiembre a la Cámara de Diputados bonaerense, donde deberá continuar su tratamiento.
El registro legislativo confirma que había ingresado el 1° de abril, obtuvo despacho favorable por mayoría en la Comisión de Hacienda (junto con un despacho de rechazo por primera minoría) y finalmente fue aprobado por el Senado.
La propuesta, presentada por la senadora María Fernanda Raverta y acompañada por otras cinco legisladoras, declara la voluntad del Estado provincial de "recuperar la titularidad del dominio y la administración" de la Unidad Turística Chapadmalal.
Cabe aclarar que la media sanción no transfiere el complejo a Buenos Aires ni modifica su situación dominial actual ya que, para convertirse en ley provincial todavía necesita la aprobación de Diputados y, aun si completa ese recorrido, la declaración provincial no produce por sí misma el traspaso de inmuebles del Estado nacional.
Dos proyectos sobre el mismo complejo
Pero el avance legislativo coloca frente a frente dos proyectos sobre Chapadmalal que también muestran la diferencia ideológica entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la Nación.
En el caso de la administración que lidera el gobernador Axel Kicillof pretende llevar el complejo a la órbita provincial mientras que la administración que lidera el presidente Milei busca incorporar capital privado para su recuperación y explotación.
En ese sentido, el gobierno nacional ya había anunciado el plan seis meses antes, más precisamente el 25 de marzo pasado, cuando el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno avanzaba con la concesión del histórico complejo hotelero de Chapadmalal por 30 años.
El objetivo informado oficialmente es atraer inversión privada para restaurar las instalaciones y elevar su calidad.
Sin embargo, hasta ahora el anuncio no se tradujo en la publicación de las condiciones económicas definitivas del negocio ni se difundieron el pliego de concesión, el canon, las inversiones obligatorias, la eventual división del complejo en unidades de explotación ni una fecha de presentación de ofertas.
La Provincia impulsa otra alternativa, tal como explicaron a iProfesional fuentes oficiales que participan del Coloquio de IDEA y que aclararon que el expediente aprobado por el Senado busca recuperar la titularidad y la administración del complejo, aunque ese objetivo todavía debe atravesar instancias legislativas y eventualmente jurídicas para materializarse.
La diferencia alcanza también al modelo de utilización del activo entre la decisión del gobierno nacional de licitar una concesión privada de largo plazo, mientras que la iniciativa bonaerense está orientada a colocar el complejo bajo administración pública provincial.
Espacios dentro del predio recuperados
Mientras el procedimiento de concesión espera su instrumentación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) comenzó a actuar sobre inmuebles ocupados dentro del complejo.
En ese sentido, fuentes del organismo aseguraron que ya se iniciaron tres acciones judiciales vinculadas con la Escuela de Surf, La Barraca de Chapa y el Café del Lago.
La Justicia Federal de Mar del Plata ordenó primero el lanzamiento de la Escuela de Surf, ubicada entre los hoteles 3 y 4 y posteriormente, el Juzgado Federal N°2 dispuso también el desalojo del Café del Lago.
En ambos casos, las resoluciones judiciales consideraron que no existía un contrato de concesión, permiso de uso u otro título jurídico vigente que respaldara la ocupación de los espacios.
La situación de La Barraca de Chapa siguió un recorrido diferente ya que la acción de lanzamiento quedó suspendida mientras se resuelve una medida cautelar promovida por Ruta 11 KM 547 S.A., la sociedad que explotaba el establecimiento gastronómico.
Se trata de procedimientos sobre espacios determinados que no resuelven la discusión por la titularidad general de Chapadmalal, aunque forman parte de las actuaciones de Nación sobre el complejo mientras se prepara el nuevo esquema anunciado para sus hoteles.
La avanzada del Congreso provincial
El reclamo para que Chapadmalal pase a Buenos Aires tiene además una segunda vía legislativa si se recuerda que en la Cámara de Diputados de la Nación fue presentado el expediente 2608-D-2026, que propone "transferir a título gratuito a la provincia de Buenos Aires los inmuebles correspondientes a la Unidad Turística Chapadmalal".
El proyecto ingresó el 3 de junio pasado y la transferencia propuesta tiene una condición específica, que los inmuebles deberán ser destinados exclusivamente al desarrollo de actividades de turismo social, educativo, recreativo y cultural.
El texto incorpora además una cláusula de reversión para que, si la Provincia incumpliera ese destino, el dominio de los inmuebles volvería al Estado nacional, con las mejoras que se hubieran realizado y sin derecho a indemnización.
La iniciativa también establece que la transferencia no alteraría la protección patrimonial del complejo y que la custodia y conservación quedarían bajo responsabilidad concurrente del Estado nacional y de la Provincia, dentro del régimen correspondiente a los monumentos históricos.
Ese expediente y el aprobado por el Senado bonaerense son jurídicamente diferentes porque el primero busca que el Congreso Nacional disponga una transferencia gratuita y establece las condiciones bajo las cuales Buenos Aires recibiría los inmuebles, mientras que el segundo expresa desde la Legislatura provincial la voluntad de la Provincia de recuperar su titularidad y administración.
A quién pertenecen las tierras de Chapadmalal
El complejo de Chapadmalal fue levantado sobre terrenos de diferente procedencia, tal como surge de recordar el Decreto 784/2013, que declaró Monumento Histórico Nacional al complejo, y que dejó asentado que la Unidad Turística fue construida sobre tierras fiscales pertenecientes a la provincia de Buenos Aires y tierras expropiadas de la estancia Chapadmalal de la familia Martínez de Hoz.
El mismo documento establece que el Estado nacional había destinado, mediante el Decreto 9.305/1945, un crédito especial para adquirir o expropiar tierras, construir hoteles y viviendas y comprar el equipamiento necesario para desarrollar los centros turísticos de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba.
Actos administrativos nacionales posteriores identifican expresamente sectores de Chapadmalal como propiedad del Estado nacional.
La Resolución 392/2019 de AABE, por ejemplo, calificó de esa manera los inmuebles correspondientes a los hoteles 7 y 8 cuando fueron desafectados de Turismo y asignados al Ministerio de Seguridad para instalar allí un centro de formación de Gendarmería.
La historia detrás del complejo turístico de Chapadmalal
La Unidad Turística Chapadmalal fue inaugurada en 1950, sobre la Ruta Provincial 11, a unos 30 kilómetros de Mar del Plata y 15 kilómetros de Miramar.
El complejo fue construido como parte de la expansión del turismo social impulsada por el Estado desde mediados de la década de 1940.
Está integrado por nueve hoteles y 19 bungalows. Dos de los hoteles fueron concebidos como categoría A, seis como categoría B y uno específicamente para niños de entre seis y 12 años.
El conjunto incorporó además infraestructura propia, con un centro administrativo; asistencia sanitaria y farmacia; correo; telefonía; cine-teatro; galerías comerciales; espacios recreativos; una confitería y una capilla.
En sus primeros años, los contingentes se renovaban cada 15 días y podían reunir entre 4.000 y 5.000 personas por quincena.
Durante décadas, Chapadmalal quedó asociado a una política estatal que utilizó infraestructura hotelera propia para facilitar el acceso a vacaciones a distintos sectores de la población.
Qué funciones tuvieron los hoteles de Chapadmalal
El uso del complejo tampoco permaneció inalterado, al punto que en el 2019, la AABE desafectó de Turismo los hoteles 7 y 8 y asignó su uso al Ministerio de Seguridad para instalar el Centro de Formación de Gendarmes Chapadmalal.
Los documentos oficiales indicaban entonces que ambos edificios estaban cerrados y desocupados y comprendían aproximadamente 34.700 metros cuadrados.
Esa decisión fue parcialmente revertida en el 2020, cuando la AABE desafectó nuevamente esos sectores de Gendarmería y retomó la inversión en infraestructura turística.
En enero de 2023, el Ministerio de Turismo anunció la reapertura del Hotel 7 después de siete años sin funcionar con fines de turismo social. La obra había demandado $300 millones y agregó 650 plazas.
Ese programa formaba parte de un plan más amplio de recuperación de las unidades de Chapadmalal y Embalse, para el que entonces se informó una inversión total de $7.400 millones y obras sobre hoteles y bungalows de ambos complejos.
Pero la política anunciada en marzo pasado volvió a modificar el esquema con la decisión de la Nación de plantear una concesión por 30 años destinada a captar inversión privada.
Cualquiera sea el destino administrativo futuro, existe una condición que alcanza al conjunto a partir del Decreto 784/2013, que declaró Monumento Histórico Nacional a la Unidad Turística Chapadmalal e identificó expresamente las parcelas comprendidas por esa protección.
La propia AABE dejó establecido en 2019, cuando modificó el destino de los hoteles 7 y 8, que los bienes protegidos por la Ley 12.665 no pueden ser vendidos, gravados, enajenados ni sufrir modificaciones en su estatus jurídico sin la intervención previa de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.