Privatización de AySA: inversiones, tarifas y la hoja de ruta para el nuevo dueño
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Puntos importantes
AySA privatizada: ofertas 8 de octubre. Dos grupos compiten por el 90% de la compañía estatal.
El nuevo dueño afrontará billonarias inversiones obligatorias en expansión de red y eficiencia operativa.
La gestión privada estará fuertemente regulada por un contrato de concesión y auditorías externas.
l Gobierno oficializó este martes el último paso previo a la apertura de las ofertas económicas por AySA y confirmó que el próximo 8 de octubre, a las 10, se conocerán las propuestas de los dos grupos que siguen en carrera para quedarse con el 90% de la compañía estatal.
La decisión, que fue anticipada por iProfesional, quedó establecida mediante la Resolución 1722/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial de la Nación y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La norma aprobó lo actuado durante la primera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional 504/2-0003-LPU26 y seleccionó formalmente a los dos consorcios habilitados para participar de la instancia económica.
De un lado quedó el grupo integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX AQUA AR BV y Transclor y del otro, el conformado por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
La resolución establece que las ofertas económicas serán abiertas el 8 de octubre a través de CONTRAT.AR y aporta otro dato sobre el proceso.
También explica que la Comisión de Evaluación solicitó a los oferentes "subsanaciones de errores o defectos que no alteraran la sustancia de las Ofertas Técnicas" y que, cumplido ese trámite, recomendó la admisibilidad de ambos grupos y el dictamen de preselección quedó firme sin recibir impugnaciones.
Ahora, la próxima apertura de los sobres con las ofertas económicas permitirá conocer cuánto está dispuesto a pagar cada grupo por el 90% del capital de AySA en manos del Estado Nacional, mientras que el 10% restante seguirá en manos del personal a través del régimen de propiedad participada de acciones.
Pero detrás de ese precio aparecen las obligaciones que deberá asumir el ganador del proceso inmediatamente después del traspaso accionario.
De hecho, el nuevo dueño de AySA recibirá una de las mayores empresas de servicios públicos de la Argentina y una hoja de ruta que el Gobierno comenzó a diseñar mucho antes de conocer quién será su nuevo controlador.
La escala detrás del precio
La empresa tiene una concesión que se extiende sobre 3.363,5 kilómetros cuadrados, comprende la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos bonaerenses y abarca un territorio en el que viven 15,2 millones de habitantes.
Esa población permite dimensionar el activo que está en venta y, al mismo tiempo, uno de los principales desafíos que encontrará el operador: una parte de quienes viven dentro del área todavía permanece fuera de alguna de las redes.
Los últimos datos consolidados publicados por la compañía registran 11,47 millones de habitantes servidos con agua potable y 9,66 millones con desagües cloacales.
AySA contabiliza además 3,87 millones de usuarios registrados o unidades funcionales, con alrededor de 3,44 millones correspondientes al segmento residencial y unos 350.000 al no residencial.
La infraestructura necesaria para sostener esa prestación marca la dimensión del negocio ya que el sistema de agua potable comprende:
- 25.537 kilómetros de redes
- Tres grandes plantas potabilizadoras de agua superficial
- 24 plantas de tratamiento de agua subterránea
- 14 estaciones elevadoras
- 88 kilómetros de ríos subterráneos
La producción promedio informada alcanza los 6,1 millones de metros cúbicos diarios y en saneamiento, la compañía opera 19.012 kilómetros de redes cloacales, 21 plantas depuradoras y 201 estaciones de bombeo, con capacidad para tratar más de tres millones de metros cúbicos diarios.
Dentro de esa estructura se encuentra también el Sistema Riachuelo, una de las mayores obras incorporadas durante los últimos años al sistema de saneamiento metropolitano.
El ganador recibirá además una compañía cuya situación financiera cambió sustancialmente durante los últimos ejercicios al punto que AySA informó que cerró 2025 con un superávit económico neto de $237.000 millones, después de haber registrado en 2023 un déficit operativo equivalente a $1,048 billones a valores constantes.
La empresa también informó una reducción del 85% de la deuda correspondiente a las Obligaciones Negociables (ON), reestructuradas en 2023 y pasó a cubrir sus gastos operativos mediante ingresos propios.
Pero, más allá de estas cifras, todavía existe una contracara que aparece en la operación y que el nuevo dueño también deberá asumir para resolver.
Por ejemplo, la diferencia entre la población comprendida dentro de la concesión y aquella efectivamente conectada a las redes continúa siendo significativa, mientras que el diagnóstico oficial ubica el agua no contabilizada en torno del 42%.
Es sobre esa AySA, con su escala, infraestructura y necesidades pendientes, que deberá ejecutarse el programa diseñado para la etapa privada.
La segunda cuenta de la privatización
Por eso, se asegura que el pago por el 90% de las acciones del Estado será apenas el comienzo del proceso que el Gobierno diseñó y reformuló antes de la venta el marco regulatorio.
En principio, aprobó un nuevo contrato de concesión y dejó establecido un sistema de planificación por períodos de cinco años que condicionará las decisiones de quien tome el control.
El primer tramo estará determinado por el Plan de Acción 2027-2031, de cumplimiento obligatorio, que contempla inversiones por $2,89 billones y que el Gobierno estima que representan algo más de u$s2.000 millones durante los primeros cinco años.
El destino de esos recursos estará ligado al mantenimiento, renovación y expansión de una infraestructura que supera los 44.000 kilómetros de redes de agua y cloacas, además de plantas, estaciones y grandes sistemas troncales.
El operador tendrá que preservar esa estructura mientras incorpora usuarios y avanza sobre las necesidades de cobertura que todavía presenta el área concesionada.
Para 2031, el esquema establece metas de 75,3% de cobertura de agua potable y 63,9% de desagües cloacales.
Pero los objetivos continúan después de ese ciclo y llevan esos pisos a 90% y 75%, respectivamente, hacia el final de los 30 años iniciales previstos para la concesión.
Medir para cambiar el sistema
La forma de registrar el consumo constituye otro frente de la futura gestión ya que, de los casi 3,87 millones de usuarios o unidades funcionales informados por AySA, 860.214 se encuentran bajo régimen medido, mientras que algo más de tres millones permanecen bajo un esquema sin medición individual.
En este sentido, el nuevo marco regulatorio contempla la provisión e instalación de medidores y establece las reglas correspondientes para avanzar sobre ese esquema.
La cuestión se conecta directamente con otro indicador operativo. El diagnóstico oficial ubica en aproximadamente 42% el agua no contabilizada, dentro de un sistema que produce más de seis millones de metros cúbicos diarios.
La medición de consumos, la identificación de pérdidas y la renovación de infraestructura aparecen así como piezas relacionadas de la gestión que recibirá el privado.
La tarifa como sostén del modelo
La privatización también parte de un cambio en la manera de financiar la compañía a pesar de que AySA sostiene que desde 2024 cubre sus gastos operativos mediante ingresos tarifarios, después de años durante los cuales las transferencias estatales tuvieron un peso central en el funcionamiento de la empresa.
El nuevo esquema diseñado por el Gobierno y que el nuevo dueño de la empresa deberá adoptar busca mantener esa sustentabilidad económico-financiera y organiza la planificación mediante ciclos de cinco años, en los cuales inversiones, gastos operativos, eficiencia y condiciones de prestación formarán parte de la revisión de la ecuación tarifaria.
Para el período 2027-2031, la documentación utilizada para elaborar el Plan de Acción parte de mantener constante en términos reales el nivel tarifario vigente al momento de su presentación y no proyecta aumentos reales adicionales durante ese ciclo.
El régimen conserva mecanismos de actualización tarifaria y contempla las revisiones y circunstancias extraordinarias previstas en el contrato.
Invertir bajo control
El programa no deja la ejecución de las inversiones exclusivamente en manos del futuro accionista ya que el esquema oficial incorpora un Auditor Técnico Independiente, que deberá certificar anualmente los desembolsos realizados, verificar que correspondan con el Plan de Acción y analizar su adecuación a valores de mercado.
La certificación tendrá impacto sobre la propia ecuación regulatoria de AySA porque las inversiones reconocidas serán consideradas para determinar la base de activos utilizada en las revisiones correspondientes.
A ese mecanismo se sumará la intervención del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA), con competencias sobre planes, expansión, inversiones y condiciones de prestación.
Es decir que quien tome el control administrará de ese modo una empresa privada en su estructura accionaria, pero sometida a las reglas propias de una concesión de un servicio público.
El precio será apenas el comienzo
El cambio de accionistas tampoco altera la naturaleza de la concesión, teniendo en cuenta que el grupo ganador comprará el control societario de AySA y asumirá la operación del servicio bajo un contrato cuyo plazo inicial será de 30 años, con posibilidad de una extensión adicional de 10.
Dentro de ese horizonte se sucederán ciclos quinquenales con nuevas metas, programas de inversión y revisiones de la ecuación económica.
El Plan 2027-2031 será solamente el primero y marcará el comienzo de la gestión privada.
