AySA cambia su conducción para el desembarco del consorcio privado
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Puntos importantes
El 13 de noviembre, un consorcio privado asumirá el control de AySA tras comprar el 90% de las acciones estatales, renovando el directorio y modificando el estatuto social de la compañía pública.
La nueva gestión deberá ejecutar inversiones superiores a los u$s2.000 millones en cinco años, bajo un estricto plan de acción, auditorías técnicas y metas anuales obligatorias establecidas por ley.
El Estado mantendrá su rol regulador y de control a través del ERAS, mientras la empresa operará bajo nuevas condiciones contractuales, priorizando la expansión y eficiencia del servicio público.
Los nuevos dueños de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) preparan su desembarco efectivo en la conducción de la compañía que se hará efectivo el próximo 13 de noviembre.
Ese día, que coincide con la fecha fijada para completar la compraventa del 90% de las acciones estatales, la empresa realizará la asamblea de accionistas que abrirá paso al nuevo directorio que será conformado por ejecutivos elegidos por el consorcio ganador de la licitación.
La convocatoria, publicada este martes 27 de octubre en el Boletín Oficial, establece la realización durante una misma jornada de una Asamblea General Ordinaria, una Asamblea General Extraordinaria y una Asamblea Especial de Accionistas Clase A.
El movimiento permitirá que el grupo integrado por Rowing; Arcos Saneamento e Participações; Transclor y PHX Aqua AR, que pagaron u$s340,2 millones al Estado para quedarse con AySA, avance hacia el ejercicio efectivo del poder dentro de una de las mayores compañías de servicios públicos del país.
El orden del día muestra que, como primer punto, se tratará la gestión de los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora designados por la Clase A durante este 2026, sus honorarios y una nueva distribución de los cargos del Directorio, además de designarse presidente y vicepresidente.
El punto central aparece en la Asamblea Especial de Accionistas Clase A en la que se tratarán las renuncias de los actuales integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora designados por esa clase accionaria que responden al gobierno de Javier Milei.
En el mismo momento, se nombrará a sus reemplazantes cuyos nombres todavía no son públicos pero que serán definidos entre Rowing, Transclor y Arcos de acuerdo a la estructura accionaria del grupo controlante.
El primero posee el 20% del capital de la sociedad; el segundo el 10% y el tercero el 15%, mientras que PHX Aqua AR B.V, el 55% restante.
El objetivo de esta estructura permite al consorcio tener acceso a inversores y financiamiento local o del exterior.
El Estado cede el mando
La Clase A es la pieza central del recambio porque representa precisamente el paquete que cambia de manos con la privatización ya que son 135.000 acciones escriturales que se encuentra en manos del Estado y que son equivalentes al 90% del capital social y de los votos de AySA.
Cada una posee un valor nominal de $1.000 y derecho a un voto y se cederán al consorcio adjudicatario de la licitación que, de ese modo, pasará a concentrar la mayoría necesaria para controlar las principales decisiones de la compañía.
Ese movimiento implica también la salida de los representantes vinculados con la actual participación estatal.
Es decir, del actual Directorio que está encabezado por Alejo Maxit como presidente, mientras que la vicepresidencia corresponde a Oscar Pedro Ernesto Ferrari, en tanto Mauricio González Botto y Patricio Ezequiel Jaccoud Girart completan los directores titulares correspondientes a las acciones Clase A.
Distinta es la situación de José Luis Lingeri, que integra el Directorio en representación de la participación del 10% correspondiente a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada y que no forma parte de la privatización.
En el caso de las asambleas, las tres se llevarán a cabo en Tucumán 752, en la Ciudad de Buenos Aires con horarios entre las 10 y las 12 del mediodía y con segundos llamados establecidos para las 13, 14 y 15, respectivamente.
El control privado redefine las reglas
El cambio de accionista controlador también obliga a modificar las reglas internas de la compañía que serán debatidas durante la Asamblea General Extraordinaria, momento en el cual se deberán reformar 11 artículos del estatuto: 1, 4, 8, 11, 15, 25, 26, 27, 28, 32 y 33.
La convocatoria establece que el objetivo es incorporar las disposiciones estatutarias requeridas por el Pliego Único de Bases y Condiciones aprobado mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía.
De esta forma, llegará a su fin el proceso que había comenzado con la decisión de privatizar AySA y que avanzó posteriormente con la elección de la modalidad para desprenderse de la participación estatal.
Esa reorganización también llevó a otro grupo competir por la empresa como fue el formado por Roggio Roas; Hidrosan Capital; Aguas del Plata Participaciones; Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre, cuya propuesta alcanzó los u$s285 millones.
La diferencia entre ambas ofertas fue de u$s55,2 millones y por eso el Ministerio de Economía se volcó por la otra oferta, decisión que formalizó mediante la Resolución 1818/2026 que aprobó la venta al consorcio ganador y estableció el 13 de noviembre como plazo para suscribir el contrato de compraventa.
Experiencia local y brasileña
El grupo comprador combina compañías de distintos perfiles y procedencias teniendo en cuenta que, por ejemplo, Arcos Saneamento e Participações aporta el componente brasileño del consorcio y está vinculada al grupo Equipav, con experiencia en infraestructura y saneamiento.
En tanto que Transclor es una compañía argentina vinculada a la familia Filiberti y dedicada al negocio químico, incluido el abastecimiento de productos utilizados en procesos de tratamiento de agua.
En el caso de Rowing, es una empresa de origen argentino, mientras que PHX Aqua AR B.V. es un vehículo financiero creado este año en Londres y cuyo controlante es el fondo de inversión neerlandés Phoenix Global Investment Fund, constituido en el 2016.
La composición del grupo adquiere relevancia por las características de la operación ya que no sólo recibirán una participación financiera, sino el control de la sociedad concesionaria y las obligaciones de inversión, expansión, mantenimiento y calidad establecidas para el servicio.
Por ahora, AySA continuará siendo la persona jurídica responsable de prestar los servicios y cumplir el contrato de concesión, pero con un nuevo accionista controlador y una nueva conducción.
Pero cabe la posibilidad de que el nuevo grupo controlante defina un cambio de nombre social para iniciar su proceso al frente de la compañía.
El Estado conserva la regulación
De todos modos, el traspaso fue precedido por una modificación del marco bajo el cual deberá funcionar la compañía.
El Ministerio de Economía aprobó en abril pasado el modelo del nuevo contrato de concesión, que establece las condiciones bajo las cuales deberá operar AySA con el nuevo accionista privado.
El contrato mantiene a la compañía como concesionaria de los servicios públicos de agua potable y recolección de desagües cloacales dentro de su área de actuación y fija obligaciones vinculadas con prestación, mantenimiento, expansión, calidad e inversiones.
En el caso del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mantendrá las funciones de control sobre la prestación y sobre el Plan de Acción de la Concesionaria, mientras que la Agencia de Planificación interviene en la planificación de las obras básicas de infraestructura y en la expansión del sistema.
Un millonario plan de inversiones
El Ministerio de Economía estableció que el nuevo operador deberá afrontar obligaciones de inversión por más de u$s2.000 millones durante los primeros cinco años.
El monto equivale a casi seis veces el precio pagado por el 90% de AySA y quedó incorporado al Plan de Acción de la Concesionaria para el Primer Ciclo Tarifario 2027-2031.
Eso proceso organiza las obligaciones en cuatro grandes componentes como son obras, mantenimiento, mejoras y operaciones.
El programa total contempla aproximadamente $2.890.000 millones a valores de diciembre de 2025, sin IVA, considerando en conjunto esos cuatro componentes.
Dentro de ese monto habrá $1.130.000 millones para obras, $1.150.000 millones para mantenimiento, $315.761 millones para mejoras y $296.166 millones para operaciones.
Metas que condicionan los desembolsos
El programa que recibe el nuevo grupo controlador tampoco funciona como una declaración general de inversiones.
El ERAS aprobó mediante la Resolución 30/2026 el Plan de Acción de la Concesionaria del Primer Ciclo Tarifario para 2027-2031 y, junto con él, una Matriz de Cumplimiento Anual de Metas.
El instrumento comenzará a regir el 1° de enero de 2027, una vez finalizado el Plan de Transición 2024-2026 y establece el mecanismo concreto para alcanzar durante esos cinco años las metas previstas en el contrato y está integrado por los planes de mantenimiento, operaciones, mejoras y obras.
También incorpora los parámetros económicos que sostienen el ciclo, entre ellos la Base de Activos Regulatorios y la tasa de costo de capital que el ERAS determinó para 2027-2031 en el 8,90% y nominal del 11,36%.
El control de las inversiones también quedó reglado ya que habrá un auditor técnico independiente que deberá certificar anualmente las inversiones onerosas realizadas, verificar su correspondencia con el Plan de Acción y controlar su adecuación a precios de mercado.
Sobre esa certificación, el ERAS deberá aprobar los montos que se incorporen a la Base de Activos Regulatorios.
El plan se vincula además con el Plan Director de Mejora Estratégica 2027-2031 aprobado por la Agencia de Planificación, que determina lineamientos para las obras básicas de infraestructura, montos previstos, fuentes de financiamiento y expansión del servicio hacia zonas con demanda insatisfecha.
Las tarifas sostienen el programa
La financiación de esas obligaciones quedó integrada al nuevo marco económico de la concesión y establece que durante el primer ciclo tarifario, correspondiente al período 2027-2031, no habrá una Revisión Tarifaria Ordinaria.
La Resolución 30/2026 marca que el Plan de Acción, sus metas, la Matriz de Cumplimiento Anual, la tasa de costo de capital y la Base de Activos Regulatorios conforman el esquema contractual que regirá durante ese período.
La estructura financiera prevé además que AySA avance progresivamente hacia el mercado de deuda.
De hecho, en el análisis aprobado por el ERAS se consideró como meta para el último año del ciclo una proporción de deuda del 50%, mientras que para el promedio del período se adoptó una estructura del 28%.
La propia resolución señala que AySA no tiene actualmente endeudamiento proyectado para 2027-2031 y que la salida al mercado de deuda deberá ser progresiva y creciente durante el ciclo.
Una empresa de gran peso en servicio público
La magnitud de esas obligaciones se explica por la escala de la empresa que pasará a controlar el consorcio ya que AySA presta los servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
Su área de concesión alcanza 3.363 kilómetros cuadrados; comprende una población de 14.305.580 habitantes y registra 3.886.753 usuarios, de los cuales 3.459.653 son residenciales y 351.002 no residenciales.
Dentro del total, 970.043 se encuentran bajo régimen medido y 2.916.710 bajo régimen no medido.
En agua potable, AySA abastece a 10.726.021 habitantes y administra 25.871 kilómetros de redes y su infraestructura incluye tres plantas potabilizadoras, 23 plantas de tratamiento de agua subterránea, 14 estaciones elevadoras, 834 perforaciones y 88 kilómetros de ríos subterráneos.
El sistema trata en promedio 6.143.058 metros cúbicos de agua por día, mientras que en cloacas, la cobertura alcanza a 9.099.777 habitantes, con una red de 19.194 kilómetros, 19 plantas depuradoras y 206 estaciones de bombeo.
Además, las instalaciones procesan diariamente un promedio de 3.045.883 metros cúbicos de líquidos cloacales.
De regreso al control privado
La historia de la actual AySA nace en marzo de 2006, cuando el gobierno kirchnerista volvió a hacerse cargo de la prestación de los servicios que hasta entonces estaban bajo una concesión privada que era liderada por el grupo francés Suez y que operaba bajo el nombre de Aguas Argentinas S.A.
La compañía fue creada mediante el Decreto 304/2006 y su estructura quedó posteriormente encuadrada dentro del nuevo marco legal y regulatorio del servicio.
Desde entonces, su área de prestación se amplió hasta alcanzar la Ciudad de Buenos Aires y los actuales 26 partidos del conurbano bonaerense.
Durante esas dos décadas también se incorporaron y ampliaron instalaciones destinadas a potabilización, transporte de agua y tratamiento de efluentes, mientras la cantidad de habitantes dentro del área concesionada superó los 14,3 millones.
