La venta de AySA, a días de definirse: el Gobierno elige entre Roggio y Filiberti
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La venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró en sus días decisivos al punto que el próximo jueves 8 de octubre, a las 10:00 y a través de la plataforma CONTRAT.AR, se conocerán las ofertas económicas que presentaron los dos grupos empresarios que llegaron a la instancia final de la licitación por el 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional.
Por un lado, se sabrá cuánto quiere pagar el consorcio encabezado por Rowing e integrado por la brasileña Arcos Saneamento e Participações; Transclor, vinculada con Mauricio Filiberti, y el fondo inversor PHX.
Por otro, se conocerá lo que pretende abonar Roggio ROAS, la estructura presentada por el Grupo Roggio que también lleva a Hidrosan Capital; Aguas del Plata Participaciones y Central Buen Ayre, y cuenta además con asistencia técnica de empresas internacionales como la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni.
Ambos consorcios ya entregaron sus propuestas al Ministerio de Economía que lidera la operación para transferir las acciones en manos del Estado Nacional y ahora la apertura del componente económico permitirá conocer cuánto ofreció cada uno por el control de la mayor compañía de agua y saneamiento del país.
El precio tendrá dos referencias previas si se tiene en cuenta que, en algunos sectores oficiales se habla de una recaudación cercana a los u$s500 millones y que, además, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) realizó una valuación del paquete accionario estatal.
La licitación, sin embargo, fue convocada sin precio base y, a partir de la asesoría que llevó a a cabo la Corporación Financiera Internacional (CFI), se entiende que si bien no hay un precio mínimo sí existe control económico.
Además, la decisión oficial de no revelar un piso para la operación busca evitar el anclaje de ofertas, pero sólo es defendible si la valuación es robusta, la competencia es efectiva y la autoridad rechaza cualquier propuesta inconveniente.
De hecho, la auditoría realizada por el organismo financiero del Banco Mundial entiende que la responsabilidad del Estado Nacional como vendedor está en demostrar que el precio obtenido es consistente con el valor económico del activo y con las obligaciones asumidas por el adjudicatario.
Además, ese valor final no comprende solamente la cantidad de usuarios a los que AySA les brinda servicio sino que también incluye los flujos de fondos; la base de activos; tarifas; eficiencia, impuestos; contingencias; deuda; capital de trabajo; inversiones y riesgo país.
En este sentido, tras conocerse las ofertas y adjudicar la empresa, el Poder Ejecutivo tendrá la tarea de evaluar la legalidad, capacidad, precio, integridad, idoneidad y posibilidad de obtener financiamiento que tenga el consorcio elegido.
Estos requisitos serán fundamentales si se tiene en cuenta que al día siguiente de la adjudicación, el grupo ganador deberá desembolsar u$s 2.500 millones en inversiones y preservar la continuidad de la operación, la liquidez, procurar la movilización de capital e incrementar la capacidad técnica.
Además al cierre del primer ciclo tarifario, una evaluación independiente deberá comparar una línea de base auditada con resultados o logros efectivos en acceso, calidad, presión, continuidad, pérdidas, tratamiento, ambiente, productividad, asequibilidad tarifaria y dependencia fiscal.
Se trata de un enfoque adoptado por el Gobierno porque es consistente con la metodología de la OCDE para procesos de privatización, con la evaluación de asociaciones de agua urbana desarrollada por el Banco Mundial, con AquaRating del BID y la International Water Association y con las normas ISO 24510, 24511 y 24512.
El componente económico como dato
Los dos candidatos llegaron hasta esta instancia después de atravesar el primer filtro del proceso, el 15 de septiembre pasado, cuando se abrieron las propuestas correspondientes a la primera etapa de la licitación.
Ese día, quedaron identificados los consorcios encabezados por Rowing y Roggio ROAS y comenzó el análisis de las condiciones legales, técnicas, patrimoniales y financieras requeridas para convertirse en operador estratégico.
Superada esa instancia, el componente económico pasa a ocupar el centro de la definición para saber cual de los dos grupos reemplazará al
Estado como dueño del 90% del capital de AySA, mientras que el 10% restante seguirá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
La apertura de este sobre permitirá comparar las propuestas económicas para luego completarse la evaluación, la adjudicación y los pasos administrativos previstos para concretar la transferencia.
Por eso, conocer los montos dejará encaminada la definición del nuevo controlante, aunque el cambio de manos recién quedará formalizado una vez finalizado el procedimiento.
El precio de las acciones será, además, solamente una parte del compromiso económico que asumirá el ganador que se sumará al monto involucrado para futuras inversiones durante los primeros cinco años, destinadas a la expansión, mantenimiento y mejora del sistema de agua potable y saneamiento.
De proveedor a potencial accionista
Como parte de uno de los dos grupos finalistas se encuentra un empresario que mantiene una relación previa con la compañía que ahora busca controlar.
Se trata de Mauricio Filiberti, vinculado con Transclor, empresa que integra el consorcio encabezado por Rowing y que abastece productos utilizados para la potabilización del agua.
La compañía posee una planta en Bernal especializada en la producción de policloruro de aluminio, un insumo empleado en el tratamiento del agua.
De hecho, Transclor informa que desde esas instalaciones puede abastecer a las plantas potabilizadoras de AySA, además de contar con una planta industrial en Pilar destinada a la producción de cloro-soda, con una capacidad informada de 100.000 toneladas anuales.
De todos modos, es solamente uno de los integrantes de la propuesta ya que la presentación formal está encabezada por Rowing incorpora además a Arcos Saneamento e Participações, con experiencia en el negocio de agua y saneamiento en Brasil, y a PHX.
La estructura reúne de esa manera antecedentes industriales, financieros y sectoriales para responder a las condiciones establecidas en el pliego.
La experiencia del otro candidato
El recorrido de Roggio hacia AySA parte de otro lugar si se recuerda, por ejemplo, que el grupo nació en Córdoba en 1908 y desarrolló durante más de un siglo actividades vinculadas con construcción, infraestructura, transporte, tratamiento de residuos y concesiones de servicios públicos.
Para esta licitación cuenta además con un antecedente directamente relacionado con el activo que pretende adquirir ya que desde 1997 participa en Aguas Cordobesas, concesionaria encargada de la captación, potabilización, transporte, distribución y comercialización de agua potable en la ciudad de Córdoba.
Roggio llega de esa manera con experiencia directa en la operación privada de un servicio de agua potable, además de su trayectoria como constructor y concesionario de infraestructura.
Tres valores para una misma empresa
La privatización de AySA tiene una particularidad que será central para interpretar las propuestas teniendo en cuenta que la Resolución 704/2026 autorizó una licitación pública nacional e internacional, de etapa múltiple y sin base, para transferir a un único operador estratégico la totalidad de las acciones estatales.
De todos modos, la expectativa es que las ofertas económicas se ubiquen por encima de la valuación que llevó a cabo el BICE y que no ha sido difundida pero que, de todos modos, no tiene carácter vinculante ni constituye un precio base obligatorio establecido en el pliego.
La operación cerrará un ciclo que comenzó exactamente dos décadas atrás desde que AySA fue creada, el 21 de marzo de 2006, mediante el Decreto 304/2006, que dispuso la constitución de Agua y Saneamientos Argentinos y estableció una estructura accionaria con 90% en manos del Estado nacional y 10% correspondiente al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.
La sociedad nació bajo el gobierno kirchnerista de ese momento para reemplazar a la empresa concesionada Aguas Argentinas (controlada por el grupo Suez), tras la rescisión de su contrato de concesión.
El Estado nacional tomó esta decisión debido a las fallas en las metas de calidad, falta de presión y problemas de inversión en el servicio de agua potable y cloacas en la región metropolitana.
Su objetivo principal fue volver a estatizar y gestionar la prestación de los servicios sanitarios esenciales y garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento a sus usuarios.
La decisión fue posteriormente ratificada por la Ley 26.100 y amplió su área mediante la incorporación de nuevos municipios bonaerenses.
De hecho, actualmente presta los servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, sobre una de las mayores concentraciones urbanas del país que incluye a más de 15 millones de personal en su área de cobertura.
El camino hacia la salida del Estado
La salida del Estado Nacional comenzó a tomar forma con la Ley Bases 27.742, que incluyó a AySA entre las compañías sujetas a privatización.
El Gobierno avanzó posteriormente con el Decreto 494/2025, que autorizó el procedimiento para desprenderse de la participación estatal.
El diseño inicial contemplaba vender al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico mediante una licitación nacional e internacional y colocar posteriormente en bolsas y mercados el remanente estatal que no fuera transferido.
Pero ese esquema fue modificado por la Resolución 704/2026, que convocó directamente a una licitación para vender a un único operador estratégico la totalidad del 90% perteneciente al Estado.
El cronograma también sufrió cambios ya que, en agosto pasado, el Ministerio de Economía aprobó mediante la Resolución 1386/2026 la Circular Modificatoria 9, que extendió los plazos previstos originalmente para el proceso.
Ordenar cuentas antes del cambio de manos
Antes de poner en venta sus acciones, el Gobierno llevó a cabo un proceso de reordenamiento financiero y reducción de las transferencias del Tesoro de AySA.
Según el balance de gestión difundido por la propia sociedad, en el 2025 terminó con un superávit económico neto de $237.000 millones, además de un superávit operativo sostenido por primera vez desde 2007.
Las transferencias del Estado nacional, calculadas a valores constantes, pasaron de $1,31 billones en 2023 a $37.000 millones en 2025, destinados estos últimos exclusivamente a gastos de capital.
AySA informó también una reducción del 85% de la deuda que había sido reestructurada a fines de 2023 y de los u$su298,2 millones de capital inicial reestructurado, al cierre del 2025 quedaban pendiente de pago u$s46,5 millones con vencimiento en mayo pasado.
Durante ese período también entró en funcionamiento el Sistema Riachuelo, una de las mayores obras de saneamiento desarrolladas dentro del área de concesión y con impacto sobre unos 4,5 millones de habitantes.
El Gobierno contrapone ese reordenamiento reciente con el volumen de recursos públicos acumulados desde la creación de la empresa.
De hecho, al informar el avance de la privatización, Economía señaló que entre 2006 y 2023 AySA recibió más de u$s13.400 millones en transferencias del Tesoro Nacional.
