La Ciudad licita un sistema para controlar las apps de viajes como Uber, Cabify y DiDi

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llamó a una licitación para desarrollar e integrar el sistema informático que incluirá el registro de las empresas que intermedian viajes mediante aplicaciones como Uber, Didi y Cabify.

Se trata de una nueva etapa del esquema con el que durante lo que va de este 2026 estableció requisitos específicos para las compañías, sus conductores y los vehículos utilizados para transportar pasajeros.

Uber, DiDi y Cabify: la Ciudad lanza nueva licitación

La contratación se tramita mediante la Licitación Pública 3125-1638-LPU26, tiene un presupuesto oficial de $150 millones y contempla el diseño, desarrollo, implementación e integración de tres módulos independientes dentro de los sistemas de la Ciudad.

Las ofertas se abrirán el 26 de octubre a las 13 y uno de esos módulos estará destinado al registro de las empresas que operan aplicaciones de transporte privado y oneroso de pasajeros, el segmento en el que participan compañías como Uber, Cabify y DiDi.

La herramienta se incorpora al régimen que la Ciudad estableció este año y que fijó condiciones para las empresas y requisitos que deben cumplir los conductores y vehículos incorporados a sus plataformas.

Los otros dos desarrollos abarcan actividades que también se encuentran bajo la órbita oficial como el que estará destinado al Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias (RUTRAMUR), donde se inscriben los actores alcanzados por el régimen de mensajería y delivery.

El restante corresponde al registro de talleres vinculados con la Verificación Técnica Vehicular (VTV), además de que la contratación contempla la escalabilidad de los desarrollos y la capacitación del personal que deberá utilizarlos.

El área destinataria será la Gerencia Operativa de Transportes de Pasajeros No Colectivo y Logística de Entrega Urbana en Motovehículo, dependiente de la Dirección General de Gestión de Servicios de la Movilidad.

Ese organismo administra registros correspondientes a taxis, remises, transporte escolar, vehículos de fantasía, coches antiguos y unidades utilizadas para mensajería y reparto, además de intervenir en el sistema de talleres de VTV y en otros servicios sometidos a regulación, fiscalización y control de la Ciudad.

Aplicaciones de transporte: un negocio que multiplicó su escala

El sistema que la Ciudad busca desarrollar alcanzará a un mercado que tiene una dimensión muy diferente de la que presentaba cuando Uber comenzó a operar en Buenos Aires en 2016.

En los 10 años transcurridos desde entonces, más de 20 millones de personas utilizaron Uber en la Argentina y más de un millón generaron ingresos a través de la plataforma, según datos de la compañía.

La aplicación pasó de iniciar su actividad en Buenos Aires a estar presente en más de 50 ciudades del país y su escala local también quedó reflejada en las decisiones de inversión.

En marzo pasado, Uber anunció una inversión de u$s500 millones para los siguientes tres años y en julio agregó una cifra similar llevando entonces el desembolso final a los u$s1.000 millones.

Además, informó que más de 17.000 taxistas utilizaban mensualmente su aplicación en la Argentina en 2025 y que los viajes completados por taxis representaban casi el 10% de todos los realizados mediante la plataforma en el país.

De hecho, Buenos Aires, Córdoba y Tucumán figuraban entre las ciudades con mayor presencia de taxis activos dentro de Uber y los taxistas que utilizaban la aplicación completaban, en promedio, más de 100 viajes mensuales.

Por su parte, DiDi también alcanzó una escala importante dentro del mercado argentino y, según cifras difundidas por la compañía, más de 500.000 personas generaron ingresos a través de la plataforma durante el último año, un universo que creció más de 25%, mientras que la aplicación superó los 130 millones de viajes.

La compañía proyectó inversiones superiores a u$s200 millones durante este año, después de haber destinado otros u$s160 millones el año pasado para expandir su negocio que ya está presente en unas 350 localidades del país.

Su crecimiento también incorporó servicios en automóvil y moto y herramientas destinadas a propietarios y administradores de flotas.

En cuanto a Cabify, desarrolló, además de los viajes particulares, una presencia específica en el negocio corporativo y actualmente informa que más de 6.000 compañías utilizan su servicio corporativo.

Su plataforma para flotas permite administrar vehículos y conductores y operar viajes particulares, corporativos y ejecutivos.

Las cifras permiten mostrar que el crecimiento de las plataformas modificó la composición del negocio, con conductores particulares, taxistas, propietarios de flotas y empresas de transporte profesional que ya participan de un mercado organizado mediante aplicaciones digitales.

La necesidad de responder a la demanda

Para estar a la altura de los controles oficiales que deben controlar, regular o medir esta expansión, el gobierno porteño impulsó un cambio regulatorio que fue plasmado por la Resolución 99 de la Secretaría de Transporte, sancionada el 21 de mayo pasado y publicada el 27 de ese mes.

La norma establece requisitos y condiciones de seguridad para las personas jurídicas que intermedian en la oferta y demanda de transporte oneroso de pasajeros mediante aplicaciones móviles, plataformas web y otras tecnologías digitales.

La Ciudad definió a esas compañías como Empresas de Redes de Transporte (ERT), que utilizan esas tecnologías para intermediar, promover o facilitar servicios privados y pagos de transporte de pasajeros dentro de CABA.

La norma obliga a las empresas a acreditar su contrato constitutivo o estatuto inscripto y contar con un objeto social compatible con la actividad, además de constituir domicilio especial y electrónico en la Ciudad y acreditar su inscripción tributaria.

La regulación fijó además las condiciones para los conductores, que deben ser mayores de 21 años, poseer licencia profesional categoría D1, acreditar anualmente mediante certificado oficial que no registran antecedentes penales y ser titulares del vehículo utilizado o contar con autorización para conducirlo.

Además, los automóviles deben tener aprobada y vigente la Verificación Técnica Vehicular (VTV); la Revisión Técnica Obligatoria o el control equivalente correspondiente a la jurisdicción en la que estén radicados y aprobado para la modalidad de transporte de pasajeros.

También deben contar con el seguro establecido para los vehículos que intervienen en servicios convenidos mediante plataformas tecnológicas, de acuerdo con la regulación de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La Resolución 99 estableció además 90 días para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos para las empresas, conductores y vehículos, y un plazo de 120 días para adecuarse a la exigencia de la licencia profesional D1.

La información detrás de conductores y vehículos

En el mismo sentido, la regulación incorporó una obligación directamente vinculada con la fiscalización al obligar a cada empresa a mantener una base de datos actualizada de los conductores y las unidades afectadas a sus servicios y poner esa información a disposición de la autoridad de aplicación ante un requerimiento.

La Dirección General de Gestión de Servicios de la Movilidad fue designada autoridad de aplicación y quedó facultada para dictar las normas aclaratorias, complementarias y operativas necesarias.

La exigencia coloca a las plataformas dentro de una estructura administrativa en la que las compañías deben estar identificadas y conservar información actualizada sobre las personas y vehículos utilizados para prestar los servicios.

La norma fundamentó esas obligaciones en las competencias locales sobre seguridad vial y en las funciones de prevención y control correspondientes a los servicios de transporte. La regulación, por lo tanto, antecede a la licitación: el concurso abierto ahora busca incorporar una herramienta tecnológica dentro de un régimen que la Ciudad ya había puesto en marcha.

Del requisito a la inscripción

El siguiente movimiento regulatorio se produjo el 14 de agosto, cuando la Dirección General de Gestión de Servicios de la Movilidad dictó la Disposición 15/DGGSM/2026 que estableció el mecanismo mediante el cual las personas jurídicas alcanzadas por el régimen deben demostrar formalmente las condiciones técnicas y de seguridad exigidas para operar en la Ciudad.

El procedimiento obliga a las empresas a presentar la documentación requerida y, una vez cumplidas las condiciones establecidas, pueden obtener una Constancia de Cumplimiento.

La documentación comprende la identificación de la compañía, su denominación o nombre de fantasía, CUIT, domicilio, representante legal y documentación societaria.

Las empresas también deben declarar el cumplimiento de las condiciones correspondientes a conductores y vehículos y mantener actualizada la información que debe quedar disponible ante requerimientos de la Ciudad.

En el caso de la licitación que ahora está impulsando la administración que lidera Jorge Macri incorpora la etapa tecnológica a ese esquema regulatorio.

Una década de disputa por las reglas

Las normas y resoluciones que fue tomando el gobierno porteño llegaron casi 10 años después de que Uber comenzó a operar en Buenos Aires en 2016, con un modelo que conectaba mediante una aplicación a pasajeros con conductores y abrió una disputa regulatoria con taxis y remises que llegó rápidamente a los tribunales.

Durante esa década cambió también la estructura competitiva ya que a Uber se sumaron otros jugadores, entre ellos Cabify y posteriormente DiDi; crecieron las flotas organizadas alrededor de las aplicaciones y los propios taxis comenzaron a incorporarse a esas plataformas.

La integración avanzó hasta convertir al taxi en una de las modalidades disponibles dentro de Uber al punto que, en el 2025, los más de 17.000 taxistas activos mensualmente en la aplicación ya explicaban casi uno de cada 10 viajes realizados mediante Uber en la Argentina.

En mayo pasado, la Ciudad presentó el nuevo régimen para las aplicaciones junto con modificaciones destinadas a modernizar el sistema de taxis, en un mercado en el que ambos modelos ya habían comenzado a compartir canales tecnológicos para captar pasajeros.

El antecedente de las plataformas de reparto

La utilización de registros para ordenar actividades organizadas mediante plataformas tiene un antecedente dentro de la propia Ciudad.

En 2020, la Ley 6.314 modificó el Código de Tránsito y Transporte porteño y reguló la mensajería urbana y el reparto a domicilio de sustancias alimenticias en donde funciona el Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias.

El régimen alcanza a distintos actores de la actividad, incluidos operadores de plataformas digitales, repartidores y mensajeros, además de los vehículos correspondientes cuando resultan alcanzados por la normativa.

Ese registro es uno de los tres incluidos ahora en la contratación tecnológica, en tanto que los otros dos son el correspondiente a los talleres de VTV y el destinado a las empresas que intermedian transporte privado y oneroso de pasajeros mediante aplicaciones.

Además, la disposición que autorizó la contratación aprobó dos documentos diferentes que deberán regir las propuestas empresarias.

Uno es el Pliego de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-2026-45279790-GCABA-DGGSM y el otro es el Pliego de Especificaciones Técnicas PLIEG-2026-45280379-GCABA-DGGSM.

Como parte del procedimiento, el llamado también dispuso comunicar la contratación a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado.