Las telcos salieron a cuestionar una medida del Gobierno contra la tecnología china

La posibilidad de que el Gobierno limite el uso de tecnología de origen chino abrió una inesperada grieta inesperada con la mayor parte de las empresas de telecomunicaciones del país.

El conflicto surgió luego de que este viernes 6 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de la Nación una disposición que exige una certificación estadounidense a los fabricantes que quieran equipar las redes más sensibles del Estado.

Pero la medida también abre la puerta a extender ese requisito al mercado privado, donde podría dejar fuera a proveedores como Huawei y ZTE en las categorías de equipos que resulten alcanzadas.

El punto que precipitó el reclamo fue el artículo 9 de la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad en donde se le pide al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el organismo que regula el sector, que evalúe incorporar los requisitos a la homologación, es decir, a la aprobación técnica de los equipos, y a las obligaciones de las operadoras.

Tras la publicación, la polémica fue escalando durante todo el día hasta que las empresas del sector salieron a reclamar a las autoridades nacionales que se revise la medida y se abra una consulta pública antes de aplicarla a sus redes.

El paraguas elegido para encausar el pedido fue la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) que, en un comunicado difundido a última hora de este viernes, reclamó que se acepten otros estándares internacionales; que las operadoras participen en la discusión y que se fijen condiciones razonables de implementación.

El planteo de la organización empresarial se basa en que la seguridad de las redes pueda acreditarse con criterios técnicos que permitan competir a distintos proveedores ya que "depender de una sola certificación puede desalentar la inversión y demorar la expansión de la conectividad".

Las redes de la polémica

En ese sentido, la ATVC respaldó el objetivo de proteger las redes y mantenerlas en funcionamiento ante incidentes.

Su objeción es que el estándar elegido revisa cómo el fabricante gestiona la seguridad de su cadena de suministro, desde los componentes que compra hasta el software que incorpora.

"Para comprobar la seguridad de un equipo determinado hacen falta pruebas sobre el propio dispositivo", agrega el comunicado de la ATVC que además reclama que ambos controles se complementen y que se puedan acreditar mediante estándares internacionales reconocidos.

El reclamo parte de la base de que, actualmente las redes argentinas combinan equipos de distintos fabricantes y tecnologías y si un proveedor queda excluido, una operadora que ya usa sus productos podría tener menos opciones para reponer equipos o ampliar esa parte de la red.

Según la infraestructura involucrada, esa empresa tendría que buscar reemplazos compatibles o adaptar las instalaciones para incorporar otra tecnología, lo cual para la ATVC puede generar riesgos para los costos y los plazos de inversión que señala la industria.

En este sentido, si el ENACOM extiende el requisito sin abrir la consulta, la grieta podría profundizarse y trasladarse a las decisiones de compra de las operadoras que se encuentran al amparo de la ATVC en donde confluyen compañías de distinta escala.

Su presidente, Federico Fornelli, es gerente de Relaciones Regulatorias de Telecom Argentina, el grupo que opera Personal y Flow, en tanto que su vicepresidente primero, Lucio Gamaleri, es también titular de Red Intercable, que nuclea a prestadores independientes del interior.

El filtro de las licitaciones

La inesperada disputa tiene sustento en los cambios que el gobierno nacional dispuso este viernes 6 de noviembre a los requisitos generales de seguridad de la información.

Ocurre que la nueva disposición agrega controles específicos a los pliegos de licitaciones y contratos para equipar redes que sostienen servicios esenciales.

En ese sentido, el Centro Nacional de Ciberseguridad fundamentó el cambio en riesgos que pueden aparecer desde la fabricación y continuar durante el uso, como la falsificación de piezas, la alteración del software, los accesos remotos inseguros y la interrupción de las actualizaciones.

A partir de esta mirada, la norma dispone que para los equipos de riesgo elevado o crítico, el proveedor deberá acreditar que el fabricante cuentacon la certificación TIA SCS 9001, administrada por la Telecommunications Industry Association, una asociación privada estadounidense.

Es más, en el anexo de la disposición las autoridades descartan otros certificados como equivalentes para ese requisito y, para los equipos de la categoría crítica, también exigen una evaluación independiente de la seguridad del producto.

Las modificaciones deberían entrar en vigor este 7 de noviembre y aplicarse a las compras y contrataciones que se inicien una vez transcurridos 90 días.

En ese plazo, el Centro deberá publicar las categorías de equipos y sus niveles de riesgo, en tanto que durante los primeros 36 meses, el proveedor podrá presentar una confirmación de la entidad norteamericana que administra el estándar SCS 9001, de que el fabricante se inscribió para iniciar el proceso, junto con una declaración jurada y un plan de certificación.

Para los equipos de mayor riesgo, la disposición establece que el proveedor deberá garantizar al menos cinco años de actualizaciones de seguridad, o cubrir la vida útil declarada si es mayor, mientras que para los equipos estatales ya instalados se prevén medidas de adecuación según el riesgo y el soporte disponible y ante cualquier reemplazo se requerirá una decisión fundada.

De las antenas a los autos

Si bien en los papeles parece tratarse de un medida de contenido técnico, la exigencia puede llegar a dejar afuera de todos los negocios en el país a empresas que utilicen tecnologías chinas.

En este sentido, Huawei y ZTE podrían convertirse en los casos de impacto negativo más directos si el ENACOM traslada la exigencia al mercado privado en los mismos términos que la disposición establece para las compras con el Estado.

Esto se debe a que antes de autorizar el trámite, la TIA verifica si el fabricante figura en determinadas listas restrictivas de Estados Unidos como la que elabora la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que incluye equipamiento de ambas compañías.

Esa política les impide a las dos empresas asiáticas acceder al certificado y también a la confirmación de inicio del trámite que admite la disposición durante la transición.

De todos modos, cabe aclarar que el efecto de una eventual extensión dependerá de cómo la instrumente el ENACOM ya que, si incorpora el requisito a las obligaciones de las operadoras, incidirá sobre los equipos que esas empresas puedan sumar a sus redes.

Si, por el contrario, lo incorpora a la homologación, puede afectar la comercialización de las categorías de productos que el ente regulador decida incluir, aun cuando se vendan fuera de las contrataciones públicas.

Por esa segunda vía, el alcance podría ir más allá de las antenas y complicar también la importación y venta de celulares, módems y hasta autos conectados que posean componentes chinos.

En un vehículo, el punto sería si el requisito alcanza al módulo que lo conecta con la red móvil y si su fabricante puede certificarlo ya que un componente de ese tipo también puede integrar un producto de una marca de otro país.

Si el ENACOM decide hacer obligatoria la exigencia en la homologación, la disposición prevé evaluar si corresponde notificarla en el marco de la Organización Mundial del Comercio y revisar su compatibilidad con las reglas del Mercosur.

La disputa detrás del certificado

Más allá de los reclamos de las empresas del sector y de la postura pública del gobierno nacional, fuentes del sector de las telecomunicaciones especulan que la elección del estándar tiene un componente político e ideológico.

Quienes sostienen esa lectura entienden que la medida apunta a desplazar a fabricantes chinos de determinadas compras públicas y la vinculan con el alineamiento de Javier Milei con Donald Trump, en medio de la disputa comercial y tecnológica de Estados Unidos con China.

En el sector también circula la versión de que la iniciativa habría sido impulsada por funcionarios cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo quien habría tenido cierta influencia en la designación de algunos funcionarios ligados a organismos vinculados al sector de las telecomunicaciones.

En este sentido, recuerdan que la disposición lleva la firma de Walter Fabián Agüero, cuya designación como director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad se publicó el 2 de noviembre pasado.

El organismo, creado por el Decreto 941/2025 en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, tiene entre sus funciones identificar las infraestructuras críticas y fijar pautas para proteger los sistemas que sostienen servicios esenciales.

También se recuerda que la evaluación del artículo 9 quedó a cargo de un ENACOM que cambió de conducción a principios de octubre, cuando Andrés Michelazzo asumió como interventor del ente, en reemplazo de Juan Martín Ozores, con mandato hasta el 4 de enero de 2027.

El precedente paraguayo

Entre las empresas también mencionan que la misma certificación que se acaba de oficializar en la Argentina ya se usó para definir quién podía abastecer una red comercial en un país vecino.

En este sentido, identifican a Paraguay que, en junio de 2025, convocó a una subasta de frecuencias para el desarrollo de la tecnología 5G.

El ente regulador de esa nación exigió que los fabricantes de los equipos que conectan los celulares con las antenas acreditaran el SCS 9001 o demostraran que habían iniciado el trámite.

En el informe 006875 enviado al Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado de ese mismo país señaló que su representación diplomática negoció durante meses con el gobierno paraguayo para incorporar esa condición al pliego.

Según el documento, las gestiones tuvieron el respaldo de un proyecto de u$s6 millones de un fondo destinado a contrarrestar la influencia de China.

En el mismo sentido, Washington sostuvo que la exigencia impediría en la práctica que los fabricantes chinos compitieran, sin que el pliego tuviera que excluirlos por nombre.

El informe indica que Nokia y Ericsson aseguraron que cumplirían las condiciones como potenciales proveedores de equipos y recuerda que las licencias de espectro se otorgaron a Claro y Nubicom, con 200 MHz para cada una.

El Departamento de Estado también presentó el caso como parte de su estrategia en países en desarrollo, donde, según su diagnóstico, Huawei y ZTE ganan mercado con precios más bajos y condiciones de financiación atractivas.

Otro frente tras Telefónica

Si este escenario se termina repitiendo en la Argentina a partir de la nueva disposición, la tensión entre el gobierno de Milei y el sector telco volvería a escribir un nuevo capítulo, luego de la crisis que enfrentó al propio Presidente con Telecom, vinculada al Grupo Clarín, por la compra de Telefónica Argentina.

En junio pasado, la Autoridad Nacional de la Competencia recién decidió oficializar algunas medidas para limitar la operación que se había anunciado en febrero del 2025.

Lo hizo al condicionar el deal a una serie de desprendimientos de parte de Telecom para preservar la presencia en el mercado de tres operadores móviles.

Por eso, el organismo le exigió a la empresa transferir seis millones de clientes bajo la marca Movistar a un competidor independiente que terminó siendo Metrotel, luego de ofrecer u$s450 millones por esa cartera de usuarios y de la infraestructura vinculada a la marca.