El cierre de la cárcel de Devoto abre el debate por el futuro de las tierras
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Puntos importantes
La cárcel de Devoto se vacía, liberando 4,6 ha.
El plan 2018 (viviendas y verde) es incierto, sin proyecto ni tasación.
Su futuro requiere desocupación, rezonificación y tasación oficial.
El traslado de los presos de la cárcel de Villa Devoto hacia Marcos Paz empezó a liberar uno de los grandes terrenos estatales ubicados dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Son 46.380 metros cuadrados, equivalentes a poco más de 4,6 hectáreas en el barrio de Villa Devoto y delimitadas por las calles Bermúdez, Pedro Lozano, Desaguadero y Nogoyá.
Sobre ese terreno existe desde 2018 un proyecto para incorporar viviendas, espacios verdes y usos públicos, pero ocho años después de haberse acordado esa iniciativa se encuentra llena de dudas y está sujeta a definiciones administrativas, urbanísticas y patrimoniales.
El convenio firmado entre Nación, Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) establece que la cárcel está emplazada sobre "un bien inmueble cuyo dominio le corresponde al Estado Nacional".
Sobre esa base se diseñó el mecanismo que vinculó la construcción de la nueva prisión, la salida de Devoto, la modificación de las condiciones urbanísticas y la posterior comercialización del terreno.
El esquema original asignó además diferentes responsabilidades dentro de las cuales la AABE fue incorporada al acuerdo para intervenir en el procedimiento previsto para la eventual comercialización, mientras que la Ciudad tiene competencias sobre las reglas urbanísticas que determinarán qué podrá desarrollarse allí.
Sin embargo, en la documentación oficial relevada todavía no aparece una subasta convocada, un precio base, una tasación actualizada, desarrolladores adjudicados ni un proyecto ejecutivo aprobado por la actual administración porteña para reemplazar la cárcel.
Lo que se sabe concretamente es que el gobierno que lidera Jorge Macri confirmó el 11 de octubre pasado el comienzo del traslado gradual de los cerca de 1.500 presos alojados en Devoto, después de que Nación recibiera provisoriamente el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.
La mudanza será progresiva y la desocupación completa de la manzana constituye la primera condición para comenzar a avanzar sobre el inmueble.
Un diseño anterior al cambio de escenario
De todos modos, la transformación urbana empezó a proyectarse al mismo tiempo que el traslado penitenciario.
Ocurre que el acuerdo del 2018, durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta, incluía la propuesta para reconvertir la manzana una vez que quedara liberada y establecía que el 65% del terreno liberado se destinaría a espacios verdes y públicos y el 35% restante a viviendas.
Aplicado sobre los 46.380 metros cuadrados del predio, aquel reparto representa aproximadamente 30.147 metros cuadrados para espacios verdes y públicos y 16.233 metros cuadrados de suelo destinado al sector residencial.
El diseño contemplaba además equipamiento comunitario y durante su presentación se mencionaron alternativas como un anfiteatro y un museo para la Comuna 11.
En la actualidad, la propuesta continúa publicada en la plataforma oficial de transformación urbana del Gobierno porteño, a pesar de que el escenario en el que fue elaborada cambió.
Primero porque el traslado, que había sido previsto inicialmente para 2020 se demoró seis años, también porque las obras de Marcos Paz atravesaron interrupciones y nuevas contrataciones y además cambió la administración de la Ciudad.
Todavía existen dudas sobre si Jorge Macri pretende mantener sin cambios ese proyecto inicial que, de todos modos, funciona como el principal antecedente oficial sobre el destino del inmueble y no como una obra actualmente adjudicada.
Dos caminos distintos
De analizar el convenio surge que el dominio del terreno no resuelve el futuro del predio ya que cualquier transformación deberá ajustarse a la normativa urbanística porteña y además deberá ser aprobado por la Legislatura de la Ciudad.
Cuando el gobierno porteño anunció la reactivación de las obras de Marcos Paz señaló que, una vez terminado el nuevo establecimiento y autorizado el traslado, "la Legislatura porteña definirá el uso de los terrenos que quedarán disponibles en Villa Devoto".
Las reglas que finalmente se aprueben deberán establecer los usos admitidos y las condiciones constructivas, de las cuales dependerá cuánto terreno podrá destinarse a viviendas, qué superficie tendrá uso público y cuál será la capacidad efectiva de construcción.
La discusión se extendió a estos días y la Legislatura ya recibió varias iniciativas relacionadas con el futuro de la manzana.
Entre ellas se planteó requerir información al Ejecutivo sobre la posibilidad de convocar un concurso público de ideas para definir alternativas urbanas, arquitectónicas, paisajísticas y ambientales.
Además, se pide precisar los mecanismos previstos para la participación de vecinos y organizaciones del barrio.
Ese procedimiento todavía no fue incorporado en la documentación relevada como una convocatoria oficial.
La iniciativa plantea también que el eventual concurso contemple las características urbanas de Villa Devoto y mecanismos de participación para los habitantes de la zona.
Ese expediente legislativo constituye una de las primeras discusiones formales abiertas mientras la cárcel comienza a vaciarse y antes de que exista un nuevo proyecto ejecutivo para la manzana.
El rol de la "inmobiliaria" de Miel
Además, el convenio del 2018 incorporó a la AABE al procedimiento relacionado con el inmueble y vinculó cuatro etapas: construcción de Marcos Paz, desocupación de Devoto, adecuación urbanística y posterior comercialización.
La eventual venta, por lo tanto, formó parte del esquema original utilizado para concretar el traslado al punto que un acta complementaria firmada el 21 de agosto de 2018 estableció que el presupuesto estimado originalmente para construir la nueva cárcel ascendía a u$s130,2 millones.
En ese sentido, la Nación asumió una parte de los fondos por u$s60 millones y la Ciudad quedó a cargo de financiar los recursos adicionales necesarios para completar el establecimiento.
El acuerdo vinculó posteriormente el producido de la comercialización del terreno de Devoto con el reintegro de aportes efectuados por la administración porteña, dentro de los límites establecidos en el propio convenio.
Pero la demora de las obras terminó alterando aquel escenario económico y en diciembre de 2024, la administración de Jorge Macri adjudicó a CRIBA SA la finalización del complejo de Marcos Paz por $96.984,8 millones, después de que etapas anteriores atravesaran suspensiones y rescisiones contractuales.
La Auditoría General de la Ciudad revisó posteriormente el proceso y formuló observaciones sobre distintos aspectos administrativos y contractuales de la obra.
Tres pasos separan al terreno del mercado
La misma Auditoría reconstruyó las condiciones previstas para avanzar con las tierras y estableció, por ejemplo, que la venta requiere que el inmueble esté desocupado, desafectado de los servicios del Servicio Penitenciario Federal y rezonificado.
La primera condición comenzó a ponerse en marcha con el traslado y cuando salga el último interno deberá completarse la desafectación penitenciaria.
Después tendrá que quedar definida la situación urbanística del predio y sólo una vez atravesadas esas instancias podrá avanzar el mecanismo de comercialización contemplado originalmente.
Por eso el comienzo de la mudanza todavía no significa que las 4,6 hectáreas hayan salido al mercado.
De hecho, en los documentos oficiales relevados no aparece una convocatoria de la AABE para vender o subastar el inmueble, tampoco un precio base ni una tasación oficial actualizada del terreno.
Sin esa valuación y sin las condiciones urbanísticas definitivas tampoco existe una base pública para establecer cuánto podría valer una operación.
De todos modos, el tamaño y la ubicación del predio despertaron interés dentro del mercado inmobiliario y distintas desarrolladoras fueron mencionadas públicamente alrededor de una futura operación.
Sin embargo, no existe hasta ahora un proceso oficial abierto que permita identificarlas como oferentes ni como candidatas seleccionadas por el Estado.
La demora que modificó el negocio original
Para llegar a esta instancia primero fue necesario terminar Marcos Paz cuya construcción acumuló años de demora si se tiene en cuenta que el convenio original proyectaba concretar el traslado en 2020.
Recién en mayo pasado, el Ministerio de Seguridad Nacional dejó asentado oficialmente que la construcción del nuevo complejo había sido suspendida por el Gobierno porteño en 2020 y posteriormente retomada.
La Resolución 1018/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional creó finalmente un Comando Unificado Federal encargado de organizar la mudanza de los presos y del equipamiento penitenciario.
La Nación y la Ciudad firmaron luego el acta de recepción provisoria del establecimiento, acto del cual participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entre otros funcionarios.
El complejo de Marcos Paz fue construido sobre un predio de 80 hectáreas y tiene capacidad para 2.232 internos.
Después de completar la salida de Devoto, la Ciudad prevé trasladar hacia allí a otros 350 detenidos que permanecen en comisarías y alcaidías porteñas y se encuentran a disposición de la Justicia nacional.
El avance de esa mudanza permitirá cumplir la condición que durante ocho años mantuvo detenido cualquier procedimiento efectivo sobre las tierras: la desocupación completa del establecimiento.
La historia limita una transformación integral
La futura definición urbanística deberá considerar además qué ocurrirá con los sectores de la cárcel vinculados con su historia.
Devoto alojó presos políticos durante la última dictadura militar y dentro del establecimiento ocurrió en 1978 la denominada Masacre del Pabellón Séptimo, un antecedente que también incorporó reclamos de preservación al debate sobre el destino del complejo.
La Ley 26.691 establece mecanismos de preservación, señalización y difusión de los sitios de memoria del terrorismo de Estado y dispone medidas destinadas a conservar su valor testimonial.
La aplicación concreta de esas obligaciones exige determinar qué sectores del establecimiento se encuentran alcanzados por protección y cuáles pueden ser intervenidos.
Ese relevamiento condicionará también la superficie que finalmente pueda destinarse a espacios públicos, viviendas u otros usos.
