AySA: el nuevo dueño deberá invertir, ampliar la cobertura y reducir las pérdidas

El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua AR BV y Transclor, vinculada con Mauricio Filiberti, presentó la oferta más alta por el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y quedó primero en la competencia por el control de la empresa estatal.

El grupo ofreció u$s349 millones, frente a los u$s285 millones propuestos por el consorcio integrado por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.

La diferencia fue de u$s64 millones y las ofertas fueron abiertas este jueves 8 de octubre a través de CONTRAT.AR, después de que ambos grupos superaran la evaluación técnica.

El resultado económico representa un paso central en el proceso, aunque todavía deben cumplirse las instancias previstas para la adjudicación y la posterior transferencia del paquete accionario.

La operación contempla el traspaso del 90% de las acciones de AySA que actualmente están en manos del Estado nacional. El 10% restante continuará en poder de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

Pero más allá del precio ofrecido, el valor de la operación está determinado por la escala de la empresa que recibirá el ganador y por las inversiones, metas de cobertura y obligaciones operativas que deberá afrontar.

Qué compra el ganador de la privatización

El consorcio que quede al frente de AySA recibirá una empresa que presta los servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos bonaerenses, dentro de un área de concesión de 3.363,5 kilómetros cuadrados.

El territorio alcanzado por la prestación concentra alrededor de 15,2 millones de habitantes, lo que convierte a AySA en una de las mayores empresas de servicios públicos del país por escala poblacional.

Los últimos datos consolidados de la empresa registran 11,47 millones de habitantes servidos con agua potable y 9,66 millones con desagües cloacales.

AySA contabiliza además aproximadamente 3,87 millones de usuarios registrados o unidades funcionales. De ese total, unos 3,44 millones corresponden al segmento residencial y cerca de 350.000 al no residencial.

La escala del negocio también está determinada por la infraestructura que deberá operar el nuevo dueño.

El sistema de agua potable comprende:

• 25.537 kilómetros de redes
• Tres grandes plantas potabilizadoras de agua superficial
• 24 plantas de tratamiento de agua subterránea
• 14 estaciones elevadoras
• 88 kilómetros de ríos subterráneos

La producción promedio informada alcanza los 6,1 millones de metros cúbicos diarios.

En saneamiento, AySA opera 19.012 kilómetros de redes cloacales, 21 plantas depuradoras y 201 estaciones de bombeo, con capacidad para tratar más de tres millones de metros cúbicos diarios.

Dentro de esa infraestructura se encuentra el Sistema Riachuelo, una de las principales obras incorporadas durante los últimos años al sistema de saneamiento metropolitano.

En conjunto, el futuro operador tendrá bajo su responsabilidad una infraestructura superior a los 44.000 kilómetros de redes de agua y cloacas, además de plantas, estaciones y sistemas troncales.

Una empresa con 15,2 millones de habitantes dentro de su área

La dimensión de AySA no está dada solamente por la cantidad de usuarios actuales, sino también por la población comprendida dentro de su área de concesión que todavía no tiene acceso a alguno de los servicios.

Los datos muestran una diferencia entre los 15,2 millones de habitantes que viven dentro del territorio concesionado y los 11,47 millones que cuentan con servicio de agua potable y los 9,66 millones con desagües cloacales.

Esto deja al futuro operador frente a un escenario en el que la expansión de las redes será una de las principales tareas durante los próximos años.

El objetivo no será solamente mantener la infraestructura existente, sino también ampliar la cobertura y atender las necesidades de una población que permanece fuera de las redes.

Qué situación financiera recibirá el nuevo dueño

La operación se produce después de un cambio significativo en la situación económica de AySA.

La empresa informó que cerró 2025 con un superávit económico neto de $237.000 millones, luego de haber registrado en 2023 un déficit operativo equivalente a $1,048 billones a valores constantes.

También informó una reducción del 85% de la deuda correspondiente a las Obligaciones Negociables, reestructuradas en 2023.

Otro de los cambios señalados por la compañía es que pasó a cubrir sus gastos operativos mediante ingresos propios, reduciendo el peso que habían tenido las transferencias estatales en años anteriores.

El punto de partida financiero, sin embargo, convive con necesidades de inversión y con problemas de eficiencia que deberá afrontar el nuevo operador.

Entre ellos aparece el nivel de agua no contabilizada, que el diagnóstico oficial ubica en torno del 42%.

Esto significa que una parte importante del volumen producido no llega a convertirse en consumo efectivamente registrado y facturado, debido a pérdidas físicas, consumos no medidos u otras causas.

La inversión de más de u$s2.000 millones

El precio de u$s349 millones que ofreció el consorcio ganador no constituye el único desembolso asociado al negocio.

El futuro operador deberá afrontar además un programa de inversiones de gran magnitud.

El primer período estará determinado por el Plan de Acción 2027-2031, que contempla inversiones por $2,89 billones, equivalentes a algo más de u$s2.000 millones durante los primeros cinco años, según las estimaciones oficiales.

La diferencia entre ambas cifras permite dimensionar una de las características centrales de la operación: el monto pagado por las acciones constituye solamente una parte de los recursos que deberán destinarse al funcionamiento y expansión de la empresa.

Las inversiones estarán destinadas al mantenimiento, renovación y ampliación de las redes, además de obras sobre plantas, estaciones y sistemas troncales.

El programa deberá ejecutarse sobre una infraestructura que ya supera los 44.000 kilómetros de redes y que requiere mantenimiento permanente para sostener los niveles de prestación.

Cuánto deberá ampliar la cobertura

El programa de inversiones también está asociado a metas concretas de expansión.

Para 2031, el esquema establece una cobertura de 75,3% para agua potable y 63,9% para desagües cloacales.

Los objetivos aumentan hacia el largo plazo. Al finalizar los primeros 30 años previstos para la concesión, las metas establecidas llegan a 90% de cobertura de agua potable y 75% de cobertura de desagües cloacales.

Por eso, una parte importante de la gestión del nuevo operador estará vinculada con la incorporación de nuevos usuarios y la extensión de las redes hacia sectores que actualmente no cuentan con alguno de los servicios.

El problema del agua que no se contabiliza

Uno de los principales desafíos operativos será reducir el volumen de agua que se produce pero no queda registrado como consumo.

El diagnóstico oficial ubica el agua no contabilizada en aproximadamente 42%.

La magnitud adquiere relevancia si se considera que AySA produce en promedio 6,1 millones de metros cúbicos diarios.

La reducción de pérdidas físicas, la detección de conexiones irregulares, la renovación de cañerías y una mayor medición de los consumos forman parte de las herramientas para mejorar ese indicador.

El futuro operador deberá, por lo tanto, combinar las obras de expansión con tareas destinadas a hacer más eficiente una infraestructura existente que ya tiene una escala metropolitana.

Medidores: cuántos usuarios tienen consumo medido

La medición individual constituye otro de los puntos que deberá abordar el nuevo operador.

De los aproximadamente 3,87 millones de usuarios o unidades funcionales registrados por AySA, 860.214 se encuentran bajo régimen medido, mientras que algo más de tres millones permanecen bajo un esquema sin medición individual.

El marco diseñado para la nueva etapa contempla la provisión e instalación de medidores y establece reglas para avanzar sobre ese esquema.

La medición tiene impacto tanto sobre la facturación como sobre la capacidad de detectar consumos anómalos y pérdidas dentro de la red.

Por eso, su expansión está vinculada con el objetivo de reducir el agua no contabilizada y mejorar la eficiencia operativa.

De dónde saldrán los recursos para sostener AySA

Otro de los aspectos centrales de la operación es el esquema de financiamiento.

AySA informó que desde 2024 cubre sus gastos operativos mediante ingresos tarifarios, después de años en los que las transferencias estatales tuvieron un papel relevante para sostener el funcionamiento de la compañía.

El modelo diseñado para la etapa privada busca mantener esa sustentabilidad económico-financiera.

Para el período 2027-2031, la documentación utilizada para elaborar el Plan de Acción parte de mantener constante en términos reales el nivel tarifario vigente al momento de su presentación y no proyecta aumentos reales adicionales durante ese período.

El régimen contempla mecanismos de actualización y revisiones ante las circunstancias previstas en el marco regulatorio.

Esto significa que la evolución de los ingresos tarifarios será una variable central para sostener los gastos operativos y financiar parte de las necesidades de inversión de la empresa.

Cómo se controlará cuánto invierte el nuevo dueño

Las inversiones comprometidas no quedarán únicamente sujetas a la administración del nuevo accionista.

El esquema contempla un Auditor Técnico Independiente, que deberá certificar anualmente los desembolsos realizados y verificar que correspondan con las obras y objetivos incluidos en el Plan de Acción.

También deberá analizar la adecuación de las inversiones a valores de mercado.

La certificación tendrá además consecuencias sobre la ecuación económica de la compañía, porque las inversiones reconocidas serán consideradas para determinar la base de activos utilizada en las revisiones correspondientes.

A este mecanismo se suma la intervención del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA), dentro de sus respectivas competencias.

El precio de AySA frente a las obligaciones futuras

La oferta de u$s349 millones coloca al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX Aqua y Transclor como el mejor posicionado en la licitación por el 90% de AySA.

Pero el desembolso para adquirir las acciones es solamente una parte de la ecuación económica que deberá afrontar el futuro controlador.

A partir de la transferencia, tendrá bajo su responsabilidad una empresa con 15,2 millones de habitantes dentro del área de concesión, casi 3,87 millones de usuarios, más de 44.000 kilómetros de redes de agua y cloacas y una producción diaria de 6,1 millones de metros cúbicos de agua.

Al mismo tiempo, deberá ejecutar un programa de inversiones superior a u$s2.000 millones durante los primeros cinco años, ampliar la cobertura, reducir las pérdidas, avanzar con la medición de consumos y sostener la prestación de los servicios.

La apertura económica definió así cuánto está dispuesto a pagar cada grupo por el control de AySA. El desafío económico posterior estará determinado por cuánto deberá invertir el ganador para operar, mantener y ampliar una de las mayores empresas de servicios públicos del país.