Milei avanza con más privatizaciones tras AySA: cuáles siguen y cuánto espera recaudar

El gobierno de Javier Milei mantiene en marcha su programa de privatizaciones después de recibir este jueves 8 de octubre las ofertas económicas por el 90% de AySA, donde el consorcio encabezado por Rowing presentó la propuesta más alta, por u$s349,2 millones frente a los u$s285 millones ofrecidos por el grupo liderado por Roggio.

De hecho, la próxima operación con fecha confirmada será el tren Belgrano Cargas y Logística, cuyas ofertas se abrirán el próximo 11 de noviembre como parte de un paquete mayor que prepara el Ministerio de Economía con nuevas ventas de activos energéticos y licitaciones de otras compañías estatales.

La cartera que dirige el ministro Luis Caputo, presentó en julio pasado una proyección de ingresos por privatizaciones de u$s2.300 millones que estima recaudar entre las operaciones realizadas durante este año y las que se cerrarán en el 2027.

Hasta ahora, las operaciones de las centrales hidroeléctricas del Comahue y la venta de la participación estatal en Citelec, controlante de Transener, representan u$s1.063 millones en valores adjudicados.

A esas operaciones se agregan la transferencia de IMPSA; las concesiones de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y otros procedimientos que tienen estructuras económicas diferentes.

De hecho, la oferta por AySA acercó más fondos a ese objetivo y dejó la empresa en manos del consorcio integrado por Rowing; Arcos Saneamento e Participações; Transclor y PHX Aqua.

La operación también contempla obligaciones de inversión superiores a u$s2.000 millones para ampliar y mejorar la infraestructura de agua potable y saneamiento, además de un plan de acción para el período 2027-2031.

Noviembre será el mes para la próxima licitación

La privatización de Belgrano Cargas y Logística será la siguiente instancia competitiva del programa pero tendrá una estructura diferente de la venta de AySA ya que, en ese caso, el Gobierno decidió separar las actividades que actualmente desarrolla la compañía ferroviaria, en lugar de transferir la sociedad completa a un único comprador.

Se trata de la sociedad que opera las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, que conforman una red de aproximadamente 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias.

El sistema conecta regiones agrícolas, industriales y mineras con los principales puertos y pasos internacionales, por lo que su transferencia comprende infraestructura utilizada por diferentes sectores exportadores.

El esquema aprobado por Economía contempla concesionar las vías y los inmuebles ferroviarios asociados, mientras que el material rodante podrá venderse mediante los mecanismos establecidos en la normativa.

La operación también comprende instalaciones y talleres necesarios para el funcionamiento de la red, aunque su transferencia tendrá condiciones diferentes de las previstas para la infraestructura ferroviaria.

Las concesiones tendrán una duración prevista de 50 años y los adjudicatarios deberán asumir las obligaciones de inversión, mantenimiento y modernización establecidas en los contratos.

El modelo incorpora además el acceso abierto a la infraestructura, que permitirá la utilización de las vías por operadores ferroviarios habilitados bajo las condiciones regulatorias correspondientes.

La documentación también contempla la posibilidad de que los proyectos que cumplan los requisitos legales soliciten los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Cuál es el interés detrás de las vías

La licitación y la extensión de la red ferroviaria y su vinculación con las principales regiones productivas explican la importancia del proceso para operadores logísticos, agroexportadoras y empresas relacionadas con la minería.

Las líneas General Belgrano, San Martín y Urquiza atraviesan regiones donde se concentran actividades agrícolas e industriales y también provincias en las que avanzan proyectos de litio y cobre.

Si bien, todavía no existe una nómina oficial de empresas que hayan presentado ofertas, algunos grupos ya han mostrado interés en participar de la licitación como un consorcio de grandes cerealeras y agroexportadoras que conformaron un bloque denominado preliminarmente "Pro ferrocarril Belgrano".

El el objetivo es asegurar el control logístico del corredor cerealero hacia los puertos del Paraná y firmas involucradas incluyen a Aceitera General Deheza (AGD); Bunge; Cargill; Louis Dreyfus Company (LDC) y Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

También participarán empresas vinculadas a grupos locales como Benito Roggio y EMEPA que han analizado sumarse a este bloque para aportar capacidad operativa en talleres y mantenimiento de material rodante.

Del exterior, el Grupo México (GMXT), viene mostrando un fuerte interés por el proceso licitatorio, a partir de ser considerado uno de los operadores ferroviarios y logísticos más grandes de América Latina.

A través de su división de transporte (Grupo México Transportes), ratificó de manera formal su fuerte interés en obtener la concesión integral para transformar la red en un sistema de alta eficiencia.

En el mismo sentido, grandes compañías mineras de litio y cobre podrían anotarse en la competencia teniendo en cuenta la importancia de los ramales del norte (como el ramal C-14 en la Puna).

Otro posible competidor es Rio Tinto, el gigante minero global que ha figurado formalmente entre los interesados en las instancias previas de diálogo, motivado por el transporte de insumos críticos como el carbonato de litio y de sodio.

El cronograma se acerca a la definición de la operación si se tiene en cuenta que las consultas a los pliegos podrán realizarse hasta el próximo 28 de octubre a las 10, mientras que la recepción de ofertas finalizará el 11 de noviembre a las 9.59.

Un minuto después comenzará la apertura electrónica mediante CONTRAT.AR y posteriormente se iniciará la evaluación de las propuestas, tal como ocurrió con AySA.

El esquema contempla además que, después de transferir las actividades correspondientes, se avance con la disolución y posterior liquidación de Belgrano Cargas y Logística.

El gobierno nacional no busca recaudar fondos de manera directa para las arcas del Tesoro, sino que estructuró el proceso bajo un esquema de competencia por obras obligatorias, baja de peajes y desfinanciamiento del Estado.

En el mismo sector está pendiente el futuro de Trenes Argentinos Operaciones, responsable de los servicios ferroviarios metropolitanos, regionales y de larga distancia.

La Ley Bases autorizó su privatización o concesión, pero el Gobierno todavía no convocó un procedimiento general con una fecha confirmada para recibir ofertas.

La energía gana lugar en la lista de licitaciones

Otro proceso que se impulsa desde el MInisterio de Economía involucra a Energía Argentina (Enarsa), que deberá desprenderse de nuevas participaciones accionarias en centrales de generación eléctrica.

Así lo dispuso el Decreto 1107/2026, publicado el 28 de septiembre pasado, que autorizó la venta del 65,01% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y del 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín, paquetes accionarios que deberán ofrecerse mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales.

La misma norma habilitó avanzar con Central Termoeléctrica Guillermo Brown, aunque previamente deberán completarse los procedimientos vinculados con el fideicomiso existente y la incorporación de Enarsa como accionista de esa sociedad.

El Gobierno deberá aprobar la documentación licitatoria y completar los procedimientos necesarios antes de convocar a los inversores, por lo que todavía no puede establecerse cuál de esas centrales será transferida primero.

Capital privado pero sin perder el control

Otro expediente en preparación es la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, responsable de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse y que se desprenderá del 44% del capital accionario, mientras que otro 5% quedará reservado para un programa de propiedad participada y el Estado conservará el 51% restante, conforme a las condiciones establecidas por la Ley Bases.

La Resolución 1751/2025 inició el procedimiento y estableció un plazo de 12 meses para coordinar las tareas necesarias para la privatización, lapso que vence en noviembre próximo.

Antes deberán completarse las valuaciones, la documentación societaria y contractual y los pasos necesarios para organizar el procedimiento competitivo.

La mayoría estatal también supone que determinadas decisiones estratégicas continuarán sujetas a las condiciones especiales establecidas por la legislación.

Algo parecido sucede con Yacimientos Carboníferos Río Turbio, en donde la incorporación de capital privado tiene una limitación legal específica.

La Ley Bases establece que el Estado debe conservar el control o una participación mayoritaria, por lo que el proceso no podrá concluir con la venta completa del complejo carbonífero, ferroviario, portuario y energético.

Hasta ahora, el Gobierno avanzó con modificaciones de su estructura jurídica, pero todavía resta definir el mecanismo para incorporar inversores y las condiciones concretas de participación.

El Estado se retira de las rutas

Entre las operaciones ya realizadas, uno de los principales capítulos corresponde a Corredores Viales, la empresa estatal que administraba una red de rutas nacionales.

En lugar de vender la sociedad completa, el Gobierno decidió transferir progresivamente la explotación de las rutas a operadores privados mediante la Red Federal de Concesiones, organizada en diferentes etapas y corredores.

La primera etapa comprendió los tramos Oriental y Conexión, vinculados con rutas estratégicas para el transporte de cargas y las conexiones internacionales.

Posteriormente se incorporaron otros corredores mediante licitaciones destinadas a seleccionar empresas responsables de la administración, conservación, mantenimiento e inversiones previstas en los contratos.

El avance más reciente se produjo el 6 de octubre pasado, cuando Vialidad Nacional anunció la firma de los contratos correspondientes a la tercera etapa del programa, que incorporó más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales y autopistas a la gestión privada.

Los nuevos operadores ya comenzaron a tomar posesión como lo hizo la sociedad Covicen que asumió el tramo Centro; Autovía al Norte, Centro Norte; Autovía del NOA, Noroeste; Corredor Litoral, Litoral; Camino Selva, Noreste; Mesopotámico, el corredor del mismo nombre; Vías del Paraná Medio, Chaco-Santa Fe; y Caminos del Aconcagua, Cuyo.

Con las distintas etapas, la Red Federal de Concesiones supera los 9.000 kilómetros de rutas nacionales y autopistas bajo el nuevo modelo de gestión privada, según los datos oficiales.

Los concesionarios asumen la explotación, administración y mantenimiento de las trazas, además de las inversiones previstas contractualmente, mientras Vialidad Nacional conserva las funciones de supervisión y control.

La infraestructura continúa siendo pública y las empresas reciben derechos de explotación durante los plazos establecidos en cada contrato.

La transferencia progresiva de los corredores también forma parte del procedimiento de privatización de Corredores Viales y, a medida que los operadores privados asumen las rutas, la sociedad estatal deja de desarrollar las actividades que tenía asignadas sobre esas trazas.

El antecedente industrial

Antes de las concesiones viales, el Gobierno había concretado la privatización de IMPSA, la compañía industrial mendocina en la que el Estado nacional y la provincia de Mendoza habían ingresado como accionistas durante 2021.

El 11 de febrero de 2025, ambas administraciones firmaron el contrato de transferencia de sus participaciones al consorcio Industrial Acquisitions Fund, cuyo principal socio es Arc Energy.

La propuesta contempló un aporte de capital de u$s27 millones y un procedimiento para refinanciar la deuda de u$s565 millones de la metalúrgica fundada por la familia Pescarmona.

Millones en activos energéticos

A este proceso le siguió el de las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue, correspondientes a Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados.

Los contratos de concesión y transferencia fueron firmados el 22 de diciembre de 2025, y la Secretaría de Energía informó que la operación garantiza ingresos por u$s706.885.298,49 para el Estado nacional, de acuerdo con las ofertas económicas presentadas durante la licitación.

Las empresas adjudicatarias asumieron las obligaciones de operación, mantenimiento y modernización establecidas para cada complejo hidroeléctrico, bajo las condiciones de los nuevos contratos.

A ese antecedente se sumó durante este 2026 la venta de la participación estatal en Citelec, sociedad controlante de Transener, adjudicada al consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión que pagó algo más de u$s356 millones por el control de la sociedad.

La hoja de ruta para la Hidrovía

El programa privatizador también alcanzó a la Vía Navegable Troncal, infraestructura utilizada para transportar una parte sustancial del comercio exterior argentino.

Después del procedimiento licitatorio organizado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el Gobierno adjudicó el 18 de junio pasado la concesión al consorcio Jan de Nul-Servimagnus, que quedó a cargo de las tareas de operación, mantenimiento, profundización y modernización previstas contractualmente.

Posteriormente, el Gobierno firmó el contrato de concesión con Vía Navegable Argentina, la sociedad constituida por el consorcio adjudicatario para desarrollar la actividad.

Como sucede con las rutas nacionales, se trata de una concesión de infraestructura y no de una venta de acciones de una empresa pública, por lo cual, su valor económico debe analizarse a partir de las obligaciones contractuales y el régimen de explotación correspondiente.

Una venta que quedó sin ofertas

El paquete de desinversiones del gobierno nacional también alcanzó al negocio aeroportuario en donde se puso a la venta Intercargo.

Se trata de la sociedad estatal de servicios de rampa que la administración nacional ya intentó vender en varias oportunidades y no consiguió recibir ofertas.

Esa falta de compradores se produjo mientras cambiaban las condiciones del mercado en el que opera Intercargo, al haberse eliminado las restricciones que sostenían su posición dominante en los servicios de asistencia en tierra a aeronaves y comenzó a habilitar nuevos prestadores privados.

De hecho, ya existen 15 empresas habilitadas para prestar esos mismos servicios, aunque solamente cuatro se encuentran operando efectivamente en distintos aeropuertos.

La apertura modificó las condiciones comerciales que recibiría un eventual comprador porque Intercargo debe competir con otros prestadores autorizados, razón que muchos esgrimen a la hora de explicar el fracaso de esta operación.

Por ahora, Intercargo permanece dentro del programa autorizado por el Congreso y Economía deberá resolver si convoca una nueva licitación, modifica las condiciones de venta o adopta otra decisión administrativa.

Desinversión por fuera del programa

A las operaciones realizadas directamente por el Estado se suma la venta de la participación de YPF en Metrogas, aunque jurídicamente corresponde a una transacción societaria diferente de las privatizaciones autorizadas por la Ley Bases.

El 10 de agosto pasado, YPF aceptó la oferta presentada por Edenor para adquirir el 70% del capital social y los derechos de voto de la distribuidora de gas y el 5% de su controlada, Metroenergía por u$s780 millones.

Cabe aclarar que esta operación no forma parte del paquete de achique bajo la autorización de la Ley Bases o Ley 27.742, sancionada el 27 de junio de 2024.

La norma autorizó el proceso de privatización de todas estas sociedades públicas pero, durante su tratamiento parlamentario quedaron afuera otras compañías incluidas en versiones anteriores del proyecto como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina.

Si bien en el caso de la compañía aérea de bandera, el 1° de octubre de 2024, Milei firmó el Decreto 873/2024, que declaró a la compañía sujeta a privatización, esa legislación establece que la declaración del Poder Ejecutivo debe ser aprobada por el Congreso.

En cuanto al Correo Argentino no existe por el momento una licitación de privatización convocada y su eventual venta requeriría la habilitación jurídica correspondiente y posteriormente el procedimiento competitivo que establezca el Poder Ejecutivo.

La Casa de Moneda tampoco fue incorporada a la lista de privatizaciones, pero el Gobierno avanzó con una reorganización de sus actividades y dispuso transferir distintas funciones que hasta entonces desarrollaba la sociedad.

Las tareas vinculadas con pasaportes pasaron al Renaper, mientras que las actividades relacionadas con instrumentos fiscales fueron transferidas a ARCA y la gestión de la plataforma de billetera virtual pasó a ARSAT.

La norma también dispuso que los inmuebles asignados a Casa de Moneda que hubieran quedado en desuso fueran transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para su reasignación o eventual disposición.