Tras vender AySA, el Gobierno busca socios privados para Fabricaciones Militares
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Puntos importantes
El Gobierno reestructura Fabricaciones Militares, redujo gerencias y busca socios privados por hasta 35 años.
La oposición y gremios denuncian privatización encubierta y exigen aval del Congreso.
Hay incertidumbre laboral, reducción de personal y baja producción en las plantas.
Con el foco puesto en mantener activa la motosierra, el Gobierno mantiene en agenda la reestructuración de las empresas estatales y sigue aplicando cambios al funcionamiento de Fabricaciones Militares (FM). Tras la venta de AySA, el Ejecutivo viene aplicando un cambio profundo en la empresa, cuya conducción está en manos de Pablo Glöggler y Diego Martínez, ambos designados por la cartera de Defensa. La Libertad Avanza (LLA) dispuso un recorte drástico de la estructura jerárquica de FM: la compañía pasó de 27 gerencias a solo cinco. En paralelo, la Casa Rosada busca incorporar operadores privados tanto nacionales como extranjeros para ceder el control de las 4 plantas operativas de la estatal por plazos de hasta 35 años.
Frente a esta medida, los gremios y la oposición denuncian que se trata de una privatización encubierta. Para frenar la posibilidad de un avance foráneo, Agustín Rossi, diputado de la oposición, acaba de presentar un proyecto de ley, cuyo texto de expediente ingresó a la Cámara de Diputados, que exige someter cualquier esquema de este tipo al aval del Congreso y realizar una auditoría interna..
Por estos días, FM mantiene en funcionamiento las plantas de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, orientada a la producción de armas portátiles, municiones y chalecos balísticos, Río Tercero, en Córdoba, donde concentra la elaboración de químicos y fertilizantes, además de generar piezas de artillería, Villa María, también en Córdoba, dedicada a generar pólvora y explosivos, y FANAZUL, en la bonaerense Azul, especializada en la producción de TNT, DNT y otros explosivos.
Desde el oficialismo, el vocero presidencial Adrián Ravier dijo recientemente que el Gobierno viene aplicando cambios fuertes en FM en virtud de que la compañía se encontraba en estado crítico al asumir el gobierno de Javier Milei.
"Cuando asumimos, la empresa tenía un elevado desequilibrio en sus cuentas y una estructura organizacional sobredimensionada", afirmó el funcionario. Según Ravier, la gestión actual lleva adelante un proceso de "ordenamiento, simplificación organizacional, recuperación comercial y generación de nuevas oportunidades de exportación".
Achique estructural y reconversión comercial
En el marco de esta reorganización, Fabricaciones Militares fue transformada en una "sociedad anónima unipersonal para dotarla de mayor flexibilidad". De acuerdo con Ravier, estos cambios permitieron revertir el déficit y reorientar la producción hacia las Fuerzas Armadas y de seguridad, incluyendo acuerdos con el Ministerio de Seguridad para provisión de disuasivos químicos y contratos en trámite con el Ejército para suministrar municiones.
"Fabricaciones Militares pasó de ser una empresa deficitaria a poder producir para las Fuerzas Armadas y de seguridad, a competir en mercados internacionales, incorporar tecnología, desarrollar nuevos productos y recuperar capacidades esenciales para la defensa nacional", declaró.
Sin embargo, el despliegue del plan oficial genera un fuerte rechazo en los frentes gremiales y políticos opositores, que denuncian un presunto esquema de desmantelamiento para forzar la entrada de operadores privados.
Qué plantas de Fabricaciones Militares se verán afectadas en Córdoba
La reestructuración tuvo un impacto inmediato en las fábricas del interior. En la planta de Villa María, Córdoba, se aplicaron cambios profundos y recientes en los mandos y las gerencias.
Ligado a esto, Silvana Torres, secretaria general del gremio ATE en Villa María, señaló que este recambio profundizó la incertidumbre de los trabajadores y enmarcó la medida en el plan de achicamiento nacional. Torres advirtió que la conducción fijó un "número óptimo" de operarios que arroja un excedente de 250 personas en esa sede.
El clima interno se tensó aún más tras la decisión de la conducción nacional de suspender el histórico asueto del 9 de octubre, fecha de aniversario de la empresa. "Esta nueva gestión, con el presidente Pablo Vicente Sigfrido Glöggler a la cabeza, decidió que ese día no se dará más asueto", confirmó Torres.
El deterioro operativo también es remarcado por los trabajadores. Un documento difundido por el personal de Villa María detalló que entre febrero y septiembre la producción acumulada en esa planta apenas alcanzó las 40,5 toneladas. La unidad de pólvoras, con capacidad para 4 toneladas mensuales, elabora solo 2 toneladas por falta de personal.
En paralelo, la dotación de esa fábrica cayó a 286 trabajadores, lejos de los 420 registrados en 2015 o los 383 informados a comienzos de este año. En junio de 2024 la fábrica de FM en San José de Jáchal, en San Juan, fue cerrada, mientras que la planta de Azul apenas si presenta actividad.
Por qué la oposición denuncia la privatización de Fabricaciones Militares
El punto de mayor conflicto radica en la convocatoria a concurso público para incorporar socios privados en la operación de las mencionadas plantas de Villa María, Río Tercero, Fray Luis Beltrán y Azul. Para ATE, la iniciativa viola los acuerdos legislativos. "Es una privatización encubierta", afirmó Torres, al recordar que la Ley Bases excluyó expresamente a Fabricaciones Militares de la lista de empresas privatizables.
En la misma línea, Sergio Catalano, secretario adjunto del gremio en Villa María, cuestionó que la planta en ese lugar lleve tres años sin alcanzar su capacidad máxima pese a la escasez global de insumos para la defensa.
La polémica respecto del futuro trazado por LLA para Fabricaciones Militares también se hace sentir en el Congreso. El diputado nacional y exministro de Defensa, Agustín Rossi, presentó un proyecto de ley para exigir que cualquier esquema de asociación o cesión de control sea autorizado previamente por el Poder Legislativo.
"El Gobierno pretende entregar a operadores privados el control de las cuatro fábricas militares durante períodos de hasta 35 años, con mayoría privada en la conducción y gestión exclusiva de las operaciones. Esto es una privatización encubierta: el Congreso ya decidió en dos oportunidades que Fabricaciones Militares no está sujeta a privatización", afirmó.
El legislador remarcó que "el Gobierno no puede hacer por vía administrativa lo que el Congreso rechazó por ley", en medio de un debate que promete escalar en el ámbito político y judicial.
